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Creencias, impuestos, desigualdades y twits

El 30 de agosto de 2016, en el Congreso de los Diputados, el candidato a la Presidencia del Gobierno, durante la sesión de investidura, sustentó su posición sobre la política fiscal de esta forma: “el límite del déficit público és una obligación, pero sobre todo és una convicción”. Las convicciones de un candidato a presidir el gobierno nos afectan a todos, por lo que me interesé por el significado y alcance de la convicción.  El Institut d’Estudis Catalans, en su diccionario, nos dice que una convicción consiste en “creer firmemente en la verdad de ciertos principios” y que hacer creer una cosa es: “afirmarla como verdadera sin serlo”, y según el de la Real Academia Española creer significa: “tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada”.  Las creencias del candidato basándose entre otras medidas, en la reducción de impuestos, conducen a destruir servicios y prestaciones públicas, a hacer posible que los excedentes empresariales aumenten mientras la masa de retribuciones salariales se reduce, conducen en definitiva a que la riqueza en manos del 10 por ciento más rico aumente a costa de la reducción de la riqueza del 90 por ciento de la población y a que simultáneamente aumente la desigualdad, la precariedad y el riesgo de exclusión social.

No se trata de negar la importancia del equilibrio de las cuentas públicas. Se trata de que la existencia, o no, del déficit público y su dimensión, no depende de creencias, sino de qué medidas de política económica se adopten y de su oportunidad.  El déficit público como creencia se vincula de forma unidireccional a la reducción de los impuestos. Y eso también en circunstancias de ineludible aumento del gasto público que generan las políticas extraordinarias necesarias para hacer frente a la protección social y al sostenimiento económico. Son propuestas que abandonan el ámbito de la economía para instalarse en el del ilusionismo, que substituye la realidad por la apariencia. El PP, ahora sigue proponiendo una reducción simbólica a los niveles más bajos de renta para consolidar el injusto tratamiento fiscal del capital y de los niveles más elevados de renta, para evitar que el foco señale su situación injusta respecto a la obligación de contribuir según su capacidad.

Estas propuestas, son una constatación de lo inaprensible que es el tiempo, unas veces transcurre cansino y otras parece que seis años sean un segundo, es lo que ocurre ahora cuando nos proponen volver a la casilla de salida, al espacio de las creencias no contrastadas, ya recorrido entre 2011 y 2018. No hay constatación de que una reducción de impuestos haya propiciado una reducción del déficit público, la disminución de la deuda pública y mucho menos la mejora de las prestaciones, la ampliación de los servicios públicos

Feijóo resucita “el fin de la historia”: “solo ganan los que miran al futuro” y “el pasado no me interesa”. En su caso, sin la ocultación y la negación del pasado su objetivo se convertiría en una quimera. No es posible programar un viaje si no conoces el punto de partida, y la propuesta conservadora sitúa el punto de partida en la política económica anterior a 2018.  Esta política económica excluyó a la mayoría de la población y provocó intolerables niveles de precariedad y de riesgo de pobreza, solo superados en la zona euro en aquellos años por Grecia y Lituania.

Desigualdad que se observa en la predistibución de la renta nacional. Entre 2011 y 2018 la parte procedente de la retribuciones salariales disminuyó el -0,2% por ciento, pero la parte procedente los excedentes empresariales creció el 7 por ciento. Durante este período la postdistribución de la renta debida a los efectos de los impuestos, las subvenciones, etc. amplia esta desigualdad.

Saez y Zucman[1] destacan la importancia de los impuestos en la distribución de la renta: “es la institución más importante de cualquier sociedad democrática” y “la injustica fiscal es la negación de la democracia”. Los impuestos son la base del estado social que Bauman[2] define como “el que promueve el seguro colectivo, protegido por la comunidad, contra el infortunio individual y sus consecuencias y promueve la responsabilidad colectiva”. En nuestro país, durante el periodo anterior a 2018, el sistema tributario no circuló exactamente en esta dirección.

Los impuestos son un factor muy importante en la postdistribución de la renta nacional, incidiendo a través del grado de progresividad de la presión fiscal. También inciden las subvenciones, las prestaciones, las pensiones, etc., Me centraré en la evolución de los impuestos en los años anteriores a 2018.

