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Recuperación económica, debilidad social

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A esta versión en castellano del articulo sigue versión en catalán. A aquesta versió en castellà, segueix versió en Català

Este artículo toma como base mis notas introductorias del Informe social: “Recuperación económica, debilidad social”, editado por la Fundación Rafael Campalans este octubre de 2018.

 

Coincidiendo con la publicación del quinto Informe Social de la Fundación Rafael Campalans, disponible en este link http://www.fcampalans.cat/uploads/activitats/pdf/informesocial.pdf, se acumulan los acontecimientos y efemérides, como es el décimo aniversario del estallido de la gran crisis que nos ha llevado a la gran mutación del sistema económico, social y también político que vivimos con angustia. También un año de cambios políticos de vértigo tanto en España como en Cataluña, con el riesgo de ruptura del Estado de Derecho en nuestro por parte de los independentistas y también con la primera moción de censura que prospera en la España democrática, que ha permitido acabar con el gobierno del Partido Popular dando paso al actual gobierno socialista. Un Gobierno que en los primeros cien días ha evidenciado que la justicia social, la regeneración democrática y la solución del conflicto catalán mediante el diálogo son sus prioridades. En este contexto, no olvidemos el objetivo que empujó la Fundación Campalans hace cinco años a iniciarlo: contribuir a fijar en la agenda social y política, mediante descripciones, análisis y propuestas, la mirada de personas expertas imprescindible mirada y acción para la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Tras meses convulsos y de incertidumbre en Cataluña, en el que se ha puesto en riesgo la convivencia y en el que el debate público sólo ha girado en torno a la cuestión nacional, nuestro mensaje es claro: respeto entre los que pensamos diferente, reconciliación tras el desgarro producido por el conflicto y reformas desde el diálogo y acuerdos de amplias mayorías. Necesitamos avanzar hacia la estabilidad política, el sentido común, la prosperidad y la justicia social. Una justicia social que, desgraciadamente, sigue desaparecida del mapa de prioridades del Govern de la Generalitat.

La lucha contra la desigualdad y por un crecimiento justo y sostenible debería ser la prioridad de cualquier gobierno. Lo es para los y las socialistas, que trabajamos para favorecer la igualdad de oportunidades para todos y luchar de manera preventiva contra la exclusión social es, sobre todo, una cuestión de voluntad política. Lo demuestran los primeros meses del Gobierno Sánchez, un Gobierno comprometido con la igualdad y los más vulnerables. Vemos ya los primeros resultados del Plan Director por un Trabajo Digno: durante el mes de agosto, más de 46.500 trabajadores han pasado de ser temporales a fijos tras el aviso de la Inspección por posible fraude. Sólo el anuncio del plan ha hecho que se conviertan en indefinidos contratos temporales. Este ejemplo como categoría de lo que significa el cambio de color al frente del gobierno de España. Un gobierno que ha llegado para volver a universalizar la sanidad, para devolver la cotización a la Seguridad Social a las cuidadoras no profesionales de la dependencia (son más de 180.000, un 90% mujeres), que crea un Alto Comisionado para erradicar la pobreza en la infancia, que promueve de nueva vivienda pública de alquiler, un gobierno mayoritariamente femenino y feminista. En resumen, un Gobierno que ha hecho de la agenda social una prioridad y que abre un camino firme de esperanza hacia la recuperación y el fortalecimiento de un modelo de bienestar de calidad en España.

Recuperación desigual, fracaso colectivo

Diez años del estallido de la crisis financiera. Hicimos rescatar bancos y ayudamos empresas con dinero de todos. La fractura, sin embargo, no se ha pagado de manera justa: han sido las clases trabajadoras las que han acabado pagando el precio más caro: los estratos más pobres de nuestra sociedad han perdido durante la crisis – entre 2008 y 20016- casi el 22% de lo que ganaban. Los que ya estaban bien antes de la crisis sólo han perdido el 7,7%. Nos dicen ahora que no recuperaremos buena parte de lo que se puso para los rescates bancarios. Lo que queremos asegurar ahora, sin embargo, es que las víctimas, sus hijos y sus nietos no seguirán cargando con todo el peso mientras que los que han salido beneficiados de la crisis siguen acumulando riqueza. Parece que hemos aprendido poco o nada y, encima, han pasado diez años y lo que antes eran retos ahora ya son riesgos ciertos: envejecimiento poblacional, cambio climático, agravamiento de la dualización social, populismo …

Sí, crece el PIB y baja el paro. Pero queremos poner el foco en la denuncia: es un fracaso colectivo que el crecimiento económico no esté llegando al conjunto de la sociedad. No podemos soportar que los beneficios se concentren en una finísima capa opulenta de la ciudadanía mientras que para el grueso del cuerpo social el panorama no mejora. La recuperación económica es tan desigual que las cifras de crecimiento del PIB avergüenzan a cualquiera que las ponga al lado del porcentaje de pobreza infantil y de pobreza laboral.

Los análisis y las conclusiones de organismos nacionales e internacionales, prestigiosos informes de ONGs y sindicatos se van sucediendo. Los gobiernos español y catalán, con sus decisiones, han contribuido a convertir la recuperación de la economía en una injusticia más para la sociedad. Al igual que la crisis no fue un desastre natural, la gestión de la salida y el panorama que nos han dejado tampoco lo es: responden a la ideología de los que han estado al frente de las instituciones. Decisiones pensando en la minoría y ausencia de decisiones para redistribuir los beneficios. La consecuencia de todo ello es clara: la piel y la estructura social que tenemos hoy y que recogemos en los diferentes capítulos de este informe nos describe una recuperación económica injusta.

Una mutación social que conlleva también una crisis de representación política. Una sociedad cada vez más dual, donde no sólo las compañías aéreas son low cost: vivimos en un país rico en el que un tercio de nuestros conciudadanos llegan a fin de mes con dificultades, en el que muchas familias los abuelos y padres ayudan a sus hijos. Hoy encontrar trabajo no es sinónimo de estabilidad. Un contrato laboral no es un salvavidas que otorgue la seguridad necesaria para vivir sin angustia. Y sin seguridad económica, tener un techo para emanciparte y un proyecto vital autónomo es simplemente una utopía.

