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¿Mantener el poder adquisitivo de las pensiones? Sí se puede

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La ejemplar movilización de los pensionistas contra la subida del 0,25% de las pensiones ha provocado una rápida reacción, en el doble sentido del término dado su carácter reaccionario, con dos argumentos fundamentales.

Por un lado, que la demanda de los pensionistas es insolidaria. Por otro, que la cuestión es que no se puede mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Mantener el nivel de vida de los pensionistas no es insolidario

El primero de ellos trata de culpar a los pensionistas de que los salarios estén perdiendo poder adquisitivo y de que los jubilados sean el grupo de perceptores de rentas que menos ha sufrido durante la crisis, por lo que no tendrían derecho a pedir nada.

El argumento, que merece otro artículo, es tan demagógico como artero. Pertenece, además, a la nueva estirpe político-argumental que pretende oponer a colectivos y grupos segregados y perjudicados por determinadas políticas con aquellos otros que, por no padecerlas o padecerlas en menor grado, se les hace culpables de las mismas. Y todo esto con la intención de desviar el foco de atención de esas políticas. Los trabajadores fijos serían, así, los responsables de la precariedad y no las políticas que causan esta. Los viejos estarían impidiéndoles a los jóvenes las oportunidades que, en realidad, les niega el olvido que sufren por parte de las políticas públicas. La escasez de la protección social estaría más relacionada con el fraude de los perceptores, y con su falta de estímulo al trabajo, que con dedicar a ello uno de los porcentajes de la renta nacional más bajos de la UE. Y, dentro de poco, los enfermos, y no los recortes, serán los culpables de que empeore la asistencia sanitaria.

Es bastante obvio que una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones no mejorará los salarios (más bien lo contrario, en cuanto –como veremos- debilitará la actividad económica), devaluados como consecuencia de las reformas legales que han debilitado la negociación colectiva y la posición individual de los trabajadores. Una cuestión que no plantean los ‘pensionicidas’. Como también es evidente que los pensionistas han sostenido y sostienen la renta familiar ante el desempleo masivo y el actual empleo ‘basura’. Hay que recordar que, de acuerdo con la última EPA disponible, los hogares con todos sus miembros activos en paro alcanzan los 1.210.500. Y, en fin, es maliciosamente muy poco sutil el argumento que contrapone asalariados con pensionistas, obviando que los grupos más favorecidos en estos años han sido los perceptores de las rentas más altas, de las derivadas del capital y de los patrimonios, los beneficios empresariales, que superaron ya hace tiempo los niveles anteriores a la crisis, pero, todos ellos, con una aportación tributaria mucho más baja que la de entonces.

El segundo argumento, aunque –como intentaré explicar sintéticamente- tampoco es cierto, tiene un carácter algo más sustantivo.

 

Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones es perfectamente asumible, según los cálculos del propio Ministerio de Empleo

El día siguiente a la reciente movilización de los pensionistas, un periódico de tirada nacional titulaba en su portada: “Empleo calcula que España debe crecer 30 años al 4,2% para subir las pensiones con el IPC”. Lo que, según explicaba el periódico, era una quimera, un imposible, y por lo tanto, lo pidieran como lo pidieran los pensionistas, no podrán mantener el poder adquisitivo durante los próximos treinta años. En una línea similar han ido otros periódicos.

Pero, eso no es cierto en un doble sentido. Ni el documento del Ministerio de Empleo (titulado “Respuesta a la solicitud de datos realizada por la Comisión Permanente del Pacto de Toledo, a partir de la tabla de gasto en pensiones sobre PIB para el periodo 2018-2040 entregada en la sesión del 24 de octubre de 2017”) dice eso, ni es ningún imposible, de acuerdo con el documento, mantener el poder adquisitivo de las pensiones durante los próximos treinta años. El periódico, tal vez empujado por la incredulidad de que los pensionistas pidieran tamaña barbaridad (¡mantener el poder adquisitivo!) u obnubilado por la determinación de defender la actitud del Gobierno, abiertamente opuesta a aceptar que las pensiones mantengan su poder de compra, ha confundido crecimiento del PIB nominal con el del PIB real. De tal forma que el crecimiento del 4,2% es nominal (incremento en volumen más los precios), mientras que el crecimiento real correspondiente de la tabla que figura en el documento del Ministerio es del 2,4% (el deflactor es el 1,8%).

