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El debate electoral sobre los impuestos: contra el “trilerismo” fiscal

  1. Impuestos: lejos del capricho, cerca de la realidad

            Subir impuestos a las rentas más elevadas de un país o a los beneficios empresariales excesivos –que en algunos casos son “extraordinarios”– no es un capricho de determinados economistas de perfil izquierdoso, ni una perversa tendencia en gobiernos progresistas, espoleados por su voracidad recaudatoria. Es un aspecto que se debe afrontar de manera perentoria en política económica, dados los desafíos del inminente futuro. Gobiernos europeos de perfil más liberal y conservador lo están ya abordando. Pero en España vemos, con harta frecuencia, declaraciones que insertan la política fiscal progresiva en unas coordenadas tildadas de negativo intervencionismo. Se ha llegado a afirmar que el dinero recaudado está en manos del gobierno y del presidente, como si éstos tuvieran unas cuentas offshore en las que anotar las partidas recogidas por el fisco. El aserto no es inocente, ni es una licencia literaria: obedece al objetivo de indicar que pagar impuestos –en general– y subirlos a determinadas franjas de renta y empresas –en particular– es inapropiado, porque reduce las posibilidades de un mayor crecimiento económico. Y –recordemos la imagen que se proyecta– porque el dinero está mucho mejor en nuestros bolsillos que en las arcas de las haciendas públicas.

            Este va a ser, sin duda, uno de los debates económicos que se van a desarrollar en futuras contiendas electorales, y que conforma el principal armazón de política económica por parte de los partidos conservadores, junto al retorno a parámetros ortodoxos en economía como objetivos estratégicos –reducción del déficit público, de la deuda, de la inversión pública–, la añoranza de una política monetaria más restrictiva para embridar la inflación, y la descalificación reiterada del sector público calificado como ineficiente y despilfarrador. Pero los datos no acompañan a la argumentación central, por una razón contundente: la historia económica demuestra que fueron posibles, en el pasado más reciente, fases de intenso crecimiento económico junto a políticas fiscales progresivas, impulsadas también por gobiernos liberales y de derechas, con tipos muy elevados para el segmento más rico de la población. A su vez, reducir los impuestos a los más ricos no ofrece garantía alguna sobre el incremento sucesivo de ingresos tributarios. Aquí, también, la evolución económica constata que si los gobiernos contraen sus capacidades recaudatorias, acaban por elevar sus déficits y sus deudas. Los ricos no invierten más, necesariamente, por pagar menos impuestos.

  1. Impuestos progresivos: mayor crecimiento

            Frente a esto, el progreso económico y social no se dirime por un “trilerismo” para competir sobre qué partido o qué dirigente prometen mayores reducciones de impuestos a la ciudadanía. Sin una política fiscal progresiva no es posible la cooperación, la prosperidad social, la consecución de objetivos comunes en beneficio de la sociedad, en todos sus escalones sociales: del más rico, del formado por clase media y trabajadora, y del más vulnerable. Veamos lo que nos dicen las investigaciones sobre la más reciente historia económica en Estados Unidos. En los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial –entre 1946 y 1980–, el crecimiento económico fue muy intenso. De hecho, la renta nacional media por adulto se incrementó a razón de un 2% anual. Todos los grupos sociales vieron crecer sus ingresos; sólo el 1% de las rentas más altas –los más ricos, para simplificar– apreció un avance más sosegado. Y, en ese período, las tasas marginales máximas –que ahora calificaríamos como confiscatorias– del impuesto sobre la renta alcanzó ¡el 90%, con presidentes republicanos en el poder!

            En efecto: a partir de la década de 1930, los responsables políticos de Estados Unidos aplicaron, durante casi cincuenta años, altos gravámenes a las rentas más altas: 90%, como se ha dicho, en renta; 50% en beneficios corporativos; y 80% en grandes haciendas. Los ingresos generados sirvieron para construir escuelas, financiar universidades públicas, invertir en investigación y desarrollo, formar capital humano en definitiva, lo cual hizo productivo y próspero al país (profusión de datos sobre este y otros aspectos de la evolución económica de Estados Unidos en: Emmanuel Saez-Gabriel Zucman, “Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence form Capitalized Income Tax Data”, Quaterly Journal of Economics, vol. 131, núm. 2, 2016; y Carles Manera-Ferran Navinés-José Pérez-Montiel-Javier Franconetti, “Capital productivity and decreasing wage share in the United States”, Journal of Post Keynesian Economics, https://doi.org/10.1080/01603477.2022.2068034).

Las investigaciones sobre políticas fiscales señalan que esos mensajes catastrofistas que urgen a rebajar ya los impuestos, porque son excesivamente elevados, no se corresponden con la realidad. Un pistoletazo de salida de esta tesis se produjo a partir de la década de 1980; pero ese reguero sigue permanente en los 2000. El gran referente que se sigue teniendo es Estados Unidos: se nos dice que con Reagan se bajaron los impuestos –y que ello generó mayor crecimiento…al tiempo que déficits presupuestarios y comerciales–; pero que, a pesar de esto, la tributación debería contraerse todavía más. De hecho, la reforma tributaria de Trump, en 2018, fue en esa línea. Partidos de derechas y ultraderechas en Europa aplauden esa iniciativa.