Recuperar la confianza

Con la recuperación económica no es suficiente. Necesitamos poner las bases de un nuevo contrato entre capital y trabajo que asegure una distribución de la riqueza con justicia social. Necesitamos gobiernos fuertes y cámaras legislativas que, de manera responsable, legislen en beneficio de todos y todas. Debemos actuar para movilizar los recursos necesarios para contrarrestar las desigualdades sociales y garantizar la sostenibilidad del planeta.

Antes del estallido de la crisis vivíamos de crédito sin ser muy conscientes. Explotó la burbuja y con ella el contrato social que nos dio décadas de bienestar. Se rescató con dinero de todos los ciudadanos un sector privado que ha sido y sigue siendo irresponsable e insensible a la situación de la sociedad a la que sirve. Y ahora, con una economía que crece mientras seguimos con tasas de pobreza y desigualdad insoportables, se ha roto la base de cualquier contrato: la confianza. La confianza en el futuro, la confianza en lo colectivo, la confianza en las instituciones… Restablecer certezas, seguridades, construir de nuevo desde la estabilidad: este es el difícil ejercicio que tenemos por delante en un mundo que, además, se convulsiona por cambios globales del todo disruptivos, como lo son los cambios de la globalización, y los retos de la demografía y la tecnología.

La propuesta del Informe social

Este año, con la selección de textos que ofrecemos hemos querido ampliar las temáticas a tratar. Nuestra voluntad ha sido ir más allá del análisis del gasto público y la medida de la desigualdad, incorporando en esta quinta edición del informe tres balances – económico y social, del proceso y del estado de la igualdad de género en nuestro país-. Se incluye también un nuevo capítulo sobre ingresos y gasto y su distribución en el que queremos que algún día se convierta en un estado federal, así como una mirada sobre desigualdades a nivel europeo. Superada la fase de recortes presupuestarios y la bajada de ingresos públicos, se hace imprescindible retomar el análisis y propuestas sobre los cambios profundos que se están produciendo y los que no hemos dedicado suficiente esfuerzo a entender para incorporarlos en la agenda pública.

Los capítulos de esta edición del Informe social van saltando de escala de Cataluña a España, a Europa y al mundo. El tablero se ha movido y la conciencia que hace falta observar y actuar local y globalmente es ya una práctica imprescindible. Hemos querido empezar por una mirada a las desigualdades dentro de casa, las que tienen que ver con la inclusión social. También hacemos una mirada, con muchas propuestas a las diferencias territoriales dentro de España y cómo distribuir poder y riqueza, así como una mirada a las disparidades que existen entre los diferentes estados europeos.

Desigualdades dentro de Europa: acelerador de euroescepticismo

La tendencia europea es la misma que en el conjunto de España y en Cataluña: hay recuperación económica a la vez que hay grandes desigualdades entre países y dentro de los países. Sólo con la cesión de soberanía hacia un proyecto europeo que otorgue protagonismo a los instrumentos federales de dirección económica y haga del pilar europeo de derechos sociales la respuesta europea para promover la justicia social para igualar las condiciones sociales entre los diferentes estados y dentro de los estados haremos posible de nuevo el fortalecimiento del modelo social europeo. Necesitamos también, además de la decisión de los gobiernos de los estados y regiones, un diálogo y concertación social real y robusto a nivel europeo: sindicatos fuertes y organizaciones empresariales representativas y responsables. Hacer posible el acceso a los derechos de ciudadanía y mejores salarios con trabajos más dignos no es una reivindicación táctica: conseguirlo o no determinará bien un modelo social y una gobernanza democrática, bien un conflicto social y un populismo en expansión.

¿Y en España? Urge una hacienda federal

Es bien conocida la diferencia entre nosotros y la media europea en cuanto al porcentaje del gasto público respecto al PIB. Se ha ido moviendo siempre por debajo alrededor de seis u ocho puntos porcentuales. Esto ha hecho que nuestro Estado del Bienestar, especialmente en algunos capítulos críticos competencia de las Comunidades Autónomas como es la educación, la infancia, la familia y la vivienda quedaran muy lejos de las inversiones de la mayor parte de los estados europeos con consecuencias para nuestro desarrollo como sociedad. Aunque entre 2002 y 2009 hubo un crecimiento importante de la inversión pública en los capítulos sociales, la llegada de la crisis y su gestión supuso, no solo un estancamiento en el crecimiento, incluso un retroceso.

Aunque el nivel de desigualdad entre la población de cada comunidad autónoma es en general superior al nivel de desigualdades entre territorios, una buena reforma del sistema de financiación autonómica puede ser un motor de reducción de desigualdades sociales en España, haciendo corresponsables de los ingresos y gastos a los diferentes niveles de administración y garantizando, al mismo tiempo, suficiencia económica para las competencias transferidas de manera común.

La necesidad de la reforma del sistema de financiación es una de las más importantes que hacer, y aún pendiente. Añadiríamos aquí que, para el próximo Informe social esperamos poder analizar el sistema fiscal para poder hacer propuestas para su reforma. Tanto la reforma del modelo de financiación autonómica como la fiscal serán decisivas para la recuperación de nuestros servicios públicos, del Estado del Bienestar.

En 2017 en Cataluña: el descalabro de la DUI la reconducción de la situación con secuelas

Hemos comprobado que los graves hechos del otoño de 2017 pasaron factura a la economía catalana, aunque la activación del artículo 155 de la Constitución Española recondujo rápidamente la situación. La incertidumbre que marcó los meses de más confrontación ha sido absorbida en un corto lapso temporal por el tejido económico. Eso sí, Cataluña se encuentra hoy en una situación peor que hace un año: ha habido una fuga de tejido financiero y empresarial, un descenso del consumo, del turismo y de la inversión extranjera como consecuencia del autoritarismo antidemocrático de las jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento y la Declaración Unilateral de Independencia hecha en dos tiempos.

Ahora, y con los datos y también las previsiones hechas por la propia Generalitat, nos damos cuenta de que estamos dejando de ser locomotora económica de España, los datos del AIReF confirman que Cataluña ha perdido dinamismo si lo comparamos con la evolución del resto de comunidades autónomas españolas. Este año creceremos, pero no lo haremos mucho más que el resto de CCAA, como había ocurrido hasta ahora.