La injusta distribución de la carga fiscal antes de 2018

La recaudación tributaria de los impuestos directos (los que están relacionados con la capacidad de pago del contribuyente) anterior a 2018 comparada con la de 2007, antes de la crisis financiera, muestra una importante transformación regresiva. En términos de euros de valor constante, la recaudación por las rentas del trabajo (IRPF menos retenciones por arrendamientos, por fondos de inversión y por capital.) se mantiene prácticamente en el mismo nivel -0,4 por ciento, mientras que la recaudación por el impuesto de sociedades y las retenciones por arrendamientos, por fondos de inversión y por capital, desciende el -39,23 por ciento.

Al contrario de lo que ocurre con la evolución de la carga fiscal sobre las retribuciones salariales, la recaudación tributaria por el Impuesto de Sociedades desciende, durante estos años el -39,65 por ciento. Reducción que el Partido Popular debe considerar insuficiente, pues propone rebajar el tipo general del impuesto de sociedades del 30 al 25 por ciento (programa electoral de 2016) así como, completar esta rebaja hasta un tipo máximo situado por debajo del 20% (programa electoral de 2019). Es paradójico que sistemáticamente presenten su política fiscal como hitos para “seguir reduciendo la fiscalidad de trabajadores y familias”.

Las recaudaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y por el Impuesto de Patrimonio, ambos cedidos a las CCAA, también experimentaron una importante disminución en su recaudación, una disminución del – 29,61 por ciento en el conjunto del Estado, pero con diferencias entre CCAA.  En Catalunya disminuyó el -30,86 por ciento y el -69,17 por ciento en la CA de Madrid.

Estos son impuestos de especial trascendencia, justifican que los ciudadanos de bajo nivel de renta también deban contribuir atendiendo a su justa capacidad de pago. Su abolición implica considerar justo que alguien que percibe el SMI y herede la vivienda en la que reside probablemente afectada por una hipoteca, tenga el mismo tratamiento fiscal que alguien que herede un patrimonio situado en los primeros lugares de la lista Forbes que establece el ranking mundial de las mayores fortunas.

La posición del Partido Popular es inequívoca, el punto 18 de su programa de gobierno de 2019 propone “suprimir el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones para las transacciones entre padres e hijos, y al resto de la familia descendiente, así como entre conyugues”. Si estos casos quedan exentos, entonces ¿a quién afectará esta figura tributaria? Solo a los que no tengan padres ni madres, ni tengan hijos, ni tengan conyugue, ni pareja de hecho, ni tengan ninguna familia descendiente. Se trata de una abolición de facto del impuesto.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) grava el consumo, es el impuesto menos progresivo y el más igualitario y también uno de los menos justos. Paga el mismo impuesto al tomar un café alguien con un contrato precario que ingresa el SMI y el directivo mejor pagado del IBEX que según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2021 correspondió a un directivo de una compañía eléctrica cuya retribución fue de casi 1.000 veces el SMI (13,2 millones de euros)

La recaudación tributaria por IVA, en términos euros de valor constante, entre 2008 y 2018 creció el 7,46 por ciento. La afectación del impuesto a los diferentes tipos de consumo fue muy diversa. Como ejemplo, durante este período, el IVA cultural medio de Francia, Alemania, Irlanda, Gracia, Italia y Portugal era del 7,75 por ciento y en España del 21%. Al revés de lo que ocurría con las embarcaciones de recreo, que para el conjunto de países citados la media era del 22 por ciento y mientras que en España era solo del 18 por ciento. Una clara diferencia de prioridades.

La dificultad de pedir esfuerzos fiscales, especialmente cuando el esfuerzo no és equitativo.

El programa electoral de 2016 del Partido Popular avala estas políticas tributarias regresivas “aunque las medidas que se adoptaron en 2012 fueron sin duda difíciles el PP decidió pedir a los españoles un esfuerzo tributario”. Apreciación cierta, salvo que es evidente, como hemos comprobado, que el esfuerzo tributario se aplicó a una parte de los ciudadanos, no a todos.

