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¿Gobierno de Coalición? ¿Por qué no “Gobernanza Compartida”?

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La propuesta de “gobernanza compartida” del PSOE a  Unidas Podemos, consistente en abrir su incorporación a la gobernanza del Estado a través de los consejos de administración y gobierno de los órganos independientes de regulación y supervisión, ha sido recibida con cierta displicencia tanto por parte de numerosos comentaristas como por la propia Unidas Podemos. Sin embargo, esta incorporación podría materializarse a través del apoyo parlamentario del PSOE en las comisiones correspondientes del Congreso de Diputados y/o desde las competencias que correspondan al Gobierno en los nombramientos. De esta manera candidatos propuestos por UP accederían a las responsabilidades políticas correspondientes compartiendo con el Gobierno la gobernanza del Estado.

Las Autoridades independientes de competencia, de regulación y de supervisión constituyen cada una de ellas y en su conjunto parte esencial de la gobernanza de un Estado moderno. Baste mencionar algunos de estos órganos para ponderar su importancia esencial en la gobernanza de un país.

Entre los organismos independientes pueden identificarse tres bloques:

1- Los de defensa de la competencia, con funciones transversales sobre todos los sectores regulados, y los reguladores de los mercados, con funciones verticales especializadas en los mercados de los sectores estratégicos en los que se producen las transacciones de bienes y servicios esenciales. Los organismos que pertenecen a este bloque son los siguientes:

  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que integra en su seno las comisiones independientes que la precedieron antes de su creación:
    • Comisión Nacional de la Competencia (CNC)
    • Comisión Nacional de la Energía (CNE)
    • Comisión Nacional de las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual
    • Comisión Nacional del Transporte y del Sector Postal
  • El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

2- Las autoridades independientes financieras con funciones de supervisión prudencial y de supervisión de la conducta:

  • El Banco de España (BdE)
  • La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
  • El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
  • El Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria  (FROB)

3- Los organismos independientes de vigilancia y supervisión del Sector Público:

Esta es la arquitectura de los organismos de regulación y supervisión existente en España que con toda seguridad es manifiestamente mejorable. Al respecto y tentativamente, algunas consideraciones críticas se pueden avanzar en relación con los tres bloques en los que admitimos pueden clasificarse los organismos de regulación y supervisión:

– Autoridades independientes de competencia y de regulación sectorial no financieras

Por su importancia capital en la regulación de los mercados de sectores estratégicos, y vista la experiencia del funcionamiento de la CNMC, la recuperación de las Comisiones Nacionales integradas hoy en la CNMC, aparece como una exigencia de especialización y eficacia. Sobre esta cuestión se ha escrito abundantemente[i]. La Ley que creó la CNMC no obtuvo consenso político[ii].  Su reconsideración hoy sí podría obtenerla.

Por su parte, el CSN es un órgano de regulación y de supervisión de empresas privadas y públicas al que también aplican las normas de independencia, transparencia, rendición de cuentas y funcionamiento interno del resto de los organismos reguladores. Aunque no es un organismo regulador de un mercado sectorial, sus instrucciones y dictámenes sobre la seguridad nuclear tienen importancia fundamental en los costes de generación de electricidad con tecnologías nucleares y, por consiguiente, en los precios del mercado de la electricidad. Nada despreciable es, por consiguiente, la influencia de las decisiones del CSN en el mix tecnológico del sector eléctrico y, como consecuencia, en el entero mercado de la electricidad.

– Autoridades independientes financieras

La supervisión financiera presenta déficits de independencia política, en particular la DGSFP, el ICAC, la SEPBLAC y el FROB directamente dependientes del Gobierno, cuestión que plantearía problemas de coordinación con el BdE y la CNMV al compartir funciones de resolución.

También sería conveniente la revisión de las funciones de supervisión prudencial y de conducta encomendadas a cada uno de los órganos independientes de naturaleza financiera, redistribuyendo competencias que se superponen, por ejemplo,  entre el BdE y la CNMV, al mismo tiempo que se solucionaría la independencia de la DGSFP, del ICAC y del SEPBLAC  integrándolas en la CNMV.