Dualidad social

La Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE a finales de julio, los datos que encontramos en el IDESCAT y las encuestas del CEO nos muestran la situación social de nuestro país. Un país en el que un 23,8%, es decir 1.753.500 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Recordemos que la tasa AROPE, que es de donde sale esta cifra, es el índice europeo que mide la pobreza monetaria, la participación en el mercado laboral y la privación material. También el 23,7% de la población reconoce tener dificultades para pagar los gastos derivados de la vivienda. El mismo capítulo da los datos que confirman que sigue existiendo una importante brecha de clase social en los resultados académicos de nuestros jóvenes, lo que hace muy difícil la movilidad social. Y si esto no fuera suficiente, hay que recordar también que, más allá del sistema público de pensiones que sigue siendo el más potente para reducir las desigualdades, el resto del sistema de protección social ha perdido capacidad redistributiva el último año. Una sociedad con una alta debilidad social, a pesar de los buenos datos macroeconómicos.

Una sociedad en la que la vulnerabilidad social ha desaparecido de las prioridades políticas desde que llegaron los gobiernos independentistas a la Generalitat: Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más ha sufrido los recortes sociales y también la que más tiempo está tardando en corregirlas. El balance social es muy decepcionante: llevamos ocho años reclamando unas inversiones imprescindibles para una sociedad que se empobrecía mientras se producían los recortes. Ahora, el Gobierno ni está ni nadie la espera. De nuevo, la esperanza viene de las primeras decisiones tomadas por el Gobierno Sánchez y las propuestas que contiene el plan de gobierno del ministerio que encabeza María Luisa Carcedo.

Y dualidad laboral

Hacemos una mirada a la población y también a la situación del trabajo en Cataluña para poder complementar la mirada social con la fuerza laboral con la ayuda imprescindible del presidente de la Fundación Utopía, Francesc Castellana que, a pesar de no participar en un capítulo concreto del Informe, nos ayuda a realizar el análisis de la situación del mercado laboral.

Sintetizando mucho: más allá de las reformas laborales que se suceden desde 2012, que tanto hemos ido analizando en los Informes sociales, y el descalabro social de la crisis económica y los déficits estructurales de nuestra economía, se ha producido un exilio (este sí) económico, una disminución importante de la renta disponible de las familias fruto del paro y la precarización de las relaciones laborales así como un envejecimiento de la población acompañado de la reducción de la población de 16 a 64 años. Estamos, sin lugar a dudas, de un riesgo demográfico: la cifra de población en Cataluña en los últimos 12 años ha crecido un leve 2%, pero el análisis por franjas de edad revela una distribución absolutamente anómala de este crecimiento. Las franjas jóvenes caen un 14% en el mismo periodo, las franjas maduras crecen un 20% y las edades pasivas lo hacen en un 21%. Un total de 340 mil personas, dejando de lado valoraciones actuariales de mortalidad, se incorporarían como clases pasivas durante los próximos 20 años.

En cuanto al comportamiento del paro, comprobamos una vez más que la fortaleza del vínculo con el mercado laboral condiciona por encima de todo el trabajo y su calidad. El paro se ha concentrado en las personas con vínculos más débiles en el mercado de trabajo: personas no asalariadas, y las asalariadas con contratos temporales y, a tiempo parcial. En Cataluña sufren más los ajustes de la crisis las personas asalariadas con bajos y medios niveles formativos, mientras que las personas con titulaciones superiores aumentan el empleo y su peso relativo en el conjunto. A diferencia de la fase de calentamiento previa a la crisis, donde había un efecto llamada en el mercado laboral a jóvenes sin estudios, los datos nos demuestran ahora que la formación vuelve a ser un activo para acceder y mantenerse en el mercado laboral. El tejido productivo cambia estructuralmente con la digitalización, la industria 4.0, las concentraciones empresariales, la internacionalización y la relocalización.

Al riesgo demográfico hay que sumar el riesgo de modelo productivo. La evolución estadística por franjas de asalariados en el mismo periodo que vemos en los gráficos superiores nos indica que hemos perdido una fuerza laboral de casi 200 mil personas. También comprobamos que la persona tipo que ha sido expulsada del mercado tiene una de cualificación profesional baja o elemental o incluso con cierta cualificación profesional en industria y construcción y con un contrato de asalariado preferentemente ordinario, con un nivel de formación bajo o elemental.

Al mismo tiempo, vemos que la persona tipo que ha sido contratada en este periodo se dedica al sector servicios y preferentemente en contratos de asalariado no ordinario. También detectamos un movimiento esperanzador, como es la contratación de personas con perfil técnico y profesiones científicas o intelectuales con un contrato de asalariado preferentemente ordinario.

Y, en último lugar, vemos que el peso de los trabajadores con estudios superiores ha resistido mejor el periodo de recesión, aumentando su participación porcentual en el total de asalariados.

No quisiéramos terminar esta mirada a la fuerza laboral sin recordar que el desempleo de larga duración aumenta de forma preocupante por encima del 50% del desempleo. Una preocupación aún más grave si recordamos la bajada del nivel de cobertura del sistema de prestaciones que esperamos que se revierta rápidamente con el apoyo de las fuerzas parlamentarias a las propuestas del nuevo Gobierno. Cabe destacar que las mujeres, en pleno momento de recuperación económica, no vemos reducir el paro al igual que los hombres.

El mercado de trabajo tiene un comportamiento cada vez más dual por capas: mientras unas, las más formadas y más vinculadas al conocimiento, crecen, las otras menos cualificadas y con ocupaciones amenazadas por la digitalización ven disminuir su peso relativo en el conjunto del empleo.

