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Evaluando la gestión de Yolanda Díaz

En su libro Un pueblo traicionado, el historiador Paul Preston explica, con profusión de episodios, que durante el último siglo y medio las élites españolas han sido un obstáculo para el progreso por su corrupción e ineptitud. Y que esa desgraciada actitud ha provocado graves problemas sociales que las mismas élites han intentado resolver mediante la represión, en ocasiones haciendo uso de una violencia extrema.

La sangrienta dictadura franquista (Preston provee en otros libros de amplia documentación sobre esto) fue un periodo de intenso ejercicio de ambas bajezas, aunque la llegada de los tecnócratas del Opus Dei redujo sensiblemente el nivel de ineptitud. La ineptitud menguó rápidamente tras el nuevo consenso democrático, pero con nichos de dramático crecimiento, como durante la larga gestación de la burbuja financiero-inmobiliaria, cuyos vigilantes responsables no quisieron o no supieron ver en unos datos que cantaban por soleares. La consecuencia fue que, otra vez, muchos de abajo pagaron el pato de la ineptitud o corrupción de unos pocos de arriba, a más de padecer en sus oídos el cargante sermoneo de la responsabilidad colectiva. Los auténticos culpables salieron esta vez por peteneras, siempre tan flamencos, y se fueron de rositas aconsejando dolorosas medidas que ellos no padecerían. Un clásico.

La corrupción, que durante el franquismo se mantuvo en niveles estratosféricos gracias a una extensa red colaborativa entre el poder económico y el político, pugnaba por seguir enraizada después de la Transición. Como la ineptitud, ambos vicios saben protegerse y sucederse bien mediante una red de silencio cómplice, cuando no de prácticas mafiosas, lo que retrasa el conocimiento veraz de la Historia. Tardamos muchos años en saber de la naturaleza corrupta fundacional y endémica del PP, todavía estamos en ello, de las andanzas de Pujol, el protegido a izquierda y derecha para obtener rédito político, o de algunos en el PSOE, cuyas prácticas hacían metástasis por Andalucía. El proceso de conocimiento de la verdad es todavía más lento en la cúpula del Estado, el último episodio con un Rey emérito antes modélico y ahora mudo, disfrutando su oscura fortuna como si nada… en feliz compañía de reyes y príncipes como él.

Mirando el vaso medio lleno se puede decir que, aunque con exasperante retraso, la corrupción y la ineptitud de las élites ha menguado considerablemente por la denuncia de la prensa y la acción de la justicia, aunque el pueblo español siga observando flamantes capítulos, esperando explicaciones y disculpas que tardan en llegar y soportando a todas horas la negación de lo evidente, el silencio cómplice o el y tú más de los políticos.

El diálogo social

En los países civilizados, y siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, lo ideal es que las cuestiones laborales se resuelvan por consenso mediante el diálogo social entre las dos partes en posible conflicto: los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Es evidente que este sistema favorece la paz social y el progreso, por lo que la función de los políticos debe ser animar y bendecir con la norma el posible consenso.

España es un país en el que el diálogo social ha ido mejorando y en la actualidad funciona razonablemente bien. No hay más que ver la paciencia y responsabilidad de los representantes de los sindicatos para moderar sus reivindicaciones en situaciones de crisis o las cesiones de la patronal para lograr un consenso favorable a los trabajadores cuando la economía mejora, como ha ocurrido con la última reforma laboral.

El problema lo tenemos cuando los políticos al estilo descrito por Preston y las élites de siempre, poniendo en marcha sus altavoces mediáticos, en vez de celebrar los acuerdos se posicionan contra una de las partes, los trabajadores mayormente, para dinamitar el diálogo. Vaya como ejemplo lo ocurrido con las subidas del salario mínimo a las que me refería en este artículo, asunto en el que los ideólogos mercenarios de las grandes empresas disfrazados de economistas técnicos, los neoliberales acostumbrados a la mentira como argumento, en esta ocasión acompañados de otros técnicos de empresas intermediarias cuya actividad consiste precisamente en exprimir trabajadores que perciben el salario mínimo, o el señor Gobernador del Banco de España y sus expertos, posicionados sistemáticamente en contra de los trabajadores, no cejan en proclamar desgracias por las subidas del salario mínimo, aunque contradigan la evidencia de los datos.

