La inmigración, clave del nuevo equilibrio demográfico
Este post sobre «demografía, inmigración y pensiones» en España -coordinado por Juan Antonio Fernández Cordón– corresponde al sexto capitulo del documento de Economistas Frente a la Crisis «CUATRO AÑOS MÁS DE GOBIERNO PROGRESISTA PARA DAR UN SALTO EN LA MODERNIZACIÓN DE NUESTRA ECONOMIA»
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Es hora de que la izquierda estructure sólidamente un discurso proactivo que legitime la inmigración como elemento central de la transición demográfica. Así debe reconocerse, pues, al tiempo que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y el futuro de los que ahora cotizan, permitirá sostener la población activa y el crecimiento del PIB en límites aceptables, incluso en las próximas tres décadas en las que el envejecimiento será tendencia dominante.
- Un nuevo modelo demográfico
En todos los países de la Unión Europea la fecundidad de las generaciones recientes está por debajo de los dos hijos por mujer, el mínimo que asegura el remplazo de las generaciones, situación que termina provocando una disminución de la población. Pero, en ninguno de ellos se ha producido esa disminución, ni ha sufrido la oferta de trabajo por una caída de la población en edad de trabajar. En todos los casos la inmigración ha actuado de factor equilibrador de la evolución demográfica
En España, el déficit de nacimientos, especialmente acusado desde principios de los ochenta del siglo pasado, ha sido compensado, casi matemáticamente, por un saldo migratorio positivo. El 90% del crecimiento de la población, desde principios de este siglo, se debe a la inmigración y así seguirá en el futuro según las últimas proyecciones del INE que prolongan hasta 2050 y 2072 un modelo de crecimiento demográfico basado en la inmigración. Nuestra demografía depende ahora, y seguirá dependiendo en las próximas décadas, del saldo migratorio. La baja y tardía fecundidad, si no provoca la catástrofe anunciada, sí constituye un síntoma preocupante, como reflejo de la situación que viven los jóvenes.
Es necesario emprender políticas que permitan la adaptación a este nuevo modelo, en el que los flujos migratorios juegan un papel central. Y eso significa asumir:
- Que la migración es un proceso con grandes magnitudes de entradas y salidas. En el período 2008-2021 llegaron 6,30 millones de personas y salieron 5,14 millones, lo que significa un saldo acumulado de 1,16 millones de entradas netas.
- Que tanto las entradas como las salidas están sobre todo ligadas al ciclo económico en nuestro país, aunque también influyen movimientos imprevisibles provocados por crisis episódicas (hambrunas o guerras) en los países de origen. En 2019, el año anterior a la pandemia, se produjo el mayor saldo neto positivo de 454 mil personas (750 mil entradas y 296 mil salidas) y en 2013, en plena crisis financiera, el mayor saldo neto negativo, – 251 mil personas (532 mil salidas y 280 mil entradas)
- Las salidas en momentos de crisis son, en su inmensa mayoría, de personas nacidas fuera de España, lo que indica que es la población inmigrada la que se caracteriza por una mayor movilidad, sin duda, porque, al tener menos arraigo, es más sensible al ciclo económico.
- Adaptación política a la inmigración como factor esencial de equilibrio
Una de las conclusiones derivadas de lo anterior es que España, a pesar del envejecimiento de la población, no tiene un problema demográfico y que los vaticinios catastróficos de los recortadores del gasto público no tienen soporte alguno.
Ello supone reconocer que la inmigración es absolutamente imprescindible para que nuestro país funcione. Y que rechazar la inmigración es atentar contra los intereses de España. Abandonar la defensiva y emitir mensajes claros es la mejor forma de enfrentarse a los argumentos xenófobos de la ultraderecha.
La asimilación de España como un país culturalmente complejo es algo que ya se está dando con naturalidad. Pero ello no impide dar importancia al desarrollo de una pedagogía eficaz que se centre en los aspectos más controvertidos.
Aspirar a que el flujo de llegadas sea lo más ordenado posible no garantiza la ausencia de tensiones puntuales. Lo que hay que evitar es que se desborde durante periodos sensibles la capacidad de absorción del mercado de trabajo o la capacidad de integrar debidamente a los que llegan.
La inmigración reclama políticas activas dirigidas especialmente a su integración en la sociedad. Pero hay que evitar que esas políticas singulares sean percibidas como un agravio por los que sufren la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda y soportan el progresivo deterioro de los servicios públicos esenciales como la sanidad.
- Inmigración: aportaciones y costes singulares
Las aportaciones de la inmigración son muy numerosas desde el punto de vista demográfico y económico. Por citar algunas:
- El perfil dominante de los inmigrantes es el de personas jóvenes, más que la media de la población, cuyo coste de crianza y formación ha recaído en sus países de origen. Es decir, que además de provocar un rejuvenecimiento demográfico aportan, implícitamente, ahorros en nuestros sistemas de sanidad y educación.
- Los inmigrantes, sea cual sea su nivel profesional, llegan directamente al mercado de trabajo. Es un colectivo relativamente homogéneo con una tasa de actividad que es siempre superior a la de los autóctonos, con perfiles más variados. Desde el principio contribuyen con su trabajo, primero en actividades informales, y luego, regularizados, al desarrollo de la economía.
- Hasta su arraigo, pasan sus primeros años casi sin dependientes a su cargo en los países de destino. Son activos sin pasivos. Una vez arraigados y construida una familia, su fecundidad es algo mayor que la de la población nativa.