Las desigualdades en la infancia y la juventud, cuestión de estado

A la dualidad social y laboral hay que añadir la profundización de las desigualdades que por razón de edad llevó la crisis y que se han consolidado después de ella. La inversión pública en políticas dirigidas específicamente a la infancia y juventud se han hundido durante la crisis y están lejos de recuperarse tras años de bonanza económica. La Comisión Europea traslada a España, uno de los países con los niveles más altos de pobreza infantil, el muy limitado progreso alcanzado. Como si los gobiernos no fueran conscientes de la trascendencia de garantizar igualdad de oportunidades desde la pequeña infancia, se mantienen inversiones del todo insuficientes y un débil impacto de las políticas sociales en la reducción de las situaciones de pobreza en nuestro país. ¿Qué nos dice el balance de la crisis en este colectivo? Los niños hijos de las familias más humildes han perdido mucho más que el resto. La crisis se ha cebado especialmente con la infancia de familias vulnerables. Han sido y son las principales víctimas de esta crisis. Habría que añadir también la poquísima capacidad de coordinación entre diferentes niveles administrativos así como la fragmentación y el ineficiente sistema de servicios y prestaciones económicas de carácter social. Como puede ser aunque las familias con ingresos medios y altos tengan ayudas más generosos que los que están en riesgo de exclusión?

Desde el primer Informe social hemos apostado por la promoción de las políticas y los derechos de la infancia. En todas las ediciones hemos dedicado al menos un capítulo a describir, denunciar y también hacer propuestas sobre las necesarias mejoras dirigidas a la infancia vulnerable. Por ello, para todas las personas que hacemos posible el Informe ha sido una muy buena y esperanzadora noticia saber que los niños en España cuentan desde junio con un Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

El presente ya es de las mujeres

El primer Informe social hizo un balance de las desigualdades de género. En medio de la crisis, las reivindicaciones de las mujeres habían ido quedando relegadas. Este año, sin embargo, las mujeres se han organizado, han salido a la calle y hemos sido capaces de situar de nuevo las reclamaciones de género al frente de la agenda política: la violencia machista, la brecha salarial, la libertad sexual, la mirada feminista a la judicatura, en la conciliación con nuestra vida laboral y personal, en la participación política y social. Se ha hecho mucho camino y queda mucho por hacer. Nada de lo conseguido es para siempre si no se continúa con la defensa de cada una de las conquistas y, lo que es más importante, haciendo los cambios educativos y culturales necesarios para construir una verdadera sociedad feminista.

… y el futuro depende de la solidaridad intergeneracional

El modelo social que queremos se basa en la justicia social. Y hacer realidad la justicia social, más allá de escribir palabras que pueden parecer vacías, significa pasar a la ofensiva ante tres riesgos que tenemos diagnosticados desde hace mucho pero que no hay manera de afrontarlos con rigor para falta de voluntad política de los gobiernos catalán y español de los últimos años. Nos lo jugamos todo si no acertamos en las decisiones.

En primer lugar, es clave tomar en serio la formación de nuestros jóvenes y la formación a lo largo de la vida. Según el éxito que tengamos en la definición, gestión y gobernanza de la formación profesional en nuestro país, podremos hablar de éxito en el futuro del trabajo vez en términos cuantitativos (cuántas personas trabajarán) como cualitativos (en el que trabajarán). El cambio tecnológico sólo es posible si hacemos las inversiones necesarias para tener las personas formadas para llevarlo a cabo. Podemos tener los mejores planes para mejorar la eficiencia energética de los edificios, pero si no tenemos los técnicos necesarios para materializarlos no haremos nada. Todavía nos faltan más personas tituladas de formación profesional y hacer muchos cambios para que se rebajen tasas tan preocupantes como es el hecho de que uno de cada dos matriculados de los ciclos formativos de grado medio abandonen los estudios hoy en Cataluña.

Justicia social significa también que las generaciones que han contribuido a la sociedad actual y han hecho posible el bienestar presente, criando a sus hijos y trabajando, tengan la certeza de que el trabajo de nuestros hijos y sus contribuciones sociales nos permitirán tener una jubilación cuando ya no podamos seguir trabajando. El sistema público de pensiones está cuestionado desde hace tiempo y con él el modelo de Estado del Bienestar que hemos construido en democracia. Pero no debemos olvidar que de nosotros depende que sea sostenible: La mayoría social que defiende el sistema público de pensiones debe poder articularse en el Pacto de Toledo. El principal escollo es político, no técnico. Al fin y al cabo, forma parte del contrato social como se reparte la riqueza que genera una sociedad. Contrarrestar el poder económico de los grupos empresariales globales que aspiran a gestionar el volumen de dinero de los sistemas de la Seguridad Social de los diferentes países, así como llegar a acuerdos que hagan posible hacer frente al reto demográfico y el cambio tecnológico será también una demostración de que el futuro el construimos colectivamente.

Ojalá este fuera el último Informe social que publicamos desde la Fundación. Esto querría decir que, al igual que en España, en Cataluña ha habido también un cambio de agenda, un golpe de timón que ha dejado atrás la política gesticulativa y que se pone a trabajar en lo que es propio de un gobierno: gobernar para resolver problemas y no dejar un país bloqueado que lo fía todo a la llegada a Ítaca.

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Versió en Català

Recuperació econòmica, feblesa social

Eva Granados, Llicenciada en ciències polítiques i membre de Economistes Davant la Crisi (EFC Catalunya), es directora de l’Informe social de la Fundació Rafael Campalans, ès portaveu del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar al Parlament de Catalunya, secretària de l’Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social del PSC.

Aquest article pren com a base les meves notes introductòries de l’Informe social. Recuperació econòmica, debilitat social, editat per la Fundació Rafael Campalans aquest octubre de 2018.

Coincidint amb la publicació del cinquè Informe Social de la Fundació Rafael Campalans, disponible en aquest link http://www.fcampalans.cat/uploads/activitats/pdf/informesocial.pdf, s’acumulen els esdeveniments i efemèrides, com és el desè aniversari de l’esclat de la gran crisi que ens ha portat la gran mutació del sistema econòmic, social i també polític que vivim amb angoixa. També un any de canvis polítics de vertigen tant a Espanya com a Catalunya, amb el risc de ruptura de l’Estat de Dret a casa nostra per part dels independentistes i també amb la primera moció de censura que prospera en l’Espanya democràtica, que ha permès acabar amb el govern del Partit Popular donant pas a l’actual govern socialista. Un Govern que en els primers cent dies ha evidenciat que la justícia social, la regeneració democràtica i la solució del conflicte català mitjançant el diàleg són les seves prioritats. En aquest context, no oblidem l’objectiu que va empènyer la Fundació Campalans fa cinc anys a iniciar-lo: contribuir a fixar a l’agenda social i política, mitjançant descripcions, anàlisis i propostes, la mirada de persones expertes imprescindible mirada i acció per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats.

