Este post sobre «cambiar el modelo productivo» -coordinado por Ignacio Muro Benayas– corresponde al cuarto capitulo del documento de EFC «CUATRO AÑOS MÁS DE GOBIERNO PROGRESISTA PARA DAR UN SALTO EN LA MODERNIZACIÓN DE NUESTRA ECONOMIA»
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Es evidente que los fondos Next Generation ofrecen a España una oportunidad única para dar un salto cualitativo en su modelo productivo. Ese salto se dibujó en gran medida en los dos últimos años, pero se va a concretar en 2023 y en prácticamente toda la próxima legislatura.
El contexto sin embargo es complicado. El mundo, y en particular los países desarrollados, se preparan para conseguir ventajas comparativas en un nuevo escenario de reubicación de las cadenas de valor y de especialización productiva vinculadas a las transiciones ecológicas, digitales y demográficas. El retorno de la ley del más fuerte acentúa las tensiones geopolíticas amparadas en planteamientos proteccionistas o en discursos de “autonomía estratégica”. Los Estados se convierten en actores esenciales que refuerzan la relocalización y captación de procesos industriales antes situados en Asía y en regiones periféricas del mundo.
EEUU, China, Japón, Corea… y la UE están en esa batalla. Al tiempo que impulsa los fondos Next Generation, Bruselas permite que los países dediquen una parte de sus presupuestos nacionales a complementar ayudas a sus empresas y ciudadanos: el resultado es que Alemania (9,5 %de su PIB) Francia (6,15 PIB) o Dinamarca (6,5%) pueden multiplicar las ayudas de España, un raquítico (0,7% del PIB).
En ese contexto, es evidente que los fondos Next Generation, pierden su ventaja como ayudas compensatorias a las economías más débiles: los 140.000 M€ que recibirá España entre ayudas y créditos repartidos en 5 años, suponen un promedio anual de 2,1 % del PIB, un importe menor que las ayudas aprobadas por los países citados.
- Los sectores elegidos como palanca
El reto es inmenso y la oportunidad también. Exige a España, complementar con recursos nacionales los planes de inversión diseñados con fondos Next Generation, hasta los límites que marquen las nuevas pautas de estabilidad que defina Bruselas. Reconociendo que un mayor endeudamiento público es un tema delicado de no fácil encaje con tipos de interés crecientes.
En la medida que nuestros recursos disponibles no lleguen al nivel relativo de otros países, es evidente que es fundamental acertar en el tipo de especialización productiva al que podemos aspirar desde nuestras capacidades. Como ese dibujo lo están perfilando los diferentes PERTE un repaso rápido a sus contenidos nos ofrece la siguiente panorámica:
- Una primera línea de actuación busca captar una cuota relevante en sectores tecnológicos punteros lo que, sin duda, supondrá competir directamente con las áreas innovadoras más densas y desarrolladas de la UE. A pesar de ello, España está apostando fuerte al destinar 16.150 M€ el mayor porcentaje de los fondos públicos comprometidos, un 39%, al desarrollo de dos sectores punteros como son los chips de nueva generación en el campo de la microelectrónica y el desarrollo del hidrogeno verde.
- La segunda línea de actuación se vuelca en los sectores centrales para la transición ecológica con cuatro PERTES dirigidos al desarrollo de energías renovables, digitalización del ciclo del agua, economía circular y descarbonización. A ellas se dedican 12.452 M€, el 30% de los fondos públicos comprometidos.
- Una tercera línea busca apalancarse en los sectores industriales en los que España ha desarrollado un músculo suficiente para dar un salto cualitativo a niveles más altos. Entre ellos, destacan los PERTE del vehículo eléctrico y los que pretenden un nuevo impulso tecnológico para garantizar la sostenibilidad de los sectores aeronáutico, naval y agroalimentario que, en conjunto, absorben 7.871 M€, el 19% de los fondos públicos comprometidos.
- Una cuarta línea de inversión se centra en el desarrollo de servicios esenciales de alto valor, un nuevo tipo de palancas que se antojan determinantes para el equilibrio socio económico del próximo futuro: la nueva economía de la lengua, el desarrollo de sistemas de salud de vanguardia y los sectores vinculados a la economía social y de cuidados. En conjunto, recogen el 7% de los fondos, algo menos de 3.000 M€.