A quienes piensen que el consenso sobre las subidas del salario mínimo lo rompe la patronal, que no ha hecho más que ceder ante la poderosa avalancha mediática y sumarse después a ella, hay que recordarles que, en julio de 2018, en el marco del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, la patronal y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para aumentar el salario mínimo a 1.000 euros en 14 pagas en el año 2020. Esa es exactamente la escandalosa y peligrosa cifra fijada ahora por el Gobierno en 2022, con el beneplácito de los sindicatos, pero ya sin la patronal, a la salida de una pandemia que ha afectado principalmente a los trabajadores con sueldos más bajos y con récord de trabajadores ocupados, para descrédito de los negacionistas de los efectos benéficos de las subidas.

Tampoco es casualidad que el presidente de la CEOE esté ahora reclamando que no se intervenga el precio de la energía eléctrica por las subidas del gas, ni que su opinión coincida con la ofensiva del lobby eléctrico, tal vez más poderoso aún que el de la banca, que ha sacado de su escondrijo austericida a sus “economistas técnicos de prestigio” para defender de urgencia en los medios la misma monserga. Los empresarios que padecen la bestial subida de la electricidad, cuya utilidad consiste en engordar los beneficios obscenos de las grandes compañías eléctricas a costa del hundimiento de muchas empresas consumidoras de energía, habrán alucinado en colores con la opinión de su presidente, pero se ve que donde hay patrón no manda marinero.

La tramitación de la reforma laboral

El trámite de la última reforma laboral ante el Congreso fue un episodio que debería figurar como apéndice en una posible reedición del libro de Preston, por confirmar palmariamente sus argumentos. Pocas veces se puede asistir a una batalla a pecho descubierto entre corruptos e ineptos contra el esforzado pueblo español, aunque la reciente crisis del PP podría sugerir que nos encontramos ante un nuevo ciclo en el que ambos defectos, a mayor asombro de la audiencia, airean desvergonzadamente en público sus diferencias.

Para la tramitación de la última reforma, un pacto inédito en el que los trabajadores ganan derechos, se contaba esta vez con los mejores aliados. El documento había sido consensuado, en un ejercicio de tesón y paciencia de la ministra de trabajo (ya ven por dónde van los tiros del título), entre una moderna patronal decidida a dejar atrás los años de atrincheramiento y algún corrupto presidiario y unos sindicatos mayoritarios conscientes de que es mejor consolidar algo menos que retroceder después mucho más por un probable cambio revanchista de la norma.

Las tres partes habían sido antes protagonistas de una mayor proeza, cuando se pusieron de acuerdo en evitar los despidos ante el cese masivo de la actividad laboral por la COVID-19. La cruel pesadilla que habríamos debido padecer si no hubiesen acordado sostener a millones de familias con el recurso a los ERTES se puede imaginar por los datos del gráfico G.1 que viene después. De momento, ¡chapó!

Tras haber salvado el empleo ante la mayor crisis laboral desde la posguerra y aguantado después en la mesa de negociación para diseñar un futuro mejor para el pueblo se podía ir pensando en un merecido monumento a los protagonistas y colaboradores que habían hecho posible la nueva reforma, pero… no tan deprisa, faltaba la aprobación del Congreso. Algunos optimistas, cegados por el éxito de la negociación y olvidados fugazmente de esa España madrastra propensa a sacar a pasear sus dos demonios, vislumbrábamos un amplio consenso, pero la historia sería otra, más realista y tradicional.

En un ejercicio daliniano-berlanguiano, los diputados ineptos y/o corruptos hicieron irrupción para hacer de nuevo historia de España. Ni qué decir tiene que la extrema derecha franquista estaba por boicotear la norma: cuanto peor, mejor. La derecha del PP añoraba su ley anterior excluyente de los sindicatos, por lo que sus diputados tampoco darían su brazo a torcer, aunque la nueva norma estuviese firmada por los empresarios. Tampoco los separatistas patrióticos de un lado o de otro, que, confiados en que otros se mojarían por ellos, volvieron a hacer uso de sus anteojeras nacionalistas para no ver al pueblo trabajador a los lados y demostrar otra vez su poder de fastidiar. Los diputados del agonizante Ciudadanos se prestaron a echar una mano, menos mal, pero todavía no era suficiente para garantizar la aprobación. Había que sumar un par de votos más que a la desesperada se buscaron en los dos diputados de UPN, la coalición con ciudadanos y el PP de los regionalistas navarros, que intercambiando unos cromos se unieron por fin a la tarea, de nuevo menos mal, por los pelos. Pero habría todavía otro pero. Justo en el momento de la votación, ambos diputados sufrieron un arrebato de inepcia, corrupción o tal vez un combinado, y votaron sorpresivamente lo contrario a lo comprometido. El pueblo español volvía a asistir atónito a una reedición del “tamayazo”, que condenó a los madrileños a decenios de una desmedida corrupción, esta vez a escala nacional y en el Congreso de los Diputados.

