A vueltas con el ‘verdor’ de la energía nuclear

La Comisión Europea ha ampliado hasta el 21 de enero la consulta sobre su propuesta de incluir la energía nuclear y el gas entre las energías ‘verdes’, susceptibles de ser objeto de apoyo financiero nacional o comunitario por su contribución a la descarbonización. La polémica está servida: no hay unanimidad en torno a dicha propuesta, contra la que ya se han pronunciado varios gobiernos, incluido el español.

La publicación en ‘El País’ de mi artículo “Energía nuclear: ni verde ni barata ni segura” me ha permitido conocer opiniones variopintas, que vale la pena aclarar.

En contra de quienes defienden la absoluta seguridad de la tecnología nuclear, hay diferentes opiniones técnicas sobre sus riesgos por parte de acreditados expertos ajenos al debate ‘ideológico’

Por ejemplo, algunos se han escandalizado a propósito de mi posición contraria a la energía nuclear, por el hecho de haber sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear: un organismo público que en absoluto fue creado para promover el uso de dicha energía –para eso ya está el Foro Nuclear–, sino para, como dice la ley, garantizar la máxima seguridad en el funcionamiento de las centrales y de los equipos radioactivos, así como la protección de la salud y de los ecosistemas. La norma establece que los consejeros deben tener conocimiento acreditado de física nuclear, medicina, economía o medio ambiente –en mi caso, respondo a estos dos últimos requisitos–, y superar con mayoría cualificada una audiencia en el Congreso de los Diputados (en mi caso, por unanimidad). Ello significa que puede haber discrepancias entre los consejeros en un órgano colegiado concebido para tomar decisiones sobre la aplicación de la regulación en esta materia. De acuerdo con el legislador, por tanto, la seguridad nuclear (y la protección radiológica) requieren una supervisión específica, acorde con los riesgos inherentes al uso de esta energía. A pesar de esa supervisión, en España ha habido incidentes, de escasa relevancia la mayoría, y alguno de mayor envergadura, como el incendio en la central de Vandellós I, en 1989, cuyos fallos motivaron su cese y desmantelamiento.

En contra de quienes defienden la absoluta seguridad de esta tecnología, hay diferentes opiniones técnicas sobre sus riesgos, por parte de acreditados expertos, ajenos al debate ‘ideológico’ –que algunos creen que explica injustificadamente la posición contraria al uso de dicha energía–. Hace pocos días, el BASE (la Oficina Federal para la Seguridad Nuclear del gobierno alemán) se pronunció con rotundidad contra la supuesta sostenibilidad de la energía nuclear, afirmando que se trata «de una tecnología de alto riesgo”.

Y en cuanto a las pretendidas ventajas económicas de las centrales nucleares frente a otras alternativas, se acaba de conocer un nuevo retraso en la construcción de la central francesa de Flammanville, que acumula casi diez años respecto de la fecha inicialmente prevista para su terminación, con un presupuesto que alcanza ya los 12.700 millones de euros. Francia prevé además sustituir sus seis centrales más antiguas, de aquí a 2035, con una inversión de más de 50.000 millones de euros.

Por todo ello, es lógico que Francia presione a las instituciones comunitarias (e intente el respaldo del antinuclear gobierno de Alemania, apoyando también el gas como energía necesaria para la descarbonización), para conseguir la necesaria financiación, en las mejores condiciones posibles, para su programa nuclear.

Se trata de una opción política (no “ideológica”, tampoco técnica) sobre su modelo energético: Francia podría, por ejemplo, reducir su dependencia de la nuclear empleando los cuantiosos recursos que requiere la construcción de nuevas centrales en el desarrollo masivo de las energías renovables, incluyendo las todavía incipientes tecnologías de almacenamiento que permitirán su uso continuado.

Cada gobierno europeo tiene plena competencia para decidir sobre su mix energético, siempre que cumpla la reducción de emisiones de CO2 a la que se ha comprometido, para contribuir al objetivo de total descarbonización de la UE en su conjunto en 2050: pero ello no puede condicionar una decisión europea sobre el carácter ‘verde’ de determinadas energías, porque se detraerían fondos de la UE para las energías renovables.

Si la UE sigue promoviendo infraestructuras nucleares o gasísticas en lugar de impulsar con mayor ambición las únicas energías ‘verdes’, se alejará de su potencial liderazgo mundial en esta materia. Y, en el caso de las centrales nucleares, cada día que siguen funcionando, aumenta el volumen de residuos radioactivos para cuya eliminación no se ha encontrado aún una solución definitiva.

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Este articulo fue publicado en “El Siglo de Europa” el 19 de enero de 2022. Se reproduce en esta WEB con autorización de la autora.

About Cristina Narbona

Economista. Ministra de Medio Ambiente (2004-2008). Embajadora ante la OCDE (2008-2011). Presidenta del PSOE. Vicepresidenta primera del Senado. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

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