Una reforma, sin recortes, que sostiene más y mejores pensiones

Tras meses de estudios y negociaciones, entra en su recta final la segunda y última parte de la reforma de las pensiones. La reforma ha tenido que conseguir en paralelo el beneplácito de la Comisión Europea, y de los socios de Gobierno. La primera era reticente a una reforma que, a diferencia de la del PP en 2013, que recortaba de forma drástica y brutal el gasto en pensiones (hasta el punto de que este quedaba congelado respecto al PIB para el próximo cuarto de siglo, mientras el número de pensionistas aumentaba en seis millones, más de un 50%), se basa en presupuestos totalmente opuestos: más pensiones y mejores pensiones y mejor revalorizadas con garantía de su poder adquisitivo, requiere (1) aceptar que el gasto en pensiones deberá aumentar, y (2) que eso se tendrá que sostener con un incremento de los ingresos.

Este planteamiento mucho más progresivo y redistributivo, abre un “nuevo paradigma” en las reformas de las pensiones. En España, porque supone actuar sobre los ingresos del sistema de pensiones, algo que nunca se había hecho, para extender derechos hace poco atropellados. Y en Europa, porque demuestra un enfoque opuesto para sostener las pensiones sin recortes cuando a lo largo y ancho de su geografía muchos gobiernos optan por lo contrario.

Con toda seguridad, por todo esto la reforma no contará con el respaldo, sino con acerbas críticas, de los expertos vinculados con las entidades financieras (que son amplia mayoría debido a los medios de los que disponen para defender un negocio, el de las pensiones privadas, que solo se sostiene e impulsa sobre las rebajas de las pensiones públicas), que siempre han defendido que la respuesta es únicamente los recortes. Como tampoco de las organizaciones empresariales, enfrentadas por primera vez a una reforma de las pensiones que, en lugar de recortarlas, exige a las empresas y a las rentas más altas -salariales y no salariales- que arrimen el hombro y asuman su parte de responsabilidad, aportando más ingresos por cotizaciones para hacer frente al desafío colectivo, exclusivamente temporal y transitorio, al que se enfrenta nuestro país de la jubilación de la amplia generación del baby boom.

Todo ello, es una opción política, social y económica nueva: es un cuestionamiento frontal de la orientación general de que la sostenibilidad pasa por los recortes. Basada en el reforzamiento de los presupuestos y principios de contributividad, de solidaridad y de equidad social, en los que siempre se ha basado (aunque hace tiempo que parecían haber sido aparcados) históricamente la institución de las pensiones públicas, una de las más básicas y fundamentales del Estado Social.

Con una gran inteligencia y atendiendo a las propuestas y aportaciones que provenían de los sindicatos (que obviamente compartían ese enfoque), el Ministerio ha articulado muy bien un nuevo sistema de financiación que aporta la necesaria sostenibilidad futura a las pensiones, basado en tres grandes elementos: 1.- la elevación progresiva hasta 2050 de las Bases Máximas de cotización, que mantenían el anticuado e injustificado privilegio de que las empresas estuvieran exentas de cotizar por los salarios más elevados, 2.- una cuota de solidaridad con el sistema de pensiones para la parte restante de esos salarios que a lo largo de los próximos veinticinco años seguirán quedando fuera de las bases máximas y sin cotizar, y 3.- el ajuste al alza del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y su extensión hasta 2050, durante todo el periodo de presión de las cohortes de jubilados de la generación del baby boom, que asegura la solidaridad entre todos los participantes del sistema, con aportaciones que todos harán de acuerdo con el peso de su empleo y sus salarios.

En conjunto, la sostenibilidad del sistema de pensiones queda asegurada durante el periodo de incremento de pensionistas y de crecimiento del gasto. Esta es la forma en que el Gobierno ha conseguido el aval de la Comisión Europea a la reforma (componente 30 de las reformas del Plan de Recuperación), porque esta puede rechazarla si no garantiza la financiación a largo plazo de las pensiones, pero no puede decirle a ningún Estado Miembro que lo haga con recortes en el gasto –aunque algunos de sus tecnócratas lo prefieran- y no con mejores ingresos.

Finalmente, las subidas de ingresos por esas tres vías son tan moderadas y tan pausadas en el tiempo que no afectarán apenas al enorme margen del que disponen las empresas españolas en términos de costes laborales. Ni tampoco a la creación de empleo, que también ayudará a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin perjuicio de constituir asimismo un mecanismo de reparto, aunque muy parcial, de los incrementos de productividad esperables del sistema productivo español durante los próximos años.