Després de mesos convulsos i d’incertesa a Catalunya, en què s’ha posat en risc la convivència i en què el debat públic només ha girat entorn a la qüestió nacional, el nostre missatge és clar: respecte entre els que pensem diferent, reconciliació després de l’esquinçament produït pel conflicte i reformes des del diàleg i acords d’àmplies majories. Necessitem avançar cap a l’estabilitat política, el sentit comú, la prosperitat i la justícia social. Una justícia social que, malauradament, continua desapareguda del mapa de prioritats del Govern de la Generalitat.

La lluita contra la desigualtat i per un creixement just i sostenible hauria de ser la prioritat de qualsevol govern. Ho és per als i les socialistes, que treballem per afavorir la igualtat d’oportunitats per a tothom i lluitar de manera preventiva contra l’exclusió social és, sobretot, una qüestió de voluntat política. Ho demostren els primers mesos del Govern Sánchez, un Govern compromès amb la igualtat i els més vulnerables. Veiem ja els primers resultats del Pla Director per un Treball Digne: durant el mes d’agost, més de 46.500 treballadors han passat de ser temporals a fixos després de l’avís de la Inspecció per possible frau. Només l’anunci del pla ha fet que es converteixin en indefinits contractes temporals. Aquest exemple com a categoria del que significa el canvi de color al capdavant del govern d’Espanya. Un govern que ha arribat per tornar a universalitzar la sanitat, per retornar la cotització a la Seguretat Social a les cuidadores no professionals de la dependència (són més de 180.000, un 90% dones), que crea un Alt Comissionat per eradicar la pobresa en la infància, que promou de nou habitatge públic de lloguer, un govern majoritàriament femení i feminista. En resum, un Govern que ha fet de l’agenda social una prioritat i que obre un camí ferm d’esperança cap a la recuperació i l’enfortiment d’un model de benestar de qualitat a Espanya.

Recuperació desigual, fracàs col·lectiu

Deu anys de l’esclat de la crisi financera. Vàrem rescatar bancs i vàrem ajudar empreses amb diners de tots. La fractura, però, no s’ha pagat de manera justa: han estat les classes treballadores les que han acabat pagant el preu més car: els estrats més pobres de la nostra societat han perdut durant la crisi – entre 2008 i 20016- gairebé el 22% del que guanyaven. Els que ja estaven bé abans de la crisi només han perdut el 7,7%. Ens diuen ara que no recuperarem bona part del que es va posar per als rescats bancaris. El que volem assegurar ara, però, és que les víctimes, els seus fills i els seus nets no seguiran carregant amb tot el pes mentre que els que han sortit beneficiats de la crisi continuen acumulant riquesa. Sembla que hem après poc o res i, a sobre, han passat deu anys i el que abans eren reptes ara ja són riscos certs: envelliment poblacional, canvi climàtic, agreujament de la dualització social, populisme…

Sí, creix el PIB i baixa l’atur. Però volem posar el focus en la denúncia: és un fracàs col·lectiu que el creixement econòmic del que ens vantem no estigui arribant al conjunt de la societat. No podem suportar que els beneficis es concentrin en una finíssima capa opulenta de la ciutadania mentre que per al gruix del cos social el panorama no millora. La recuperació econòmica és tan desigual que les xifres de creixement del PIB avergonyeixen a qualsevol que les posi al costat del percentatge de pobresa infantil i de pobresa laboral.

Les anàlisis i les conclusions d’organismes nacionals i internacionals, prestigiosos informes d’ONGs i sindicats es van succeint. Els governs espanyol i català, amb les seves decisions, han contribuït a convertir la recuperació de l’economia en una injustícia més per a la societat. Igual que la crisi no va ser un desastre natural, la gestió de la sortida i el panorama que ens han deixat tampoc no ho és: responen a la ideologia dels que han estat al capdavant de les institucions. Decisions pensant en la minoria i absència de decisions per redistribuir els beneficis. La conseqüència de tot plegat és clara: la pell i l’estructura social que tenim avui i que recollim en els diferents capítols d’aquest informe ens descriu una recuperació econòmica injusta.

Una mutació social que comporta també una crisi de representació política. Una societat cada cop més dual, on no només les companyies aèries són low cost: vivim a un país ric en què un terç dels nostres conciutadans arriben a final de mes amb dificultats, en què a moltes famílies els avis i pares ajuden a fills i nets. Avui trobar feina no és sinònim d’estabilitat. Un contracte laboral no és un salvavides que atorgui la seguretat necessària per viure sense angoixa. I sense seguretat econòmica, tenir un sostre per emancipar-te i un projecte vital autònom és simplement una utopia.

Recuperar la confiança

Amb la recuperació econòmica no és suficient. Necessitem posar les bases d’un nou contracte entre capital i treball que asseguri una distribució de la riquesa amb justícia social. Necessitem governs forts i cambres legislatives que, de manera responsable, legislin en benefici de tots i totes. Hem d’actuar per mobilitzar els recursos necessaris per contrarestar les desigualtats socials i garantir la sostenibilitat del planeta.

Abans de l’esclat de la crisi vivíem de crèdit sense ser-ne gaire conscients. Va explotar la bombolla i amb ella el contracte social que ens va donar dècades de benestar. Es van rescatar amb diners de tots un sector privat que ha estat i continua sent irresponsable i insensible a la situació de la societat a la qual serveix. I ara, amb una economia que creix mentre seguim amb taxes de pobresa i desigualtat insuportables, s’ha trencat la base de qualsevol contracte: la confiança. La confiança en el futur, la confiança en allò que és col·lectiu, la confiança en les institucions… Restablir certeses, seguretats, construir de nou des de l’estabilitat: aquest és el difícil exercici que tenim per davant en un món que, a més, es convulsiona per canvis globals del tot disruptius, com ho són els canvis de la globalització, i els reptes de la demografia i la tecnologia.

