Los presupuestos de 2022 y la política de vivienda
En los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (PGE 2022), por segundo año consecutivo, el conjunto de partidas relativas a Vivienda, gasto público y desgravaciones fiscales presenta un crecimiento significativo sobre los Presupuestos del año anterior. Una parte de los gastos previstos se va a financiar con recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El crecimiento de 2022 se concentra en las partidas de gasto público directo o de ayudas a la construcción y rehabilitación de viviendas. Las partidas de gasto superan, por primera vez en mucho tiempo, la cuantía de las ayudas fiscales.
El gasto público destinado a la Vivienda en los PGE 2022 (Ver Cuadro estadístico) asciende a 3.295 millones de euros (2.253 millones en 2021). Dentro del gasto se destinan 70 millones de euros para el pago de subvenciones de intereses de planes precedentes. En ese grupo de partidas presupuestarias, 355 millones se destinan a subvenciones a las Comunidades Autónomas, subvenciones que se integraran en el próximo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda de Vivienda 2022-25, pendiente de aprobación. Dicho plan prioriza el acceso a una vivienda digna para los colectivos de menos recursos y la promoción del parque de vivienda asequible.
También dentro del gasto en 2022 se crea el Bono Alquiler Joven para la emancipación y el acceso a la vivienda, con carácter independiente del Plan 2022-25. Durante dos años se abonará una cuantía mensual de 250 euros a jóvenes con edades entre 18 y 35 años, con destino al pago del alquiler de la vivienda. Los beneficiarios deberán acreditar rentas de trabajo y sus ingresos anuales tendrán que ser inferiores a tres veces el IPREM (20.844 euros, en el caso de doce pagas). La dotación de la figura del Bono Alquiler Joven en los PGE 2022 es de 200 millones de euros. Se trata de una ayuda directa al inquilino joven, figura frecuente en las políticas de vivienda en los países occidentales, respecto de la cual se considera que suele beneficiar sobre todo al arrendador.
Los PGE 2022 incluyen 500 millones de euros para la construcción directa de viviendas sociales destinadas al alquiler. Además, de nuevo presenta una dimensión considerable la partida de gasto correspondiente a “Rehabilitación para la recuperación económica y social a través de las comunidades autónomas”. Dicha partida asciende a 1.389 millones de euros (1.550 millones en 2021) y cubre actuaciones de rehabilitación que deberán desarrollar las comunidades autónomas y que el gobierno estatal va a subvencionar con recursos procedentes de la Unión Europea.
Por segundo año consecutivo el gobierno hace una seria apuesta por la rehabilitación financiada mediante transferencias a las autonomías. Estas ayudas se refuerzan con créditos bancarios destinados a las comunidades de propietarios que rehabilitan las viviendas, créditos que disfrutarían de avales que aportaría el ICO: Sin embargo, tanto los PGE 2022 como los del año precedente no introducen partidas de gastos que permitan inducir un aumento importante del exiguo parque disponible de viviendas sociales de alquiler.
Las ayudas fiscales al acceso a la vivienda en los PGE 2022 se aproximan a 2.636,1 millones de euros (2.697 en los PGE de 2021). Destaca, en primer lugar, el alcance de la partida relativa a la deducción en la cuota del IRPF a los compradores de vivienda habitual, cuya cuantía se eleva a 844,4 millones de euros y que está suprimida para nuevos adquirentes desde 2013. De momento disfrutan dicha deducción en la cuota del IRPF 3.070.000 contribuyentes. La deducción en la cuota a los inquilinos por alquiler de la vivienda habitual asciende a 36,4 millones de euros, también en régimen transitorio tras la supresión de dicha figura por parte del gobierno popular. La deducción citada la disfrutan 178.457 contribuyentes.
Otra deducción fiscal relevante es la que obtienen los particulares que destinan viviendas al alquiler. El importe total de las deducciones se eleva a 714 millones de euros en 2022, correspondientes a reducciones en la base imponible del IRPF. Dicha reducción la disfrutan casi dos millones de contribuyentes. Las ganancias patrimoniales obtenidas en la venta de una vivienda están exentas del IRPF si se destinan a la compra de otra vivienda habitual. El alcance de las exenciones asciende a 112 millones de euros y la obtuvieron en 2021 un total de 53.244 contribuyentes. Las ganancias patrimoniales obtenidas por los mayores de 65 años por la venta de la vivienda habitual también están exentas en el IRPF, previéndose una exención en 2022 de 7,9 millones de euros por este concepto, disfrutada por un total de 1.768 contribuyentes.
Las “entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas” obtienen una bonificación en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades prevista para 2022 de 53,7 millones de euros, disfrutada por 1.365 contribuyentes. Por último, la aplicación de un tipo impositivo del 10% en el IVA que grava la venta de viviendas de nueva construcción implica un tipo reducido de dicho tributo, ascendiendo el beneficio fiscal a 862,7millones de euros.
El conjunto de las ayudas a la vivienda en forma de gasto (3.295 millones de euros) y de ayudas fiscales (2.636,1 millones de euros), 5.931 millones de euros, equivale al 0,45% del PIB de la economía española previsto para 2022 en los PGE 2022 (0,41% en los presupuestos de 2021). Dicha proporción está por debajo de la media de los países de la Unión Europea (0,6% del PIB).
El importante aumento de las partidas de apoyo a la vivienda de los PGE 2022 refleja el interés del actual gobierno por el alcance del problema de acceso a la vivienda, en especial por la reducida dimensión del parque de viviendas sociales de alquiler. Sin embargo, como ya se ha indicado, tienen un peso sustancialmente más elevado las ayudas a la rehabilitación que las destinadas a la construcción de nuevas viviendas sociales. Los presupuestos para vivienda se conocen antes de que se apruebe el próximo plan estatal de ayuda a la vivienda 2022-2025 y condicionan el alcance de este último. Desde hace varios años el Ministerio responsable de la política de vivienda no publica los resultados anuales de la ejecución del plan de viviendas y de otras medidas adicionales, caso del Bono de Alquiler Joven, situación que debería corregirse con el fin de contrastar el alcance efectivo de la política estatal de vivienda.
Los presupuestos para vivienda en 2022 aparecen en un contexto en el que el que está pendiente de aprobación el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2022-25. Asimismo, el gobierno aprobó en octubre de 2021 un anteproyecto de ley de vivienda, pendiente en este momento del informe no vinculante de diversos organismos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, para su conversión en proyecto de ley. Una figura relevante en la nueva normativa es la de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, cuya declaración corresponderá a las administraciones competentes en materia de política de vivienda, condición que en España corresponde a las Comunidades Autónomas, según lo establecido en todos los estatutos de autonomía. La existencia de tales Zonas orientará la política estatal y autonómica de vivienda.
Si los gobiernos autonómicos no están de acuerdo con el moderado control de alquileres que se establece en el anteproyecto no se determinarán las zonas tensionadas en las ciudades de tales autonomías a efectos de la política estatal de vivienda. Esta vía abierta por el anteproyecto podría dar lugar a diferentes grados de dificultad de acceso a la vivienda según autonomías, a pesar de los elementos positivos que presenta el citado anteproyecto.
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Una versión de este trabajo se publicó en la revista El Siglo de Europa el 13.1.22