El BdE se constituiría en la autoridad financiera prudencial única, incluyendo las actuales funciones en este ámbito desarrolladas por la CNMV y la DGSFP, así como la competencia de supervisión macro prudencial aún no desarrolladas por el Gobierno. El BdE también asumiría las actuales funciones de resolución de la CNMV y el FROB.  

– Autoridades independientes de vigilancia del sector público

Algún organismo de vigilancia del sector público, como la AEVAL, ha sido suprimido y tal vez debiera ser recuperado; otros no han llegado a ser creados como la Oficina Anticorrupción; otros podrían ser integrados en un solo organismo como la Oficina de Conflicto de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, en general cabría establecer un sistema reforzado de coordinación de estos organismos con la IGAE, la AIReF y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El papel de los organismos de regulación y supervisión

Los apuntes hasta aquí hechos sobre la arquitectura, el funcionamiento y las competencias de los organismos regulatorios –y otros más que excederían al objeto de este artículo- justificarían una baja calidad de las instituciones que en conjunto determinan la calidad de la gobernanza política, económica, social y administrativa de nuestro país. Los indicadores sobre la calidad de las instituciones españolas sitúan a España por debajo de los niveles que nos corresponderían de acuerdo con nuestro nivel de riqueza y en consecuencia por debajo de las principales economías de nuestro entorno económico. Esa baja calidad vendría determinada por un funcionamiento ineficiente de los mercados, pro­blemas de captura del regulador, prácticas clientelares, controversias y retrasos en la transposición de las directivas comunitarias, deficiencias en el cumplimiento de los compromisos presupuestarios, altas cargas administrativas, baja cultura de pago de impuestos, inestabilidad política generada por conflictos territoriales, una elevada corrupción política y empresarial…[iii]

En definitiva, si bien la arquitectura, las funciones y las competencias de los organismos reguladores y de las autoridades independientes debiera ser revisada, tal cosa no debiera poner bajo interrogantes la importancia que este conjunto de organismos tiene para la calidad de las instituciones. Al respecto el consenso político no presenta controversias; si acaso un cierto desconocimiento pudiera justificar la perplejidad que parece haber producir la propuesta del PSOE a UP sobre “gobernanza compartida”.[iv]

Merece pues la pena hacer una rápida reflexión sobre el papel que estos organismos juegan –o podrían jugar- en el gobierno y en el bienestar de la nación:

Frente a la regulación de los sectores que prestan servicios esenciales y, en particular, servicios que se prestan en red, surge continuamente la presión de las empresas reguladas a favor de la autoregulación bajo el principio de que los mercados saben discernir – y seleccionar – entre las malas prácticas empresariales y aquellas que son respetuosas con las normas y con los consumidores a través del ejercicio de una autoregulada responsabilidad social corporativa. Siguiendo el hilo de este tipo de planteamientos, el mercado acabaría imponiendo su control y convirtiendo la ética de la autoregulación en la vía de una restauración sostenida de los equilibrios. Sin embargo, la irrupción de la Gran Recesión no ha sido ajena a malas prácticas empresariales, muchas de ellas posibles por el retroceso de la intervención regulatoria de los Estados a través de sus instituciones especializadas.

Los ejemplos son numerosos y algunos se han convertido en hitos simbólicos que caracterizan el desastre: en 2001, ENRON, empresa pionera de EEUU en Responsabilidad Social Corporativa, pone al descubierto que era, en realidad, una maquinaria de especulación financiera con activos construidos desde la opacidad.  La quiebra de Lehman Brothers muestra en 2008 el fraude oculto en la comercialización universal de los activos tóxicos desde bancos reputados como “responsables” premiados por su buen gobierno. Poco después, la petrolera BP, empresa que se jactaba de sus controles internos, provoca cerca de las costas USA, uno de los mayores desastres ecológicos. En España, el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa pone de manifiesto que ocho de cada diez empresas del IBEX 35 operan en paraísos fiscales.

La reestructuración de la economía española verificada desde una deriva desregulatoria, al tiempo que se ha ido debilitando la supervisión y regulación independiente de los mercados estratégicos y de las administraciones públicas a través de su colonización por corrientes neoliberales, ha sido terreno abonado para la colusión y el avance de una mayor concentración de poder en manos de las grandes empresas o grupos de empresas que estarían encontrando menores dificultades en defender sus intereses con prácticas poco legítimas frente al interés general.