La proposta de l’Informe social

Aquest any, amb la selecció de textos que us oferim hem volgut ampliar les temàtiques a tractar. La nostra voluntat ha estat anar més enllà de l’anàlisi de la despesa pública i la mesura de la desigualtat, incorporant en aquesta cinquena edició de l’informe tres balanços – econòmic i social del procés i de l’estat de la igualtat de gènere al nostre país-. S’inclou també un nou capítol sobre ingressos i despesa i la seva distribució en el que volem que algun dia esdevingui un estat federal, així com una mirada sobre desigualtats a nivell europeu. Superada la fase de retallades pressupostàries i la baixada d’ingressos públics, es fa imprescindible reprendre l’anàlisi i propostes sobre els canvis profunds que s’estan produint i als que no hem dedicat suficient esforç a entendre per incorporar-los a l’agenda pública.

Els capítols d’aquesta edició de l’Informe social van saltant d’escala de Catalunya a Espanya, a Europa i al món. El tauler s’ha mogut i la consciència que cal observar i actuar localment i global és ja una pràctica imprescindible. Hem volgut començar per una mirada a les desigualtats dins de casa nostra, les que tenen a veure amb la inclusió social. També fem una mirada, amb moltes propostes a les diferències territorials dins d’Espanya i com distribuir poder i riquesa, així com una mirada a les disparitats que hi ha entre els diferents estats europeus.

Desigualtats dins d’Europa: accelerador d’euroescepticisme

La tendència europea és la mateixa que al conjunt d’Espanya i a Catalunya: hi ha recuperació econòmica al mateix temps que hi ha grans desigualtats entre països i dins dels països. Només amb la cessió de sobirania cap a un projecte europeu que atorgui protagonisme als instruments federals de direcció econòmica i faci del pilar europeu de drets socials la resposta europea per promoure la justícia social per igualar les condicions socials entre els diferents estats i dins dels estats farem possible de nou l’enfortiment del model social europeu. Necessitem també, a més de la decisió dels governs dels estats i regions, un diàleg i concertació social real i robust a nivell europeu: sindicats forts i organitzacions empresarials representatives i responsables. Fer possible l’accés als drets de ciutadania i millors salaris amb treballs més dignes no és una reivindicació tàctica: aconseguir-ho o no determinarà bé un model social i una governança democràtica, bé un conflicte social i un populisme en expansió.

I a Espanya? Urgeix una hisenda federal

És ben coneguda la diferència entre nosaltres i la mitjana europea pel que fa al percentatge de la despesa pública respecte el PIB. S’ha anat movent sempre per sota al voltant de sis o vuit punts percentuals. Això ha fet que el nostre Estat del Benestar, especialment en alguns capítols crítics competència de les Comunitats Autònomes com és l’educació, la infància, la família i l’habitatge quedessin molt lluny de les inversions de la major part dels estats europeus amb conseqüències per al nostre desenvolupament com a societat. Tot i que entre el 2002 i el 2009 va haver-hi un creixement important de la inversió pública en els capítols socials, l’arribada de la crisi i la seva gestió va suposar

Tot i que el nivell de desigualtat entre la població de cada comunitat autònoma és en general superior al nivell de desigualtats entre territoris, una bona reforma del sistema de finançament autonòmic pot ser un motor de reducció de desigualtats socials a Espanya, fent corresponsables dels ingressos i despeses als diferents nivells d’administració i garantint, alhora, suficiència econòmica per les competències transferides de manera comuna.

La necessitat de la reforma del sistema de finançament és una de les més importants a fer, i encara pendent. Afegiríem aquí que, per al proper Informe social esperem poder analitzar el sistema fiscal per tal de poder fer propostes per a la seva reforma. Tant la reforma del model de finançament autonòmic com la fiscal seran decisives per a la recuperació dels nostres serveis públics, de l’Estat del Benestar.

El 2017 a Catalunya: del daltabaix de la DUI a la reconducció de la situació amb seqüeles

Hem comprovat que els greus fets de la tardor del 2017 van passar factura a l’economia catalana, tot i que l’activació de l’article 155 de la Constitució Espanyola va reconduir ràpidament la situació. La incertesa que va marcar els mesos de més confrontació ha estat absorbida en un curt lapse temporal pel teixit econòmic. Això sí, Catalunya es troba avui en una situació pitjor que fa un any: hi ha hagut una fugida de teixit financer i empresarial, una davallada del consum, del turisme i de la inversió estrangera com a conseqüència de l’autoritarisme antidemocràtic de les jornades del 6 i 7 de setembre del 2017 al Parlament i la Declaració Unilateral d’Independència feta en dos temps.

Ara, i amb les dades i també les previsions fetes per la mateixa Generalitat, ens adonem que estem deixant de ser locomotora econòmica d’Espanya, les dades de l’AIReF confirmen que Catalunya ha perdut dinamisme si ho comparem amb l’evolució de la resta de comunitats autònomes espanyoles. Enguany creixerem, però no ho farem molt més que la resta de CCAA, com havia passat fins ara.

Dualitat social

L’Enquesta de Condicions de Vida publicada per l’INE a finals de juliol passat, les dades que trobem a l’IDESCAT i les enquestes del CEO ens mostren la situació social de casa nostra . Un país en el que un 23,8%, és a dir 1.753.500 persones es troben en risc de pobresa o exclusió social. Recordem que la taxa AROPE, que és d’on surt aquesta xifra, és l’índex europeu que mesura la pobresa monetària, la participació al mercat laboral i la privació material. També el 23,7% de la població reconeix tenir dificultats per pagar les despeses derivades de l’habitatge. El mateix capítol dóna les dades que confirmen que segueix existint una important bretxa de classe social en els resultats acadèmics dels nostres joves, fet que fa molt difícil la mobilitat social. I si amb això no n’hi hagués prou, cal recordar també que, més enllà del sistema públic de pensions que continua sent el més potent per reduir les desigualtats, la resta del sistema de protecció social ha perdut capacitat redistributiva el darrer any. Una societat amb una alta debilitat social, tot i les bones dades macroeconòmiques.

