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Derogar de inmediato todo lo inaceptable en materia de pensiones

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Todos los acuerdos y anuncios coinciden en que el nuevo gobierno va a derogar inmediatamente la norma que, en 2013, instituyó el llamado “índice de revalorización”. En realidad, este índice debió más bien llamarse “de devaluación” porque conducía a que las pensiones perdieran de forma indefinida poder adquisitivo ya que la subida mínima del 0,25% que preveía era el resultado esperado de una fórmula que pretendía compensar el déficit del sistema mediante la disminución de las pensiones existentes. Esta medida se aprobó durante el gobierno Rajoy, sin que mediara ninguna negociación previa y se acompañaba de la introducción del llamado “factor de sostenibilidad” que instituía la aplicación, a partir de 2019, de una disminución de la pensión inicial proporcional al incremento previsto de la esperanza de vida.

Como no está claro que el paquete de derogaciones incluya esta última norma, Economistas Frente a la Crisis (EFC) quiere llamar la atención sobre la necesidad de derogar también, con la máxima urgencia, el factor de sostenibilidad.

Economistas Frente a la Crisis ha venido publicando artículos sobre pensiones a lo largo de su existencia (ver https://economistasfrentealacrisis.com/especial-pensiones-publicas/) que contienen, a nuestro juicio, argumentos suficientes para justificar la inmediata derogación de una medida mal planteada y con efectos secundarios indeseables.

En primer lugar, está planteada a destiempo, porque no se conocen con precisión las necesidades a largo plazo del sistema (su sostenibilidad), ni el impacto económico real que puede tener una eventual corrección en función de la esperanza de vida. Es imprescindible que cualquier medida que reduzca de manera persistente los ingresos de los pensionistas esté basada en un análisis proyectivo solvente de la sostenibilidad del sistema y, en particular, de la evolución del porcentaje del PIB dedicado al pago de pensiones, así como de una evaluación de la capacidad de nuestra economía para hacer frente al incremento futuro.

En su artículo “Las cifras no están claras. El gasto futuro en pensiones en España en el informe Ageing Report 2018” publicado el 22/8/2018 en la WEB de EFC, Antonio González analiza en profundidad las proyecciones de gasto contenidas en el mencionado informe de la Comisión Europea. Reseña la dificultad de proyectar a muy largo plazo algunas variables como el PIB, por ejemplo y destaca la incoherencia de los escenarios que maneja el documento de la Comisión. Se muestra así, a propósito de uno de los informes más solventes y más influyentes, que determinar la sostenibilidad del sistema es un ejercicio siempre delicado, que debe estar sometido a crítica e incluir hipótesis alternativas claramente definidas, sobre todo aquellas que pueden estar directamente afectadas por las políticas públicas. En cuanto al impacto de la medida, Antonio González, en otro artículo publicado en nuestra WEB “Culpabilizar a las pensiones” lo cifra en una disminución de la pensión inicial de alrededor del 16% en 30 años, por el sólo efecto del factor de sostenibilidad. Un cálculo que se apoya en previsiones de aumento de la esperanza de vida que podrían no cumplirse y que varían mucho entre el INE y EUROSTAT.

A esta falta de oportunidad hay que añadir que la fórmula propuesta deja mucho que desear técnicamente y duplica la introducción del esperado aumento de la esperanza de vida como base para el retraso de la edad de jubilación introducido por la reforma de 2011, como argumenta el demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón en su artículo “El insostenible factor de sostenibilidad”, publicado en nuestra WEB el 11/03/2018. En él se muestra, utilizando un indicador como la relación entre años en situación de jubilado y años cotizados (utilizada en Francia, por ejemplo, para ajustar la exigencia de años cotizados a la variación de la esperanza de vida) que hasta 2040 el aumento de la esperanza de vida (según proyección del INE) no habrá compensado los efectos de la reforma de 2011. Solo a partir de ese año se podría pensar en un mecanismo como el factor de sostenibilidad para compensar el crecimiento ulterior de la esperanza de vida. Si este se introduce en 2019 (como estaba previsto) o 2020, estaríamos, durante veinte años, utilizando dos veces la esperanza de vida para reducir las pensiones. Como si, por cada año más de vida, nos quitaran dos años de pensión (ver, para una formulación más explícita, el citado artículo El insostenible factor de sostenibilidad ).

