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Viejos y jóvenes: la solidaridad intergeneracional funciona.

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Acaba de publicarse un libro[1] escrito por un autoproclamado “boomer”[2] en colaboración con una joven de la generación Z, que lleva un título muy explícito y muy en el estilo de exageración un tanto faltona al que nos tienen ahora acostumbrados los políticos de la derecha: La juventud atracada. El supuesto robo a los jóvenes lo cometen, en esta ocasión, nada menos que los viejos, para engrosar sus ya generosas pensiones. Curiosamente, el libro llega a la misma conclusión que ha defendido el autor a lo largo de toda su vida profesional: hay que recortar las pensiones públicas. Es un ejemplo reciente pero no es ninguna novedad: recortar las pensiones ha sido el objetivo de muchas de las reformas que se han llevado a cabo desde la transición democrática, con la notable excepción de la que el gobierno actual está poniendo en marcha. Fue el claro objetivo de la última reforma en contra de nuestro sistema público de pensiones, aprobada en 2013 sin concertación, gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba entonces el Partido Popular. Una reforma concebida por un Grupo de Expertos, casi todos ligados a la Banca o las Compañías de Seguros, una de cuyas medidas estrella limitaba sine die la revalorización anual de las pensiones públicas a un mísero 0,25% anual. De no haberse derogado, por el gobierno actual, lo esencial de esta ominosa reforma, el recorte a cada pensionista hubiese alcanzado aproximadamente el 40% durante sus siguientes veinte años.

Para justificar los recortes, se ha puesto de moda ampararse en la defensa de los jóvenes frente a los voraces viejos, precisamente por aquellos que promueven las políticas económicas y sociales directamente responsables de la penosa situación de esos jóvenes, como la precariedad laboral, o no cuestionan un mercado inmobiliario dominado por la especulación. Los mismos que rechazan la existencia de la lucha de clases, por considerarla una antigualla, están dispuestos a explicar casi todo por la lucha de edades. Se parte de una obviedad para extraer una conclusión errónea: los boomers que ahora se jubilan poseen más patrimonio y gozan de ingresos más estables, y más elevados en algunos casos, que los jóvenes. Como en todo el mundo, en España también, por lo general, los mayores, después de una larga vida laboral, si siguen activos, llegan a tener mejores trabajos que los más jóvenes, y ya jubilados disfrutan de una pensión pública decente, si han cotizado lo suficiente. Aunque esto es solo válido en promedio, porque hay muchos viejos que tienen que subsistir con la pensión mínima (738 euros mensuales en 2023, en 14 pagos, incluyendo la revalorización del 8,5%), con una pensión de viudedad o con una pensión no contributiva, mientras que otros, altos ejecutivos de la Banca o de grandes empresas, disponen de fondos de pensiones de varias decenas de millones de euros. De la misma manera, según en qué familia nazcan, algunos jóvenes se presentarán en el mercado de trabajo en las mejores condiciones, cargados de másteres carísimos, y recibirán ayuda de sus mayores para acceder a una vivienda, mientras otros habrán tenido que dejar pronto el colegio para intentar encontrar un trabajo precario y mal pagado, y tendrán que seguir viviendo en casa de sus padres. La idea de que la edad constituye la divisoria social que explica las verdaderas desigualdades entre, por un lado, los jóvenes “atracados” y, por el otro, los viejos empeñados en despojar a los jóvenes, es -además de una manera de atacar el sistema público de pensiones, que resulta inadmisible- una forma de negar o de minimizar las diferencias entre ricos y pobres y la explotación de los que solo disponen de su trabajo para ofrecer en el mercado.

