Valoración los datos de la EPA del primer trimestre de 2020

LA EPA REFLEJA EL COMIENZO DE LOS EFECTOS DESTRUCTIVOS SOBRE EL EMPLEO Y LA NECESIDAD DE LIMITARLOS

NOTA PREVIA: la EPA del primer trimestre no recoge bien la influencia de las medidas de aislamiento decretadas para luchar contra la pandemia

Referencia temporal de las estimaciones de la EPA

Las estimaciones de la EPA se calculan como media de todas las semanas de cada trimestre. Las entrevistas en las que se basa están repartidas uniformemente, en este caso entre las 13 semanas del primer trimestre. Los efectos del estado de alarma sobre el empleo son apreciables a partir de la semana 11, por lo que su influencia sobre la totalidad del trimestre queda diluida.

Influencia en las clasificaciones de las personas encuestadas

• Las personas suspendidas de empleo (afectadas por un ERTE) se consideran ocupadas durante tres meses. Y por encima de ello, si continúan percibiendo al menos el 50% del salario. Las personas a las que se les ha reducido su jornada por un expediente colectivo (ERTE) también son lógicamente consideradas ocupadas aunque su jornada queda reducida.
• La imposibilidad de buscar activamente empleo (que es requisito imprescindible para ser considerado desempleado) debido al cese de muchas actividades y el confinamiento de la población, ocasiona, a su vez, una reducción de los niveles de desempleo y el trasvase de personas -que de otra forma lo serían- hacia inactivos.

Como consecuencia, entre otras, de estas circunstancias, los resultados de esta EPA se ven claramente distorsionados y no reflejan la influencia real que sobre el mercado de trabajo están teniendo las consecuencias de la epidemia del COVID 19 y de las medidas adoptadas para hacer frente a la misma. Aun así, ofrecen información muy relevante e indicios que anticipan en cierta medida lo que puede suceder a partir del segundo trimestre.

COMENTARIOS A LOS DATOS:

FUERTE CAÍDA DEL EMPLEO POR LA PRECARIEDAD Y (PARCIALMENTE) EL CONFINAMIENTO

Como se sabía –y se explica en la nota de arriba-, los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año recogen solo muy parcialmente el impacto de la Covid-19, puesto que corresponden a lo sucedido durante las trece semanas que abarca todo el período, y el comportamiento del empleo fue “normal” hasta el día 11 de marzo. Es decir, que solo se ven afectados 20 días, que en realidad quedan en poco más de una semana si se tiene en cuenta que el cuestionario pregunta por el comportamiento del entrevistado en la semana anterior a la de la Encuesta.

El resultado es que, en sus cifras principales, la EPA muestra unos resultados que se asemejan a los de un primer trimestre habitual, pero amplificando algo sus aspectos negativos. Aunque, complementariamente, sí pueden apreciarse algunos efectos derivados directamente de lo sucedido de manera específica por la gestión del empleo en los primeros días de afectación de la crisis del coronavirus.

En conjunto, cae la ocupación en 285.600 personas, y aumenta el desempleo en 121.100 personas. Con ello, el número total de ocupados se sitúa en 19.681.300, y el de personas en situación de desempleo en 3.313.000. Son, en términos comparados, unas malas cifras para un primer trimestre, las peores desde 2013, y que por tanto, a pesar de lo dicho antes, sí cabe decir que muestran ya una situación de anticipo de la intensa crisis que tomará cuerpo en los siguientes meses. Aunque en efecto los días de impacto directo de la Covid que recoge la encuesta son apenas una semana, el hecho de que los datos sean ya significativamente peores que los trimestres anteriores puede estar reflejando, además de la evidente ralentización que evidenciaba la actividad desde hacía tiempo, la intensidad de la caída del empleo en esos últimos días del período, en coherencia con lo que mostraron ya los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo (que recordemos que mostró una caída de ocupados de 898.822 personas del día 11 al 31 del mes).

En todo caso, para tener una visión más precisa de lo sucedido en materia de desempleo es necesario observar datos complementarios. De un lado, el aumento inusual del número de inactivos (+257.500, más de cien mil más que en trimestres anteriores), que posiblemente se debe a que muchas personas cayeron en situación real de desempleo, pero la EPA no los computa como tales (y sí como inactivos) debido a que no pudieron buscar activamente empleo en la semana de referencia debido al cierre de las actividades. Pero muchos de estos desempleados ocultos probablemente engrosarán la cifra de paro cuando la economía se ponga en marcha de nuevo.

