El problema de la vivienda en España es el del difícil acceso a la misma por parte de numerosos hogares, especialmente los jóvenes. La vivienda ha acentuado su carácter de activo alternativo para la colocación del ahorro y para inversores en general. Los precios de la vivienda y los alquileres están desconectados de los niveles de ingresos de la mayoría de los hogares.
El problema de acceso a la vivienda resulta más complicado en España por la debilidad del parque de viviendas sociales de alquiler, uno de los más reducidos en la Unión Europea (UE), el 2,5% del conjunto de viviendas principales, frente al 9,3% a que asciende de dicha proporción en el conjunto de la UE.
En España, desde el inicio de los años sesenta del pasado siglo y el momento actual se han construido unos 6,5 millones de viviendas protegidas. La mayor parte de dichas viviendas se han descalificado y han pasado a ser viviendas de mercado, lo que explica la realidad del raquítico parque de viviendas sociales de España.
Las VPO no se financiaron con los Presupuestos Generales del Estado, sino mediante los préstamos a largo plazo que concedieron las Cajas de Ahorros y el Crédito Oficial, y dentro de este último el Banco Hipotecario de España. Las ayudas presupuestarias existieron, pero fueron sobre todo para reducir la carga de intereses en tiempos de tipos de interés muy elevados.
España necesita en este momento construir más de un millón de viviendas sociales asequibles para los hogares con ingresos medios y bajos. El problema se ha agravado ante el intenso aumento de la población y de los hogares en el trienio 2021-2023.Desde 2013 no hay objetivos de construcción de nuevas viviendas protegidas en los planes plurianuales del gobierno estatal. Tampoco hay financiación crediticia garantizada, como sucedió hasta antes de dicho ejercicio, el primero de la segunda etapa de gobierno del Partido Popular.
Pero en 2024 el gobierno ha abierto una línea de financiación en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por una cuantía de 4.000 millones de euros, con la que se aspira a financiar la promoción de unas 40.000 viviendas sociales de alquiler. Dicha financiación puede ser directamente concedida por el ICO o por los bancos, a los cuales aportaría el ICO los recursos.
Se trata de mantener un flujo prolongado de dicha financiación en los próximos años, lo que permitiría financiar unas 40.000 viviendas al año, que serían viviendas protegidas destinadas al alquiler social, en las que el importe del alquiler no debe de superar el 30% de los ingresos de los hogares arrendatarios.
Diferentes organizaciones han pedido crear un fondo público de vivienda para construir un parque de alquiler asequible. Hay mucho ahorro de los hogares durmiendo en los depósitos. La gestora de fondos del ICO AXIS podría crearlo.
El papel del ICO resulta, pues decisivo en la financiación de la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler como ocurre con otros estados miembros de la UE. El ICO es el último vestigio que queda en España de la que fue una potente banca pública desaparecida en los años noventa del pasado siglo. La Plataforma por una Banca Pública defiende que para cumplir dicha tarea el ICO debe de reforzar sus recursos propios y establecer una red territorial en toda España.