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EPA: Atacar el paro de larga duración y la precariedad laboral es prioritario

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Análisis de Economistas Frente a la Crisis de la EPA 3er. trimestre 2018

Según los datos de la Encuesta de Población Activa que ha publicado hoy el INE, en el pasado tercer trimestre del año el número de personas ocupadas aumentó en 183.900, y el de desempleadas se redujo en 164.100. Son datos positivos, que entran dentro de lo previsible en una fase de expansión económica como la actual y en un trimestre que, por razones estacionales, suele ser favorable para el empleo.

Aunque las cifras absolutas son algo menores que las registradas en el mismo trimestre de años anteriores, la evolución relativa refleja tan solo una ligera desaceleración de los resultados, incluso menor de la que cabría esperar por la moderación del ritmo de crecimiento económico que se viene constatando en el último año. Así, el número de ocupados ha pasado de crecer al 2,8% a hacerlo al 2,5% en términos anuales, y el de desempleados mantiene su descenso (incluso lo incrementa ligeramente, del 10,8% al 10,9%). Con el PIB creciendo al 2,5%, estos registros en materia de empleo son extraordinariamente favorables, y vienen a refrendar –una vez más- la extrema sensibilidad del empleo en nuestro país ante la evolución de la actividad -lo que, dicho sea de paso, posee más efectos negativos que positivos-. Además, resulta positivo que (al igual que en el años anterior) la caída del desempleo se haya producido con un aumento global del número de activos (+19.800).

El resultado probablemente más destacable en este trimestre –al menos mediáticamente- es que la tasa de paro ha caído del 15% por primera vez desde el cuarto trimestre de 2008 (ha pasado del 15,28% al 14,55%). Y es, sin duda, un dato relevante, más aún si se pone en perspectiva histórica: en los últimos 36 años (de 1983 a 2017) la tasa de paro en España solo ha estado por debajo del 15% en 9 de ellos. En número de trimestres (hasta el último), en 32 de 147. Sin embargo, ha sido superior al 20% en 54 trimestres. Es decir, que nos situamos, en términos de paro, en unos registros relativos que nos sitúan en el entorno de nuestras mejores etapas, y además manteniendo una tendencia de reducción notable (desde el primer trimestre de 2013 la tasa de paro ha caído en 12,4 puntos).

Cabe recordar aquí que el descenso de la tasa de paro por debajo del 15% tiene algunas implicaciones prácticas inmediatas, que es la modificación automática del régimen de utilización de algunos contratos: salvo modificaciones legales “ad hoc” de última hora, no se podrán realizar ya contratos de apoyo a emprendedores ni contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores mayores de 25 años (y menores de 30), puesto que en su regulación se establecía su vigencia coyuntural mientras la tasa de paro superaba aquel registro, así como algunas bonificaciones a la contratación de jóvenes. En general, estos efectos deben ser acogidos con satisfacción, puesto que las figuras afectadas, o bien alimentan la precariedad (caso del contrato de apoyo a emprendedores) o resultan ineficaces para alcanzar los fines teóricamente perseguidos (caso del contrato y bonificaciones específicos para jóvenes.

La situación del desempleo, en todo caso, no permite ninguna complacencia. Pese a lo dicho, nuestra tasa de paro es más del doble de la media de la Unión Europea (6,8%), y la segunda mayor de la zona (tras la de Grecia, 19,1%). El desempleo sigue siendo el mayor problema estructural de nuestra economía, con una terrible repercusión en términos sociales. Además, conocemos dos rasgos de su evolución y composición que obligan a mantener la tensión en este ámbito. De un lado, y como ya se ha mencionado, la elevada volatilidad del empleo en España, derivada de su estructura productiva y de la regulación (y de su utilización perversa) del mercado laboral, lo que hace que, del mismo modo que se crea mucho empleo en las fases expansivas, se destruya incluso con mayor intensidad cuando vienen mal dadas.

De otro, la persistencia del paro de larga duración, aquél que posee mayores dificultades de recolocación, y que confiere una especial vulnerabilidad a millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Del total de 3.326.100 personas en situación de desempleo que hay en el tercer trimestre, casi la mitad (1,6 millones, el 48,1%) llevan más de un año buscando empleo. Y más de un tercio llevan más de dos años en esa situación (1.134.800 personas, el 34,1%). Son el colectivo que necesita una mayor atención por parte de las políticas de empleo, la mitad de ellos mayores de 45 años.

Por lo que se refiere al empleo, la mayor preocupación se centra en la calidad del mismo, lo que está íntimamente relacionado con la elevada creación de empleo que registra nuestra economía con relación al PIB (y la igualmente anómala destrucción en las fases de crisis).