Nada que ver con un crecimiento disparatado del PIB. Bien al contrario. El promedio de crecimiento de la economía española en los últimos veinte años, contabilizando el periodo de expansión y la subsiguiente crisis (una de las mayores que se han conocido) es del 2,2%. E incluso el promedio de crecimiento actual, tras la crisis y la recesión (los últimos tres años de crecimiento) es del 2,7%. Por consiguiente, una estimación bastante prudente de las perspectivas de crecimiento de la economía española podría situarse sin problemas en un promedio superior al 2%, por poco bien que se gestionara la política económica.

Con ese dato de crecimiento real del PIB, el gasto en pensiones (según la tabla del documento de la Seguridad Social) se situaría en 2050 en el 12,3% del PIB. Una cifra totalmente asumible, teniendo en cuenta que con ella se garantizaría el poder adquisitivo de las pensiones, que el gasto en pensiones sería solo medio punto del PIB superior al actual (¡¡con un 50% más de pensionistas!!), y que 15 de los 27 Estados Miembros de la UE gastarían más, en relación con su PIB, que el nuestro (según las proyecciones de gasto realizadas por el Comité de Política Económica de la UE, actualizadas en septiembre de 2017).

Inflar el gasto en pensiones en % del PIB para que parezca insostenible

Pero, no es solo este informe (aunque este sea de la propia Seguridad Social). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ofreció datos recientes en el Consejo Económico y Social y criticó abiertamente algunas de las hipótesis en las que se basan las proyecciones realizadas en los estudios de las entidades financieras.

Según la AIReF, hacer el supuesto de que la población española caerá de forma permanente durante los próximos treinta años (lo que implica que caería o se estancaría el PIB y que todos los españoles seríamos cada vez más pobres), o que no conseguiríamos crear nada de empleo porque la tasa de empleo será tras esos treinta años, y con una menor población en edad de trabajar, inferior a la que tuvimos en 2008 al inicio de la crisis, es poco realista (la AIReF las tilda, benévolamente, de escenarios ‘pesimistas’). Aunque habría que decir que son necesarias (oportunistas) porque de otra forma no salen las cuentas de esos estudios y resultaría indemostrable que el sistema público de pensiones vaya a ser insostenible e inviable salvo que se mantengan los actuales recortes de las pensiones derivados de la reforma de 2013.

Digamos que la AIReF critica de paso con ello las proyecciones de población del INE -sobre las que se basan esos estudios- que, por no reconocer un flujo de migración de entrada suficiente (se desconoce por qué razón), prefieren aceptar la disminución constante de la población total e implícitamente un achicamiento del PIB y el empobrecimiento secular del país.

La AIReF estima –véanse los gráficos anteriores- que lo realista es aceptar que la población crecerá en la línea con lo que lo viene haciendo (acepta incluso que lo haga un poco menos) y que la tasa de ocupación continúe creciendo de modo parecido (también algo menos) a como lo hizo antes de la crisis. Son dos supuestos nada disparatados de los que se derivan conclusiones completamente diferentes del gasto en pensiones en el futuro en porcentaje del PIB (porque el cambio de hipótesis da lugar a un PIB muy superior al infravalorado por las proyecciones antes aludidas).

Estimación del cambio del gasto en pensiones sobre el PIB (tasa de variación)

                                            Fuente: AIReF (febrero 2018).

En efecto, el gasto en pensiones que, con las hipótesis pesimistas ascendería al 14,3% del PIB en 2050, se quedaría en el 11% (0,8 puntos del PIB por debajo del actual) con las nuevas hipótesis.

A destacar que la estimación de la AIReF reduce el gasto total en pensiones desde el 12,3% del PIB, correspondiente a la estimación del Ministerio de Empleo, a solo un 11%, pero la razón puede estribar en que la Autoridad Fiscal no contemple la revalorización de las pensiones con el IPC.