De no haber sido por la mano de dios, como la de Maradona para los argentinos en aquel mundial de fútbol, materializada esta vez en el dedo de un diputado del PP empeñado en clicar reiteradamente la opción que no quería, el pueblo español habría comprobado de nuevo que la historia se repite, los agentes sociales arquitectos de la reforma habrían quedado con dos palmos de narices tras tantos meses de esfuerzo, y es probable que la ministra hubiese tirado la toalla ante tamaño desvarío, provocando una innecesaria crisis política en plena salida de la crisis económica por la pandemia y a las puertas de otra que vendría por la guerra de Putin.

La gestión del empleo por la vicepresidenta 2ª y ministra de trabajo

Pasemos ahora a la historia de los datos. Algunos insisten en que los datos del pasado con “simulaciones ajustadas” proporcionan mejores conclusiones que los propios datos conocidos del presente. Tan mágico método, capaz de cumplir los deseos, fue profusamente utilizado por los representantes de los hombres de negro tras la crisis de la burbuja, que defendían los nefastos resultados de sus políticas de devaluación salarial con el argumento de que, según sus complejos modelos, de no haberse aplicado esas medidas los datos habrían sido peores.

Aunque me encanta la ciencia-ficción, cuando se trata de valorar la acción política yo prefiero evitar los viajes en el tiempo, más alucinantes si son hacia atrás, y tirar de datos estadísticos publicados. Es lo que hacía en este artículo, que verificaba la desproporcionada temporalidad del empleo en España respecto a la UE con datos publicados de EUROSTAT, o en este otro antes comentado, en el que explicaba que según la estadística oficial española sobre el mercado laboral las subidas del salario mínimo no han destruido empleo en España, sino que lo han creado en todos los ámbitos en los que se rumorea o se simula otra cosa.

Para responder a la pregunta del título disponemos de series estadísticas que destacan por su inmediatez, como las de afiliación a la Seguridad Social o los resúmenes del paro registrado y contratos, que se pueden conocer tan sólo un par de días después del cierre del mes y que tienen la ventaja de ser registros administrativos obligatorios. O se está o no se está, sin complejidades muestrales o matemáticas.

El primer gráfico de verificación, que condensa más de quince años de historia laboral, representa la evolución del empleo según los datos de afiliación a la Seguridad Social entre enero 2007 y febrero 2022.

 

 

En G.1 se observa que el pico de empleo durante la burbuja financiero-inmobiliaria ocurrió en julio 2007, cuando se registraron 19.493.050 afiliados según el promedio mensual de los datos diarios. Durante el Gobierno del PSOE explotó la burbuja, provocando una abrupta caída del empleo en la construcción que arrastró al de la industria y en menor medida al de los servicios. La caída del empleo continuó hasta un mínimo de 16.150.747 afiliados en febrero de 2013.

Sólo desde 2014 el empleo comenzó a remontar de manera sostenida, hasta 2019, poco antes de la irrupción de la pandemia, cuando recuperó el nivel máximo de la burbuja, nada menos que doce años después, pero habiendo generado un problema mayor. La excesiva y crónica temporalidad del empleo se agudizó con la reforma laboral de 2012, y el crecimiento de la desigualdad por la devaluación salarial sumó una nueva lacra distintiva de España en el pelotón de cola europeo: un nivel alarmante de precariedad y pobreza laboral.

Reconducir una normativa laboral que había expulsado de España a un importante porcentaje de jóvenes bien formados, que había condenado al precariado a un 30% de la población, que venía impulsando insostenibles bolsas de pobreza infantil hasta en hogares con trabajadores en el empleo, que, en resumen, venía potenciando una desigualdad que no solo lastraba el progreso del pueblo, sino la propia economía, convertida en una gripada máquina succionadora de riqueza hacia arriba y repartidora de pobreza hacia abajo, era un reto mayúsculo para quien fuese a pilotar la política laboral en el aparentemente frágil gobierno de coalición.

