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Entrevista a Cristina Narbona: No hay economía sin ecología

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Por su interés, reproducimos aquí la entrevista que el periódico, La Verdad de Murcia, realizó a Cristina Narbona, miembro de Economistas Frente a la Crisis, el pasado 28 de febrero.

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Cristina Narbona regresará el próximo día 10 a la Región; esta vez para comparecer en la Asamblea ante la comisión que investiga la desaladora de Escombreras. Lo hará a propuesta del PP, junto con Antonio Serrano, quien fue su mano derecha en el Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008. La exministra avanza que el Ente Público del Agua promovido por el Gobierno murciano invadió competencias de la Confederación Hidrográfica y cuestiona la proliferación de urbanizaciones que generó la burbuja inmobiliaria, con el efecto colateral de la corrupción. No se morderará la lengua cuando sea interrogada por sus señorías, y defenderá las desaladoras que lanzó como alternativa al trasvase del Ebro, muchas paradas o a medio gas. Admite que los regadíos no puedan pagar esos caudales sin que se subvencione el precio. Cristina Narbona (Madrid, 1951), exembajadora en la OCDE y actual consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, reivindica su legado y deja en manos de la UE si hay o no nuevos trasvases.

Ha sido citada por la Asamblea Regional, a propuesta del PP, para comparecer en la comisión que investiga la desaladora de Escombreras que impulsó el Gobierno murciano. ¿Cree que era necesaria esta instalación, a la vista de las que estaba construyendo en aquel momento el Ministerio?

-Quizás lo que habría que preguntarse sería -a la vista de la catástrofe económica producida por la burbuja inmobiliaria así como sus efectos colaterales, entre ellos la corrupción- cuántas más urbanizaciones eran ‘necesarias’. Hay que diferenciar entre ‘demanda’ -que puede tender al infinito, por razones no siempre justificadas- y ‘necesidad’, cuya atención es lo que deben garantizar las instituciones públicas

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Ramón Luis Valcárcel, Antonio Cerdá y el PP sostienen que se impulsó esta desaladora porque el Ministerio, entonces a su cargo, estranguló el desarrollo de la Región eliminando el trasvase del Ebro e imponiendo el dictamen preceptivo y vinculante de la CHS para dar agua a los nuevos desarrollos de los municipios. Entonces se negaban esos caudales.

– Obviamente, niego la mayor. Nunca se había invertido tanto por parte del Gobierno central en Murcia en actuaciones de política del agua, y desde luego no solo en desaladoras. El Programa Agua incluía importantes inversiones en modernización de regadíos, optimización de infraestructuras existentes, aguas subterráneas, depuración… Sin contar las aportaciones, decididas por el Ministerio de Medio Ambiente, desde el Trasvase Tajo-Segura, en los años de mayor sequía jamás registrados hasta aquella fecha y en abierto conflicto con el Gobierno socialista de Castilla La Mancha.

¿Piensa que el Gobierno murciano trató de esquivar la ley de Aguas, y los informes vinculantes de la CHS, creando el Ente Público del Agua? ¿Cree que el único fin era potenciar y favorecer las nuevas urbanizaciones?

-El Gobierno murciano creó un Ente Público del Agua que invadía competencias de la Confederación Hidrográfica del Segura. En cuanto a los informes vinculantes sobre disponibilidad garantizada de agua, antes de que se consoliden nuevas demandas derivadas de nuevos desarrollos urbanísticos, es un requisito cuya legalidad y oportunidad han sido ratificadas por diferentes instancias judiciales. Es más, es una norma vigente en toda España que el Gobierno del Partido Popular, con su mayoría absoluta en esta legislatura, no ha considerado necesario modificar.

Los populares sostienen que la desaladora de Escombreras es más rentable que otras que construyeron Acuamed y la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Dicen que las del Estado cuestan más dinero.

-No tengo datos sobre la rentabilidad comparada. Lo que sí puedo señalar es que en varias de las desaladoras de las financiadas por el Ministerio a través del Programa Agua se produjeron importantes retrasos, causados por la actitud obstruccionista de las administraciones gobernadas por el PP, lo que derivó en incrementos de sus respectivos costes de construcción. En cualquier caso, todas las desaladoras financiadas por el Ministerio se sometían a un análisis de viabilidad financiera.