 

Más pruebas de que mantener el poder adquisitivo es asumible

Para resolver este problema contamos de nuevo con una buena fuente de información: el Grupo de Investigación, Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de las Universidades de Extremadura y de Valencia. En el reciente post “Estrategias de Revalorización de las Pensiones: Coste y Financiación”, el Grupo cuantifica, con las hipótesis oficiales de la Seguridad Social, entre otros aspectos, el coste en % del PIB de mantener el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC, que según sus cálculos ascendería al 2,6% del PIB alrededor de 2040.

Incluso sin tener en cuenta los supuestos más restrictivos en el cálculo del PIB de las hipótesis de la Seguridad Social respecto a los de la Autoridad Fiscal, la suma del gasto total estimado en pensiones, incluyendo el mantenimiento del poder adquisitivo, ascendería al 13,6% del PIB.

Una cifra que es muy similar a la obtenida al realizar los cálculos de gasto futuro en pensiones en el momento de realizar la reforma de 2011, que contemplaba el mantenimiento permanente del poder adquisitivo, y que supone que en 2050 once países de la UE gastarían más que España en pensiones. Realmente, no parece una opción inasumible ni mucho menos inviable. Según los cálculos del informe del Ministerio de Trabajo, alcanzar un gasto total en pensiones del 13,6% del PIB no requeriría ni siquiera alcanzar en promedio crecimientos reales del PIB del 2%.

Como reconocen los autores de este trabajo, obviamente ese coste (financiable con deuda o con una fracción del incremento de los ingresos tributarios que deberíamos abordar para aproximarnos a la media europea), podría incluso reducirse si se contemplaran algunas opciones que a nuestro entender deberían ser dos: a) eliminar los gastos que indebidamente está asumiendo la Seguridad Social, y b) suprimir en su mayor parte la exención de cotización de la que injustificada y regresivamente disfrutan a partir de determinado nivel los perceptores de salarios más altos.

 

Recortar las pensiones hundirá la economía y el empleo

Pero, además, debe contemplarse otro aspecto de la cuestión. Se trata de las repercusiones macroeconómicas a lo largo del tiempo de los recortes actuales de las pensiones. Un informe igualmente reciente de Analistas Financieros Internacionales (“Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España” ha realizado –si bien con un propósito completamente diferente- el ejercicio de calcularlas.

Según este trabajo, los efectos sobre el conjunto de la economía de la caída de las rentas de la población jubilada a lo largo de las próximas décadas serán muy considerables. La contracción de la demanda provocada por el hundimiento del consumo de hasta quince millones de pensionistas ocasionará que, entre 2016 y 2035, el Valor Añadido Bruto Total de la economía se reducirá en 20.000 millones de euros en promedio anual, lo cual significa una caída media del PIB del 1,5% anual, y una reducción media de 330.000 empleos anuales (un 1,6%). Es decir, la caída de las rentas de la población jubilada se va a “comer” cada año más de la mitad del crecimiento previsto del PIB y del empleo.

En el punto máximo de los efectos económicos adversos provocados por la caída de renta de los pensionistas (2035), el PIB se reducirá un 3% y el volumen de empleo se contraerá en 750.000 ocupados. Los recortes de las pensiones suprimirán, puede que con creces, el crecimiento económico y la creación de empleo, introduciendo probablemente a la economía española en una recesión. Consecuencias que, para los autores del informe, resultan claramente inaceptables para la sociedad española.

Para evitarlo proponen que los pensionistas compensen con gasto privado el recorte sufrido en las pensiones públicas a través de deshacer el ahorro del que disponen concentrado en sus viviendas, mediante la suscripción de hipotecas inversas.

