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Inflación y gasto público: ¿a dónde van nuestros impuestos?

Carles Manera. Catedrático de Historia Económica y José Pérez-Montiel. Profesor Ayudante Doctor

 

 

  1. El impacto de la inflación

Las cifras actuales de inflación son históricamente altas y pueden desatar problemas macroeconómicos graves. Las dificultades de suministros y los precios de la energía son causantes centrales, y se hicieron evidentes cuando se empezó a reactivar la economía mundial tras la pandemia. Pero tenían tendencias de fondo. Estas tendencias venían marcadas por la creciente escasez de recursos energéticos primarios: principalmente, combustibles fósiles. Éstos son recursos no renovables, se están agotando y no les hemos encontrado sustitutos viables. Tenemos aquí un problema –y un desafío– relacionado de forma directa con la transición energética.

De esta manera, el encarecimiento de la energía comporta el de prácticamente todos los productos y servicios. Un caso claro es la agricultura industrial, cuya maquinaria y transporte requieren la utilización de enormes cantidades de combustible fósil, sobre todo diésel. La subida del precio del gas también hace incrementar los precios de los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, que se producen con gas natural, lo que, de nuevo, dispara los costes de producción del sector. Al igual que la energía, los alimentos son bienes básicos que intervienen en la cadena de producción de muchísimos bienes y servicios, lo que exacerba la situación de aumento generalizado de precios.

Ese incremento de precios está teniendo consecuencias económicas no deseadas. Por un lado, va a hacer que los salarios reales caigan. Esto promoverá que disminuya la capacidad adquisitiva de los hogares, lo que reducirá el consumo y la demanda agregada. Además, las empresas españolas perderán competitividad y, por tanto, es probable que la demanda agregada también caiga por la vía de las exportaciones netas (salvo que un brutal desplome de las importaciones, fruto de la contracción del consumo, lo evite). Otro componente crucial es la inversión privada. En un contexto en el que las empresas ven reducidas sus ventas y se disparan sus costes de producción, no parece que vayan a endeudarse o utilizar recursos propios para aumentar su capacidad productiva. Más bien todo lo contrario. Nos queda, por tanto, solo una variable de demanda agregada que tire del carro: el gasto público. Sin embargo, muchos creen que ha llegado el momento de la consolidación fiscal. Se añade a esto otra vía: la reducción de los impuestos que, se indica, corregirá la inflación. Algo indemostrado en economía: un nuevo mensaje teológico que descansa sobre la fe, el dogma…y la ideología.

Ahora bien, una política precipitada de consolidación fiscal puede ser grave. La derivada más extrema –la que algunos dirigentes económicos y políticos tienen en la cabeza– infiere un retorno a la austeridad. Sus consecuencias fueron letales para la recuperación económica europea durante la Gran Recesión, con un retraso de seis años en relación a la estadounidense. Las medidas que se adopten y que supongan la contracción de la demanda agregada, en el marco de esa lógica estricta de consolidación fiscal, no tendrán efectos positivos para la recuperación saludable de la economía. Lo hemos visto, insistimos una vez más, en otras fases de la historia económica más reciente. Y ello obliga a aprender de esos ejemplos, para no cometer los mismos errores. Todo en un contexto preciso, presentado de forma alarmista: el incremento de los precios.

  1. Detener la inflación…¿bajando los impuestos?

Pero, ¿se puede frenar la inflación de alguna forma? Nos centramos en propuestas de corto plazo, de urgencia:

1) Que el BCE suba los tipos de interés y frene la compra de deuda soberana. Esto tendría sentido si la inflación fuera provocada por exceso de demanda. Pero no es el caso. Es la caída de la oferta la que está detrás de todo esto. Revertir las políticas monetarias y fiscales expansivas ahora deprimiría la demanda agregada y aumentaría el desempleo: esto no es una hipótesis teórica; ya ha sucedido en la historia económica. No perdamos nunca de vista esto: ante posiciones teoréticas, la solidez de la realidad vivida, de la trayectoria ya conocida.

2) Control de precios. En España, se aplicó al sector de la vivienda en algunas ciudades y la oferta no cayó. Un control de precios podría ser efectivo en el mercado eléctrico, así como en el de la gasolina y el diésel. El aumento de precios de estos géneros dispara los costes de producción y transporte del resto de productos, y crea una situación que no beneficia a nadie, salvo a unas pocas empresas oligopolistas.

3) Bajar impuestos. Desde las palestras de la derecha española se afirma que bajar impuestos ayudaría a frenar la inflación. El argumento es sencillo: una parte del precio que pagamos por cada producto va a impuestos; por lo que, si reducimos esa parte, el precio bajará, al menos en el corto plazo. No obstante, los investigadores Antonia Díaz Rodríguez y Luis A. Puch alertan de que las empresas energéticas podrían aprovecharse de la rebaja impositiva para apropiarse de rentas adicionales. Si esto ocurre, la rebaja tributaria servirá de poco porque es el aumento de los precios energéticos el que provoca el incremento generalizado del IPC. En paralelo, debe advertirse que tenemos un tipo impositivo medio por debajo de la media de la Unión Europea. Pero, a pesar de esto, sectores conservadores y de una economía liberal mal entendida se empeñan en seguir reduciendo los impuestos, como decíamos. Veamos: reducirlos ahora implicaría: 1) que aumentase la ratio deuda pública/PIB; o, para evitar lo primero, 2) tener que disminuir el gasto público. El gasto público español como porcentaje del PIB ya está por debajo de la media de la Unión Europea. Y, recuérdese: es una palanca fundamental. Una contracción fiscal ahora deprimiría la economía y sería el caldo de cultivo de un estallido social.