Hubo un escrito de la Confederación, además de una instrucción del Ministerio de aquella época, en el que se agradeció al Gobierno de Valcárcel que construyera esa desaladora y otras que vinieran. ¿Les dio su bendición?

-No tengo en absoluto constancia de esas comunicaciones.

Desde que dejó el Ministerio, ¿qué valoración hace del plan de desalación? La Confederación del Segura señala que con todas las plantas produciendo no se cubre el déficit del Segura, y que el agua sigue siendo cara. ¿Considera que sigue siendo una alternativa viable a los trasvases?

-Nunca planteé la desalación como única alternativa a ese trasvase (del Ebro), que por otro lado era inviable por no haber conseguido el Gobierno de Aznar la financiación solicitada a la Comisión Europea. La desalación formaba parte de un amplio conjunto de actuaciones, como antes he indicado, que solo conseguimos desarrollar parcialmente; y desde luego, me alegro de que a pesar de la demonizacion que hizo el PP contra esta tecnología, hoy exista una gran capacidad de producción de agua que estará siempre disponible en Murcia, llueva o no llueva.

El PSOE recoge en su programa de gobierno que hay que abaratar el precio de la desalación para hacerla asequible. ¿Es una asignatura pendiente? Usted no lo consiguió en su momento.

-La desalación es una opción imprescindible para garantizar el agua en el litoral mediterráneo -y también en muchas otras zonas del mundo, donde por cierto las empresas españolas están construyendo desaladoras- teniendo en cuenta la mayor frecuencia e intensidad de los episodios de sequía asociados al cambio climático. Sigo defendiendo que si el agua desalada se destina a regadío, puede justificarse una subvención explícita, como la que planteábamos en los convenios que llegamos a firmar con varias comunidades de regantes de las cuencas mediterráneas.

Cuando habla de una subvención explícita, ¿es compatible con la Directiva Marco de Agua y la recuperación de costes?

-El principio de recuperación de costes en el precio del agua, establecido en la Directiva Marco, admite excepciones sectoriales, territoriales y transitorias que deben documentarse de manera fehaciente, en los propios planes de cuenca. Por cierto, en buena parte de España existen subvenciones no explícitas en el precio del agua que pagan los regantes, puesto que son precios que se fijaron mucho antes de la vigencia de esta Directiva y no tienen en cuenta los costes de las grandes infraestructuras hídricas.

¿Qué opina del escándalo de Acuamed? Antes del año 2011, un informe del Tribunal de Cuentas planteó que esta sociedad estatal debía desaparecer, que las desviaciones presupuestarias estaban a la orden del día, y que la planificación no fue correcta. ¿Cree que se gastó más de la cuenta? ¿Hubo improvisación?

– Creo que hay que dejar que la Justicia haga su trabajo para discernir la eventual corrupción asociada a determinados sobrecostes.

– Dicho informe fue anterior al escándalo de Acuamed, de la época en la que ustedes gobernaron. En una ocasión anterior, comentó que algunas desaladoras estaban sobredimensionadas.

– Una cosa son fallos en el dimensionamiento de las desaladoras, a menudo como resultado de la negativa a adquirir ese agua por parte de usuarios que inicialmente la habían solicitado; y otra, completamente distinta, que los sobrecostes finales encubran irregularidades de carácter penal.

El territorio del Segura sigue siendo el único estructuralmente deficitario, y las demás cuencas tienen más agua disponible de la que se consume. Asimismo, el plan del Ebro indica que se vierte al mar una media de 9.700 hectómetros anuales. ¿Piensa que es posible construir un nuevo acueducto para resolver el déficit del Segura?

– Según opinión de diferentes expertos, los planes hidrológicos de cuenca aprobados en esta legislatura no cumplen adecuadamente los requisitos de la Directiva europea ni en cuanto a caudales ecológicos (en concreto en el Delta del Ebro) ni en cuanto al principio de recuperación de costes del precio del agua.

¿Considera entonces inviable un nuevo acueducto para el Segura? ¿A su juicio, sobra o no agua en otras cuencas para repartir?

– Eso tendrá que determinarlo la Comisión Europea, a partir de sus propios cálculos.

¿Qué opinión le merece el Memorándum del Tajo-Segura, que eleva a 400 hectómetros la reserva intocable? ¿Es suficiente?