Sin embargo, de los organismos independientes de regulación y supervisión depende, en parte fundamental, la limitación del poder de los oligopolios, la eficiencia de las Administraciones Públicas y la transparencia de los asuntos públicos que hacen a los ciudadanos partícipes activos de la democracia. Piénsese en algunos ejemplos: la defensa de los consumidores; la lucha contra la corrupción; la solvencia bancaria; los precios de la vivienda como pieza clave de la estabilidad financiera; el despliegue de la economía digital; la adecuada gestión de las pensiones; el control de los precios a través de la neutralización de comportamientos abusivos; la reforma de la regulación del mercado de la electricidad; la prolongación de la vida de las Centrales Nucleares y las inversiones que les puedan ser exigidas para tal cosa; la liquidación pendiente de los Costes de Transición a la Competencia; las conexiones a la red de las nuevas centrales renovables; el desarrollo del autoconsumo; el despliegue de la movilidad eléctrica…

Organismos reguladores independientes, competentes y con control parlamentario

Una cuestión que no deja de llamar la atención, es la continua referencia crítica que se hace a la politización de los órganos reguladores confundiendo su no deseable colonización partidaria con la función política que ineludiblemente cumplen. Pareciera como que la política regulatoria tuviera que ser ajena a las opciones políticas en presencia. Pero no. La política regulatoria es política con mayúsculas y quien quiera desnudarla de su auténtica naturaleza no estará haciendo otra cosa que intentar esconder sus propias opciones políticas disfrazándolas bajo el argumento de solución “única”.  

La tarea regulatoria no es ni puede ser nunca, por definición, políticamente aséptica. No hay que confundir neutralidad partidaria con neutralidad política, ni está reñido el ejercicio de una opción política con una toma de decisión adecuadamente fundada en conocimientos especializados de carácter técnico, económico o jurídico.

La dimensión política de la regulación resulta evidente en el plano de la producción normativa o en el ejercicio de la función consultiva. Por el contrario, pudiera parecer que esa dimensión desaparece íntegramente cuando los organismos reguladores o de supervisión se limitan a aplicar la regulación o a ejercer potestades administrativas. Pero incluso aquí la dimensión política de la tarea regulatoria tampoco desaparece. En primer lugar, los organismos reguladores también tienen atribuidas importantes potestades normativas. Pero además, no cabe desconocer que, incluso cuando los reguladores se limitan a aplicar la regulación, éstos siguen ostentando amplios márgenes de decisión en cuyo ejercicio intervienen inexorable y legítimamente consideraciones u opciones de política regulatoria… que responden ¡cómo no! a las opciones que la democracia pone a disposición de la ciudadanía.

Pues bien, la dimensión política (y no sólo técnica) de la regulación económica implica que la legitimación democrática de la actividad de los organismos reguladores y de supervisión no puede surgir sólo de su indiscutible sometimiento al principio de legalidad. Por el contrario, precisa de una vinculación directa con las instituciones democráticas (Gobierno y Parlamento).

Por ello, el verdadero problema que sufren en España los organismos reguladores y de supervisión no es la “politización” sino su colonización e instrumentalización partidaria. Si a lo anterior se une la influencia –rara vez transparente- que ejercen sobre estos organismos los propios sectores económicos regulados, se comprende fácilmente el desmoronamiento de su imagen y de la confianza de la ciudadanía en su buen funcionamiento.

El nombramiento de los máximos responsables de los organismos reguladores y de supervisión, no puede tener lugar sino en sede política entre personas cualificadas y preparadas para el ejercicio del cargo. Este es el verdadero reto de los organismos reguladores (y, en general, de las instituciones independientes), pues no existe mejor garantía de independencia que la competencia profesional y la reputación contrastada de las personas elegidas.

Siguiendo el modelo que el Tratado de Lisboa ha diseñado para la designación de los jueces del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea (art. 255 TFUE[v]), cabría considerar que la designación en sede parlamentaria de los máximos responsables de los organismos reguladores y de supervisión incluya la previa evaluación de un comité de expertos que se configuraría como un comité asesor de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. La recuperación de la confianza en las instituciones es esencial para mejorar el funcionamiento de la economía[vi].