Y esta es la clave del asunto. Si hay que evitar los perniciosos efectos sobre la economía y el empleo de los recortes de pensiones, y para compensarlos se trata de que los pensionistas los compensen con sus propios ahorros. Si, para evitar sus nocivos efectos económicos, los recortes de las pensiones han de ser contrarrestados y cancelados, cabe preguntarse para qué hacían falta tales recortes, salvo para sustituir gasto público por gasto privado. Esto es lo que, en último término, parecen haber realizado las reformas de las pensiones. El 3% de caída del PIB es prácticamente la cuantía máxima de gasto público en pensiones que van a recortar tales reformas.

El resumen de los datos expuestos pone de manifiesto que es posible mantener el poder adquisitivo de las pensiones sin elevar de forma inaceptable o descabellada el gasto en proporción del PIB. Que, con unos niveles de crecimiento económico a medio plazo en realidad bastante modestos, el sostenimiento de un elevado número de pensiones, incluyendo el mantenimiento de su poder adquisitivo, es perfectamente posible con un incremento moderado de la financiación pública en comparación con los niveles de la misma en los países de nuestro entorno. Y que los efectos económicos de las reformas realizadas han de ser neutralizados para evitar que arrastren el crecimiento de la economía española al estancamiento, la recesión y el paro. Lo que siembra una seria sospecha acerca de los verdaderos y últimos propósitos de las reformas adoptadas.

About Antonio González

Antonio González, economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC, fue Secretario General de Empleo en el periodo 2006 – 2008 @AntonioGnlzG

19 Comments

  1. Alfonso Prieto el febrero 27, 2018 a las 4:21 pm

    Tan claro y simple como se demuestra en el excelente artículo de Antonio González. Por supuesto que se pueden mantener las pensiones públicas y por supuesto que el Gobierno trata de acabar con el sistema.

  2. sacoroto el febrero 28, 2018 a las 10:30 am

    No pueden mantenerse las pensiones con los contratos temporales actuales y esos salarios de vergüenza. Cara a aumentar los ingresos de estado es necesario incidir en el fraude fiscal y regresar a las cotas de imposición anteriores a la llegada del Partido Popular al Gobierno que tanto han beneficiado a la élite económica. El déficit de la Seguridad Social debería cubrirse con presupuesto del estado. Dicho lo cual, y en referencia al artículo no creo que sea posible observar un crecimiento demográfico excepcional de la población española, puesto que la tendencia de las parejas actuales es tener poco o ningún hijos…

    • Antonio González el marzo 4, 2018 a las 9:26 pm

      Agradezco su comentario, con el que estoy bastante de acuerdo. Especialmente, en lo que comenta acerca de la necesidad de mejorar la calidad del empleo, y junto con ello de los salarios, para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Un mayor incremento de los ingresos por cotizaciones permitiría aminorar los recursos públicos complementarios a las cotizaciones que se necesitarán para mantener unas pensiones públicas suficientes y permanentemente actualizadas, como dice la Constitución. Asimismo, estoy muy de acuerdo con la necesidad de incrementar los recursos públicos reduciendo el fraude fiscal y recuperando los niveles de imposición anteriores a la crisis de los beneficios empresariales (que ya son superiores a los de entonces), gravando más las rentas de capital y aumentando la progresividad fiscal. Respecto a los aspectos demográficos, como se menciona en el artículo, será preciso tomar todas las medidas necesarias, incluyendo los flujos migratorios, para impedir que caiga la población española, lo cual sería un absurdo que impediría el crecimiento de la economía española.

  3. Manuel Ballester el febrero 28, 2018 a las 10:39 am

    Las pensiones, com la SS o la educación o las subvenciones a la infraestructura deportiva son decisiones políticas, no económicas, salvo situación de catástrofe claro. Por lo tanto, si se quieren pagar, se pagan, con contribuciones, con impuestos o no comprando aviones militares…
    El artículo es bueno, además de necesario, aunque observo en él alguna (posible) debilidad; por ejemplo, descalificar el INE por no incluir la emigración, sin matizarlo, me sabe a un poco de ligereza, ya que, de hecho, la emigración no es previsible a priori, solo constatable a posteriori; habrá más inmigración?, es hasta muy posible que sí, pero por ahora las posibilidades de trabajo no son demasiado halagüeñas, y mañana?, pues dependerá, y no solo de las crisis (dicen que habrá una en un par de años), de su profundidad, si no de otras cuestiones que pueden ser capitales como, pongo por caso, la robotización, la proliferación del Intenet de las cosas, el asunto de la energía (éste doblemente capital), etcétera. Esto, no lo hallo en el artículo. Pero puede que esté en otros, seguro.
    Salud.