1- Las políticas solo favorecen a los viejos porque estos dominan electoralmente debido a su creciente peso demográfico: FALSO

La tesis de los que promueven este urdido conflicto intergeneracional es que el peso de los electores mayores explica la preferencia por las políticas que favorecen a estos últimos. Con independencia del grado de participación electoral de cada grupo de edad, lo esencial será su peso demográfico. Al orientar el gasto público hacia los viejos, los políticos estarían intentando fidelizar un electorado cada vez más numeroso, sacrificando a los jóvenes, cuyo número va disminuyendo. Según esta visión, los viejos votarían solo en función de sus intereses inmediatos, importándoles poco o nada, el futuro de la economía, menos el del planeta y sin ninguna consideración por los problemas que sufren los jóvenes. Al contrario, los intereses de los jóvenes están orientados al progreso económico, al avance del conocimiento y a la preservación de nuestra Tierra. En esta guerra, por urnas interpuestas, hay buenos y malos.

El problema con esta forma de ver nuestro sistema democrático es que no se corresponde ni mínimamente con la realidad. En primer lugar, no es cierto que todos los gobiernos solo se dediquen a los viejos. Algunas muestras. Por ejemplo, el gobierno actual, formado por una coalición de izquierda, ha puesto en marcha reformas de calado que benefician fundamentalmente, y a veces exclusivamente, a los jóvenes. La reforma laboral ha hecho disminuir drásticamente la precariedad laboral, especialmente la de los jóvenes, uno de los principales obstáculos para su emancipación. La importante subida del salario mínimo también beneficia sobre todo a los jóvenes. En materia de vivienda, ha aprobado una Ley, gracias a la cual el inquilino queda mejor protegido y se limita la subida autorizada de los alquileres en las zonas donde más aumentan. Además, 50.000 viviendas de la SAREB han sido destinadas al parque público de viviendas de alquiler. Otras medidas como el bono cultural, la gratuidad del abono de cercanías, la ayuda por hijo o la extensión al padre del permiso de maternidad/paternidad, muestran una preocupación activa por los jóvenes, castigados por un mercado laboral inmisericorde y por la especulación inmobiliaria. También, el mismo gobierno, ha aprobado una reforma de las pensiones que, por primera vez en nuestra democracia, favorece a los pensionistas y a los jóvenes que serán los futuros pensionistas. En particular, ha aprobado subir las pensiones según el IPC, es decir simplemente mantener el poder adquisitivo de los mayores, a pesar de las casi histéricas advertencias de que con ello se estaba dinamitando el sistema y del “todo para los viejos”. Unas advertencias muy parecidas a las que emitieron los mismos cuando se elevó el salario mínimo, sin que entonces se atrevieran a gritar “todo para los jóvenes”. Por otro lado, la reciente reforma de las pensiones ha eliminado el Factor de Sostenibilidad impuesto por el Gobierno de Rajoy en 2013, que recortaba de forma especialmente intensa e inmisericorde las pensiones futuras… de los más jóvenes. Resulta difícil interpretar tanto la acción del gobierno actual como los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, con la idea simplista de que “los políticos” solo favorecen a los que tienen más peso electoral: los viejos.

En segundo lugar, no es verdad que las personas mayores se muevan, y voten, guiadas exclusivamente por sus intereses inmediatos. Se olvida de que esos jóvenes que se quiere transformar en víctimas de los viejos supuestamente egoístas son precisamente sus hijos y nietos. La solidaridad intergeneracional, además de plasmarse en un sistema público de pensiones, se practica a diario en el seno de las familias. Cuantos jubilados han dedicado parte de su pensión, menos generosa de lo que pretenden los recortadores, a ayudar a sus hijos, cuando no tenían trabajo o este no les daba ni para comer. Cuantos han seguido alojando y manteniendo a sus hijos porque estos no podían afrontar un alquiler y aún menos una hipoteca. Sin hablar de los sacrificios proporcionados por tantas familias para dar estudios a sus hijos. Los jóvenes tampoco son ajenos a las necesidades de los mayores. Los quieren y los cuidan. No los dejan solos, aunque, al tener que trabajar tanto los hombres como las mujeres, sea cada vez más difícil ocuparse de sus seres queridos. Agradecen que, con la pensión, sus padres tengan autonomía económica, aunque ésta sea limitada debido a las bajas pensiones que cobra la mayoría. También los jóvenes activos de hoy saben que lo que se recorta son sus propias pensiones futuras. El intento de manipular a los jóvenes para que culpen de sus dificultades a los mayores, de empujarles hacia actitudes de mezquindad y egoísmo que ahora no practican, es el último recurso de los que están empeñados a toda costa en que se recorten las pensiones públicas, un objetivo muy apoyado por bancos y compañías de seguros, deseosos de colocar planes privados de pensiones, aunque solo a los que puedan permitírselos. Esta forma de ahorro, que en España es especialmente cara, por las altas comisiones, y de escasa rentabilidad, solo garantiza el beneficio del gestor, y deja todos los riesgos a cargo del ahorrador-pensionista. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a ayudar a los bancos a enriquecerse a costa de sus mayores?