De otro lado, el aumento que recoge la EPA en el número de personas afectadas por una situación de reducción parcial de actividad o la suspensión de la misma por un expediente de regulación de empleo (ERTEs), que se eleva a 562.900, cuando lo habitual es que apenas supongan unos pocos miles. Este dato muestra la relevancia de las medidas de fomento de este tipo de instrumentos de flexibilidad del empleo en momentos de crisis, paliando la pérdida definitiva de puestos de trabajo. Por ello, en gran medida, la tasa de paro solo ha aumentado seis décimas, hasta el 14,41%.

Pero, pese a este aumento de los afectados por ERTEs, los datos reflejan una pérdida de empleo superior a otros trimestres, toda ella de personas asalariadas (-286.000), mientras que el trabajo autónomo todavía aumentó (+40.400). De esa caída de empleo asalariado, el temporal se lleva la peor parte, registrando un descenso de 255.300 personas. Aunque es cierto que los primeros trimestres son estacionalmente malos para este tipo de empleo, al rescindirse los contratos extraordinarios de la campaña navideña, en esta ocasión se trata de un dato algo peor, puesto que supone el quinto peor en cualquier trimestre en los últimos quince años.

Este resultado puede estar reflejando, aunque de manera ponderada, la pérdida de empleo de la semana después a la declaración del estado de alarma, que sabemos por los datos de afiliación que fue efectivamente de carácter temporal de manera muy mayoritaria (-613.250). Por su parte, el empleo indefinido aguantó mejor, reduciéndose solo en 30.800 personas.

La reducción trimestral del empleo se aprecia tanto en el de jornada completa (-189.000) como parcial (-96.600), aunque en términos relativos es más intensa en este último (-3,3% de caída, frente a -1,1% en el caso del tiempo completo).

En definitiva, el análisis de los datos de la EPA del primer trimestre tan solo apunta el impacto sobre el empleo de la Covid-19, y habrá que esperar a la publicación de los datos del segundo trimestre, el 28 de julio, para observar mejor lo sucedido en los –esperemos- meses centrales del cierre de la actividad, que se irá reflejando en los datos de afiliación y de paro registrado mes a mes.

Con todo, lo que sí ofrecen estos datos de la EPA es el panorama en materia de empleo sobre el cual va a impactar la nueva crisis. Y esto es algo muy importante, porque retrata las carencias y debilidades de nuestro mercado laboral, que son estructurales, y que no podemos soslayar a la hora de diseñar tanto las medidas coyunturales de apoyo al empleo y las personas, como las políticas económicas y de empleo de fondo, que deben impulsar una salida de la crisis todo lo rápida que sea posible y apuntalada sobre bases más eficientes, justas y sostenibles. En este sentido, dos características son clave, y deben ser atendidas prioritariamente: la elevada precariedad del empleo existente y la dificultad para salir de la situación de desempleo de aquellos que llevan más tiempo en la misma.

La precariedad del empleo en España se está extendiendo, y cada vez adopta formas más líquidas y, en consecuencia, difíciles de atacar. Pero es preciso destacar dos fenómenos que, por su dimensión y persistencia, merecen un tratamiento urgente:

• Por una parte, la elevada temporalidad del empleo, del 25% en el primer trimestre, que obedece a una generalización del fraude en la contratación anómala en el contexto europeo, que provoca buena parte de la volatilidad del empleo en las etapas de crisis (como se está viendo de nuevo ahora), y que debe ser erradicada cuanto antes con medidas decididas, que ataquen la raíz del problema.
• De otra parte, la extensión de la involuntariedad del empleo a tiempo parcial, que afecta a más de la mitad de quienes poseen este tipo de contrato (50,9%, que son 1,4 millones de personas), y que convierte a esta importante figura contractual en un instrumento de flexibilidad laboral malsana, basado en condiciones laborales indecentes y bajos salarios.

