Asumir los costes de la reproducción

Juan Antonio Fernández Cordón, economista y demógrafo, es miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

 Toda sociedad está obligada a organizar, por una parte, el mantenimiento de los individuos que la componen –la satisfacción de sus necesidades- produciendo bienes y servicios y, por otra parte, la renovación de sus efectivos –la sustitución de las personas que mueren y de sus capacidades- a través de la reproducción humana y de la reproducción social. Las variables demográficas son la manifestación estadística de la organización social de la reproducción humana, a su vez condición de la continuidad social. Por eso, los cambios demográficos no son en absoluto separables del resto de los cambios económicos y sociales que los han acompañado a lo largo de la historia reciente.

El cambio demográfico actual se basa en una transformación profunda del modelo reproductivo por la que un sistema de baja productividad, en el que eran necesarios muchos nacimientos y muchas muertes para asegurar la renovación de la población y su capacidad productiva, ha sido sustituido por una modalidad de gran eficacia, en el que el “rendimiento”, tanto en población total como en población en edad de trabajar, es máximo. Hemos sustituido la rápida rotación de un gran número de generaciones, por menos generaciones que viven más tiempo y pueden desarrollar con mayor eficacia su formación y la adquisición de experiencia, una condición básica en nuestro actual modelo productivo. Además, se une al alargamiento de la vida media, el haber hecho posible que las mujeres no siguieran dedicadas en exclusiva a las tareas de reproducción, para beneficio de ellas, que acceden así a la plena ciudadanía y para beneficio de todos, puesto que ha permitido su incorporación a tareas más productivas. No es pensable que una situación de baja fecundidad, a su vez consecuencia de la baja mortalidad, sea compatible con el apartamiento de las mujeres del mundo laboral. Tanto la disminución de la mortalidad, como la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, han agrandado considerablemente nuestra capacidad productiva. Una de las consecuencias es que emerge al ámbito de lo social la importancia del trabajo en el seno del hogar, tradicionalmente reservado a las mujeres que, todavía hoy, siguen realizando, compaginándolo, en demasiados casos, con su actividad laboral remunerada

El cambio demográfico en curso no se traduce por un aumento insostenible de la carga sobre los activos sino por un cambio radical del tipo de dependientes que será necesario atender. En otras palabras, el problema no es la insuficiencia de recursos sino la dificultad que entraña modificar la distribución actual de estos recursos para adaptarla a la nueva composición de la población dependiente, en la que abundarán los jubilados. Por muy difícil que sea la solución de este problema, creemos que no es comparable a la que plantearía una insuficiencia real de recursos.

El análisis del cambio demográfico revela, cuando se tiene en cuenta el conjunto de factores que se modifican al mismo tiempo, la necesidad de distribuir de forma distinta unos recursos suficientes. El salario, hasta ahora vector único de la distribución primaria de la renta, debe ser completado, o en parte sustituido, por mecanismos que faciliten una distribución flexible. Cualquiera que sean las modalidades prácticas para alcanzar este objetivo, la imposición y las transferencias deberán sin duda jugar un gran papel, de ahí la necesidad de una rehabilitación y reforzamiento del Estado. Interesa, sin embargo, señalar que reconsiderar el papel del salario y desarrollar formas de distribución alternativas, no se plantea solo al analizar el cambio demográfico. Al contrario, los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, cada vez con más urgencia, desembocan todos en un replanteamiento de la distribución primaria. La no asunción de los costes de la reproducción de los bienes naturales ha planteado una grave crisis ecológica, con una vertiente climática y otra relacionada con el medio ambiente y los recursos no renovables. Por otra parte, el rápido progreso de la productividad, con la creciente automatización y robotización del proceso productivo, conduce a que un número cada vez más reducido de personas pueda producir lo mismo o más que ahora. ¿Cómo se distribuirán, en ese caso, los bienes producidos al conjunto de la población?

La perspectiva de la automatización alimenta el miedo al paro y a una degradación irreversible de las condiciones laborales. En ningún momento parece tenerse en cuenta que la evolución demográfica, y en particular la disminución de la población en edad de trabajar contribuirá a aliviar el problema. Van a coincidir, en efecto, una demanda cada vez más reducida de trabajadores, por la robotización, y una oferta también más reducida, por la evolución descendente de la población en edad de trabajar. Lo que podría verse como un problema y su solución (al menos parcial) se nos presenta como dos problemas contradictorios: a la vez sobran trabajadores (robotización) y faltan trabajadores (demografía).

En el pasado, el aumento de la productividad, que ha sido considerable, no ha reducido el empleo. Por una parte, ha disminuido la jornada de trabajo y por otra, han aparecido nuevas actividades demandantes de trabajo. El miedo actual podría no estar justificado y lo que lo alimenta es sobre todo la evolución reciente del mercado de trabajo, en el que conviven jornadas que tienden a aumentar con salarios a la baja y un importante desempleo, acompañando a incesantes recortes de plantilla. Las reformas laborales, que han acompañado fielmente las políticas de austeridad, han creado esta situación y resultan absolutamente inadecuadas en una perspectiva de robotización, salvo que se acepte el empobrecimiento generalizado de los trabajadores. Una de las claves es encontrar fórmulas que permitan distribuir a todos unos recursos crecientes producidos por un número decreciente de ocupados. Se están apuntando soluciones a este problema, entre otras la llamada renta universal, que ha figurado ya como propuesta concreta en algún programa electoral. Cualquiera que sea la modalidad específica, tanto la evolución demográfica como la tecnológica exigen replantear las formas actuales de distribución y, en particular, la exclusividad del salario como forma de distribución primaria de la renta. Es también necesario reconsiderar el debilitamiento del Estado, como instrumento de regulación y de (re)distribución. La socialdemocracia representaba un modelo con capacidad de afrontar retos a largo plazo, por el papel que en ella desempeñaba el estado. La contrarreforma liberal ha venido a romper un modelo capaz de encarar los problemas ecológicos y demográficos, así como, sin duda, organizar la nueva sociedad de alta tecnología. Aunque nada indica que el retorno a un modelo de ese tipo sea políticamente pensable en la actualidad, es necesario admitir que, sin un cambio en profundidad de nuestro sistema económico, la conjunción de problemas insolubles puede conducir a un caos peligroso.