Una societat en què la vulnerabilitat social ha desaparegut de les prioritats polítiques des que van arribar els governs independentistes a la Generalitat: Catalunya ha estat la comunitats autònomes que més ha patit les retallades socials i també la que més temps està trigant en corregir-les. El balanç social és molt decebedor: portem vuit anys reclamant unes inversions imprescindibles per a una societat que s’empobria mentre es produïen les retallades. Ara, el Govern ni està ni ningú l’espera. De nou, l’esperança ve de les primeres decisions preses pel Govern Sánchez i les propostes que conté el pla de govern del ministeri que encapçala Maria Luisa Carcedo

I dualitat laboral

Fem una mirada a la població i també a la situació del treball a Catalunya per poder complementar la mirada social amb la força laboral amb l’ajut imprescindible del president de la Fundació Utopia, Francesc Castellana que, tot i no participar en un capítol concret de l’Informe, ens ajuda a realitzar l’anàlisi de la situació del mercat laboral.

Sintetitzant molt: més enllà de les reformes laborals que se succeeixen des del 2012, que tant hem anat analitzant al llarg dels Informes socials, i el daltabaix social de la crisi econòmica i els dèficits estructurals de la nostra economia, s’ha produït un exili (aquest sí) econòmic, una disminució important de la renda disponible de les famílies fruït de l’atur i la precarització de les relacions laborals així com un envelliment de la població acompanyat de la reducció de la població de 16 a 64 anys. Estem davant, sense cap mena de dubte, d’un risc demogràfic: la xifra de població a Catalunya en els darrers 12 anys ha crescut un lleu 2%, però l’anàlisi per franges d’edat revela una distribució absolutament anòmala d’aquest creixement. Les franges joves cauen un 14% en el mateix període, les franges madures creixen un 20% i les edats passives ho fan en un 21%. Un total de 340 mil persones, deixant de banda valoracions actuarials de mortalitat, s’incorporarien com a classes passives durant els propers 20 anys.

Pel que fa al comportament de l’atur, comprovem una vegada més que la fortalesa del vincle amb el mercat laboral condiciona per sobre de tot el treball i la seva qualitat. L’atur s’ha concentrat en les persones amb vincles més febles en el mercat de treball: persones no assalariades, i les assalariades amb contractes temporals i, a temps parcial. A Catalunya pateixen més els ajustos de la crisi les persones assalariades amb baixos i mitjans nivells formatius, mentre que les persones amb titulacions superiors augmenten l’ocupació i el seu pes relatiu en el conjunt. A diferència de la fase d’escalfament prèvia a la crisi, on hi havia un efecte crida al mercat laboral a joves sense estudis, les dades ens demostren ara que la formació torna a ser un actiu per accedir i mantenir-se al mercat laboral. El teixit productiu canvia estructuralment amb la digitalització, la indústria 4.0, les concentracions empresarials, la internacionalització i la relocalització alhora.

Al risc demogràfic cal sumar-hi el risc de model productiu. L’evolució estadística per franges d’assalariats en el mateix període que veiem als gràfics superiors ens indica que hem perdut una força laboral de quasi 200 mil persones. També comprovem que la persona tipus que ha estat expulsada del mercat té una de qualificació professional baixa o elemental o fins i tot amb certa qualificació professional en indústria i construcció i amb un contracte d’assalariat preferentment ordinari, amb un nivell de formació baix o elemental.

Al mateix temps, veiem que la persona tipus que ha estat contractada en aquest període es dedica al sector serveis i preferentment en contractes d’assalariat no ordinari. També detectem un moviment esperançador, com és la contractació de persones amb perfil tècnic i professions científiques o intel·lectuals amb un contracte d’assalariat preferentment ordinari.

I, en últim lloc, veiem que el pes dels treballadors amb estudis superiors han resistit millor el període de recessió, augmentant la seva participació percentual en el total d’assalariats.

No voldríem acabar aquesta mirada a la força laboral sense recordar que la desocupació de llarga durada augmenta de forma preocupant per sobre del 50% de la desocupació. Una preocupació encara més greu si recordem la baixada del nivell de cobertura del sistema de prestacions que esperem que es reverteixi ràpidament amb el suport de les forces parlamentàries a les propostes del nou Govern. Cal remarcar que les dones, en ple moment de recuperació econòmica, no veiem reduir l’atur igual que els homes.

El mercat de treball té un comportament cada cop més dual per capes: mentre unes, les més formades i més vinculades al coneixement, creixen, les altres menys qualificades i amb ocupacions amenaçades per la digitalització veuen disminuir el seu pes relatiu en el conjunt de l’ocupació.

Les desigualtats en la infància i la joventut, qüestió d’estat

A la dualitat social i laboral cal afegir-hi l’aprofundiment de les desigualtats que per raó d’edat va portar la crisi i que s’han consolidat després d’ella. La inversió pública en polítiques adreçades específicament a la infància i joventut s’han enfonsat durant la crisi i estan lluny de recuperar-se després d’anys de bonança econòmica. La Comissió Europea trasllada a Espanya, un dels països amb els nivells més alts de pobresa infantil, el molt limitat progrés assolit. Com si els governs no fossin conscients de la transcendència de garantir igualtat d’oportunitats des de la petita infància, es mantenen inversions del tot insuficients i un dèbil impacte de les polítiques socials en la reducció de les situacions de pobresa al nostre país. Què ens diu el balanç de la crisi en aquest col·lectiu? Els infants fills de les famílies més humils han perdut molt més que la resta. La crisi s’ha acarnissat especialment amb la infància de famílies vulnerables. Han estat i son les principals víctimes d’aquesta crisi. Caldria afegir-hi també la poquíssima capacitat de coordinació entre diferents nivells administratius així com la fragmentació i l’ineficient sistema de serveis i prestacions econòmiques de caràcter social. Com pot ser encara que les famílies amb ingressos mitjans i alts tinguin ajuts més generosos que els que estan en risc d’exclusió?

Des del primer Informe social hem apostat per la promoció de les polítiques i els drets de la infància. En totes les edicions hem dedicat com a mínim un capítol a descriure, denunciar i també fer propostes sobre les necessàries millores adreçades a la infància vulnerable. Per això, per a totes les persones que fem possible l’Informe ha estat una molt bona i esperançadora notícia saber que els infants a Espanya compten des del juny amb un Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil.