2- El gasto en pensiones aumenta porque el peso de los viejos es cada vez mayor: FALSO

El argumento principal, prácticamente único, de los que atacan nuestro sistema de pensiones, es que el envejecimiento demográfico, o sea un número creciente de viejos y un número menguante de adultos en edad de trabajar como consecuencia de las bajas tasas de fecundidad y de mortalidad, hará insostenibles los sistemas públicos de reparto (pay as you go). Resulta, a estas alturas, casi aburrido tener que repetir que se trata, en su mayor parte, de un argumento sin fundamento. En España el índice de fecundidad se encuentra por debajo del nivel de reemplazo de las generaciones desde hace más de cuarenta años y la esperanza de vida está entre las más altas del mundo. A pesar de lo cual nuestro sistema público de pensiones no ha tenido, hasta hoy, ningún problema provocado por la demografía. La población total ha seguido aumentando y no ha habido signos de escasez de mano de obra, porque la inmigración ha suplido el déficit de nacimientos. En el futuro, según las últimas proyecciones del INE de 2022, se mantendrá el modelo de crecimiento demográfico basado en la inmigración. Este organismo prevé que la población seguirá aumentando, a un ritmo no muy elevado, pero comparable o superior al de los otros países de la Unión Europea. Hay que añadir que las tasas de empleo (porcentaje de ocupados sobre la población en edad de trabajar) son, en España, inferiores a las de muchos otros países europeos, lo que ofrece un amplio margen para compensar también una eventual reducción de la población en edad de trabajar. El único problema relacionado con la evolución demográfica a medio plazo que los sistemas de pensiones, cualquier sistema, deben afrontar con seguridad es el aumento de la esperanza de vida después de la jubilación. Ante este problema, nuestro sistema de reparto no discrimina a los jubilados en función de su esperanza de vida que, hasta ahora, viene aumentando generación tras generación, puesto que, si bien todos preferimos vivir más años, es un resultado que depende poco de cada individuo y mucho de los esfuerzos comunes y de la dinámica de progreso que caracteriza a nuestra sociedad. Aunque la respuesta automática de nuestro sistema actual es no discriminar por generación, se podría plantear un debate social sobre las consecuencias de la mayor longevidad: ¿estamos dispuestos a dedicar una parte algo mayor de nuestros ingresos para vivir más tiempo como pensionistas o preferimos trabajar más (retrasar la edad de jubilación) o cobrar menos pensión? Es, en sentido pleno, una cuestión política, que debería dirimirse según los mecanismos previstos en nuestro sistema democrático. Por el contrario, tanto en los planes privados como en el sistema de cuentas nocionales, la mayor longevidad se traduce en menos tiempo de jubilación o menos pensión, o ambas cosas. Es un rasgo más de unos sistemas que se caracterizan por endosar, de forma automática, cualquier tipo de riesgo al pensionista. Las reformas promovidas antes de la más reciente de 2021-23 buscaban trasladar a los pensionistas el riesgo de longevidad. El caso más claro es el del mal llamado “Índice de equidad generacional” que, en la reforma Rajoy de 2013, instauraba un mecanismo automático para rebajar la pensión inicial en función de la progresión esperada de la esperanza de vida. Su consecuencia más clara es que el recorte era mayor para los más jóvenes: ¡aquí sí que tenemos una política que perjudica a los jóvenes! A la precariedad de su presente se unía la perspectiva de una pensión pública miserable. La última reforma, promovida por el actual gobierno de coalición, prefiere atender las diferencias de longevidad entre generaciones ajustando los ingresos: una respuesta colectiva para afrontar las consecuencias de un cambio social. Por otra parte, es bien sabido que existen grandes diferencias de esperanza de vida según la posición social: los ricos viven más tiempo que los pobres. El ajuste para compensar el aumento de longevidad debe también contener elementos de solidaridad entre los que más ganan y los que menos ingresan como, acertadamente, prevé la reforma del actual gobierno.