    • Antonio González el marzo 4, 2018 a las 9:55 pm

      Gracias por su comentario. Quisiera aclarar que la crítica a las hipótesis sobre los flujos migratorios del INE no es mía sino, como se dice en el artículo, del responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Crítica que me parece bastante bien fundada por las razones que se dan en el artículo. Los flujos de inmigración son una decisión política en todos los países, por lo que se pueden planificar y prever, sobre todo cuando se comprueba que hay un lógico interés en buscar trabajo en los países desarrollados. La reducción de la población española en edad de trabajar durante los próximos años es una previsión bastante realista, puesto que ya han nacido las personas que constituirán la fuerza de trabajo española durante las próximas décadas. Los efectos de la robotización y de la digitalización en general no se contemplan explícitamente en el artículo porque lo extenderían excesivamente. Hay efectivamente en la web de EFC artículos sobre estos temas.

      • Manuel Ballester el marzo 5, 2018 a las 11:13 am

        Gracias. Sólo matizar que, efectivamente, los flujos de inmigración son una decisión política, pero por lo que hace a su control, no por lo que se refiere a los flujos que lo van, digamos, a intentar: emigración a España habrá en función (flexible) de las posibilidades de trabajo, básicamente, junto con las de educación, vivienda, sanidad, etcétera. Lo que dio pié a la masiva inmigración de hace dos décadas fue un crecimiento desaforado, por una parte, de la construcción, y, por el otro, de los servicios. En todo caso sería muy de desear, que el crecimiento futuro se base en parámetros de más valor añadido y, por tanto, muy inferiores en intensidad de mano de obra, que, además, es “barata” y no soluciona en nada los desequilibrios del sistema, al contrario. En el interregno, tal como están las cosas, parece que va a haber menos de lo uno y de lo otro, si es que llegamos alguna vez a movernos de sitio. Y por lo tanto los desequilibrios (del sistema) parecen condenados a persistir.
        Pero, en fin, ya digo que es un problema político.
        Gracias de nuevo.

        • A. González el marzo 5, 2018 a las 11:32 am

          Estoy en todo muy de acuerdo con usted. Debería cambiarse el modelo de crecimiento y con ello la gestión política de los flujos podría dirigirse a funciones más eficientes que en el pasado. Primero, los bueyes y luego el carro. Pero, sin entrar en ello, por importante que sea, que lo es, lo que el artículo pretende poner de manifiesto es que resulta completamente absurdo (¿tendencioso?) realizar proyecciones sobre el gasto en pensiones basadas en la hipótesis de que la población en edad de trabajar no será suficiente para atender la demanda de trabajo (y con ello caerá el crecimiento del PIB) solo porque no se quiere admitir que los flujos migratorios serán positivos. La presión migratoria continuará de forma permanente, eso lo saben bien los que conocen este fenómeno: un ejemplo, las entradas de inmigrantes en España en el último año (y fíjese como está el paro y los salarios) más que duplican las proyecciones anuales medias realizadas por el INE para los próximos treinta años. Absurdo. Por ese motivo la AIReF las ha criticado y corregido. Lo cual tiene enormes implicaciones sobre el gasto en pensiones en relación con el PIB, como se ve en el gráfico del artículo.
          Saludos.

  4. Eduardo González el febrero 28, 2018 a las 10:50 am

    Se puede, pero no se quiere. Es la estrategia del neoliberalismo que nos invade, sustituir lo público por lo privado y en el proceso dar más oportunidades al capitalismo financiero. Gracias a Antonio González, que lo podrá decir más alto, pero no más claro.