La ministra Yolanda Díaz llegó al ministerio de trabajo en enero 2020, pero su primera tarea no fue desarrollar la reforma normativa para paliar la temporalidad y la precariedad porque irrumpió la pandemia. Como se ha comentado, el encierro obligatorio dejó a millones de trabajadores sin actividad, lo que amenazaba con una ola tremenda de despidos que se salvó echando mano de los ERTES, un antiguo recurso que figuraba en una norma de 1995 retocada varias veces, la última en la reforma laboral del PP en febrero 2012. Nadie había previsto que los ERTES fuesen a servir para salvar una crisis de estas proporciones, por lo que muchos economistas celebramos la firme y rápida decisión del Gobierno de Sánchez y la disposición de los interlocutores sociales para utilizar ese recurso y salvar a las personas antes que las cuentas, un viraje de 180 grados respecto a la triste y fracasada política laboral anterior.

La nueva política demostró ser un éxito rotundo, salvando de la ruina a miles de empresas y a millones de familias de la clase trabajadora. En febrero 2022 se registraron 19.694.272 afiliados medios a la Seguridad Social, noveno récord histórico mensual consecutivo, registrado insospechadamente dos años después de la mayor crisis laboral desde la posguerra. En ese par de años el mercado laboral ha absorbido y recuperado 4,7 millones de puestos de trabajo, 3,5 millones que llegaron a estar en la inactividad en situación de ERTE y 1,2 millones adicionales que se perdieron en la crisis. Estos datos parecen ya suficientes para destacar la aptitud de Yolanda Díaz al frente del ministerio de trabajo y asentar su posición provisional en la mejor historia de España por escribir, pero sigamos.

Para visualizar mejor lo ocurrido, en G.2 se representan las variaciones de los datos mensuales de afiliación respecto al mismo periodo del año anterior, que amortiguan los dientes de sierra de la curva del empleo en G.1, significativos de esa excepcional tasa de temporalidad española que crea y destruye desproporcionadamente empleo según el mes del año.

 

 

En G.2 se observa con claridad que la recuperación del empleo tras la explosión de la burbuja inmobiliaria se demoró nada menos que seis años, hasta 2014, que tras su agudo descendimiento inicial el empleo estaba remontando con el gobierno Zapatero, pero que la “inevitable” política de austeridad impuesta por Bruselas ya antes de la llegada del PP en diciembre 2011 lo volvió a tumbar, provocando una segunda enorme bolsa acumulada de destrucción que tuvo como reflejo una tasa de paro que llegó a rozar el 27% en el primer trimestre de 2013. Una cifra insólita.

También se observa mejor que desde 2014, cuando culminaron las sádicas medidas aplicadas sobre las personas para salvar los números de unas finanzas cuyo descontrol había provocado la crisis, el empleo tomó velocidad de crucero, se diría que no por las medidas sino a pesar de ellas, cuando la tortura tocó fondo. Tras el nuevo hundimiento agudo del empleo por la pandemia, gestionado de manera espectacularmente eficaz con el recurso a los ERTES, el empleo volvió a despegar con una fuerza nunca antes vista y además en tendencia creciente.

Pero, como se ha comentado, el objetivo de la ministra a su llegada al ministerio no había sido solucionar la imprevisible crisis del empleo por la COVID-19, sino el problema de la temporalidad y la precariedad en el empleo, para lo que se diseñó la reforma laboral. Una vez que ha entrado en vigor es momento de verificar con datos si está siendo efectiva.

La gestión de la excesiva temporalidad y precariedad en el empleo por la ministra

Para valorar con datos la disminución de la tasa de temporalidad que pretende la reforma laboral habrá que consultar la EPA de próximos trimestres. Un semestre empezaría a dar buenas pistas y un año debería ser suficiente para sacar conclusiones. Respecto a la disminución de la precariedad habrá que esperar bastante tiempo más. La Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta Anual de Estructura Salarial, el Decil de Salarios del Empleo Principal o las estadísticas de la Agencia Tributaria tardarán todavía un año y medio o más en dar una respuesta definitiva. Mientras, habrá que ir tirando de otras estadísticas con menos desfase que pueden dar buenos indicios, como la estadística de contratos laborales del SEPE, cuyas series se manejan a continuación.