Que no sean demográficos no quiere decir que no existan problemas que afectan el equilibrio financiero del sistema de pensiones. El principal es la distancia creciente entre los salarios reales que sirvieron de base a las cotizaciones pasadas y, por consiguiente, a las pensiones actuales y del próximo futuro, y los salarios de hoy con los que se pagan estas pensiones. Un trabajo publicado por FEDEA[3], que analiza los componentes de lo que denomina “Indicador de salud financiera” (ISF)[4] de nuestro sistema de pensiones, muestra un deterioro de -0,76% entre 1985 y 2016, cuya causa principal reside en el factor de evolución salarial, que ha sido negativo (-1,36%) y el más importante de todos los considerados. El estudio muestra también como las reformas que se han venido introduciendo en el cálculo de las pensiones han conseguido reducir, hasta anular completamente, las subidas que hubieran experimentado las pensiones de mantenerse las reglas de cálculo que existían cuando los pensionistas actuales cotizaban. Aparece también, como factor negativo (-1,10%) la tasa de dependencia[5], compensado parcialmente, casi en sus dos tercios, por un aumento de la tasa de ocupación (0,67%)[6].

Es sorprendente que la insistencia sobre las causas demográficas, culpables incuestionables de una supuesta insostenibilidad de nuestro sistema según FEDEA y su entorno intelectual, sea compatible con los resultados de un análisis, publicado precisamente por FEDEA, que muestra a) que el deterioro financiero se debe a la disminución de los ingresos y b) que la disminución de los salarios reales es la causa principal, casi única, de la tendencia al déficit del sistema público de pensiones.

3- Hay que recortar las pensiones a toda costa: FALSO

Recortar las pensiones se ha convertido en una verdadera obsesión para las élites económicas y los expertos que las defienden. Existen varias causas que explican este empeño. La primera es que, mientras la fracción del PIB que va a las rentas del trabajo disminuye sin pausa desde los años ochenta, el gasto en pensiones, que supone una parte importante de lo que va al trabajo, resiste algo más esta tendencia, debido a que las pensiones que se pagan ahora están basadas en los salarios de los últimos 40 años, que representaban un porcentaje mayor del PIB que los salarios actuales. La lógica de nuestro sistema económico es la acumulación, al parecer sin fin, de capital y, crecientemente, de capital financiero. La extracción de valor en el ámbito de la producción sigue siendo un elemento importante y creciente, como prueba el obsesivo objetivo de reducción de los costes laborales que invade toda la estructura productiva, incluyendo la pública. Ello explica la disminución considerable de la parte del producto (PIB) que va a las rentas del trabajo. Pero eso no basta a unos capitales crecientes y ávidos de rentabilidad: la extracción de valor se va extendiendo como norma al ámbito del consumo. Los gastos menos prescindibles de los hogares: la vivienda, la energía, las comunicaciones, están generando actualmente beneficios extraordinarios para las empresas capaces de manipular los precios prácticamente a su antojo. En este panorama, las pensiones representan un elemento distorsionante: se pagan de acuerdo con la situación de los trabajadores hace más de veinticinco años. No nos sorprenderán, entonces, los esfuerzos encaminados a que los pagos se adapten a los salarios actuales de los trabajadores, situando en el centro la necesidad de un equilibrio entre ingresos (basados en los salarios actuales) y gastos (basados en los salarios de las generaciones anteriores). Un equilibrio que, naturalmente, hay que alcanzar reduciendo los gastos. A las pensiones se las ha situado hoy de esta forma en el centro de la pugna entre el capital y el trabajo por el valor producido.