  5. Luis el febrero 28, 2018 a las 11:21 am

    Y si no nacen niños en pocos años se cerrarán sus Escuelas, y comercios, y las fábricas que elaboran lo que venden esos comercios; pero igualmente con los Hospitales y los Centros de Salud, y las Farmacias. Y sin faltar las Universidades, que salarios no hay para matrículas, libros y transporte y hospedaje. Y no escapan los Colegios de EGB e Institutos. Deviene entonces un despido masivo de Empleados Públicos. Y entonces sin remedio para reaccionar. Abur.

  6. […] Iniciativa Debate/Medios CC/CL/Antonio González/EFC/El Diario                                                        […]

  7. […] pensions a curt i llarg termini, veure els articles de Roger Senserrich [text 7], Víctor Lapuente, Antonio González i Carles Mundó. Sobre la fiscalitat i, més concretament, sobre la polèmica en torn de l’Impost […]

  8. juan mateu el marzo 2, 2018 a las 12:17 pm

    Disiento en muchos puntos:

    1) El gasto sobre el PIB sí es elevado y más si como afirma un grupo de economistas de distintas tendencias el PIB español está estructuralmente sobrevalorado.

    2) Subir el IPC no es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, es mejorar el poder adquisitivo de las medias y altas con unas cestas de consumo con un incremento de la vida menor al IPC oficial y es seguir perdiendo poder adquisitivo las bajas donde el peso de la energía, los servicios básicos que crecen por encima del IPC y tasas locales que no entran en el IPC pero han subido más que este son una gran parte de la pensión. Una solución que mete presión al sistema pero donde los que menos tienen no mantienen el poder adqusitivo y los que más tienen cada vez pueden ahorrar más es una apuesta por incrementar la desigualdad.

    3) Si uno mira los desgloses por tramos de cuantía y género nos encontramos que una subida del IPC provoca que del gasto adicional el 5,6% vaya al 15% con menores pensiones (1700€) son mujeres (clara minoría), ss decir, se acentúa la desigualdad de género. (los datos)
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1scdEd1x4-aQ5R_h_iShihMxwAIl1EiiV9aprg51KlHM/edit?usp=sharing

    ¿Qué sentido tiene exigir al sector privado medidas para luchar contra la desigualdad salarial general y contra la brecha de género salarial en particular mientras que la política de pensiones que determina más de un tercio de las rentas de este país se piden medidas que en la práctica suponen caminar en sentido contrario?

    Igual hay que ir asumiendo que a lo mejor para contener el gasto entre lo pagable hay que achatar algo la diferencia de pensiones, esforzándose en subir las mínimas y conteniendo las máximas, máxime cuando las máximas son percibidas por gente que ha podido tener un patrimonio acumulado y son suficientes para un pasar holgado.

    • Antonio González el marzo 4, 2018 a las 10:24 pm

      Agradezco su comentario. Según los datos de Eurostat, el gasto en pensiones contributivas no es hoy de los más elevados de la UE, en porcentaje del PIB, sino lo contrario. Pero la cuestión no es el gasto actual sino el nivel de gasto futuro. En el artículo se ofrecen datos de diversos estudios bastante serios (Seguridad Social, AIReF, Grupo de Pensiones de la Universidad de Valencia y Extremadura, AFI) que ponen de manifiesto que el nivel de gasto en pensiones en el horizonte de las próximas décadas se situará en niveles medios de la UE, incluso contemplando el mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones.
      Las observaciones relativas al IPC creo que son interesantes y dignas de tener en cuenta, cuando se acepta que las pensiones deben mantener el poder adquisitivo y a partir de ahí se abriera el debate de cómo hacerlo de la manera más adecuada y equitativa.
      Personalmente soy partidario de que se suprima la exención de cotización a los niveles salariales más altos y también de que se incrementen los niveles de solidaridad internos del sistema de pensiones, por lo que coincido en la idea de que habría que avanzar en la dirección de subir las mínimas y contener el crecimiento de las máximas.