Por su parte, el 41,5% de los desempleados (1.375.100) llevan más de un año en situación de desempleo, y el 28,1% (930.800) lleva más de dos años (paro de larga y muy larga duración), lo que constituye una de las principales vías por las cuales las personas trabajadoras caen en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, algo que con la crisis actual puede extenderse de manera dramática si no se toman las medidas adecuadas.

CONSIDERACIONES GENERALES:

LA RECUPERACIÓN DEPENDE DE LIMITAR EL HUNDIMIENTO DEL EMPELO Y DE LAS RENTAS

Dejando a un lado que la medición de la EPA en este trimestre excepcional refleja parcialmente los efectos sobre la situación laboral y de empleo del país, y que será en la Encuesta del Segundo Trimestre cuando se refleje mucho más plenamente esa realidad, la existencia de datos complementarios (como los Expedientes de Regulación Temporal o las pérdidas de Afiliados a la Seguridad Social a lo largo del mes de marzo, entre otras) permite realizar algunas consideraciones de importancia a juicio de EFC.

Primero, el confinamiento ha paralizado una parte considerable de la actividad productiva del país y, con ella, lógicamente del empleo. Alrededor de cuatro millones de personas se encuentran con su actividad laboral total o parcialmente suspendida, aunque (y eso hay que destacarlo) conservando el empleo. Las primeras medidas adoptadas han sido, en consecuencia, acertadas.

Segundo, esas medidas no han logrado impedir en su totalidad las pérdidas de empleo que, en términos netos de Afiliación a la Seguridad Social, han causado la desaparición de 919.000 empleos (ver diferentes periodos dentro del mes de marzo en el gráfico siguiente). La velocidad de destrucción de empleo, a pesar de haber sido limitada con los ERTEs y otras medidas, continúa siendo altísima y es un grave riesgo para el hundimiento de la economía, para la situación social y para la posterior recuperación.

Tercero, los efectos de la paralización de la actividad debida a la pandemia alcanzarán su cénit en el segundo trimestre, debido a la amplitud de la desaparición de la expansión estacional de la economía que se produce cada año entre abril y junio, y a las posibilidades incompletas de reincorporación en las empresas de los millones de trabajadores con ERTEs al finalizar el estado de alarma y el confinamiento.

Cuarto, las posibilidades, el coste y la velocidad de recuperación posterior de la economía y del empleo dependen, en primer lugar, de la magnitud del hundimiento previo, incluyendo especialmente el del empleo, que provoca un efecto de retroalimentación de la caída de la actividad y de la pérdida de empresas.

Quinto. Toda limitación de las pérdidas de empleo (facilitando tanto como se pueda la continuación de los ERTEs hasta que las empresas tengan capacidad de reabsorción de sus trabajadores, y limitando al máximo los despidos y la cancelación de contratos temporales, de los que ya hemos registrado cerca de un millón en tres semanas) reducirá el hundimiento económico y sus costes añadidos, y facilitará, acortará y hará menos costosa la posterior recuperación.

Sexto. Además de limitar el hundimiento, la recuperación va a depender de los niveles de actividad de las empresas y, estos, de su cartera de pedidos, que hoy se encuentra en niveles mínimos históricos. La recuperación económica y del empleo es la recuperación de la mayor parte posible de la actividad productiva, y eso dependerá de que la demanda colme en todo cuanto sea posible la actividad de las empresas.

Séptimo. Es poco probable que la demanda externa de bienes y servicios tenga capacidad para recuperar a corto plazo los niveles anteriores a la crisis. La demanda interna es la parte sobre la que puede actuar en mayor grado la política económica. Y en concreto, la parte mayoritaria y la que reacciona con mayor rapidez es la demanda de consumo de los hogares. Para ello, es imprescindible mantener cuanto sea posible los niveles de empleo y las rentas familiares, limitando al máximo y con fuertes transferencias las pérdidas de rentas de la población.

Octavo. Cuanto antes y cuanto más se pueda recuperar la actividad económica, más rápido y robusto será el “rebote” de la economía y antes se logrará limitar los efectos de la crisis sobre el inevitable desequilibrio de las cuentas públicas. En este momento resulta crucial que las medidas económicas mencionadas (salvar empleos, salvar empresas y salvar rentas) actúen con toda la intensidad posible.