En cuanto a la dificultad y la entereza moral necesarias para tomar determinadas medidas, es oportuno recordar las palabras de Tony Judt (2010)[3] al respecto: “Actualmente nos enorgullecemos de ser lo suficientemente duros como para infligir dolor a otro. Sí aún estuviera vigente un uso más antiguo, en virtud del cual ser duro consistía en soportar dolor, no en imponérselo a los demás, quizá lo pensaríamos dos veces antes de valorar la eficacia por encima de la compasión”.

En el mismo documento de 2016: “con la ambiciosa reforma fiscal los ingresos fiscales de sector público reflejaron este cambio trascendental” en la política fiscal ”para dinamizar la inversión de capital privado”. Cambio efectivamente trascendental y focalizado en el capital, sin duda alguna.  También establece como prioridad “reducir la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos”, y reconoce que “los desafíos de la crisis, irremediablemente demandaba de los españoles un esfuerzo tributario adicional”, aunque por los resultados obtenidos la reducción de la carga tributaria y el aumento del esfuerzo fiscal, respectivamente, no iban dirigidos a los mismos ciudadanos.

No hay reducción impositiva sin desmantelamiento de prestaciones públicas.

Cuando, después de aplicar los ajustes fiscales injustos, en el mismo documento se constata que “España se ha visto obligada a sacrificar servicios públicos esenciales o sus pensiones” se admite en realidad la correlación entre reducción de ingresos tributarios y reducción de prestación de servicios públicos. Es decir, el impacto directo de las políticas fiscales en el corazón de la democracia.

A menos ingresos tributarios menos médicos, menos enfermeras i menos maestros, menos seguridad, menos ingreso mínimo vital, menos prestaciones no contributivas, más desprotección, más privatización de servicios comunitarios, …  És el precio que hemos pagado por hacer gala de ser uno de los países con menos presión fiscal de la Unión Europea. En el año 2018 el gasto sanitario público total consolidado, en términos de euros de valor constante, fue el -5,05 por ciento inferior al de 2008 y el gasto total consolidado en educación fue el -12,38 por ciento inferior al de 2007, según los datos del Ministerio de Sanidad y el de Educación.

Cuando Laffer perdió una servilleta.

Sin ánimo de establecer causalidades, los años conocidos como los treinta gloriosos, los que transcurrieron desde mediados los años cuarenta a mediados los setenta del siglo pasado, se caracterizaron por el crecimiento económico, los altos niveles de empleo, la contenida inflación, la reducción de la desigualdad y la ampliación del estado del bienestar, fueron también correlativos a sistemas impositivos altamente progresivos y con tipos marginales muy altos.  Es decir, una práctica fiscal muy alejada y contradictoria con las creencias neoliberales que nos proponen recuperar, las que hasta 2018 nos hundieron en una grave crisis social.

En Estados Unidos, Francia y el Reino Unido los tipos máximo de tributación sobre la renta alcanzaron el 81, el 89 y el 72 por ciento respectivamente[4]. En 1961 el tipo marginal del impuesto sobre sociedades en Estados Unidos se situó en el 52 por ciento.  En consecuencia, es lícito cuestionar que exista relación de causalidad directa entre la reducción de la presión fiscal, el crecimiento económico, la creación de empleo y el mantenimiento del estado del bienestar.

El año 1974 en un restaurante de Washington el economista Arthur B. Laffer[5] departiendo con Dick Cheney y Don Rumsfeld, dibujo una curva en una servilleta, curva y servilleta que se hicieron famosas, aunque hay economistas que le conceden más valor anecdótico que de teoría económica, en la que sostenía que pagar “demasiado impuesto, mata el impuesto”, argumenta que los impuestos reducen la demanda privada, que esta reducción provoca estancamiento económico, y este se traduce en menor ingreso fiscal del sector público. Es decir, el aumento de la carga fiscal reduce progresivamente la actividad económica. Ronald Reagan aplicó estos principios en California en 1978 reduciendo un 57 por ciento el impuesto sobre la propiedad. El resultado fue desastroso. Según el Cogressional Budget Office, en 1986, en California se batieron todos los récords anteriores de déficit fiscal y el impulso a la actividad recuperada representó solo una sexta parte del volumen de la rebaja fiscal. Algo similar a lo que ocurrió en España con anterioridad a 2018 como veremos más adelante.