Sin embargo, esta aportación demográfica y económica no es gratis. Son necesarias políticas y recursos que optimicen la inserción en la economía y en la sociedad españolas de los nuevos ciudadanos. Supone reducir la excesiva movilidad del colectivo inmigrado y evitar el enquistamiento de situaciones de precariedad social y laboral, nefastas para los interesados y para su aceptación por el resto de la población española. También desarrollar políticas activas específicas para los inmigrantes, por ejemplo, establecer procedimientos para captar los perfiles profesionales apetecidos, prestar una vigilancia especial de las condiciones laborales, atender sus necesidades de formación y cualificación para adaptarlas a las necesidades de nuestro sistema productivo y facilitarle el acceso a la vivienda.
- La emancipación tardía de los jóvenes, síntoma de todas las carencias
Es evidente que debe evitarse que el tratamiento singular que necesitan los inmigrantes pueda identificarse como ventajas. Y ello hace más necesario que nunca que se desarrolle una política activa de empleo para los jóvenes dotada de los recursos necesarios. Reducir el enorme paro de nuestro país, especialmente el de larga duración, es una necesidad para que no pueda ser utilizado, torticeramente o de buena fe, en políticas xenófobas.
La emancipación tardía de los jóvenes y el bajo nivel de fecundidad son los síntomas más evidentes de dos problemas sociales cronificados: la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda. Actualmente la tasa de emancipación de los jóvenes menores de 30 años es inferior al 16% (en 2008 lo hacían el 26%). La necesidad de sumar dos sueldos para sobrevivir y las enormes dificultades para conciliar la crianza de hijos con una actividad profesional, les obliga a retrasar o a renunciar al hijo que muchos desearían tener.
El cuidado de los hijos y de los dependientes sigue recayendo sobre las mujeres en una sobrecarga agotadora cuando, con cada vez en mayor proporción, tienen un trabajo remunerado a tiempo completo. Ampliar de forma decidida la oferta de guarderías públicas y gratuitas en número suficiente y de servicios sociales que atiendan la dependencia de los mayores son las únicas vías que abren formas de conciliación que permitan a las mujeres desarrollarse profesionalmente y ser económicamente autónomas, sin tener que renunciar a una familia.
- Blindar las pensiones, corregir la desigualdad de género.
Como se ha mencionado ya, desde hace más de cuarenta años la población española ha crecido sin interrupción y la proporción de personas mayores está hoy por debajo de la media de la Unión Europea. Este modelo, basado en la aportación migratoria, puede continuar en el futuro, aunque necesite aportaciones puntuales del presupuesto, en menor medida si se resuelve la precariedad del mercado de trabajo.
No podemos dejarnos convencer de que el sistema de pensiones tiene un problema de recursos, cuando la parte del PIB que va al trabajo, de donde salen las pensiones, lleva décadas disminuyendo, mientras aumenta la que se apropia el capital.
El único cambio demográfico que puede afectar al equilibrio a largo plazo de nuestro sistema de pensiones es el esperado, aunque no seguro, aumento de la esperanza de vida. Para afrontarlo, lo más adecuado es rectificar periódicamente las cotizaciones, de manera que el aumento de ingresos compense el aumento de gasto debido a la disminución de la mortalidad. Cualquier otro desequilibrio coyuntural se podrá resolver mediante la instrumentación de la compensación de déficits y superávits (hucha de las pensiones, por ejemplo) o acudiendo al endeudamiento con cargo a superávits futuros, que están asegurados si el sistema es estable (en equilibrio) a largo plazo.
En las dos próximas décadas se jubilará una oleada de cotizantes que pertenecen a las generaciones del llamado “baby-boom”, que afecta a los nacidos entre 1954 y 1976 aproximadamente. Se trata de un fenómeno coyuntural, que durará unos veinte años (poco para la adecuada gestión de un sistema de pensiones) y que, por consiguiente, no se debe tomar como pretexto para rebajar las pensiones de forma permanente.
Los que llegan ahora a la jubilación son los numerosos cotizantes de cuando el empleo era abundante en nuestro país, justo al contrario de los que ocurre ahora. Durante más de veinte años, la población activa creció más que la población mayor dependiente generando grandes excedentes del sistema de pensiones que fueron destinados a sufragar otros gastos: en particular los de sanidad, contribuyendo a aligerar la presión fiscal y de cotizaciones sobre las empresas y los particulares. Se trata de una generación, por tanto, que ha cotizado por encima de las necesidades del momento, contribuyendo por esta vía, además de con su trabajo, al aumento del Producto Interior Bruto. Como sociedad, hemos cobrado ya los efectos positivos de aquellos años y no podemos negarnos a honrar los negativos, pagando la deuda contraída con los cotizantes que ahora llegan a cobrar su pensión.
Esta situación tiene una particularidad que afecta a las mujeres y que genera una evidente desigualdad de género en el disfrute de las pensiones: se origina por la próxima llegada a la edad de jubilación de un gran número de mujeres que empezaron a trabajar a partir de la mitad de los años ochenta, cuando se produjo el auge de la actividad femenina. Se trata de un colectivo que habrá cotizado de forma insuficiente o intermitente o a tiempo parcial buena parte de su vida, sufrido la reconocida brecha salarial de género, y que, por disfrutar de una mayor esperanza de vida, vivirán más años en situación de pensionistas.
En ausencia de una discriminación positiva las jubiladas dispondrán siempre de pensiones más bajas y serían las mayores perjudicadas ante cualquier ajuste del sistema público de pensiones.
En términos generales, el sistema de pensiones ha de ser blindado, mediante la prohibición de cualquier reforma que produzca merma de las pensiones y el compromiso de, al menos, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. En particular, ninguna reforma podrá afectar los derechos ya adquiridos por los que han cotizado.