Naturalmente, también existen razones más directas. Los bancos y las compañías de seguros necesitan que las pensiones públicas sean lo más parecido posible a meras prestaciones de subsistencia, de manera que se genere una demanda de pensiones privadas complementarias, que es lo que ellos venden. Hubo un tiempo en que el objetivo era pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, lo que, a pesar de las grandes dificultades que presentaba la transición de uno a otro, se intentó en Chile, por ejemplo, con los resultados catastróficos que conocemos. El objetivo actual es “más realista”: mantener un sistema público con prestaciones reducidas y con reglas de cálculo de contributividad estricta, completado con prestaciones no contributivas, asumidas como gasto social. Se evita de esta manera la existencia de viejos indigentes, carentes totalmente de recursos, un factor de desorden social que conviene desterrar. Los que dispongan de recursos suficientes podrán contratar con algún banco o compañía de seguros planes privados de pensiones, basados en la capitalización. La clara separación en el sistema público entre prestaciones contributivas estrictas y prestaciones sociales, que el Estado debe asumir, permitiría incluso que la gestión del sistema pudiera ser confiada a organismos financieros privados. Como se ve, el recorte de las pensiones conduce a suculentas oportunidades de negocio.

4- La mayor parte del gasto social va a los viejos: FALSO

España dedica un 11,7% del PIB (en 2022) a pagar las pensiones exclusivamente contributivas de los jubilados[7]. Y el gasto total realizado en pensiones de vejez y supervivencia es, según Eurostat (ESSPROS) igual a la media europea, inferior al de la zona euro y menor del que dedican a pensiones siete países de la Unión Europea (exactamente gastan un porcentaje mayor que España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Finlandia, Austria y Grecia). Sin embargo, los recortadores lo consideran excesivo y sobre todo temen que aumente, impulsado por dos factores: la “excesiva generosidad” de las pensiones y el envejecimiento de la población. Ya hemos visto que las reformas sucesivas han eliminado el potencial crecimiento de las pensiones mediante el alargamiento de los períodos de cómputo y el retraso de la edad de jubilación. En cuanto a la demografía, también hemos visto como el envejecimiento demográfico puede ser contrarrestado en gran parte mediante el aumento de las tasas de ocupación y la llegada de inmigrantes. Ha ocurrido en el pasado y seguirá ocurriendo en el futuro. A propósito de la última reforma 2021-23, los recortadores se escandalizan de que el déficit de la Seguridad Social pueda ser cubierto por la financiación vía impuestos de gastos no contributivos, que en ningún caso corresponde pagar con cotizaciones, en vez de reducir las pensiones, en detrimento, dicen, de los jóvenes. Para ellos, las necesidades de los jóvenes compiten con las pensiones de los viejos por el gasto social. El autor del libro citado lleva tiempo con una propuesta populista donde las haya: “por cada euro gastado en los mayores, hay que dedicar un euro a los jóvenes”. Lo primero que hay que aclarar es que las pensiones contributivas no son un gasto social. Los pensionistas cobran porque han cotizado durante toda su vida laboral. Que las pensiones actuales se paguen con los salarios actuales solo es una forma de hacer operativo el salario diferido que representan las cotizaciones. Los pensionistas han renunciado a una parte de su salario cuando trabajaban para tener derecho a una pensión en su vejez. Los que no han cotizado o no han cotizado lo suficiente pueden cobrar una pensión no contributiva o beneficiarse de un complemento para llegar a la pensión mínima: en ambos casos sí se trata claramente de gasto social y hoy figuran separados en las cuentas de la Seguridad Social. También puede considerarse gasto social el llamado déficit (cuando las cotizaciones de un año no bastan para pagar todas las pensiones contributivas de ese año), cuando éste es cubierto por la imposición general. De manera que si se quiere comparar el gasto social que va a jóvenes y a viejos hay que empezar por eliminar prácticamente todo el gasto en pensiones contributivas. Sabemos, además, que el déficit de las pensiones se debe fundamentalmente a que los salarios de los jóvenes actuales son muy bajos, algo de lo que difícilmente se puede culpar a los mayores. Precisamente porque existe un sistema público de pensiones que funciona, los viejos no han exigido, al menos hasta que experimentan la pérdida de la autonomía personal, un gasto social muy elevado.