La idea misma de compensar el aumento de la esperanza de vida mediante una rebaja de las pensiones (retrasando la edad de jubilación o reduciendo la pensión inicial) es muy discutible. Es un concepto que rige plenamente en los sistemas privados de ahorro-jubilación y que se incluye, algo descafeinado, en el sistema de cuentas nocionales[1]. Su lógica lleva a que una mujer tenga que cotizar más para obtener la misma pensión que un hombre, porque su esperanza de vida es superior. Es lo que ocurre en los sistemas privados, sin que este rasgo se denuncie, y los invalide como merecen, pero que no se han atrevido a incluir de momento en los sistemas suecos e italianos, basados en las cuentas nocionales. Lo de “si vivimos más hay que trabajar más” no está escrito en ninguna parte. A la vez que aumenta la esperanza de vida, aumenta todavía más nuestra capacidad productiva, gracias a una mayor productividad y a la posibilidad de que crezca el empleo. La cuestión de a qué dedicar el tiempo de vida que, hasta ahora, ganamos cada año es una cuestión abierta, que exige debate público y decisión política. No se puede admitir que la decidan tecnócratas que, además, están ligados o, en todo caso, defienden intereses financieros.

En segundo lugar, utilizar la esperanza de vida como instrumento para reducir las pensiones puede tener efectos sociales muy indeseables. La esperanza de vida es una media, calculada para el conjunto de la población. Si los años vividos por cada persona fueran una simple variable aleatoria, las diferencias se compensarían, sin ninguna relación con las características sociales de cada persona. Pero el hecho es que buena parte de las diferencias de mortalidad entre personas están asociadas a su situación socioeconómica. Estudios recientes publicados por EUROSTAT[2] o la OCDE[3], aunque no incluyen a España, llevan a pensar que existen, en nuestro país, diferencias de esperanza de vida según el nivel de estudios y la situación socioeconómica. En España, se han analizado las diferencias de mortalidad según características socioeconómicas en varias ciudades. Para Barcelona, por ejemplo, Borrell et al. (2008)[4] constatan que las personas con menor nivel de estudios tienen tasas de mortalidad más altas para prácticamente todas las causas de mortalidad.

De manera resumida… los pobres viven menos que los ricos, su esperanza de vida crece menos, y también cobran pensiones inferiores. La consecuencia es clara: tanto el retraso de la jubilación como el recorte de la pensión inicial tendrán un impacto mayor en los grupos cuya esperanza de vida se sitúa y crece por debajo de la media, es decir en los que tienen menores ingresos y menores pensiones. Lo contrario ocurre en los grupos con pensiones altas, que viven más años. De manera que el uso de la esperanza de vida para recortar las pensiones provoca una transferencia de rentas desde las pensiones más bajas a las más altas, de los más pobres a los más ricos.

Existen razones poderosas para que una medida, que nunca debió ser adoptada, y que no lo hubiera sido si se hubiera negociado previamente, sea derogada con la máxima urgencia.

[1] En este sistema, el jubilado recibe una pensión que es resultado de sumar lo que ha cotizado a lo largo de su vida laboral y repartir el capital ficticio (nocional) acumulado entre los años que le quedan por vivir (su esperanza de vida). Las pensiones se calculan como en un plan privado, aunque cada año se pagan con lo cotizado ese año.

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5565012/KS-SF-10-024-EN.PDF/f2caf9d2-3810-4088-bdbe-2f636e6ecc48

[3] (https://www.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing-nequally_9789264279087-en

[4] Borrell C., Azlor E., Rodríguez-Sanz M., et al. Trends in socioeconomic mortality inequalities in a southern European urban setting at the turn of the 21st century. J Epidemiol Community Health. 2008; 62:258-66.