Por lo que se refiere a la duración del contrato, se mantiene la tendencia a aumentar la temporalidad del mismo. En este trimestre los asalariados con contrato indefinido han aumentado en 25.300, mientras que los que poseen contrato de duración determinada lo han hecho en 151.000. El mayor recurso al empleo temporal es algo habitual en los terceros trimestres. E incluso las tasas de variación anual de ambas figuras contractuales se han aproximado (los indefinidos crecen al 3,2% y los temporales al 3,5%, cuando de 2013 a 2017 los segundo lo hacían a tasas mucho más elevadas). Pero el problema es que el empleo indefinido debería crecer mucho más.

Por eso, en este trimestre se ha vuelto a elevar la tasa de temporalidad (el porcentaje de asalariados que tienen un contrato temporal sobre el total de asalariados). Ya es del 27,4%, la más elevada desde el cuarto trimestre de 2008. Es casi el doble que la media de la UE. Una tasa injustificada por la estructura productiva española, y que obedece sobre todo al incumplimiento generalizado de la normativa laboral, que genera un abuso de las figuras temporales para cubrir puestos que son de naturaleza estable, y deberían cubrirse por tanto con contratos indefinidos.

Por otro lado, en el tercer trimestre, como es habitual en estos períodos, el empleo creado es a tiempo completo (+369.800), mientras que se destruye a tiempo parcial (-185.900). Continúa, en este sentido, la lenta pero notable reducción del peso que supone el empleo a jornada parcial respecto del total, que tras alcanzar un máximo a mediados de 2014 (16,4%), ha venido reduciéndose hasta situarse por primera vez desde finales de 2011 por debajo del 14% (13,9%).

Parece pues apuntarse un cierto agotamiento del recurso a esta fórmula contractual, que ganó protagonismo desde 2009 como instrumento hiperflexible para las empresas, por su laxa regulación en nuestro país, pero que provoca que su utilización sea muy mayoritariamente involuntaria por parte de los trabajadores (el 54% lo aceptan porque no encuentran empleo a jornada completa). Ambas circunstancias (descenso de su uso e involuntariedad) beberían obligar a realizar una reforma de esta modalidad contractual para dotarla de toda su potencialidad (que la tiene) y eliminar sus efectos precarizadores (ahora determinantes).

En definitiva, cabe congratularse de que la ralentización del crecimiento económico no esté afectando a la creación de empleo y a la reducción del paro, que continúan a buen ritmo, pero igualmente es preciso alertar de que se vuelven a poner de manifiesto los principales problemas de nuestro mercado laboral, que tienen que ver con la persistencia de una tasa de paro elevada, con un núcleo muy importante de desempleados de larga duración, y con la extensión de la precariedad laboral en sus múltiples vertientes (temporalidad, insuficiencia de horas trabajadas, alta rotación, desregulación de las condiciones de trabajo, salarios bajos, aumento de la siniestralidad laboral, etc.). Es, por tanto, en atacar estos problemas en lo que debe centrarse la acción política en materia de empleo, y con urgencia.

Para ello, además de una progresiva reorientación de nuestro modelo productivo hacia sectores y actividades generadores de mayor valor añadido (un proceso indefectiblemente lento, pero que debe tener un impulso visible en esta fase de bonanza económica), se necesita acometer dos tipos de actuaciones urgentes. De un lado, la revisión de todo el entramado de las políticas activas de empleo, que no están siendo eficaces para facilitar la colocación de las personas en situación de desempleo, comenzando por implementar un plan de choque para aquellas con mayores dificultades de inserción laboral. De otro, la revisión de nuestro sistema de contratación y de su utilización, adoptando las medidas necesarias para hacer cumplir la ley y taponar las principales vías de precariedad laboral. El nuevo gobierno ya ha adoptado algunas buenas iniciativas en este sentido en el Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020), aprobado el pasado 27 de julio, pero la situación requiere de actuaciones de mayor calado.

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Asociación de Economistas Frente a la Crisis

6 Comments

  1. Aux el octubre 25, 2018 a las 1:47 pm

    La precariedad es una consecuencia de la ilegalidad. En España existe desde hace dos décadas un auténtico tráfico ilegal de trabajadores mediante las “subcontratas”, “multiservicios” y “externalizaciones”, cuyos clientes son entidades públicas y privadas, que crece al ser tolerado e incluso amparado por jueces e inspectores como una Razón de Estado. El desinterés de los grandes medios de comunicación por los más humildes silencia el asunto. Los afectados, cientos de miles, resultan muy perjudicados al ser separados de sus derechos, sufriendo Cesión Ilegal, Fraude de Ley y Discriminación Laboral. En Change.org hay una campaña de firmas para apoyar las denuncias ante la UE, titulada “abolir la trata ilegal”

  2. Ignacio el octubre 26, 2018 a las 2:14 am

    El objetivo d euna politica economica social debe ser el pleno empleo, establey bien remunerado a corto plazo, que este no sea el objetivo de ningun gobierno, ni de izquierdas, refleja claramente quien gobierna realmente.

