Los desproporcionados costes de la austeridad
Actualmente, estamos observando un preocupante aumento de la retórica militar por parte de los líderes políticos mundiales. Esta escalada del discurso bélico, probablemente fruto del debilitamiento del sentido común político-militar que solía guiar las relaciones entre las superpotencias nucleares, podría desembocar en un conflicto nuclear.
La mera posibilidad de una tercera Guerra Mundial es demasiado terrible y nos obliga a tomar medidas para prevenirla. Para ello, resulta útil conocer qué es lo que generó las dos primeras Guerras Mundiales y establecer alguna similitud con la situación presente. En una entrevista reciente (ver aquí), David Harvey nos recuerda que existe un importante paralelismo entre la situación actual y la de los años 20 y 30, y es que ambos contextos surgen de un período de austeridad fiscal e ideología política neoliberal. Un artículo recientemente publicado en la prestigiosa revista Review of Economics and Statistics (ver aquí) señala que la austeridad fiscal causa un aumento significativo del porcentaje de votos a los partidos extremistas. El apoyo de los votantes a partidos extremistas se vincula a las consecuencias económicas de las políticas de austeridad, que provocan una caída del PIB, del empleo, de la inversión, y de los salarios. Otro artículo importante, y un clásico en este tema, publicado en el Journal of Economic History (ver aquí), señala que en las cuatro elecciones alemanas entre 1930 y 1933 el partido Nazi tuvo más éxito electoral en las áreas más afectadas por la austeridad fiscal.
La austeridad fiscal ha causado que hoy se estén dando situaciones de gran agitación política; y de tal agitación están saliendo reforzados políticos aparentemente anti establishment cuyas propuestas son eminentemente autoritarias. De este modo, tal y como indica la evidencia empírica y la historia, los efectos socioeconómicos de las políticas de austeridad refuerzan los marcos ideológicos de represión disciplinaria. Esta estructura ideológica de represión constituye una herramienta clave para el creciente autoritarismo que nos ha situado hoy, de nuevo, a las puertas de una guerra planetaria.
La crisis financiera global y la Gran Recesión frenaron en seco el proceso de acumulación de deuda de los hogares en el que se basó el régimen de crecimiento económico del periodo 1990-2007, y crearon una crisis en el capitalismo global cuyos efectos siguen hoy presentes. La clave para la renovación institucional necesaria para abordar esta situación pasa por gestionar el descontento de los perdedores. Para ello existen, como mínimo, dos estrategias. Una de ellas es el neoliberalismo autoritario, que básicamente implica reconciliar a los hogares trabajadores con las realidades del mercado laboral neoliberal mediante la coacción, la distracción y la austeridad. Esta es la estrategia que se implementó durante el auge neoliberal (1990-2007) y la que se está intentando restablecer hoy. Por aquel entonces esta estrategia nos llevó a una crisis económica global de consecuencias catastróficas; y hoy nos ha colocado a las puertas de la tercera Guerra Mundial. Otra opción es un capitalismo social (como el del periodo 1945-1973) que sea capaz de gestionar el descontento de los perdedores desde su origen; creando un crecimiento inclusivo y sostenible que reduzca la necesidad y el deseo de autoritarismo en la sociedad civil.
Se me hace difícil identificar el término de «austeridad» con algún concepto concreto de las cuentas públicas.
Comparto que no debe ahorrarse en el apartado de «empleos de capital», pero nuestro país tiene que tomar alguna medida para atajar el «déficit estructural», porque la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en su Informe de las Administraciones Públicas referido al 4º Trimestre de 2023, estimaba en 53.159 millones (dato provisional) el déficit público del año pasado.
En relación al PIB nominal, cifrado en 1.461.889 millones, la necesidad de financiación representa un 3,64%.
Este resultado supone mejorar las previsiones contenidas en el Proyecto de Plan Presupuestario (PPP) para 2023, en el escenario que preveía la prórroga y adopción de medidas para proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética, que se formuló marcando como límite para el déficit un 3,9% de PIB, “referencia” (ya que, según la interpretación del Gobierno, al seguir activada la cláusula de salvaguardia europea, quedaba liberado de establecer “objetivos” de estabilidad presupuestaria que hubieran requerido la aprobación de las Cortes Generales) establecida por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022.
El monto absoluto del desequilibrio de las cuentas públicas (a mi juicio, inferior al previsto en el PPP de 2023 en unos 1.700 millones, como mucho) habrá de revisarse ya que, por ejemplo, no recoge el gasto en “remuneraciones” de los empleados públicos que conlleva el incremento, adicional y con efectos retroactivos a todo el año pasado, del 0,5% aprobado el pasado 6 de febrero y cuantificado en casi 820 millones.
En lo concerniente a los ingresos se dio un fuerte aumento, frente al ejercicio anterior, de la partida de “intereses” que crecen en más de 5.600 millones por la retribución de las cuentas bancarias.
Respecto del gasto, debe recordarse que el Consejo de la UE, en su Recomendación de 12 de julio de 2022, instó a nuestro país a que, entre otras cosas, en 2023 “garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (estimado en el 5,5% en términos nominales), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania”. Según mis cálculos, este agregado habría pasado de 547,9 miles de millones en 2022 a 582,5 miles de millones en 2023, superándose el tope citado.
A mi entender, superar el criterio de déficit establecido en el TFUE (quedar por debajo del 3% del PIB) e incumplir el requerimiento de gasto solicitado por el Consejo de la UE (no superar el 5,5% interanual) son hechos relevantes respecto de lo declarado por Comisión Europea, en su Comunicación de 8 de marzo de 2023 sobre orientaciones de la política presupuestaria para 2024, en la que anunció que “propondrá al Consejo la apertura, en la primavera de 2024, de los procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit sobre la base de los datos de ejecución de 2023, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.
A la diferencia de 0,3 puntos porcentuales entre la ratio provisional (déficit/PIB nominal) del 3,6% y la consignada en el PPP de 2023 del 3,9%, ha contribuido en un tercio el menor déficit habido en relación a la cifra pronosticada, siendo el resto consecuencia de un registro del PIB nominal superior al previsto con motivo de las desviaciones positivas ocurridas en la producción de bienes y servicios (en un 0,4%) y en alza de los precios (en un 2,1%), así como del efecto de las revisiones de datos llevadas a cabo por el INE el año pasado.
En resumen, a) se ha conseguido un monto de déficit algo inferior al planeado, en parte, gracias al endurecimiento de la política monetaria, b) no se ha cumplido con el requerimiento del Consejo de la UE respecto del aumento de gasto y c) se ha llegado a una ratio sobre el PIB mejor a la planteada en el PPP de 2023, mayormente, por las revisiones estadísticas y (lo que es peor) por la inflación.
Por tanto, en 2023 se ha logrado la meta meta presupuestaria planificada, pero en buena medida por causas que han empeorado la situación de la ciudadanía, con especial impacto en las clases más humildes (por la subida de precios) y de los endeudados (por el alza de tipos).