 

 

En G.3 se han representado las series de empleo y de contratos en forma de índices tomando como arranque el periodo anterior a la primera crisis (enero 2007) y utilizando medias móviles de doce términos. Las medias móviles son una sencilla herramienta estadística que consiste en representar los datos de un periodo como el promedio de los de ese periodo y otros anteriores, en este caso los 11 meses anteriores más el actual, para amortiguar las fluctuaciones, que, por ser extremas en el caso de los contratos, dificultan visualizar tendencias. En esas curvas suavizadas se observa claramente que tras la crisis de la burbuja los contratos laborales decrecieron agudamente, que empezaron a remontar con el Gobierno de Zapatero, pero que con la comentada vuelta de tuerca por la austeridad durante el mandato del PP volvieron a bajar. A partir de 2013 se anima la contratación, con una subida espectacular que para un mal analista sería buenísima noticia, pero que no lo es para quien conozca el comportamiento anormal de España respecto a la UE (de nuevo el artículo sobre la temporalidad).

No es buena noticia para el empleo que suban mucho los contratos si entre ellos hay muchos de corta o muy corta duración que se rescinden frecuentemente, lo que venía ocurriendo desde cerca ya de 40 años antes de la última reforma. No hay que celebrar que entren muchas gallinas al corral (contratos, en este caso) sin comprobar que no estén saliendo por otro lado. Así que la explosión en la contratación tras la reforma laboral de 2012 no fue buena noticia. Sí lo fue, por supuesto, que aumentara el empleo, pero dejó como secuela esa nueva subida de la temporalidad, crónicamente muy alta, y que se disparase la precariedad, por una rotación laboral excesiva que, sumada a la política de devaluación salarial, hipotecaba los planes de vida de una gran porción de los trabajadores españoles.

La comparación en los meses de febrero representada en G.4 (la fluctuación mensual es muy alta, por lo que es aconsejable comparar los mismos meses), muestra que al comienzo de la recuperación en 2014 los contratos habían bajado respecto a los tiempos de la burbuja (1,1 millones en total vs. 1,4 millones entonces) y en mayor proporción los indefinidos. En febrero 2007 los contratos indefinidos eran el 12,5% de los contratos y en febrero 2014 el 9%, un síntoma de empeoramiento, no tanto porque hubiese menos contratos, como se ha comentado, sino porque la temporalidad de la contratación, que era crónicamente alta, aumentaba.

Febrero de 2007, en plena burbuja, no fue un mes en el que la contratación temporal fuese baja. El crónico defecto del mercado laboral español que se venía arrastrando desde 1986, una tasa de temporalidad altísima, se mantuvo entre 1992 y el 2006 alrededor del 34%, más de 20 pp. por encima de la tasa promedio en la UE. En febrero 2020 el diferencial de la tasa había bajado, situándose 13 pp. por encima, pero todavía duplicando la tasa europea. Si la tasa era entonces inferior a la de los tiempos de la burbuja no fue por una política que pretendiera conseguirlo, pues venía creciendo tras la reforma laboral del PP, sino por la propia dinámica del exceso de temporalidad español, con una destrucción desproporcionada de empleo temporal en las crisis, y una mayor creación de empleo temporal en ciclos de recuperación. La reforma laboral del PP no corrigió ese defecto, sino que lo potenció, agudizando la rotación laboral.

Los efectos de la reforma laboral del PP se notarían pues en que la contratación temporal subió mucho. En febrero 2020, justo antes de la pandemia, había 420.000 contratos temporales mensuales más que al comienzo de la recuperación, en febrero 2014. El número de contratos indefinidos era similar al de los tiempos de la burbuja, 180.000, pero su peso sobre el total de los contratos inferior, por la mayor cantidad de contratos (11,1% en febrero 2020 vs. 12,5% en febrero 2007). La situación de la contratación era, pues, muy mala antes de la pandemia, cuando llegó el primer Gobierno de coalición.

Tras dos años de gestión de Yolanda Díaz (entre febrero 2020 y febrero 2022), con el empleo en niveles de récord tras superar su mayor caída, los contratos temporales han bajado sensiblemente (en cerca de 300.000) y los indefinidos han subido (140.000), lo que es una buena noticia en ambos sentidos, que se resume en que la proporción de indefinidos sobre el total de los contratos en febrero 2022 fue el 21,9%, cifra nunca antes vista en toda la serie histórica.