Podemos imaginar que existió otra servilleta, y que se extravió. En esta, podríamos haber encontrado puntualizaciones, como las que hace René Passet, en el sentido de que un razonamiento que pertenece al ámbito microeconómico, que contempla acciones económicas individuales, no puede trasladarse automáticamente al ámbito macroeconómico que se ocupa de las actividades económicas agregadas y colectivas.

La proposición no contempla que los ingresos públicos procedentes de impuestos se destinan íntegramente a demanda en el sector privado, bien directamente por medio de consumos e inversiones públicas, o bien indirectamente por la demanda al sector privado derivado del consumo de quienes perciben retribuciones públicas. Los impuestos no pueden considerarse una sangría, olvidando que la demanda efectiva es la suma de la demanda privada y del gasto público.

Finalmente, como he apuntado, la comparación internacional y la nacional, no permite establecer ninguna relación entre la tasa de impuestos y el ritmo de crecimiento económico. De otra forma seria inexplicable que España, con una tasa fiscal de las más reducidas de la UE, todavía no se haya convertido en el motor económico de Europa, y este puesto lo ocupen países con tasas fiscales mucho más elevadas.

Hacienda somos todos, pero unos mucho más que otros

La relación entre la recaudación tributaria del IRPF (excepto retenciones por arrendamientos, fondos de inversión y capital) y la parte de la Renta Nacional destinada a remuneraciones salariales nos puede aproximar a la presión fiscal sobre los salarios. Esta relación que en 2008 era del 14,3 por ciento y ascendió al 17,1 por ciento en 2018.  En el mismo sentido, la recaudación tributaria procedente del Impuesto sobre el Valor Añadido ascendió del 7,3 por ciento al 8,1 por ciento de la Renta Nacional Bruta.

Ocurre justo lo contrario si se observa la evolución de la presión fiscal correspondiente al Impuesto de Sociedades. La relación entre la recaudación tributaria por el Impuesto de Sociedades y la Renta Nacional destinada a excedentes empresariales disminuyó desde el 7,1 por ciento en 2008 al 6,2 por ciento en 2018.

La debilidad fiscal y financiera causada por las creencias no contrastadas se manifiesta en la media de déficit del sector público en España que es del -5,87 por ciento entre 2012 y 2018 y casi duplica al -3,6 de media de Francia, y triplica la media de la zona euro. en el mismo período. Entre 2018 y 2021, el déficit público medio de España se ha situado en el -6,8 por ciento, seis décimas por encima del -6,2 por ciento de Francia, y el 58 por ciento superior a la media de la zona euro. No es una buena situación, pero, en cualquier caso, alejada de cuando entre 2011 y 2018 multiplicábamos por tres la tasa media de la zona euro.

La deuda pública tiene una evolución similar en los dos períodos considerados, aunque originada por causas muy diversas. Entre 2011 y 2018 la deuda pública paso del 69 por ciento del PIB al 97 por ciento, experimentando un ritmo de crecimiento similar entre 2018 y 2022TI (provisional) en que asciende al 120 % del PIB.  En términos de euros de valor constante, el crecimiento medio anual del volumen de deuda pública fue de 5,8 por ciento en el período previo a 2018 y el 5,2 por ciento, ligeramente inferior, en el periodo de 2018 a 2022 TI.

Si medimos el volumen total de deuda pública, en términos absolutos y euros de valor constante, entre 2011 y 2018 aumenta el 57,8 por ciento, 381.369 millones de euros adicionales. Entre 2018 y 2022T1 el endeudamiento se incrementa en el 23,2 por ciento y se genera un endeudamiento adiciona de 272.255 millones de euros.

El Banco de España, a principios de diciembre de 2018, confirmó que 42.590 millones de euros del crédito para salvar el sistema bancario son irrecuperables. Es decir, a partir de 2019 se convierten en deuda de todos los ciudadanos. Entre 2012 y 2017 se utilizaron 54.900 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Sociales para destinos no vinculados con la garantía del sistema de pensiones, pasando este fondo de 66.800 millones en 2011 a 6.300 millones en 2017, con un impacto considerable en la reducción de las necesidades de financiación del sector público, es decir en el endeudamiento. Una apreciable aportación a cargo de los pensionistas.

