Es la seguridad, estúpido

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La Humanidad se enfrenta con riesgos desconocidos hasta hace poco tiempo, en particular los derivados del cambio climático y de toda forma de contaminación. Gobierne quien gobierne, en nuestro país y en cualquier otro, las instituciones democráticas sólo serán respetadas por la ciudadanía si son capaces de generar la máxima seguridad posible ante dichos riesgos. Aunque todavía existan líderes políticos capaces de negar el calentamiento global –“una excusa para financiar chiringuitos progres”–, dijo con desparpajo un senador de Vox hace unos días, la evidencia creciente de sus efectos ha comportado un razonable consenso entre partidos, imprescindible para avanzar en la necesaria transición ecológica de la economía.

Y es que el cambio climático exige un enfoque multidimensional, tanto en las políticas públicas como en la actividad privada, al que no estamos aún acostumbrados, prisioneros además de la inercia de un paradigma economicista. Así, se confunden a menudo las causas con las consecuencias, y se minusvaloran las interdependencias entre ámbitos muy diferentes. Los dramáticos efectos de la DANA en el Sureste español son un buen ejemplo: hace años que se dispone de una cartografía actualizada de zonas inundables en la práctica totalidad de nuestro territorio, asociada a la previsión de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, que no se han tenido en cuenta en la planificación urbanística de pueblos y ciudades. Así, más de 700.000 personas viven en las zonas potencialmente inundables en periodos de retorno de diez años, y casi dos millones si se considera la previsión de inundación en periodo de retorno de 100 años. Una auténtica bomba de relojería que ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, y en particular en este último episodio de ‘gota fría’, mucho más intenso que los acaecidos en el último siglo.

Más de 700.000 personas viven en las zonas potencialmente inundables en periodos de retorno de diez años, y casi dos millones si se considera la previsión de inundación en periodo de retorno de 100 años. Una auténtica bomba de relojería que ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, y en particular en este último episodio de ‘gota fría’

Obviamente lo anterior vale también para las zonas próximas al mar, donde a duras penas se ha conseguido aplicar las limitaciones de construcción establecidas en la Ley de Costas, y donde la mayoría de las Comunidades Autónomas no han ejercido su potestad de ampliar dicha limitación hasta los 500 metros desde el deslinde del dominio público marítimo. De poco han servido encauzamientos o diques en presencia de lluvias tan torrenciales, así como de olas y avenidas de tamaña capacidad destructiva.

¿Qué pueden hacer las administraciones públicas para hacer frente con eficacia a fenómenos que, a causa del cambio climático, serán cada vez más frecuentes y más intensos?

En primer lugar, reconocer dicha vinculación, para que la ciudadanía sea plenamente consciente de la “emergencia climática” a la que nos enfrentamos, y la urgencia, por lo tanto, de adoptar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (cambios radicales en el modelo energético y también en el modelo alimentario y de usos del suelo), así como medidas para aumentar la seguridad y la resiliencia de los territorios y de las poblaciones más vulnerables.

En segundo lugar, incorporar el conocimiento científico más reciente en materias en las que se mantiene una aproximación unidimensional: en particular, en relación con las obras públicas y la gestión del agua. La respuesta ante las sequías y las inundaciones deben diseñarse en la perspectiva del cambio climático. Y eso significa complementar el uso prudente de las infraestructuras hidráulicas con un mayor control del consumo y de la calidad del agua, y con actuaciones de restauración de los ecosistemas –tal como mandata la Directiva Europea sobre inundaciones de 2007–. El mantenimiento de los bosques de ribera, por ejemplo, unido a la utilización de las zonas inundables sólo para tareas agrícolas, garantizan mucha más seguridad ante una crecida de los ríos que el encauzamiento de los mismos. Lo malo es que la seguridad no computa en el PIB, al contrario del hormigón…

Este artículo fue publicado el 19 septiembre en «El siglo de Europa». Se reproduce en esta WEB con autorización de la autora

About Cristina Narbona

Economista. Ministra de Medio Ambiente (2004-2008). Embajadora ante la OCDE (2008-2011). Presidenta del PSOE. Vicepresidenta primera del Senado. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

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