Las mentiras de Feijóo sobre las pensiones
El líder de la oposición ha dicho sobre pensiones, en plena precampaña electoral para el Gobierno de España, DOS MENTIRAS FLAGRANTES y HA ENUNCIADO DOS PROPOSICIONES FALSAS.
1- Primera mentira: el PP siempre que ha gobernado ha subido las pensiones conforme al IPC:
- En realidad, en 2012, el primer año del Gobierno Rajoy, las pensiones perdieron respecto al IPC 1,5 (incluso, en media anual, -que es con el que se mide el poder adquisitivo-con el IPC nov-nov, la pérdida fue de 1,9 puntos) y además no aplicó la paga de recuperación de la pérdida del poder adquisitivo (sólo lo hizo para las mínimas).
- En 2013 solo subieron por encima del IPC las pensiones inferiores a mil euros, las demás subieron por debajo del IPC. Y tampoco fue pagada la “paga única de recuperación”.
- En ese mismo año -para colmo- fue aprobada una ley para impedir que las pensiones no subieran durante los siguientes 35 años más de un 0,25% cada año. (Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Socia)
- Entre 2014 y 2017 las pensiones subieron un 0,25% y no la previsión del IPC. Menos mal que en los tres primeros años (de 2014 a 2016) el IPC excepcionalmente fue negativo y solo gracias a ello las pensiones ganaron 1,55 puntos. Pero lo perdieron todo -y con creces- en un solo año porque en 2017 el 0,25% que subieron quedó 1,75 puntos por debajo del IPC (+2%).
- En 2018, como contrapartida a un acuerdo parlamentario con el PNV para la aprobación de los PGE, el Gobierno Rajoy suspendió la aplicación de su Ley y no subió el 0,25%, sino un 1,6%, a pesar de eso inferior al IPC, lo que supuso una nueva pérdida de poder adquisitivo de una décima de punto.
EN SUMA, EL PP NUNCA SUBIÓ DESDE 2012 HASTA 2017 (EN CINCO AÑOS) LAS PENSIONES CON EL IPC. Y APROBÓ UNA LEY PARA QUE NUNCA VOLVIERAN A SUBIR CON EL IPC AL MENOS DURANTE LOS SIGUIENTES 35 AÑOS.
2- La segunda mentira flagrante es que el PP votó en el parlamento a favor de la actualización de las pensiones con el IPC.Nada más lejos: el grupo parlamentario del PP votó en contra, junto con Vox, de la aprobación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Un asunto de tanta trascendencia que la memoria no puede fallar (AHÍ ESTÁ EL DIARIO DE SESIONES).
3- En cuanto a las proposiciones falsas:
- La primera falsedad es que dice el señor Feijoo que lo relevanteno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones sino garantizar que eso es sostenible, insinuando que lo que establece la citada Ley 21/2021 no lo es. No aporta prueba alguna de ello. Y obvia que el Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, que el PP también votó en contra (incluso Vox se abstuvo), establece un sistema de ingresos para financiar de forma suficiente las pensiones futuras, incluyendo una cláusula de seguridad al respecto, tras la derogación de los recortes establecidos por la reforma del PP de 2013.
Tal vez el señor Feijoo pueda aportar algún dato que lo demuestre, pero, entretanto lo hace, deberemos considerar que el sistema de ingresos establecido por acuerdo del Gobierno con UGT y CCOO asegura la sostenibilidad futura de las pensiones incluyendo el mantenimiento en el tiempo de su poder adquisitivo. Así lo ha reconocido la Comisión Europea, aunque pudiera ser que el PP sea más solvente y tenga mejores cálculos que esta: parece difícil.
- Aquí aparece la segunda proposición falsa. Asegura el señor Feijoo que, en su opinión (sin pruebas), ante la falta de seguridad de que los ingresos establecidos sean suficientes para mantener el poder adquisitivo de las pensiones futuras, se está tratando de engañar a la ciudadanía y a los y las pensionistas.