En otro orden, la reforma resuelve muy adecuadamente el espinoso asunto de la elevación del periodo de cómputo de la pensión. Y lo hace incorporando un planteamiento asimismo inteligente basado en seis aspectos. Primero, que no producirá recortes de gasto en el sistema de pensiones. Segundo, que los próximos jubilados podrán conservar durante los siguientes 16 años el sistema actual. Tercero, que cada persona podrá optar libremente durante esos 16 años por el sistema que más le convenga. Cuarto, que el nuevo sistema elevará muy poco, y muy progresivamente hasta 2040, los años de cómputo (cuatro en lugar de los 10 planteados inicialmente). Quinto, que se establecerá un derecho de exclusión de los dos peores años de la vida laboral (lo que limita a dos los que efectivamente se incrementaría el periodo de cómputo a partir de 2040).

El sexto lo constituyen las medidas para reducir la brecha de género en las pensiones, sin las cuales la reforma resultaría incompleta e insuficiente, por lo que requieren una mención especial. En primer lugar, para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena se mejora sustancialmente el régimen de cobertura de las lagunas correspondiente a los meses en los que no haya existido obligación de cotizar, ampliando desde la mensualidad 49 hasta la 60 la integración actual con el 100% de la base mínima de cotización existente en cada momento. Y el porcentaje se elevará hasta el 80 por ciento desde la mensualidad 61 a la 84. Esta medida estará vigente en tanto la brecha de género sea superior al 5 por ciento. Y también se podrá aplicar a los hombres que estén en situaciones comparables. En segundo lugar, el complemento de brecha de género tendrá un incremento suplementario del 10 por ciento, adicional a la revalorización anual con el IPC, durante los años 2024-2025.

Y en tercer lugar, se plantea un importante aumento de las pensiones mínimas, que tienen una considerable repercusión sobre la brecha de género. Se establece para cumplir con una de las Recomendaciones del Pacto de Toledo una referencia objetiva para la garantía de las cuantías de las pensiones mínimas, que serán siempre superiores al 60 por ciento de la renta mediana equivalente que corresponda a un hogar compuesto por dos adultos. Entre 2024 y 2027 se revalorizarán de forma progresiva las pensiones mínimas contributivas, de forma que una persona con cónyuge a cargo alcance en 2027 el 60% de la renta mediana citada. Este esquema de subidas se extiende en la proporción actual entre las distintas pensiones mínimas, y también incrementará las pensiones no contributivas, que alcanzarán el 75% de la renta mediana en 2027. No obstante, en la medida que los complementos para las pensiones mínimas se financian con los Presupuestos Generales del Estado y no con las cotizaciones que sostienen el sistema de pensiones, sería preciso un esfuerzo mayor para cerrar estas brechas en un plazo más corto.

Todo este planteamiento global del tratamiento de las carreras de cotización más débiles ha resuelto el asunto del respaldo por parte de los socios de Gobierno a la reforma, una vez que se recoge un planteamiento garantista del periodo de cómputo de la pensión, y un inédito esfuerzo por mejorar las pensiones de las mujeres, reducir la brecha de género, y reforzar las pensiones más bajas, incluyendo un suelo mínimo que las mantenga por encima el umbral de la pobreza.

Estamos, en suma, ante uno de los asuntos más difíciles a los que se ha enfrentado este Gobierno, y que parece que va a resolver superando todos los obstáculos, dando un giro de ciento ochenta grados en la forma en que se garantiza la sostenibilidad de las pensiones durante el próximo y exigente cuarto de siglo, y abordando todo un conjunto de reformas que amplían y extienden derechos. Tanto es así, que el propio Partido Popular ha dicho que apoyará la reforma siempre que mantenga el poder adquisitivo de las pensiones… no está mal la rectificación, teniendo en cuenta que su reforma de 2013 habría producido -de no ser derogada por esta otra- los mayores recortes en las pensiones, incluyendo especialmente en su poder adquisitivo, de toda la Unión Europea.

Merece la pena hacer un comentario final sobre la coherencia de esta reforma con la del mercado laboral. Dos reformas de tal calado que pueden transformar nuestro país para muchos años. Esta, estimados lectores, es una de esas grandes reformas que merecen ser bien explicadas a todas las ciudadanas y ciudadanos.