            En Estados Unidos –insistimos: el señuelo para los que abogan por el recorte de tributos–, el relato económico-fiscal más reciente se puede telegrafiar así, en función de la novedosa investigación de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (The triumph of injustice. How the rich dodge taxes and how to make them pay, Penguin, Nueva York, 2021): hacia 1970, los estadounidenses más ricos pagaron en impuestos más del 50% de sus ingresos; esto duplicaba lo que devengaba en impuestos la clase trabajadora. Pero en 2018, tras la reforma de Trump –el modelo que, rubricamos de nuevo, siguen los partidos conservadores europeos–, los multimillonarios norteamericanos pagaron mucho menos que obreros, docentes, investigadores y jubilados. La conclusión es tremenda, palmaria: los ricos están viendo retroceder los impuestos que pagan a los mismos niveles de la década de 1910, cuando el Estado tenía una cuarta parte del tamaño actual. En paralelo, la clase trabajadora paga más impuestos: del 3% de sus ingresos en 1950, al 15% en la actualidad. La confiscación se halla aquí.

            La aportación de Saez y Zucman profundiza en investigaciones precedentes de otros colegas que han analizado, en su evolución histórica, la fiscalidad de diferentes países del mundo. Y la última aportación de Thomas Torslov, Ludvig Wier y Gabriel Zucman (“The Missing Profits of Nations”, en el último número de The Review of Economic Studies, julio de 2022) constata que el 36% de los beneficios de las multinacionales se trasladan a paraísos fiscales, en todo el planeta, siendo las norteamericanas las que transfieren el doble de ganancias que otras empresas de tamaño parecido. Evasión fiscal en toda regla, que infiere un dato estremecedor: el propio Zucman destaca, en otra contribución previa (La riqueza oculta de las naciones, Pasado&Presente, Barcelona, 2014) que, a escala mundial, el 8% del patrimonio financiero está custodiado en paraísos fiscales, siendo un 12% en el caso de la Unión Europea. Solo en Suiza, las fortunas extranjeras evadidas alcanzan los 1,8 billones de euros (el dato es de 2013). Estamos hablando de unas pérdidas anuales de recaudaciones fiscales totales de unos 130 mil millones de euros. Obsceno, descomunal. Los mismos think tank que defienden la reducción de los impuestos y que, por tanto, constituyen el marco teórico de los partidos que los impulsan como propuestas electorales, nada dicen en cuanto a este verdadero expolio, cuyo afloramiento rebajaría notablemente las deudas soberanas de las naciones.

  1. Reflexión final

            Por consiguiente, el debate sobre los impuestos se bifurca en varias derivadas (y no son las únicas):

  • Las bajadas de impuestos no estimulan, mecánicamente, el crecimiento de la economía; es más: pueden ralentizarlo y des-dotar de capital esencial a la economía pública para hacer frente a retos inherentes tras episodios recesivos. Quienes propongan reducir la tributación deben explicar qué partidas presupuestarias piensan ajustar para cuadrar ingresos y gastos, máxime cuando pretenden, además, recortar la deuda pública.
  • Hacia dónde se dirigen los impuestos. En el caso de las crisis económicas más próximas, la de la COVID y la de la guerra en Ucrania, las capacidades tributarias de los Estados, junto a la expansión de la política monetaria y la política fiscal mancomunada en el escenario europeo, han supuesto –y están suponiendo– encarar los problemas socioeconómicos de una forma mucho más solvente que en otras fases depresivas –como durante la Gran Recesión–: ayudas, compras de vacunas, programas de inversión pública –con estímulos patentes en la privada; el dato de España, muy reciente, es clamoroso: aumento de la inversión privada del orden de más de cinco mil millones de euros, una cifra récord (Cinco Días, 22 de julio de 2022)–. Los déficits públicos que se han acabado generando suponen superávits en el campo de las asignaciones a programas resolutivos frente a las crisis. No debe olvidarse esta relación.
  • El punto anterior se aviene con otro, que consideramos crucial: la transparencia en la adscripción de los impuestos. Gracias a éstos, es posible disponer de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales que, con todos los defectos y errores, son transcendentales para el bienestar del grueso de la población. Descender al terreno granular sería pedagógico, a sabiendas que estamos hablando de inversiones. Pero, qué costes suponen para las administraciones públicas y desde los servicios públicos hacerse análisis de sangre, tacs, radiografías, ecografías, operaciones diversas –simples y complejas–, hospitalizaciones, asistencias domiciliarias; o el coste para formar graduados y especialistas universitarios en los diferentes campos del conocimiento, por poner unos ejemplos ilustrativos al respecto. Saber esto –y que quizás esto mismo se comunicara a los usuarios cuando utilizan esos servicios– permitiría hacer más porosa la recaudación tributaria: saber hacia dónde van los recursos en clave microeconómica. Esa es la destinación de los impuestos en la esfera social, educativa, sanitaria. Sin esos ingresos, el panorama deviene entrópico, más en la línea de lo que está sucediendo en sociedades anglosajonas –Estados Unidos, Reino Unido–, donde la franja más rica y minoritaria de la población tiene acceso a todos los servicios: privados, por supuesto. En Europa, en España, el dinero no estará en los bolsillos del contribuyente; pero éste no tiene los gravísimos problemas que están conociendo, desde hace años, la mayoría inmensa de los norteamericanos cuando tienen dificultades no necesariamente graves en el campo de la salud, aunque dispongan –según los voceros anti-impuestos– de más liquidez en unos bolsillos cada vez más escuálidos (el salario mínimo en Estados Unidos, según el dato de 2019 tras la reforma de Trump, es de 15 mil dólares, con una tributación sobre nómina del 15%: más impuestos, menos salario).
  • No eludir el grave problema de las evasiones fiscales de las grandes corporaciones, de forma que la adopción de impuestos sobre beneficios –o sobre los propios ingresos– no resulta una medida alocada ni precipitada.

Estas y otras líneas relacionadas van a estar en el epicentro del debate político. Es crucial armarse de datos, de argumentos, de teoría económica solvente, para contrarrestar el alud de informaciones sesgadas y/o tergiversadas que se irán exponiendo, desde un populismo económico y fuertemente ideologizado, exento de todo rigor.

About Carles Manera

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero del Banco de España. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com

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