En conclusión:

Sólo desde la independencia real del Gobierno y -por encima de cualquier otra consideración- desde la independencia de las empresas reguladas, ejerciendo sus funciones especializadas con transparencia y rindiendo cuentas al Parlamento, las Autoridades independientes de competencia, de regulación y de supervisión podrán contribuir a mejorar -empezando por ellas mismas- la calidad de las instituciones que determinan la calidad de la gobernanza en todos los ámbitos de los asuntos públicos. Y desde esa doble independencia, cobra todo el sentido –si se supiera armar adecuadamente- la corresponsabilidad en la gobernanza del Estado entre las dos fuerzas políticas que en conjunto pueden garantizar la estabilidad de la legislatura sobre las bases de un programa común progresista.

Una adecuada arquitectura, en nuestro ordenamiento institucional y jurídico, de este conjunto de Autoridades Independientes, acompañada de la correspondiente revisión de sus competencias y de su funcionamiento interno, debieran constituir el primer punto de negociación en el acuerdo de investidura si efectivamente las posiciones de compartir la gobernanza del Estado es sincera entre las dos partes que deben acordar: PSOE y UP.

Y todo ello, por supuesto, con independencia de que ambas fuerzas alcancen un acuerdo programático que dé todo su alcance a las propuestas abiertas que están sobre la mesa, en particular en materia fiscal, laboral y energética que no otras, por muy importantes y necesarias que sean, teñirían de color progresista, con la intensidad requerida, la legislatura que debe iniciarse.

Solo quedaría la tercera pata que el restablecimiento de la confianza hace necesaria para que los acuerdos se cierren: las comisiones de garantías de cumplimiento del programa común cuyas funciones, composición y competencias deben ser suficientemente robustas para alejar cualquier recaída futura en la decepción o en la frustración.

A modo de epílogo

Es altamente probable que lo aquí esbozado sea excesivamente complejo para poder quedar cerrado en tiempo útil. Pero las elecciones podrían evitarse si un acuerdo de investidura fuera acompañado con el compromiso público del PSOE y de Unidas Podemos de construir, en los primeros días de la legislatura, un edificio asentado en los tres pilares que le pueden dar solidez: Programa Común; Garantías efectivas de su cumplimiento; y Gobernanza del Estado compartida desde los organismos independientes de regulación y supervisión… cuestiones las tres que tendrían potencia suficiente para restablecer la confianza perdida entre ambas formaciones… necesaria para que pueda ser posible una posterior incorporación de Unidas Podemos al Gobierno que aporte unidad, estabilidad y certidumbre.


[i] Tomás de la Quadra Salcedo Fernández del Castillo “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” Edit. Aranzadi sept. 2014

[ii] Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

[iii] http://blognewdeal.com/andrea-lucai/que-es-eso-de-la-calidad-de-las-instituciones/

[iv] http://blognewdeal.com/antonio-maudes/captura-regulatoria/

[v] https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf

[vi] https://economistasfrentealacrisis.com/propuestas-de-politica-economica-para-la-nueva-legislatura/

About Jorge Fabra Utray

Jorge Fabra Utray, Economista y Doctor en Derecho. Miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis Consejero y miembro del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear CSN (2017-19). Vocal Consejero de la Comisión Nacional de la Energía (2005-11). Presidente de Red Eléctrica de España (1988-98). Delegado del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico (1983-88). Presidente de la Oficina de Compensaciones Eléctricas OFICO (1984-87). Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1981-83).

10 Comments

  1. juan el septiembre 6, 2019 a las 8:43 am

    La gente no votó un gobierno monocolor, una primera fuerza con solo el 28 % de voto no tiene legitimidad moral para copar todo el gobierno y menos para hacerlo desde el chantaje. En las CCAA tanto derechas como izquierdas han pactado, UP esté en gobiernos donde solo ha obtenido desde 6% al 12% y sin embargo con el 14,5% se ve excluido con excusas peregrinas por el PSOE.