Los mimbres de la desigualdad

He comentado algunos de los mimbres que sustentaron la expansión de la desigualdad económica y social en España entre 2011 y 2018. Durante este periodo la Renta Nacional destinada a retribuciones salariales, en euros de volar constante, descendió el -0,2 por ciento frente al incremento del 7,2 por ciento experimentado por los excedentes empresariales. Incremento desigual que se traduce en una correlativa distribución de la riqueza. De tal forma que la riqueza en manos del 10 por ciento más rico de la población aumento del 51,1 por ciento del total al 55, 3 por ciento y la del 90 por ciento de la población descendió del 48,9 al 45,59 por ciento.   Esta evolución de la renta y la riqueza solo es compatible con el aumento de la desigualdad, que entre otros indicadores refleja el crecimiento de la tasa de riesgo de pobreza del 20,6 por ciento de la población en 2011 al 21,5 por ciento en 2018.

Con estos desequilibrios ha sido necesario afrontar la protección de los ciudadanos de los efectos devastadores de la pandemia, la reconstrucción económica, sanitaria y social, la integración de las cargas derivadas de los prestamos vinculados a New Generation EU, del impacto de los aumentos de los recursos energéticos y de las devastadoras consecuencias de la guerra en Ucrania.

Según el informe del Consejo Económico y Social, en las ayudas directas de los Estados previas a la UE, por su cuantía España ha sido el cuarto país respecto al total europeo, detrás de Francia, Italia y Alemania. Ha sido el primer país en cuanto a la proporción de las ayudas respecto al PIB, el 7,3 por ciento, y como paradoja el país con una presión fiscal más reducida respecto al PIB, el 34,7 por ciento.

Estas políticas no han contado con el soporte del Partido Popular. Que ha estado ausente en las subvenciones a autónomos, en el apoyo a las pimes, en los ERTES y en el plan de recuperación económica y social, y en el peor de los casos, denostando estas políticas en foros internacionales También ha estado ausente en la recuperación de la concertación laboral, en la activación de subvenciones para resistir el aumento del coste de la electricidad y por los combustibles para el transporte, en la implantación del Ingreso Mínimo Vital, en la recuperación del sistema público de pensiones, en la actualización del Salario Mínimo Interprofesional después de años de congelación, y en las medidas tomadas para hacer frente a los graves efectos de la guerra en Ucrania.

El twit ciega tus ojos

En 1935 Jerome Kern compuso la canción “El humo ciega tus ojos” y The Platters la hizo famosa.  Ahora para producir este efecto no es necesario fumar un cigarrillo, basta con un twit. Según Cornelius Castoriadis[6] “el capitalismo parece haber logrado fabricar al fin el tipo de individuo que le corresponde: uno perpetuamente distraído y zapeando de un “goze” a otro, sin memoria ni proyecto”.  Byung-Chul Han[7] dice que para este individuo “un solo twit con una noticia falsa o un fragmento de información descontextualizado puede ser más efectivo que un argumento bien fundado, los principios se sacrifican en aras a los efectos a corto plazo”.

Cuando desde el liderazgo de la oposición se sustituye la lícita expresión de la discrepancia por el calificativo “nefasto”, cuando se utilizan expresiones como “el gobierno se forra, o cuando se afirma que el Presidente del Gobierno “se queda con los euros del impuesto sobre la gasolina”. Se está mimetizando las actitudes antes descritas y abandonando el respecto a los ciudadanos que se esperaría de cualquier organización política.

 

[1] Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (2019) “El triunfo de la injusticia”

[2] Zygmunt Bauman (2011) “Daños colaterales”

[3] Tony Judt (2010) “Algo va mal”. Página 47

[4] Thoma Piketty (2019) “Capital e ideología” pagina 535, y Paul A. Samuelson (1948) “Curso de Economía Moderna” página 211

[5] Alessandro Roncaglia (2019) “La  era de la disgregación” página 274 y René Passet (2013) “Las grandes representaciones del mundo y la economía a lo largo de la historia. Del universo mágico al torbellino creador” página 994.

[6] Citado por Mar Padilla “El filosofo que prefirió ser libre a descansar” El País, 17 de abril de 2022

[7] Byung-Chul Han (2022) “Infocracia” Página 35

About Emili Ferrer Ingles

Economista, es miembro de Economistes Davant la Crisi / Economistas Frente a la Crisis / EFC Cataluña y de Federalistes d’Esquerres

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