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La electricidad y el coste social y político de la inflación

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Los presidentes de los gobiernos de España y Portugal han vuelto de Bruselas con un importante logro sobre los precios de la electricidad en el mercado ibérico: la excepcionalidad ibérica, que permitirá limitar (temporalmente) los beneficios regulatorios de las empresas eléctricas. La importancia de este logro va más allá del caso concreto de España: podrá poner de manifiesto que otra regulación del sector eléctrico es posible, una regulación eficiente que ponga en valor los beneficios sociales de la competencia.

La cuestión no es baladí. En España la inflación interanual en febrero de 2022 se ha situado en el 7,6%, casi 2 puntos por encima de la inflación media de la eurozona. Aunque existen diversas causas, estimaciones recientes apuntan a que, de los 7,6 puntos de inflación, 3,21 serían responsabilidad de los precios de la electricidad. ¡Más de un 40%!

En el contexto actúal, esta inflación, generada por un shock de oferta parcialmente artificial debido al modelo de formación de los precios de la electricidad, es el desagüe por el que se podría desangrar la economía española y la convivencia social.

Una inflación de la naturaleza que estamos observando y desbocada, superior a las tasas de crecimiento del PIB, sería letal para la economía y los equilibrios sociales: aumentaría el paro y la desigualdad arrastrando incrementos incontenibles de la precariedad y de la vulnerabilidad social de las familias. La Historia no es ambigua al respecto: las consecuencias políticas serían muy graves porque la precariedad y la vulnerabilidad son el alimento de la derecha extrema, de los movimientos antieuropeos y de la conflictividad social. Del fascismo, en suma.

Las expectativas inflacionistas

Actuar sobre los precios del petróleo y del gas tiene límites porque se determinan en los mercados internacionales, muy alejados de las decisiones que pudieran tomar las autoridades españolas. Tan sólo, tal vez, los márgenes del refino pudieran prestarse a algún tipo de contención. Y algo ha logrado ya nuestro Gobierno al respecto. Sin embargo, no es el caso de los precios de la electricidad, artificialmente altos como consecuencia de un mercado mal diseñado que anula los mecanismos mediante los cuales la competencia conduce los precios a converger con los costes.

Precios medios de la electricidad a final de año superiores a 112€/MWh, media de los precios del mercado eléctrico en 2021, harían aumentar la inflación media del 2022. En lo que llevamos de año, el precio medio del mercado supera los 224€/MWh, frente a una media en el mismo periodo del 2021 de 44€/MWh. A falta de nuevas y buenas noticias sobre el comportamiento de los precios de otros bienes y servicios, la inflación seguirá avanzando impulsada por el encarecimiento de la energía hacia cotas difícilmente soportables por la sociedad.

Bajar los precios de la electricidad daría un golpe seco a las expectativas que alimentan la espiral inflacionista y permitiría salvar los peligros de pérdida del impulso económico y social esperado. En marzo, los precios medios del mercado eléctrico podrían situarse en 270€ MWh. En marzo de 2021, ese mismo valor fue de 45€ MWh. Es imperativo lograr que la inflación del mes de abril sea inferior a la que resultará del mes de marzo. El instrumento es la regulación eléctrica.

Se trata de que, sin dilaciones, los precios de la electricidad se sitúen en niveles anteriores a su explosión en los meses de mayo y junio de 2021. Tal cosa permitiría quebrar la espiral alcista de la inflación deprimiéndola en no menos de 3 puntos, liberando así a la economía del pesimismo y permitiendo que los instrumentos de la política económica y medioambiental puedan desplegar toda su eficacia. Por su parte, las políticas de empleo verían más despejados su camino y, entre ellas, un pacto de rentas salariales y de capital se vería extraordinariamente facilitado.

La Comisión Europea, en su comunicación REPowerEU, indicó que la extracción de beneficios extraordinarios tiene que ser neutral a cómo esté contratada la energía, lo que indicaría que el precio la electricidad, amparado por contratos bilaterales o por cualquier otra forma de contratación, también debiera ser minorado de acuerdo con el precio de referencia, alcanzando así a toda la electricidad servida. Nos encontramos, por consiguiente, ante la posibilidad y oportunidad de reducir el precio medio del mercado eléctrico de sus 200-230€ MWh actuales a menos de la mitad.

A pesar de que se espera que los altos precios del gas duren mucho más allá del verano, la Comisión ha limitado la duración de esta medida hasta junio de 2022. Por lo tanto, para que esta medida sea eficaz, España debería defender ante la Comisión Europea la ampliación de su duración al menos hasta junio de 2024. Hay que tener en cuenta que los mercados de futuros indican que en 2023 los precios del gas oscilarán en torno a los 50-60€ MWh térmico, es decir, todavía tres veces por encima de su precio medio histórico.

Qué hacer en España para contener el precio de la electricidad y la inflación

Recomendamos las siguientes medidas para atajar el alza de los precios de la electricidad:

  1. Establecer un precio de referencia entre 40 y 50€ MWh (eléctrico) para las centrales que no utilizan combustibles fósiles y que, por consiguiente, son completamente ajenas a la explosión de los precios del gas y de cualquier otro combustible fósil. El que este precio de referencia sea fijado con “piruetas normativas” como las que han sido filtradas a los medios, es una cuestión menor. Lo importante es que el precio de referencia sea efectivo y que su aplicación se prolongue, al menos, hasta junio del 2024.
  2. Agilizar la aprobación de la Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, que se encuentra en tramitación en el Parlamento desde agosto de 2021, podría suponer la disminución de rentas injustificadas de las empresas en 1.800 M€/año que serían inyectados en el sistema eléctrico. Esta ley contribuirá a una bajada adicional de los precios de la electricidad a los consumidores y a controlar la inflación.
  3. Adelantar el ajuste de la retribución del RECORE (Renovables, Cogeneración y Residuos).
  4. Reconocimiento y retribución del «servicio» de «interrumpibilidad del consumo» que pueda aportar la industria a la gestión de la demanda. Esta medida permitiría disminuir el consumo de gas y al mismo tiempo constituir un apoyo económico para la industria.

Por una reforma (de verdad) de la regulación eléctrica

Las medidas anteriores son necesarias como medidas de choque para parar la sangría inflacionista de la economía. Pero no son óptimas. Habría que poner en marcha un proceso de reflexión para que, una vez amaine la tormenta, se puedan sentar las bases de una nueva regulación eléctrica capaz de cumplir dos funciones esenciales: evitar que se trasladen a los consumidores costes en los que no incurre el suministro eléctrico, y apoyar el proceso de transición energética en el sector eléctrico. Ambas funciones son a su vez esenciales para fortalecer la economía y conseguir, vía la electrificación, la reducción de emisiones en el resto de los sectores.

En conclusión

  1. Bajar de manera urgente el precio de la electricidad es una exigencia indeclinable porque es la llave del control de la inflación. Para ello, los precios percibidos por las centrales renovables -incluida la generación hidroeléctrica- y las centrales nucleares, debe retornar, al menos, a los niveles anteriores a la explosión de los precios del gas verificada en los meses anteriores al verano de 2021.
  2. Diseñar una reforma de la regulación eléctrica que permita que los precios del mercado revelen los costes del suministro de electricidad, debería ser la gran propuesta de España a los Estados miembros de la UE.
  3. Caer en la complacencia del éxito alcanzado en el EUCO del 26 de marzo, no actuando con firmeza sobre los precios de la electricidad, sería desperdiciar el enorme caudal político abierto, cuestión que el Gobierno español no debería permitirse.

 

 

 

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