    La idea de utilizar como monedas de cambio instituciones que deberían ser técnicas y muy independientes muestra el sentido totalitario de Sánchez, pensando que todo es suyo, grave error el de UP y los nacionalistas apoyando una moción gratis, a quien se permite copar todo el poder con 85 diputados se cree que con 123 aún está más justificado eso.

    Respetar los resultados es:

    – Que gobierne el bloque ganador
    – Que encabece el que más votos tenga del bloque ganador
    – Que el gobierno sea más o menos proporcional a la voluntad popular entre los integrantes del bloque ganado.

    Todo lo demás es buscar argumentarios para justificar lo injustificable.

  2. antonio illescas asenjo el septiembre 6, 2019 a las 10:15 am

    tengo gran interés en conocer las condiciones que puso la CE para la entrada de España.Entiendo que la
    primera medida fue la llamada reconversiòn industrial que se llevó por delante a la industria pesada y a
    otras que desconozco.La industria siderúrgica por ejemplo,al menos la subvencionada por el Estado era
    ineficiente y no recuerdo que nunca diera beneficios,aunque quizás con nuevas inversiones hubiera llegado a ser rentable o al menos no tener pérdidas.Agradecería trataran el tema extensamente y poder
    salir de dudas.

  3. Manuel el septiembre 7, 2019 a las 12:45 am

    Lo excesivamente complejo es pretender vender la falacia de que la «gobernanza compartida» es un paso positivo para intervenir en el funcionamiento del estado cuando eso ya se daba por hecho en un gobierno de coalición.
    Lo difícil es explicar porque se excluyen a los representantes de 3.700.000 votantes de UP, españoles como los demás, de la tarea real de gobierno que representa formar parte del Consejo de Ministros.
    Ninguno de ellos ha robado, malversado o se ha corrompido. Sus títulos académicos son auténticos y no se prestan a ninguna duda y allá donde han actuado lo han hecho con transparencia y decencia.
    ¿Cuál es el problema?

  4. estebita el septiembre 7, 2019 a las 7:31 am

    un rollo teórico precioso para justificar que UP debe tragarsela, por cierto, la gobernanza que yo estudiaba cuando trabajaba en la OCDE no era una relación nominal de organismos de control y sus funciones

  5. Matias Movilla Garcia el septiembre 7, 2019 a las 9:22 am

    Me parece imprescindible la mejora de las instituciones para la regeneración democrática de nuestro país. El control de la gobernanza regulatoria me parece una gran idea para desbloquear la relación entre el PSOE y UP.
    Voy a reenviarlo a todos mis contactos para ayudar conseguir un acuerdo de Gobernanza compartida. Gracias a Economistas ante la crisis y a los autores del documento
    Matias Movilla. Abogado y profesor asociado de la Ubico.

  6. José Molina Molina el septiembre 7, 2019 a las 9:25 am

    Has abierto el debate, de una forma directa y valiente. Si valoraran estas propuestas y se desarrollasen en este sentido el sistema democrático tomaría la fuerza de que carece. Estas posibilidades si se gestionasen desde lesa visión, se comprobaría que es mas importante fortalecer las instituciones que llamamos independientes, que hoy son solo nominales, porque una institución de estas puede ser más efectiva que un ministerio.
    Ese giro en la visión de dónde está lo importante, cuando no se ve con la claridad que lo expones, es por falta de vivencias reales y seguir pensando en el dominio de parcelas de la administración, cuando lo importante es cómo configuramos un reparto de poderes para que desde el equilibrio la democracia no se nos muera. Un acierto tu aportación y deseo que se difunda y llegue a tiempo.