– Solo me siento responsable de mi gestión del Trasvase Tajo-Segura durante mi mandato en el Ministerio. Lo que se ha acordado con posterioridad reduce la posibilidad de aportación de agua a la cuenca del Segura, y debe ser justificado por quienes adoptaron esa decisión

¿Qué futuro le ve al acueducto Tajo-Segura?

– Como he comentado antes, creo que en la actual planificación hidrológica sigue sin incorporarse, con rigor, la exigencia de caudales ecológicos en todas las cuencas, sobre todo con las actuales estimaciones de reducción progresiva de las precipitaciones a causa del cambio climático.

Entonces, ¿es pesimista sobre esta infraestructura?

– Me remito a la anterior respuesta; en todo caso las previsiones sobre los efectos del cambio climático en el régimen de precipitaciones son actualmente más pesimistas que hace unos años.

¿Comparte las críticas del Gobierno de Castilla-La Mancha, que quiere cerrar el acueducto?

– En esta etapa no me corresponde valorar las decisiones de los actuales gobiernos autonómicos sobre la política del agua. Mis opiniones se refieren a los criterios generales, que creo deberían propiciar una política del agua mucho más basada en la gestión eficiente e integrada de todos los recursos hídricos, superficiales, subterráneos y no convencionales, cumpliendo los correspondiente requerimientos ambientales.

Los regantes del Trasvase están de nuevo en pie de guerra por la sequía y la ausencia de excedentes. El problema del déficit no se resolvió en la etapa de Aznar, ni en la de Rodríguez Zapatero, y tampoco en la de Mariano Rajoy.

– O sea, que la ministra Narbona no era la ‘enemiga pública’ número uno de los regantes murcianos… Bromas aparte, todo mi equipo y yo misma trabajamos con el máximo empeño para minimizar en Murcia los efectos de la peor sequía jamás registrada hasta la fecha. Y de hecho, no se cortaron los grifos como había sucedido en la anterior sequía, con el Gobierno Aznar.

Está comprometida con la Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor. ¿Qué medidas considera necesarias y urgentes para salvar este enclave singular?

-De entrada, que se cumplan las normas que ya existen. De poco servirán nuevas leyes si se mantiene la tolerancia frente al incumplimiento de las vigentes. Creo que hay ya mucho conocimiento científico sobre los problemas del Mar Menor que permite orientar la actuación de las actuales administraciones, retomando la iniciativa que comenzamos durante mi mandato, implicando a todos los agentes públicos y privados.

¿Cómo cree que debe abordar el futuro Gobierno los retos del cambio climático, el medio ambiente y las energías renovables?

– Me remito al programa electoral del Partido Socialista, donde se recogen las medidas a mi juicio más necesarias, incluida la derogación de algunas de las modificaciones legislativas más dañinas en términos ambientales aprobadas durante esta última legislatura en materia de costas, de montes, de espacios protegidos, de evaluación de impacto ambiental, de energías renovables, de autoconsumo energético… Pero creo que lo más importante es que, de una vez por todas, quien gobierne tenga claro que no hay economía sin ecología. Es decir, que se puede crear mucho más empleo de calidad y de forma mucho más duradera si las exigencias ambientales se incorporan como un requisito de sostenibilidad, igual que la prudencia presupuestaria, en todas las políticas públicas: la energética, la agrícola, la industrial, la urbanística, la fiscal… No tiene sentido diferenciar entre sectores ‘ verdes’ y sectores ‘marrones’, porque en todas las actividades hay que disminuir el uso de los recursos naturales y reducir toda forma de contaminación, así como el impacto sobre los ecosistemas.

Usted ha sido embajadora de España en la OCDE. ¿Peligra la economía y la recuperación con este ‘impasse’ político? ¿Están amenazados por un gobierno que no sea del Partido Popular?

– La propia OCDE ha señalado las debilidades de la injusta ‘recuperación económica’ de España. En particular, el dramático incremento de las desigualdades y de la precariedad laboral, así como el grave deterioro de los servicios públicos, imprescindibles para construir una sociedad justa y competitiva.

About Cristina Narbona

Economista. Ministra de Medio Ambiente (2004-2008). Embajadora ante la OCDE (2008-2011). Presidenta del PSOE. Vicepresidenta primera del Senado. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

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