      • juan mateu el marzo 7, 2018 a las 11:15 pm

        Pues contener las máximas implica o bien bajarlas por ley (por ejemplo con el factor de sostenibilidad) o por contra tender a contar toda la vida laboral para promediar, lo cual con una subida de pensiones mínimas tendería a reducir el ratio máxima_contributiva/mínima_contributiva en bruto de 4:1 a 3:1 y en neto de 3:1 a 2,4:1 lo cual es más justo, ya que el sistema actual permite desequilibrios de hasta esos 4 a 1 con cotizaciones en total iguales pero empezando un bien su carrera laboral y terminandola mal y el caso inverso.

        Pero precisamente para que eso se pueda hacer sin que protesten los que ya de momento cotizan (por el destope parcial) por encima de la máxima y que menguará a lo mejor hay que rebajar la hostilidad contra el ahorro previsional, y quien pueda (porque no todos pueden, lo sabemos) que ahorre porque el estado está para proveer mínimas decentes no tanto para asegurar poderes adquisitivos en forma de pensión muy superiores al salario medio de los activos.

        • A. González el marzo 8, 2018 a las 10:51 am

          Agradezco mucho su comentario, Juan, que está lleno de cuestiones de interés con las que coincido, tanto en el planteamiento general del tipo de adaptación del sistema al contexto demográfico que viene, como en el caso de las medidas que comenta dirigidas a hacer más sostenible el sistema a través, entre otras cuestiones, del incremento en el grado de solidaridad del mismo.
          Hay, evidentemente, respuestas y soluciones adecuadas y viables. Los dos mayores problemas a los que nos enfrentamos para poder trabajar en esta dirección son: 1) la resistencia de aquellos que prefieren utilizar la coyuntura demográfica para cambiar en todo o en parte la naturaleza, el modelo, del sistema de pensiones públicas en España, y 2) la resistencia de los que realizaron en 2013 una reforma profundamente equivocada, mal pensada y orientada, y basada en respuestas y mecanismos simples (el IRP y el FS muestran la tosquedad y la simpleza de quienes trataron en ese momento de ‘arreglar’ los problemas, partiendo además de un cierto desprecio hacia el enfoque y los planteamientos de la reforma precedente).
          Espero, aunque sinceramente no soy totalmente optimista, que podamos salir del bloqueo actual y avanzar en esa dirección que comento.
          Muchas gracias.

          • juan mateu el marzo 8, 2018 a las 9:14 pm

            ya, pero yo no veo en el lado progresista debido a los dogmas (como la demonización del ahorro complementario mientras parece que se quiera seguir con una clase obrera con patrimonio inmovilizado en ladrillo costero mientras se tiene una pensión corta para mantener 2 casas, caso de algunos millones de personas) se dificultan opciones para introducir flexibilidad. La edad de jubilación debería tener unos coeficientes de anticipación en función de la dureza física de los trabajos y los 67 para unos deberían ser 61 para otros. Por otra parte un corrector de la pensión por jubilación voluntaria a partir de los 60 basada en cálculos actuariales permitiría para gente con ahorros, jubilarse y vivir antes con una penalización menor que ahora (como ocurre en Suecia), pero en caso de elevada longevidad produciría un ahorro a la seguridad social. No puede ser que se defienda modelos que generen una dualida de jubilaciones, entre las prejubilaciones deluxe (que tan a gusto firman los sindicatos) con jubilaciones bajas para gente que acaba la carrera laboral en desempleo largo, o con gente que para cobrar cerca de su 100% que tampoco es mucho tenga que jubilarse muy tarde y muy desgastada físicamente.

            No seré yo quien defienda los mecanismos de la reforma del 2013 pero igual se optó por esa vía por la negativa sindical a contar toda la vida laboral, como se ha ido negando reforma a reforma a la ampliación del período de cálculo. No olvidemos que fue la causa de la ruptura entre Redondo-UGT y el PSOE aquella reforma que pasando de 2 a 8 años complicaba la ingeniería previsional y los conchaveos….paz por pensión. Los que somos de pueblo industrial sabemos de qué iba eso.