  7. Paula Taboas el septiembre 7, 2019 a las 10:55 am

    Ratifico completamente el fondo del articulo. Es tan evidente que el poder tiene tan variadas formas de presencia , que solamente es necesario observar cual es la familia sociologica que da amparo tecnico a organismos como los mencionados en este articulo , para comprender como la derecha, en sus variadas formas, no ha dejado de conducir a sus retoños a mantener su presencia en los lugares clave de la toma de decisiones. Y por ahi debiera empezar a hacer politicas quien se proclama portador de un nuevo estilo de acciòn politica

  8. sefer el septiembre 7, 2019 a las 5:03 pm

    A diferencia del concepto de «gobernabilidad» que se refiere a las capacidades de gobierno de los poderes públicos, el de «gobernanza» alude a la necesidad de incorporar al gobierno de la sociedad a actores extragubernamentales, provenientes del sector privado…Sector privado que, obedece a los mandatos de los grandes intereses industriales, comerciales y financieros y cuya iniciativa política se cuela a través de la sociedad civil, que en resumidas cuentas, no es otra cosa sino el mercado, es decir, las instituciones económicas, financieras, industriales que persiguen hacerse con los recursos públicos, sociales, que hasta ahora no controlaban. Se trata de sustituir un monopolio (el del Estado) por otro (el del mercado), para hacer negocio de un sector del que estaban excluidos: los servicios sociales, comunitarios y públicos, pero con el consentimiento del Estado a través de sus leyes. Es decir, el Estado no desaparece, lo que cambia es la naturaleza de su intervención. Ana María Rivas. Trabajo y pobreza. Cuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente. Ediciones HOAC. Mayo 2016. Pág.16.
    Este planteamiento lleva a lo que el mismo capitalismo neoliberal denomina el «gobierno gestor», obviamente de los intereses de las grandes corporaciones e interés financieros, comerciales y económicos. En sustitución del «gobierno redistribuidor» de la riqueza del país, de mantenimiento del Estado de Bienestar y de preservar lo público.
    Estos dos modelos se dan de bruces: el PSOE defiende el modelo de «gobierno gestor», mientras que Unidas Podemos defiende el modelo de «gobierno redistribuidor».

  9. Jorge Fabra Utray el septiembre 7, 2019 a las 5:34 pm

    En respuesta a Sefer:
    «A diferencia del concepto de «gobernanza» que se refiere a las capacidades de gobierno de los poderes públicos, el de «gobernabilidad» alude a la necesidad de incorporar al gobierno de la sociedad a actores extragubernamentales, provenientes del sector privado…Sector privado que, obedece a los mandatos de los grandes intereses industriales, comerciales y financieros y cuya iniciativa política se cuela a través de la sociedad civil, que en resumidas cuentas, no es otra cosa sino el mercado, es decir, las instituciones económicas, financieras, industriales que persiguen hacerse con los recursos públicos, sociales, que hasta ahora no controlaban. Se trata de sustituir un monopolio (el del Estado) por otro (el del mercado), para hacer negocio de un sector del que estaban excluidos: los servicios sociales, comunitarios y públicos, pero con el consentimiento del Estado a través de sus leyes. Es decir, el Estado no desaparece, lo que cambia es la naturaleza de su intervención. Este planteamiento lleva a lo que el mismo capitalismo neoliberal denomina el «gobierno gestor», obviamente de los intereses de las grandes corporaciones e interés financieros, comerciales y económicos. En sustitución del «gobierno redistribuidor» de la riqueza del país, de mantenimiento del Estado de Bienestar y de preservar lo público.
    Estos dos modelos se dan de bruces: el PSOE defiende el modelo de «gobierno distribuidor», mientras que Unidas Podemos defiende el modelo de «gobierno gestor»».

    Basta cambiar las palabras de sitio y tenemos el razonamiento al revés. En fin, me parece que los argumentos no son muy consistentes.

    La arquitectura institucional de los gobiernos de los estados modernos y desarrollados es suficientemente compleja como para liquidar las cosas de ese modo. En mi articulo he intentado explicar el papel fundamental de los organismos independientes de regulación y supervisión en la gobernanza del Estado. Estos organismos no son instrumentos de las grandes corporaciones ni de los intereses dominantes en los mercados desregulados. Son todo lo contrario: instrumentos, con la legitimidad democrática que emana del Parlamento, que tienen la función de preservar, precisamente, los intereses generales frente a la fuerza de los oligopolios.

  10. FOCUS PRESS 153-154 – Taller de Política el septiembre 12, 2019 a las 4:47 pm

    […] queden dues sortides: un acord de governança per fases entre les esquerres (Eduardo Moyano[5], Jorge Fabra, Antonio Elorza, Javier Pérez Royo,)  o la repetició electoral el 10 de […]

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