            La pedagogía fiscal debe focalizarse en dar a entender a la población qué se hace con los impuestos que devenga: qué servicios, infraestructuras e inversiones se sufragan con las declaraciones fiscales. El debate de mantenimiento, aumento o reducción de impuestos debería situarse en ese escenario: ¿para qué sirve la tributación? ¿hacia qué apartados se canaliza? Este es el tema, arrinconando la ideologización de los mensajes y la utilización populista de la cuestión.

3. ¿A dónde van los impuestos?

Empezamos a responder. Los números son claros: el grueso del gasto público es gasto social. Por ejemplo, en el año 2021 el 54,82% del gasto público total presupuestado correspondía a partidas propias del Estado del Bienestar (pensiones, prestación por desempleo, sanidad, promoción del empleo, servicios sociales y promoción social, acceso a la vivienda, y otras prestaciones económicas). Pero eso no es todo, puesto que el 16,89% del total fueron transferencias a otras administraciones públicas (principalmente comunidades autónomas, que tienen las competencias en sanidad y educación). Si se tienen en cuenta todas las administraciones públicas (Estado Central, Organismos de la Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de la Seguridad Social), tenemos que más del 60% del total del gasto público es gasto puramente social (véanse los gráficos 1 y 2).

Gráfico 1. Composición del gasto público, 2021. Grandes agregados

 

Gráfico 2. Desagregación del gasto público, 2021, en %

NOTA: las partidas que se agregan en Gasto Social son: Pensiones, Prestación por desempleo, Sanidad, Promoción del empleo, Servicios Sociales, Promoción social, Acceso a la vivienda, Otras prestaciones económicas.

FUENTE: Elaboración personal a partir de los datos de los Presupuestos Generales del Estado.

            Estas partidas están vinculadas, esencialmente, a la capacidad recaudadora, si bien una parte de los ingresos de la Hacienda puede corresponder, a su vez, al incremento de deuda pública. Por tanto, la contundencia de los datos faculta afirmar: en España, reducir impuestos implica restar capacidad al Estado –en su totalidad– para efectuar un gasto que –subrayamos de nuevo– es en buena parte social. Y eso ocurriría precisamente en un momento de escasez de recursos, dificultades económicas, racionamientos y cambios estructurales de los que saldrían más perjudicados los hogares de rentas más bajas, precisamente quienes más dependen de la labor social del gasto público. Esto es lo que urge explicar, con cifras pero con un relato propio, basado no en soflamas viscerales, sino en realidades tangibles.

            Un ejemplo más directo e ilustrativo se recoge en el gráfico 3: reside en identificar cómo se desglosa en las partidas de gasto un euro que se recauda. Porque, y esto es crucial, debe tenerse en cuenta que 1 euro que se asigna presupuestariamente –sea dónde sea– es 1 euro que previamente se prevé que sea ingresado. Si esto no se produce –por evasión fiscal o por rebaja injustificada de impuestos–, los servicios resultantes se terminarán resintiendo, sin duda alguna. Esta tautología muchas veces no se entiende correctamente, y pareciere que el dinero aparece de la nada o que todo es gratis. O que, y esto es todavía más grotesco, se puede ingresar menos al tiempo que se puede mantener el mismo gasto: multiplicación, en definitiva, de panes y peces, algo que la economía es incapaz de hacer, ni siquiera con pretendidos “milagros” económicos.

 

Gráfico 3 ¿Cómo se invierte 1 euro que se recauda?

Gasto social directoCantidad, céntimos de €
Sanidad14,7
Educación10,9
Protección social35,3
Vivienda, servicios comunitarios2,9
63,8

FUENTE: Elaboración propia a partir de un documento didáctico elaborado por la Agencia Tributaria, con datos de la Intervención General del Estado.

 

España debería llevar a cabo acciones reguladoras anti-monopolio, así como una política industrial encaminada a, en paralelo al proceso de transición a renovables, desplazar recursos productivos de los sectores altamente intensivos en el uso de energía (minería, refinería, transporte, construcción, etc.) hacia sectores poco intensivos en consumo energético (sanidad, educación, administración del Estado, trabajo social, cuidados, determinados comercios al por menor, agricultura local, etc.).

El corolario es meridiano: una subida de tipos de interés o una disminución de los impuestos terminarían siendo contraproducentes. Las políticas más efectivas –enunciadas antes– van a implicar un mayor intervencionismo del Estado en la economía y una mayor recaudación tributaria. Y no lo contrario. Porque las promesas que se dirijan a augurar efectos benefactores en la reducción de impuestos supondrán un engaño más a la población, toda vez que no inferirían mejoras en el bienestar social –al contraerse la capacidad inversora–; y tampoco controlarán a la baja la evolución de los precios. Quienes propongan eso deben advertir que esas bajadas de impuestos van a traducirse, indefectiblemente, en severas penalizaciones para el gasto social, tal y como se está viendo en algunas comunidades autónomas. Huyamos de ese humo pretendidamente milagroso. Y fiémonos de los datos y de los resultados: es lo más sensato para decidir, ya sea una opinión fundamentada…o el voto.

 

Carles Manera. Catedrático de Historia Económica

José Pérez-Montiel. Profesor Ayudante Doctor

About Carles Manera

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero del Banco de España. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com

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