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Stop al ajuste fiscal

 

            Voces significadas de la economía europea empiezan a hablar de la necesidad de consolidación fiscal y de reducción de deuda pública. El mensaje más destacado lo ha protagonizado Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en una línea, por cierto, diferente a la que preconiza Christine Lagarde, la presidenta del regulador europeo, con posiciones más preventivas. De Guindos subraya que se debe ir ya a políticas de contención presupuestaria y de recorte en la deuda de los países. En paralelo, el último informe de la AIReF alerta de que alcanzar las cuentas públicas en equilibrio para la próxima década requeriría un ajuste anual de 0,35 puntos: esto reduciría la ratio de deuda hasta el 80% sobre PIB en 2040. Todas estas advertencias son relevantes, y deben ser tenidas en consideración. Parten de premisas que son razonables, de entrada, pero que no pueden calibrar –como es obvio– la situación de incertidumbre en la que está sumida la economía mundial. La AIReF subraya este hecho, si bien los razonamientos se centran en algunos caeteris paribus que, reiteramos, son imprevisibles.

Recordemos. El contexto del reciente bienio no ha podido ser más tormentoso. La economía española ha conocido una sucesión de perturbaciones en los últimos dos años que han abrazado situaciones distintas, pero todas importantes por su profundidad. Los impactos de la pandemia, las dislocaciones en las cadenas globales de valor, las dificultades en los mercados de materias primas y las consecuencias de la guerra de Ucrania, son cuatro exponentes de calado al respecto. No puede explicarse de manera convincente la situación económica y social de España –incluso la política– sin esos condicionantes. Los cuatro obedecen, además, a casuísticas exógenas. Uno de los corolarios es la inflación, que va remitiendo ligeramente –poco más del 8%, tras rozar el 10% hace dos meses–, pero que sigue condicionando la evolución económica y las perspectivas de las negociaciones colectivas. Otro aspecto que no debe descuidarse es la propia evolución de la pandemia, cuyo control actual no debe eludir nuevas mutaciones del virus y, por tanto, fases de alteración sanitaria.

Ahora bien, lo que se ha podido comprobar en estas sucesivas crisis, acaecidas en estos dos años, es que la actuación del sector público ha sido crucial para contener los embates más negativos y peligrosos para las empresas y para los trabajadores. Y ello ha comportado, evidentemente, el incremento del gasto público y, por consiguiente, la tensión en las cuentas públicas, con aumentos en el déficit. La deuda, entonces, ha crecido. Todo en un complejo escenario en el que se han demandado al Estado ayudas y subvenciones desde el ámbito empresarial, sindical y social. La administración ha respondido a ese contexto, con el apoyo de la Comisión Europea, la política flexible del BCE y la propia capacidad fiscal –derivada esencialmente, no lo olvidemos, de los ingresos tributarios–. Es normal, por consiguiente, que la deuda pública haya aumentado varios puntos, hasta llegar al 118% sobre PIB. Bajar ese ratio hasta cotas cercanas al 100% o inferiores supondrá un plan de ajuste que, como indica la AIReF, debería ser gradual y –deducimos, por tanto–, en absoluto abrupto, como presumen esas voces a las que aludíamos al principio.

No obstante, las coordenadas en las que se mueve la economía española en el marco comunitario y mundial no pueden perderse de vista. La recuperación es sólida y un signo claro es el incremento en la recaudación fiscal: esto es lo que ralentiza en mayor medida, por el momento, el avance del déficit público. Una noticia positiva. Pero –de nuevo la incertidumbre– resulta difícil aventurar si esa recuperación se va a estabilizar: los cuatro factores externos que antes se enunciaban siguen marcando el diapasón de la economía internacional. Una sombra negativa. A todo ello, debe sumarse otro elemento esencial: la capacidad endógena, propia, de las administraciones españolas –la central y las autonómicas y municipales– para gestionar de manera adecuada la ingente cantidad de fondos europeos que el gobierno español ha conseguido, en direcciones concretas: la inversión –no el gasto corriente–, en colaboración público-privada, en áreas ya definidas por la misma Comisión Europea (transición energética, digitalización, lucha contra el cambio climático). Todo un desafío, que va a condicionar también el devenir de la economía.

En definitiva, y en función de todos estos datos, es prematuro poner un énfasis radical sobre las programaciones de consolidación fiscal y reducción de la deuda pública. Como lo es también apoyar con celeridad la subida de los tipos de interés. Estos instrumentos macroeconómicos se tienen en el arsenal y su aplicación debe estar sujeta a mensajes cautelosos, prudentes, sin levantar la polvareda de un ajuste fiscal severo para contentar a los mercados. Los argumentos más drásticos forman parte de las tesis más alineadas con las políticas de austeridad en Europa, que aparentan ignorar –aunque lo sepan– las consecuencias que infieren las sangrías económicas sobre los tejidos económico y social. Tales ideas se enlazan con notorias incoherencias: los defensores de tales planteamientos, que hasta hace poco reclamaban mayores compromisos de las haciendas públicas –es decir, más gasto e inversión– son los mismos que abogan por bajadas de impuestos y, a la vez, por la consolidación fiscal y la reducción de la deuda pública. Todo de manual. Pero con nula conexión con una realidad socio-económica que va más allá de los indicadores –importantes, sin duda alguna, pero no únicos– de déficit y deuda: atajar la desigualdad, los impactos mitigadores del cambio climático y los retos demográfico, tecnológico y de transición energética. Aspectos, todos ellos, sobre los que la investigación científica está aportando datos relevantes para su transferencia a las políticas públicas.

About Carles Manera

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero del Banco de España. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com

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