- Una última línea, no formalizada aun, se centra en el desarrollo de infraestructuras que asociamos al sector de la construcción. No es solo el desarrollo de un PERTE específico dedicado al desarrollo de una red de electrolineras para la recarga del vehículo eléctrico, ya en estudio, que reclama 1.780 M€ de recursos públicos, un 4% del total. Se echa de menos también un impulso al desarrollo de nuevos materiales de alta eficiencia energética y su conexión con el impulso a nuevas tecnologías de edificación.
Nada que objetar al diseño, aunque los pesos atribuidos a cada PERTE podrían ser otros. Se trata de un paquete de proyectos equilibrado que aborda sectores con una gran capacidad de tracción sobre las principales áreas de producción de bienes y servicios.
- ¿Un salto cualitativo en el modelo productivo?
Pero hay algo evidente: incluso acertando en los destinos, este aumento extraordinario en la dotación de recursos públicos no es garantía automática para conseguir un cambio cualitativo del modelo productivo.
Para sacudir los cimientos de un modelo productivo perezoso, en buena medida volcado en sistemas de explotación simples, con instituciones que se inhiben de sus funciones de control y poco dado a la calidad y la innovación. se necesita una sincronización de políticas muy diversas destinadas a democratizar y modernizar el funcionamiento del conjunto de la economía.
- El éxito se va a medir, en primer lugar, en su capacidad de arrastre sobre la inversión privada. Aunque cada PERTE aspira a captar el mayor importe posible, en conjunto, los 41.000 M€ de fondos públicos hasta ahora planeados, pretenden multiplicarse por 2,5 y movilizar un montante público-privado de más de 100.000 M€ hasta 2026, es decir, a lo largo de este año y los primeros tres de la próxima legislatura.
- Esa capacidad de arrastre va a definir la potencia de arranque. Pero las nuevas ventajas comparativas de nuestro modelo productivo es un reto a largo plazo que no puede descansar solo en la captación de inversores relevantes, por mucho ruido mediático que provoque la firma de cada acuerdo, ni en el “acierto” de las cupulas directivas corporativas bendecido por el asesoramiento de las grandes consultorías estratégicas.
- Los retos más importantes son organizativos y afectan por igual a la eficacia y la transparencia. Es necesario que los recursos planteados lleguen pronto a sus destinatarios para que se haga efectivo su teórico efecto arrastre. En ese camino, resulta imprescindible centralizar en un responsable cualificado el desarrollo de cada PERTE. Pero aun así, las asumidas dificultades de los Ministerios afectados para dirigir y culminar esa tarea se convierte en un déficit grave, pues va a suponer una mayor dependencia de las grandes empresas consultoras que, a su vez, anticipan el riesgo de una colusión de intereses, pues las mismas Big Four que asesoran al Gobierno están asesorando a las empresas que patrocinan cada PERTE.
- Además de servir de multiplicador de la actividad a corto plazo, transformar el modelo productivo requiere que los proyectos cuajen y se asienten a largo plazo. Y ello exige que se interioricen en las empresas y formen parte de un nuevo impulso innovador. Difícilmente empresas verticalizadas que desprecian el conocimiento interno, con un clima laboral no participativo van a crear un clima innovador.
- La inclusión en la Ley de sociedades de capital de un nuevo tipo de sociedad denominadas empresas con propósito es una oportunidad para llenarlo de contenido real, vinculando las ayudas de los PERTE. Las empresas receptoras de fondos públicos deben incorporar parámetros cuantificables para garantizar los impactos sociales y medioambientales positivos de los programas.
- Un cambio cualitativo en la gobernanza de las empresas que incorporen más contrapesos internos al primer ejecutivo es esencial. Y ello no supone, en absoluto, relajar la existencia de controles externos, esenciales para evitar prácticas corruptas en el desvío o mal uso de los fondos o la explosión de dividendos caídos del cielo. Detectar y combatir ventajas regulatorias y de cualquier tipo que dificulten la competencia pasa a ser una necesidad imperiosa.
España tiene una oportunidad única para alinear las demandas de los inversores con las exigencias de los consumidores y eso supone extender la trazabilidad de los productos al impacto sobre las personas y el medioambiente de toda su cadena de valor.
En síntesis, cambiar el MODELO PRODUCTIVO supone desarrollar un PROYECTO PAÍS que revalorice el trabajo y acabe con la precariedad, incentive la formación multidisciplinar, potencie ambientes laborales participativos, facilite la conciliación con la vida personal y la estabilidad de los proyectos vitales de los jóvenes, incluidas una vivienda digna entre otras. Esos son los retos que hay que alcanzar para acercarnos a las prácticas habituales en los entornos innovadores europeos.