El present ja és de les dones

El primer Informe social va fer un balanç de les desigualtats de gènere. Enmig de la crisi, les reivindicacions de les dones havien anat quedant relegades. Enguany, però, les dones s’han organitzat, han sortit al carrer i hem estat capaces de situar de nou les reclamacions de gènere al capdavant de l’agenda política: la violència masclista, la bretxa salarial, la llibertat sexual, la mirada feminista a la judicatura, en la conciliació amb la nostra vida laboral i personal, en la participació política i social. S’ha fet molt de camí i queda molt per fer. Res de tot allò aconseguit és per sempre si no es continua amb la defensa de cadascuna de les conquestes i, el que és més important, fent els canvis educatius i culturals necessaris per construir una veritable societat feminista.

… i el futur depèn de la solidaritat intergeneracional

El model social que volem es basa en la justícia social. I fer realitat la justícia social, més enllà d’escriure paraules que poden semblar buides, vol dir passar a l’ofensiva davant de tres riscos que tenim diagnosticats des de fa molt però que no hi ha manera d’afrontar-los amb rigor per manca de voluntat política dels governs català i espanyol dels darrers anys. Ens ho juguem tot si no encertem en les decisions.

En primer lloc, és clau prendre’s seriosament la formació dels nostres joves i la formació al llarg de la vida. Segons l’èxit que tinguem en la definició, gestió i governança de la formació professional al nostre país, podrem parlar d’èxit en el futur del treball tant en termes quantitatius (quantes persones treballaran) com qualitatius (en què treballaran). El canvi tecnològic només és possible si fem les inversions necessàries per tenir les persones formades per dur-lo a terme. Podem tenir els millors plans per millorar l’eficiència energètica dels edificis, però si no tenim els tècnics necessaris per materialitzar-los no farem res. Encara ens falten més persones titulades de formació professional i fer molts canvis perquè es rebaixin taxes tan preocupants com és el fet que un de cada dos matriculats dels cicles formatius de grau mig abandonin els estudis avui a Catalunya.

Justícia social vol dir també que les generacions que han contribuït a la societat actual i han fet possible el benestar present, criant els seus fills i treballant, tinguin la certesa que la feina dels nostres fills i les seves contribucions socials ens permetran tenir una jubilació quan ja no puguem seguir treballant. El sistema públic de pensions està qüestionat des de fa temps i amb ell el model d’Estat del Benestar que hem construït en democràcia. Però no hem d’oblidar que de nosaltres depèn que sigui sostenible: La majoria social que defensa el sistema públic de pensions ha de poder articular-se en el Pacte de Toledo. El principal escull és polític, no tècnic. Al cap i a la fi, forma part del contracte social com es reparteix la riquesa que genera una societat. Contrarestar el poder econòmic dels grups empresarials globals que aspiren a gestionar el volum de diners dels sistemes de la Seguretat Social dels diferents països així com arribar a acords que facin possible fer front al repte demogràfic i el canvi tecnològic serà també una demostració que el futur el construïm col·lectivament.

Tan de bo aquest fos l’últim Informe social que publiquem des de la Fundació. Això voldria dir que, igual que a Espanya, a Catalunya hi ha hagut també un canvi d’agenda, un cop de timó que ha deixat enrere la política gesticulativa i que es posa a treballar en allò que és propi d’un govern: governar per resoldre problemes i no pas deixar un país bloquejat que ho fia tot a l’arribada a Ítaca.

About Eva Granados

Eva Granados, Licenciada en Ciencias Políticas y miembro de Economistes Davant la Crisi (EFC Cataluña), es Directora del Informe social de la Fundació Rafael Campalans, portavoz del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar en el Parlamento de Cataluña y secretaria del Área de Política Institucional, Económica y Social del PSC.

2 Comments

  1. E. López el noviembre 13, 2018 a las 7:56 pm

    Tristemente, por más que se airee que el sistema público de pensiones es sostenible, la realidad es que para este ejercicio el Estado ha tenido que conceder a la Seguridad Social un préstamo de 13.830 millones y, como hoy ha sido anunciado por el Gobierno, se va a disponer de 3.000 millones del Fondo de Reserva (que terminó 2017 con un saldo de 8.095 millones).
    Como la Administración Central acabará 2018 con déficit (según los objetivos aprobados por el Gobierno el pasado 20 de Julio), al igual que el año que viene y el siguiente, el dinero prestado a la Seguridad Social (junto con el prestado en 2017 que fueron otros 10.192 millones) para atender las pensiones, más los que tendrá que prestarle en el futuro se financiarán con Deuda Pública y esa es la herencia (¡¡¡deudas a pagar!!!) que, en demostración de solidaridad, dejaremos a las generaciones (algunas hoy no pueden opinar) que nos seguirán.
    Urge que se empiece a tomar medidas y a hacer modificaciones sustanciales en el sistema y no declaraciones vacías (más datos en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2018/09/15/pensiones-y-estabilidad-presupuestaria-situacion-a-corto-plazo/)

  2. E. López el noviembre 14, 2018 a las 1:05 pm

    Tristemente, por más que se airee que el sistema público de pensiones es sostenible, la realidad es que para este ejercicio el Estado ha tenido que conceder a la Seguridad Social un préstamo de 13.830 millones y, como hoy ha sido anunciado por el Gobierno, se va a disponer de 3.000 millones del Fondo de Reserva (que terminó 2017 con un saldo de 8.095 millones).
    Como la Administración Central acabará el ejercicio con déficit (según los objetivos aprobados por el Gobierno el pasado 20 de Julio), al igual que el año que viene y el siguiente, el dinero prestado a la Seguridad Social (junto con el prestado en 2017 que fueron otros 10.192 millones) para atender las pensiones, más los que habrá que prestar en el futuro es la herencia (¡¡¡deudas a pagar!!!) que, en demostración de solidaridad, dejaremos a las generaciones que nos seguirán.
    Urge que se empiece a tomar medidas y a hacer modificaciones sustanciales en el sistema y no declaraciones vacías (más datos en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2018/09/15/pensiones-y-estabilidad-presupuestaria-situacion-a-corto-plazo/).

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