Pero, aquí no hay trampa ni cartón porque la financiación está bien calculada y no hay pruebas aportadas por el PP para pensar lo contrario.
En todo caso, yendo al fondo del asunto, debemos afirmar con rotundidad que el sistema legal propuesto establece que la existencia de los recursos necesarios queda supeditada al cumplimiento de la garantía de poder adquisitivo de las pensiones, y no al contrario, como dice el señor Feijoo, intentando –por lo que parece- poner en discusión esa garantía sembrando dudas de que, si gobernara el PP, pondría los recursos. En fin, revelador para los pensionistas. Otra vez toda una velada amenaza al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones si volviera a gobernar el PP.
El Real Decreto-ley 2/2023, en relación a la sostenibilidad del Sistema público de pensiones prevé (en términos de estimación del promedio para el periodo 2022-2050) dos restricciones/condiciones enlazadas para ingresos y gastos y la reacción ante su inobservancia. Sus planteamientos son:
A) que el impacto de las medidas adoptadas (a partir de 2020) para fortalecer los ingresos del Sistema supere el 1,7% del PIB
B) que el gasto en pensiones quede por debajo del 15% del PIB
La primera cuantificación de las dos variables se realizará (por la AIReF y la Comisión Europea, respectivamente) en marzo de 2025 y, luego, con periodicidad trianual.
Las dos referencias interactúan entre sí de tal manera que, por ejemplo, si la estimación de la primera queda en el 1,0%, es decir 0,7 puntos porcentuales por debajo del valor requerido, el límite de la segunda se reduce en esa cantidad hasta el 14,3%.
En cuanto a la respuesta ante su transgresión, la norma prescribe que, siguiendo con el ejemplo, si la estimación del gasto en pensiones fuera del 15,1%, las Cortes deberían aprobar medidas (aumento de ingresos o reducción de gastos) para eliminar el exceso del 0,8% (15,1% frente a 14,3%). En ausencia de acuerdo sobre las acciones correctoras, la cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en 2029 será de un 1,2% sobre la retribución del trabajador, será incrementada en una cuantía ya predeterminada en el Real Decreto-ley.
Si consideramos que el Sistema de la Seguridad Social cerró el año pasado con un desfase entre cotizaciones sociales y prestaciones contributivas superior a los 23.000 millones y nos atenemos a los estudios sobre la probable evolución demográfica, se atisba que el fin perseguido por la regla legal es impedir el ahondar en la insostenibilidad del Sistema, hoy, disimulada por las transferencias estatales de recursos.
En el escenario más plausible, la AIReF considera que las medidas de ingreso, adoptadas desde 2020, tendrán un impacto promedio en el periodo 2022-2050 del 1% del PIB.
Por otra parte, según las cifras de finales del ejercicio 2022, nuestro país destina a pensiones de la Seguridad Social y de Clases Pasivas más de 173.000 millones, lo que representa un porcentaje superior al 13,05% del PIB.
La Comisión Europea, en el Informe sobre el envejecimiento de 2021, respecto de las pensiones establecía en el 15% del PIB la proyección de gasto promedio para el periodo 2022-2050.
Por tanto, se puede concluir que el Real Decreto-ley ha conseguido respecto de la sostenibilidad de las pensiones públicas: 1) diferir hasta el año 2025 un nuevo examen del problema, ahora, irresuelto y 2) asegurar que, de forma pactada o automática, se tomarán medidas si las cosas van como, con la obligada cautela por el extenso tiempo y la multitud de variables, se infiere de las estimaciones de la AIReF y la Comisión Europea.
El segundo logro apunta a que, a falta de acuerdo político, la sostenibilidad se hace depender de las cotizaciones sociales que recaen en más de un 83% sobre los empresarios quienes, en buena lógica, trasladarán esos mayores costes laborales a los precios de sus bienes y servicios, lo que los hará menos competitivos por lo que la actividad económica se contraerá y, por ende, se requerirán menos trabajadores …….¿ya se le van viendo las orejas al lobo, no?.