Los datos del SEPE permiten también comprobar la evolución de los contratos temporales según su duración, lo que se representa en G.5. Lo primero que llama la atención en ese gráfico es una gran porción de contratos temporales de duración indeterminada, que deberían disminuir considerablemente tras la última reforma laboral, que ha derogado los contratos por obra o servicio, en los que el tiempo no se fijaba previamente.

Pero lo más llamativo con mucho en G.5 es el aumento del porcentaje de contratos de una semana o menos de duración, que pasaron de suponer el 13,6% de todos los contratos en febrero 2007 al 27,2%, justo el doble, trece años después; desde 191.805 contratos, una cifra ya entonces muy alta, a 433.874, una increíble magnitud. Antes de la última reforma laboral en España se firmaba un volumen descomunal de contratos temporales cada mes, 1,42 millones en febrero 2020, y de estos el 30,6% eran de muy corta duración. Otro grave problema parcial a resolver cuando cambió la cartera en el ministerio de trabajo.

Desde la llegada de Yolanda Díaz al Ministerio hasta dos años después, con la pandemia en declive, los contratos temporales en su conjunto bajaron un 20,4%, y los de siete días o menos de duración un 37,8%. Con niveles récord de empleo. Respecto al momento en que el empleo comenzó a remontar, en 2014, la contratación temporal ha desinflado gran parte del exceso generado por la reforma laboral de 2012 del PP, pero con una diferencia muy significativa: en febrero 2014 los afiliados medios a la Seguridad Social eran 16.212.304, mientras que en febrero 2022 se registraron 19.694.272, tres millones y medio más de ocupados.

Un indicador adelantado de los efectos de la reforma laboral sobre la tasa de temporalidad que proporcionará la EPA trimestral oficialmente, puede ser observar la evolución mensual del porcentaje de contratos indefinidos sobre el total, lo que se representa en G.6.

Claro indicio de que la reforma está teniendo efectos inmediatos es que esa proporción (línea azul) saltó en enero 2022 hasta el 15%, para seguir su progresión en febrero 2022 hasta un histórico 22%.

Por ser las fluctuaciones muy acusadas en toda la serie, y más tras la entrada en vigor de la última reforma, otra serie interesante a observar los próximos meses será la media móvil de 12 términos. En esa curva suavizada, representada en rojo en el gráfico, se observa claramente que tras lo peor de la pandemia la proporción de contratos indefinidos tiene una tendencia muy al alza, lo que previsiblemente se reflejará en una mejora de la temporalidad del empleo en los próximos datos de la EPA.

Y por terminar con las verificaciones sobre los datos, en el gráfico G.7 se representa la serie larga, desde antes de la burbuja, de la evolución de los contratos temporales mensuales según su duración, indicadores mensuales adelantados que pueden también dar buenas pistas de los resultados previsibles en el medio y largo plazo de la reforma laboral.

Los datos de contratos desagregados según su duración no se publican a los dos días del mes vencido, como los resúmenes mensuales. Tardan unos días más, pero en todo caso permiten efectuar un seguimiento temprano de los posibles efectos de la reforma laboral. Los desagregados de febrero 2022 se publicaron el 11 de marzo.

En el gráfico se observa la explosión de los contratos de muy corta duración (de siete días o inferior) tras la reforma laboral del PP, y la evolución de los contratos indeterminados, el otro mayor volumen de la contratación mensual (ver G.5), que corresponde mayoritariamente a contratos de obra y servicio, que deberían bajar considerablemente a partir de abril con la nueva reforma.

De momento, a la vista de G.7, se puede adelantar que ya antes de la reforma, previsiblemente por un reforzamiento de la labor inspectora del fraude en este tipo de contratos, se percibían resultados positivos sobre los contratos de duración indeterminada, que registraban tendencia mensual a la baja con un nivel de empleo en niveles de récord. Y también se registraban resultados positivos en los contratos de muy corta duración, 7 días o menos, que, aunque con tendencia alcista tras la pandemia mantenían todavía un nivel muy inferior al de dos años antes con un nivel de empleo mayor. En febrero 2022, la serie de medias móviles de los contratos de muy corta duración acusa una estabilización, lo que es también muy buen síntoma, que habrá que seguir los próximos meses.