            En la visión idílica obreros-buenos empresarios-malos parece que los sueldos con parte en B son exigencia empresarial cuando en buena parte de las ocasiones son negociados por ambas partes, yo con mis propios ojos he visto a un comité de empresa exigir a la empresa “las horas en negro como en otras fábricas” estando la empresa por cumplir la ley y diciendo que a la larga para la pensión les iría mejor.

            Un cálculo de la pensión cuyo cálculo incluyese los primeros años crearía una presión para que todo se cotizase y seguramente muchas bases ahora bajas subirían un 20-30%.



  9. Cesca Pérez el marzo 27, 2018 a las 8:05 pm

    Excelente y aclarador artículo.

  10. Segismundo el mayo 3, 2018 a las 12:48 pm

    Habría dos formas para aumentar el poder adquisitivo de las pensiones: subir las pensiones, o que bajen los precios.
    El primero que intentó fijar precios fue Diocleciano, y consiguió un desabastecimiento y tumultos generales, también se impuso aquí en el periodo 1939-75, con diversidad de opiniones, unos en F, otros en B.
    Aumentar la cantidad de dinero en el sistema tira de los precios al alza, con lo cual sería más práctico ajustar las pensiones a lo cotizado, y en menor grado a las disponibilidades, a los ingresos del INSS, y regular muy poco, por ejemplo, en Italia no hay salario mínimo, y nadie pide que se implante.
    El enemigo del pensionista es la inflación, aunque el avance del calendario reduce sus gastos; si la producción mejora, como suele ser, los precios tienden a la baja, y eso aumenta el poder adquisitivo de los sueldos.
    Con inflación, los especuladores financieros y negocios bancarios están dando palmas a todas horas.

  11. A. González el mayo 3, 2018 a las 1:20 pm

    Gracias por su comentario.
    En realidad, lo que se plantea no es aumentar el poder adquisitivo de las pensiones, sino solamente mantenerlo (salvo en el caso de las mínimas, que deberían lógicamente subir más que la inflación). Dejando al margen los efectos macroeconómicos más favorables que desfavorables de mantener un cierto nivel de inflación (moderado pero algo superior al actual, que no alcanza el objetivo del BCE) entre otras cosas para hacer frente al elevado endeudamiento de los distintos sectores (AAPP, empresas, familias), los recursos para mantener el poder adquisitivo de las pensiones deberían provenir de los incrementos nominales de la recaudación por cotizaciones que, sin contar los incrementos del empleo, deberían crecer, si el sistema de determinación de salarios funcionara adecuadamente (cosa que no sucede por los efectos de la reforma laboral de 2012), por encima de la inflación. Por lo tanto, la cuestión no es esa.
    De lo que trata en realidad el artículo es de si, en un contexto de crecimiento considerable del número de pensionistas (por efecto de la jubilación de la generación del baby boom), se puede sostener el creciente nivel de gasto en pensiones que eso requeriría, incluyendo el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. O si, como hizo la reforma de pensiones de 2013, hay que recortar las pensiones en términos reales (incrementándolas cada año por debajo de los precios) para de esta forma congelar los niveles de gasto en relación al PIB, impidiendo que crezcan a medida que aumenta el número de pensionistas.
    El artículo, utilizando para ello los cálculos y estimaciones de cuatro fuentes fiables (la AIReF, la propia Seg. Social, el Grupo de Pensiones de la Universidad de Valencia, y AFI), trata de mostrar que, con inflaciones razonables (en el entorno del 1,8%-2%), y previsiones asimismo razonables de evolución de la población en edad de trabajar y de la tasa de empleo (y con ello de crecimiento del PIB), el nivel calculado de gasto en pensiones en relación al PIB mantendría en el futuro niveles perfectamente asumibles e inferiores a los de un buen número de países europeos. Lo cual no quiere decir que no sean necesarias aportaciones de índole fiscal complementarias a las cotizaciones, como hacen ya hoy (y harán más en el futuro) la mayoría de los países de nuestro entorno.
    Espero haber podido aclarar un poco más los argumentos del artículo. Y nuevamente le expreso mi agradecimiento.
    Los datos aportados

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