Sobre la electricidad: en El País, un editorial lamentable

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Por Jorge Fabra Utray, miembro de Economistas Frente a la Crisis

El editorial de El País titulado “Un déficit imparable” del día 17 de Enero de 2013, http://elpais.com/elpais/2013/01/16/opinion/1358364375_862422.html pone de manifiesto cuan efectiva es la contabilidad regulatoria del Sector Eléctrico español para nublar la comprensión de qué es lo que está pasando con los precios de la electricidad y de la auténtica naturaleza del denominado “déficit tarifario”. Y más allá, pone de manifiesto el profundo y extenso desconocimiento existente sobre las características técnicas y económicas de las diferentes tecnologías de generación que cubren la demanda de electricidad, especialmente –pero no sólo- de las tecnologías renovables, y del sistema de fijación de precios, tanto los que son fijados en el extraño mercado que tenemos en España, como los que fija directamente el regulador. Y lo pone de manifiesto porque el editorial al que me refiero es, él mismo, un claro ejemplo de falta de comprensión o desconocimiento en estos asuntos de la electricidad.

Pero también, con este editorial podrían estar pasando algunas de estas otras tres cosas:

  1. Que la empresa editora de El País quiera animar a las empresas eléctricas de UNESA a que intensifiquen sus inserciones de publicidad en sus páginas.
  2. Que el editorialista haya escrito de oídas.
  3. Que las especies que continuamente esparcen los poderosos intereses eléctricos esten también brotando en la línea editorial de El País.

Sin embargo, sabiendo y constándome la independencia y la solvencia de El País, me voy a inclinar por descartar estas tres hipótesis para quedarme con una cuarta que es con la que realmente he empezado este artículo: es la contabilidad regulatoria, un autentico arcano, lo que dificulta un diagnóstico certero del problema del déficit tarifario y de las razones de que el coste de la electricidad sea  para los consumidores españoles el más alto de Europa. Y son, precisamente, los errores de diagnóstico en los que incurre el editorial lo que le conduce a proponer vías de corrección de precios y déficit que, además de no conducir a ningún sitio, agravarían otros problemas de imprevistas y negativas consecuencias relacionados con la seguridad jurídica y la confianza legítima en las normas emitidas por las instituciones del Estado.

Con las propuestas apuntadas por El País, el desarrollo del sector eléctrico y de la industria de la que se nutre, quedarían condenados a la ineficiencia y a la irrelevancia… arrastrando con ello la pérdida de potenciales externalidades positivas y de las posibilidades reales de que el Sector Eléctrico contribuya, desde la doble e indesligable óptica de la economía y del medioambiente, al necesario cambio de modelo productivo que necesita éste país para una salida sostenible de la crisis.

Muy brevemente, las razones de lo que hasta aquí he escrito:

1-     El grado de amortización de las plantas que producen electricidad y cuya inversión se produjo al amparo de la regulación eléctrica anterior a 1997, depende de la política contable que hayan realizado las empresas propietarias de esas plantas que, a la falta de otra información, sólo a las empresas y a sus auditores les compete. Por el contrario, lo que sí compete a las instituciones del Estado y sí importa a los consumidores, es el grado de recuperación de esas inversiones a través del flujo de caja libre que los precios pagados por los consumidores, desde que las inversiones fueron hechas, han suministrado a las empresas. Por tanto el “reconocimiento de costes… acorde con el grado de amortización de las plantas” es un camino completamente insatisfactorio. Otra cosa hubiera sido si El País hubiera editorializado “reconocimiento de costes ….acorde con el grado de recuperación de las inversiones”. Me refiero, naturalmente a las inversiones anteriores a 1997, año de promulgación de la vigente Ley del Sector Eléctrico 54/97.

2-     “Las primas a la producción de energías renovables” no han “desbordado” nada. Ha sido el Gobierno quien ha establecido las tarifas que cobran las diferentes tecnologías renovables. Y solamente después de haber sido establecidas –y no antes- ha sido cuando los inversores han entrado en escena, confiados en que toda norma emitida por no importa qué institución del Estado queda amparada por la seguridad jurídica que corresponde preservar a todo Estado de Derecho que se precie de ser tal.