    Por otro lado es un ESCANDALo que con mas de 3 millones de parados, tengamos 5 millones de inmigrantes y se les siga permitiendo la residencia en españa y aun dandoles la nacionalidad para fomentar la abundancia de mano de obra y su precarizacion, ejercito industrial de reserva y dumping laboral. La izquierda en esto esta a por higos….

  3. ignacio el octubre 26, 2018 a las 2:15 am

    El paro y la precariedad en España no es culpa del clima ni de fenomenos teluricos, sino que es el resultado de DECISIONES POLITICAS de PP y POSE: de la entrada en el euro, la burbuja, el escaso desarrollo productivo, el desmantelamiento industrial y de la inmigracion masiva.

    El problema que tiene España no es solo de oferta de empleo, sino de exceso de demanda de empleo…PP y PSOE REVENTARON el mercado laboral con mas de 5 millones de inmigrantes y ahora lo utilizan como EXCUSA para precarizarlo.

    El CAPITAL usa la inmigracion masiva para PRECARIZAR el mercado laboral, pagar salarios ridiculos a los obreros y aumentar sus beneficios, y si los obreros protestan les llaman racisas y xenofobos . Lo lamentable es que los partidos “socialistas”, (¿obreros?) han caido en la trampa, han abandonado a los obreros, por eso han perdido tambien su voto.
    Esto lo explica muy bien Verstrynge:
    https://www.youtube.com/watch?v=i-9M53FmjOI
    https://youtu.be/ThnzCIoPjmg

  4. ignacio el octubre 26, 2018 a las 2:16 am

    “Suponte que tú ofreces un empleo y sólo hay un tío que quiera trabajar. Tienes que pagarle lo que pida. Pero pon que haya cien hombres (…). Supón que haya cien hombres interesados en el empleo; que tengan hijos y estén hambrientos. Que por diez miserables centavos se pueda comprar una caja de gachas para los niños. Imagínate que con cinco centavos, al menos, se pueda comprar algo para los críos. Y tienes cien hombres. Ofréceles cinco centavos y se matarán unos a otros por el trabajo”. John Steinbeck, Las uvas de la ira, 1939.
    Ejército industrial de reserva
    http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_industrial_de_reserva

  5. María Valentina Gutiérrez el octubre 26, 2018 a las 1:19 pm

    Muchísimas gracias por este análisis, tanto por la claridad de su exposición como por haber resaltado uno de los aspectos “más trágicos” del desempleo, como es el de los parados de larga duración, el cual en la mayoría de los casos no se destaca con la gravedad e relevancia que debería, muchas veces oculto por el problema, desde luego no menor, de la precariedad y el desempleo juvenil.
    Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que debería de implementarse, de forma urgente, políticas activas de empleo para este colectivo, políticas que no veo como las más relevantes en El Plan Director y tampoco en las políticas de empleo de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, incomprensible con el volumen de recursos que tiene que disponer esta comunidad.
    Destacar no sólo el sufrimiento personal que supone el desempleo de larga duración para quién lo padece, causa, en no pocas ocasiones, de graves depresiones y trastornos psiquiátricos, aspecto sobre el cual echo en falta estudios rigurosos y valientes, sino además la perdida de derechos sociales y económicos, como es el caso de las cotizaciones para una pensión digna. No se puede estar, por un lado, alargando la edad de jubilación y por otro lado, impidiendo que muchas personas mayores de 50 años no puedad volver al mercado laboral, por los que sus pensiones serán mínimas o no contributivas, puesto que los últimos 15 o 17 años no han podido cotizar por bases dignas.
    Este último aspecto debería de ser tratado urgentemente en el Pacto de Toledo,centre otras razones porque, además de muy injusto lo considero inconstitucional, entre otras razones por la vulneración del art. 14 y del art ículo 9.3 CE, entre otros.
    Muchas gracias, de nuevo, por su trabajo.

  6. olga el octubre 26, 2018 a las 11:35 pm

    Como considerais que mejoran la elevada tasa de temporalidad en las administraciones publicas los acuerdos PP-Sindicatos y las ofertas de empleo publico extraordinarias de 2017 y 2018 tanto estatales como autonomicas? Creeis que tienen efecto sobre los objetivos de temporalidas y que son una opcion economicamente viable?
    En caso de que la directiva 1999/70/ce fuera aplicada y los empleados con temporalidad superior a 10 o 15 años en las aapp fueran despedidos y por sentencia judicial retrotraido su despido…que efecto tendria sobre las arcas publicas esa doble contratacion? Y el reconocimiento de indemnizaciones? Existen soluciones legales economicamente mejores q el actual planteamiento de convocar las plazas sin estabilizar a las personas? El coste social de los despidos es cuantificable?

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