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Asociación de Economistas Frente a la Crisis

4 Comments

  1. E. López el enero 20, 2020 a las 12:29 pm

    Quizás sea correcto que la «sostenibilidad» de sistema público de pensiones no peligra aunque se derogue la regulación sobre el «índice de revalorización» y el «factor de sostenibilidad», pero creo incuestionable que hay que tomar medidas, de forma inmediata, para conseguir el «equilibrio presupuestario».

    Al margen de volver a elevar las cotizaciones (lo que tendrá lugar inexorablemente con la subida prevista del SMI, siempre que no caiga la afiliación a la Seguridad Social), el reequilibrio pasa por aumentar ingresos que ahora se imputan a otras instancias administrativas o disminuir gastos asignándolos a la Administración Central.

    En este sentido, propongo estudiar las siguientes acciones:

    a) el IRPF pagado por pensionistas debe volver a ingresarse a la Seguridad Social (ya que el destino básico de los recursos conseguidos con las cotizaciones debe ser cubrir las prestaciones contributivas y no convertirlos en IMPUESTOS para otros fines). Ingresos estimados ……..6.500 Millones

    b) el gasto en retribuciones de los empleados públicos de la Seguridad Social debe ser asumido por la Administración Central (ahora, según la ley, deben financiarse con las cotizaciones). Ahorro estimado……. 2.000 Millones

    c) las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social (tarifas planas) deben ir a cargo del SEPE (al igual que las bonificaciones) o del Estado. Ingresos estimados……. 1.500 Millones

    A falta de medidas, para este año 2020, en el que ya se ha aprobado una actualización del 0,9% de las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, como los mayores ingresos sobre los presupuestados no serán suficientes para financiar los gastos, habrá que echar mano, otro año más, del Fondo de Reserva y de préstamos concedidos por el Estado.

    Según el informe al que hace referencia el art. 107 de la Ley de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva terminó el ejercicio 2018 con un saldo de 5.043 millones (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/01/18/fondo-de-reserva-de-la-seguridad-social/) de los que hay que descontar la disposición hecha en Diciembre pasado para atender la extra de Navidad de las pensiones (2.900 millones).

    Por tanto, el Fondo se ha quedado con poco más de 2.000 millones y, en tanto no haya una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, el préstamo estatal no podrá superar los 13.830,09 millones.

    La suma de ambas partidas, a mi juicio, no será suficiente para atender las necesidades de financiación de subsector administrativo de Fondos de la Seguridad Social, por lo que se requerirá de transferencias «específicas» del Estado para conseguir el equilibrio presupuestario.

    • Antonio González el enero 20, 2020 a las 3:24 pm

      Gracias, por tu comentario, con el coincido plenamente: la derogación de la reforma de 2013 es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos sustentar esa derogación en un esquema de financiación de la Seguridad Social tanto a corto (superación del déficit o desequilibrio actual) como a largo plazo (recursos que faltarían durante los años de la jubilación de la generación del baby boom si no se tomaran medidas). Tanto es así que es necesario como que 1) se trata, el actual, de un déficit estructural que, como dijo la AIREF, no se podría cerrar desde la Seguridad Social, 2) un planteamiento de derogación sin corregir y completar la financiación podría conducir a recortes, y 3) desde la aparición del informe de opinión de la AIREF, y posteriormente de la Seguridad Social, que demostraron que el volumen de gasto futuro en pensiones (con la jubilación del baby boom y revalorización con el IPC es sostenible) todos los estudios sobre esa sostenibilidad realizados por el sector financiero se limitan a extrapolar el déficit actual para enlazarlo con la insuficiencia futura y así intentar demostrar (vanamente) que las pensiones no se podrán pagar porque no habrá dinero. Acabar con estos juegos de artificio requiere adoptar las medidas pertinentes y la mayor parte provienen de aclarar conceptualmente lo que la Seguridad Social debe y lo que no debe pagar, y lo que debería cobrar y no lo hace.
      Las medidas que propones son adecuadas y van en esa línea, aunque creo que hay algunas más. A mi juicio, se debería realizar una labor definitiva de clarificación económica y regulación normativa de lo que debe pagar y cobrar la Seguridad Social. Además de que desaparecería el déficit actual, sería la única forma de contar con una base para los análisis de las medidas de futuro.
      En cuanto a este año, no creo que sea admisible que se le sigan dando artificialmente créditos por el Estado a la Seguridad Social mientras el primero se ‘apropia’ de ingresos por cotizaciones que pertenecen a la segunda (el IRPF de las pensiones puede ser, pero sobre todo lo es el excedente en determinadas contingencias como la protección por desempleo), lo cual se puede calificar de plenamente irregular. Los créditos no proceden, han de ser transferencias del Estado, dado que además no estamos hablando de aumentos del déficit de las AAPP, sino del debido encuadramiento del mismo.