Resumen

La gestión de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social viene siendo de una excelencia monumental. Desde su ministerio se evitó el hundimiento del empleo durante la crisis de la COVID-19, que remontó en un tiempo sorprendentemente breve hasta niveles históricos; se ha aprobado normativa vanguardista, incluso a escala internacional, como la ley rider, o urgente, como la de teletrabajo; se ha empujado la reducción de la desigualdad entre los trabajadores más vulnerables defendiendo y aplicando subidas del salario mínimo; se ha impulsado con éxito el diálogo social y la negociación colectiva y se ha venido reduciendo la precariedad en la contratación ya antes del cambio normativo de la reforma laboral. Desde que ésta entró en vigor, los datos, tan sólo un par de meses después, apuntan a que la reforma supondrá un antes y un después en la lucha contra la precariedad laboral y el exceso de temporalidad en la contratación.

El mérito de la ministra es tanto más destacable por haber debido hacer frente a una poderosa caterva de políticos que por intereses particulares se han situado en contra de un histórico pacto social entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Ha demostrado tener baraka (esto no es verificable con datos, sino indiciariamente por hechos) al superar de milagro una corrupta intriga política diseñada expresamente para tumbar la reforma y desalojarla de su cargo. Y ha vencido también una tenaz resistencia en sus propias filas, obteniendo la unanimidad de esa parte de la izquierda que no concibe el marco regulatorio del mercado laboral como un lugar constructivo de diálogo y consenso, sino como un campo desordenado de venganzas normativas.

Corolario

Aunque en la política española no esté bien visto que alguien de arriba se empeñe y consiga que a la gente le vaya mejor (véase el ambiente en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno de Sánchez antes, durante y después de la pandemia), el caso de la gestión de la ministra Yolanda Díaz al frente del ministerio de trabajo es digno de resaltar, agradecer y celebrar. Vaya por ella un brindis de alguien que no milita en ningún partido.

Esperemos que la ministra tenga ocasión de seguir gestionando tan bien los previsibles efectos negativos sobre el mercado laboral de la terrible guerra que asola Europa. La protección de los trabajadores y empresarios frente a los vaivenes de precios y suministros o la integración laboral de los refugiados le darán la oportunidad de volver a demostrar de lo que es capaz.

About Luis Molina Temboury

Economista especializado en el análisis estadístico de la desigualdad. Convencido de que para revertir la escalada de la desigualdad extrema tendremos que acordar un límite al patrimonio. Cuanto antes mejor. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

3 Comments

  1. Peruyal el marzo 15, 2022 a las 10:20 am

    Ya veremos los resultados electorales en las próximas elecciones, y en qué medida se lo agradecen los receptores de los ERTES, los de los contratos indefinidos, los de los riders, los perceptores del SMI…

  2. Francisco Temboury el marzo 15, 2022 a las 8:23 pm

    Soberbio trabajo, Luis.
    Enhorabuena !

    P.S.: Yo también brindó contigo.

  3. juan el marzo 21, 2022 a las 6:53 pm

    No me parece correcto llevar al congreso trágalas inmodificables y denostar a diputados que pudiendo estar de acuerdo en buena parte del texto tuviesen objecciones o quisiesen por lo menos la posibilidad de debatir enmiendas aunque fuesen derrotadas. La mayoría de los trabajadores de este país ni está sindicado ni vota en elecciones sindicales (hay mucha microempresa) y gran parte de autónomos y pymes no se sienten representados por las patronales. También hoy en día CCOO y UGT no son ya tan representativas como antaño y otros sindicatos van abríendose paso pero no son invitados.

    Por tanto hurtar al parlamento de poder debatir enmiendas es poco democrático y amenazas como la de la patronal (que sirvió de excusa al gobierno) de que se saldrían del acuerdo «si se modificaba una sola coma» son chantajes inaceptables.

    Respecto al tema de los ERTEs, había poco que discutir ahí, pagaba el estado, en condiciones normales hubiesen sido despidos (porque no habría otra solución en el tejido empresarial español) y la gente cobrando el paro que ahora estaría acabándose en la mayoría con pocas persianas de nuevo levantadas. Es decir, ha sido un buen mecanismo, pero no se debe a ninguna negociación sino a que el estado ha puesto dinero encima de la mesa.

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