Las primas ni están establecidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni tampoco las tarifas renovables. Las tarifas las establece el Gobierno  a través de “reales decretos” y las primas las establece el mercado porque no son otra cosa que la diferencia entre el precio de mercado y las tarifas. Siendo las primeras fijas y el precio de mercado variable, es claro que las primas quedan establecidas por el mercado, que son variables y que se mueven en dirección contraria a los precios del mercado…  y que las pagan los consumidores y no los contribuyentes ¡no caigamos en la trampa de la nueva fiscalidad energética que no es más que un viaje de ida  y vuelta de parte de los precios que pagan los consumidores a las empresas a través de los PGE.  No son las empresas las que pagan los nuevos impuestos. Son los consumidores quienes los pagan porque las empresas los repercuten -sí o sí- en los precios. Recaudados los impuestos, los PGE asumen total o parcialmente los incrementos anuales del Déficit entregando a las empresas el importe recaudado. La nueva fiscalidad energética no es otra cosa que  una enmascarada subida de precios por la Administración. Las primas renovable nada restan, por consiguiente, a los PGE. Quienes no entiendan esto es que tienen las gafas empañadas por la neblina de la contabilidad regulatoria… ahora más espesa que nunca después de emitida la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

3-     Existe una doctrina jurisprudencial extensa que considera que los precios regulados que retribuyen determinadas actividades económicas no están exentos de la posibilidad de ser revisados a la baja siempre que esa revisión se haga a futuro. De otra forma la revisión incurriría en retroactividad de primer grado, a todas luces inconstitucional. Pero el caso de las plantas eléctricas que utilizan recursos renovables, cómo el viento o la energía solar, tiene costes variables cercanos a cero lo que quiere decir que los costes en los que incurre la producción de electricidad “renovable” son costes en los que han incurrido los inversores antes de producir en el momento en que invertieron (los economistas los llamamos costes hundidos) que ya no pueden gestionarse ante una revisión a la baja (sea a pasado o sea a futuro) de los precios regulados o tarifas que los remuneran.

Es decir, la extensa doctrina jurisprudencial a la que me refería es inaplicable a las renovables, de otra manera se produciría –cómo ya ha sido el caso en diferentes aspectos a lo largo de 2011 y 2012- un daño irreparable de expectativas no sólo razonables sino también legítimas. Un daño irreparable, desde luego, pero… ¡atención!: no sólo irreparable para los inversores que no podrían recuperar sus inversiones, también sería irreparable para la reputación de la seguridad jurídica que España ofrece a sus ciudadanos y a sus inversores con una repercusión negativa indeterminada sobre la competitividad de la economía. En España lo sabemos muy bien. Se llama prima de riesgo.  Los daños de la pérdida de la confianza legítima en las normas genera para la economía costes improductivos.

4-     Así es que ni tomar en consideración el “grado de amortización de las plantas”, como propugna El País, ni negociar nada con las empresas, ni con las de siempre ni con las renovables, como también propugna. Lo único que tiene que hacer el Gobierno es respetar las normas que las instituciones del Estado han emitido lo cual implica restaurar el régimen regulatorio bajo el cual los inversores tomaron sus decisiones de inversión y las ejecutaron. Simplemente esto bastaría para cortar la sangría del déficit tarifario y para encaminar el desarrollo del Sector Eléctrico hacia la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad económica y medioambiental.

En resumen: el editorial de El País titulado “Un déficit imparable” del día 17 de Enero de 2013, es un editorial que no puede ser calificado más que de… lamentable.

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About Jorge Fabra Utray

Jorge Fabra Utray, Economista y Doctor en Derecho, es presidente y fundador de Economistas Frente a la Crisis. Consejero y miembro del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear CSN (2017-19). Vocal Consejero de la Comisión Nacional de la Energía (2005-11). Presidente de Red Eléctrica de España (1988-98). Delegado del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico (1983-88). Presidente de la Oficina de Compensaciones Eléctricas OFICO (1984-87). Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1981-83).

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