  2. Roberto el enero 26, 2020 a las 12:49 pm

    Buenos días , me incorporo a este foro, y me gustaría exponer que si bien es cierto que el gobierno debe impedir la aplicación de la LEY 23/2013 de 23 de Diciembre REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD E INDICE DE REVALOZRIZACION DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES DE LA SS, (aprobado por el PP en 2013) que puede provocar la «puntilla» al sistema publico, también debe derogar la LEY 27/2011 de 1 de Agosto SOBRE ACTUALZIACION,ADECUACION Y MODERNIZACION DE LA SS,(aprobada por el PSOE+CIU en 2011) y que ha supuesto una merma «enorme» a los futuros pensionistas.
    Esa reforma brutal del PSOE creo que merece explicaciones e información porque muchos ciudadanos DESCONOCEN la realidad de los recortes que implica y que avoca a futuros pensionistas POBRES.

    • Antonio González el enero 27, 2020 a las 10:56 am

      Gracias por su comentario que merece mucho una reflexión. Es evidente que el conjunto de las medidas de la Ley 27/2011 van a ocasionar recortes en las pensiones (mayores o menores según las características de cada pensionista), respecto a la situación previa a la misma. Así ha ocurrido con todas las reformas de las pensiones realizadas en ocasiones anteriores. Sus efectos serán crecientes en el tiempo hasta el año 2027, cuando termine completamente el periodo transitorio de esa Ley, a partir del cual se estabilizarán, es decir, quedarán incorporadas plenamente las nuevas reglas de cálculo de las pensiones.
      Los efectos perceptibles de esas medidas han sido calculado por la AIREF y pueden consultarse en su página web, en el informe: “Julio 2018. Evaluación de impacto de la reforma del sistema del sistema de pensiones de 2011 en los nuevos jubilados”.
      Con todo, hay que resaltar las cuantiosas diferencias entre la reforma de 2011 y la 2013. La primera produce recortes respecto a la pensión que se hubiera obtenido antes de la misma, pero una vez calculada cada pensión se mantendría en términos reales hasta el final de la vida del pensionista, y aparentemente las pensiones medias continuarían creciendo a lo largo de los años, aunque ese crecimiento será cada vez más bajo. Es decir, esa reforma tiene a detener el crecimiento tendencial de las pensiones lo cual reduce la relación entre la pensión y el último salario. Los efectos en términos de pobreza deberían ser, sin embargo, bastante limitados si se sigue una política continua de aumento de las pensiones mínimas, lo que cancelaría en los tramos más bajos los efectos de esa reforma.
      La reforma de 2013, en cambio, son mucho más extensos y más terribles (además de producirse sobre los recortes de la reforma de 2011): no se trata de que el cálculo ‘rinda’ menos en términos de cuantía de pensión en función del salario y los años cotizados, sino que cada una de las pensiones presentes y futuras perderían entre un 30 y un 40% de su valor real a lo largo de veinte años. A lo que hay que sumar una reducción de las nuevas pensiones (el Factor de Sostenibilidad) que podría ir creciendo hasta alcanzar un 16% alrededor en la década de los cuarenta de este siglo.

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