La otra vía pasa por el desarrollo de nuevos sectores productivos y la creación de nuevos empleos. Así, la agricultura exige ahora muy pocos brazos para alimentar a una población creciente y el empleo se desplazó primero a la industria y después a los servicios. Hoy, la gran necesidad no cubierta es el cuidado y, en general, todo lo relacionado con la reproducción, incluyendo la conservación de la naturaleza. Las condiciones, que ya apuntaba la autora feminista Nancy Fraser en 1977, para un modelo postindustrial en el que el cuidado no permanece escondido, se dan ahora. Tanto si se presta por el Estado y el mercado, lo que conlleva transferencias y gasto privado, como si permanece en el hogar, gracias a reducciones de jornada y remuneraciones a cuidadores, parece llegado el momento de su emergencia social. La idea de un cuarto sector, el cuidado de las personas, que recoja la fuerza productiva que libera la robotización, merece ser situada en el centro del debate sobre nuestro futuro. Los obstáculos son grandes porque, una vez más, es necesario innovar en materia de distribución de la renta. El interés de los que poseen el capital y acaparan una proporción creciente del producto, se opone a esta evolución. En el sistema capitalista, el interés privado desempeña teóricamente un papel instrumental: se supone que la maximización del interés personal conduce a un resultado socialmente óptimo. En cierto modo, ese “egoísmo implacable” del que hablaba la gran economista Robinson, es el que garantiza una situación óptima para todos, según la teoría económica dominante. Pero, como cada vez queda más claro, ese egoísmo, que se pretende eficaz, no garantiza en absoluto la reproducción, ni de las personas ni de la naturaleza, es más entra en conflicto con los intereses a largo plazo de la sociedad y, si no se le pone freno, puede conducir a una catástrofe ecológica y a una verdadera quiebra de la cohesión social. La ausencia de referencia al ámbito de la reproducción explica por qué, aun admitiendo que la búsqueda del máximo beneficio condujera a una asignación óptima de los recursos en cada momento, incluyendo el arbitraje temporal entre consumo e inversión, se producen necesariamente carencias y disfunciones que, en muchos casos, se manifiestan como desigualdades económicas y sociales y también en forma de crisis ecológica y demográfica. No hay que descartar que, después de la brutalidad de la contrarreforma liberal que ha caracterizado estos últimos años, la gestión de los intereses del capital se torne progresivamente compatible con el mantenimiento de una cierta protección del medio ambiente (ya iniciada, sin grandes efectos, en algunos países) y de las personas. Macron, en Francia, puede ser el primer ejemplo claro de esta política, que generalizaría la precariedad en el mercado de trabajo (bajo el nombre de flexibilización) compensada con la también generalización de la garantía para todos de un mínimo vital, durante la vida activa, con la renta universal, por ejemplo, y en la jubilación, con pensiones públicas garantizadas para todos, aunque muy recortadas. Este panorama, que va implícito en las políticas que se van implantando en los países desarrollados, en nombre de la búsqueda de la competitividad, exige cambios políticos, de los cuales Francia es también un modelo. El final de la alternativa socialdemócrata, la formación de un bloque gestor formado por parte de la derecha y parte de la izquierda que aquí se ha llamado socio-liberal y el resto divido en los llamados “populismos” de izquierda y de extrema derecha, condenados a no participar en las decisiones colectivas, ni como oposición, ni como gobierno. Una situación que mantiene solo una apariencia de democracia.

A los cambios demográficos se está respondiendo, por parte del pensamiento dominante y de los grupos y partidos conservadores, con planteamientos contables, como si los sistemas de protección social pudieran permanecer aislados del conjunto de la economía. Por ejemplo, al anteponer el equilibrio contable del sistema público de pensiones a cualquier otro objetivo, se olvida que es una pieza más de nuestro sistema de distribución de los recursos, cuyo fin último es que alcancen a todos con la máxima equidad. Así, la evolución de la composición de los dependientes, es decir, de las personas que no reciben ingresos directamente del mercado, exige que se modifiquen las reglas de la distribución de la renta, algo para lo cual nuestro sistema no parece preparado. Nos encontramos en un momento en el que convergen tres grandes cambios: el demográfico, el ecológico y el tecnológico, que demandan innovaciones sociales a la altura de los retos planteados. Para enfrentarlos, es necesario ahondar en dos direcciones: por una parte, replantear los mecanismos de distribución de la renta y por otra parte hacer emerger el cuidado como sector productivo. Los interminables debates en torno a los recortes en las prestaciones sociales pertenecen a otro ámbito, el de la lucha de intereses contrapuestos en la sociedad, y no contribuyen a la solución real de los verdaderos problemas.