¿Seguiremos pagando por la electricidad más de lo que cuesta?

Una reflexión en torno al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030

El último cambio de gobierno en España ha supuesto un golpe de timón en materia de energía y clima. Del denominado “impuesto al sol”, los recortes a las renovables, o los obstáculos al cierre de las centrales nucleares y de carbón, se ha pasado a un ejecutivo que en apenas ocho meses ha puesto de manifiesto que la transición energética está entre sus prioridades políticas. La Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Transición Justa recientemente presentados por el Gobierno han dado forma a su apuesta porque la descarbonización se convierta en palanca de cambio para la modernización de la economía. De la mano de políticas públicas, con el cumplimiento de los objetivos en materia de energía y clima (reducción de emisiones, aumento del peso de las renovables y mejora de la eficiencia energética), se inyectarán 236.000 M€ de capital público y privado durante la próxima década. Será un fuerte estímulo keynesiano cuyos efectos se multiplicarán a lo largo y ancho de la economía: aumentará el Producto Interior Bruto, se creará empleo y tejido industrial, y se aliviarán los desequilibrios de la balanza de pagos. A su vez, el menor uso de combustibles fósiles contribuirá a la mejora de la seguridad energética – al reducir nuestra dependencia energética del exterior – y a la mejora de la salud pública – al reducir el número de muertes provocadas por la contaminación.

Hacer pagar a los consumidores por la electricidad más de lo que cuesta estaría en contradicción con el principio rector del propio marco de energía y clima: el que la transición energética sea justa y eficiente.

Pero la importancia de lo anterior no debe hacernos pasar por alto otros aspectos, igualmente importantes, que determinarán el modelo energético y económico al que transitemos. El PNIEC, además de objetivos, también propone una batería de medidas para cumplirlos. Algunas de ellas son profusas en detalles, pero otras se limitan a un mero enunciado. Por ejemplo, la Medida 4.5 sobre la “Protección de consumidores de electricidad y mejora de competitividad” sólo contempla que “en los próximos meses se analizarán las reformas necesarias en el diseño y funcionamiento del mercado eléctrico.” De igual modo, la Medida 1.20 sobre “Fiscalidad” se limita a anunciar “un estudio en profundidad” para promover la “internalización progresiva y generalizada de las externalidades medioambientales”. El cómo se aborden dichas reformas puede condicionar en buena medida la consecución de los objetivos del PNIEC.

Las medidas contenidas en el PNIEC contemplan que la sobre-retribución de las centrales nucleares seguirá formando parte del precio que pagan los consumidores por la electricidad

Este artículo no puede profundizar en estas cuestiones, pero sí poner el foco sobre algunos elementos de la regulación eléctrica que es necesario cambiar. Y es que hacer pagar a los consumidores por la electricidad más de lo que cuesta, dificultaría el proceso de electrificación de la economía, mermaría la competitividad de las empresas y drenaría rentas de las familias, en contradicción con el principio rector del propio marco de energía y clima: el que la transición energética sea justa y eficiente.

Con los propios datos del PNIEC se desprende que, si se mantiene el marco regulatorio actual, las centrales nucleares recibirán unos beneficios de mercado de 1.983M€ anuales mientras permanezcan en explotación los siete reactores existentes (al menos hasta 2025), y de 935M€ anuales cuando cuatro de ellos dejen de estar operativos (a partir de 2030). Estas cifras se obtienen tomando las estimaciones que ha realizado Red Eléctrica sobre los precios del mercado eléctrico (53€/MWh en 2025 y 56,8€/MWh en 2030) y los costes variables de las nucleares (14€/MWh). Teniendo en cuenta, también según el PNIEC, los 2.339M€ de inversiones adicionales que durante la próxima década tendrán que acometer las nucleares para seguir operativas, y el pago de una tasa de residuos superior a la actual (7,9€/MWh), la sobre-retribución del parque nuclear hasta 2030 podría ascender a 17.000M€.

El análisis del impacto económico de las medidas contenidas en el PNIEC contempla que esta sobre-retribución seguirá formando parte del precio que pagan los consumidores por la electricidad. ¿Quiere decir esto que el Gobierno la da por bueno, aun tratándose de una renta a la que las empresas propietarias de las centrales nucleares tendrán acceso sólo gracias a la decisión del Gobierno de permitir su explotación más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas?

Los datos del PNIEC también reflejan que la hidroelectricidad obtiene unos beneficios de mercado de 1.500-1.600M€ al año. Y si bien los pocos datos que aporta el PNIEC al respecto no permiten hacer una cuantificación precisa de la posible sobre-retribución de las nuevas renovables, sólo en el caso de la eólica, ésta podría ascender a unos 1.100M€ en 2025 y 1.800M€ en 2030 (bajo el supuesto de que percibe el precio medio del mercado y de que sus costes medios ascienden a 40€/MWh). No obstante, esta sobre-retribución podría eliminarse con un sistema de subastas como las contempladas en el PNIEC. Pero el capítulo de análisis económico del PNIEC parece haber prescindido de esta medida al tomar el precio del mercado eléctrico como referencia para calcular el coste de adquisición de toda la electricidad (incluida la renovable).

Sería interesante cuantificar cuánto mayores serían los efectos positivos de la transición energética sobre el PIB, sobre la creación de empleo, o sobre la reducción de la pobreza energética si se aprovechara la reflexión que anuncian las Medidas 4.5 y 1.20 del PNIEC para evitar que las rentas injustificadas de la generación sigan encareciendo la factura eléctrica.

El marco de energía y clima presentado por el Gobierno permite hacer ésta, y muchas otras reflexiones, que podrán ser compartidas durante el proceso de consulta pública. Pero dense prisa en leer y comentar sus casi 500 páginas: el periodo de un mes para hacerlo acaba el próximo 22 de marzo.

Natalia Fabra

Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Carlos III de Madrid

Patrona de la Fundación Renovables