5- Por culpa del gasto en pensiones no se dedica lo suficiente a los jóvenes: FALSO

En primer lugar, a pesar del crecimiento del gasto en pensiones, el gasto en los jóvenes ha venido aumentando de forma considerable a lo largo de las últimas décadas. Los años medios de escolarización de la población, que antes de 1980 eran muy bajos (inferiores a cinco), han crecido de forma continuada e intensa hasta más que duplicarse (en 2019 ya eran 10,4), lo que ha requerido utilizar proporciones crecientes de los recursos nacionales generados anualmente, el PIB, a la educación, pasando del 2,3 en 1979 al 4,6%, el doble, en 2020. Y el gasto en términos reales (descontada la inflación) por cada alumno de todos los niveles educativos se ha incrementado en un 60% contando sólo desde 1995 hasta 2019.

En segundo lugar, es posible continuar incrementando el gasto destinado a los jóvenes sin reducir el gasto en los mayores, como han hecho los países avanzados de nuestro entorno. Porque el verdadero problema para atender ambas necesidades se encuentra en las limitaciones de los recursos públicos en España, que son los más bajos de los países occidentales de la UE, salvo Irlanda. Si tan sólo alcanzáramos el promedio de la zona euro, dispondríamos de prácticamente cincuenta mil millones de euros más cada año para destinarlos a políticas dirigidas a los jóvenes. Y serían 115.000 millones si, por ejemplo, nos pusiéramos a la altura de Finlandia (cerca de diez puntos más del PIB). La situación de los jóvenes no mejorará detrayendo recursos que hoy van a los viejos: la disputa real por los recursos está entre los jóvenes y los ricos (personas y empresas) que se niegan a igualar con la situación europea lo que pagan por impuestos en España.

La realidad es que, para los próximos años, disponemos de recursos potenciales más que suficientes en la economía española para garantizar las condiciones de vida de una población de mayores que crece y la de unos jóvenes que deben, y pueden, ser apoyados por las políticas públicas, tanto como en Finlandia.

 

Conclusión

La solidaridad intergeneracional no está en peligro, porque sigue constituyendo la base de nuestra sociedad, sobre la que reposa la continuidad social y hasta de nuestra especie. Las generaciones en edad de producir cuidan de sus padres, porque estos han cuidado antes de ellos, y a la vez crían a sus hijos, que en el futuro se harán cargo de sus necesidades, aunque las formas concretas han variado a lo largo de la historia. En todo caso, el necesario pacto generacional no se arregla enfrentando a unas generaciones con otras. Los pensionistas de hoy han facilitado a sus hijos -con sacrificios en muchos casos- el acceso a niveles de formación inéditos en nuestra historia. No son los responsables de su actual precariedad laboral, de su casi imposibilidad de acceder a una vivienda propia, que obliga a muchos padres o abuelos a mantener su ayuda, otro sacrificio para la mayoría, cuando los hijos deberían poder contribuir a mejorar la vida de sus padres. Es esa precariedad la que pone en peligro un sistema que se resiente de que los jóvenes sufran hoy una explotación laboral más intensa que la que conocieron sus padres.

Es un dramático error crear un enfrentamiento entre jóvenes y mayores, que ahora no existe, con el único propósito de recortar las pensiones. La intención de convencer a los jóvenes españoles de que el problema para ellos son sus viejos y egoístas familiares es solo una indecente y deshonesta manipulación y un engaño, que pretende crear un malestar entre los jóvenes sobre el que apoyar los recortes a las pensiones de los mayores. Necesitamos, al contrario, indagar en los mecanismos que han ido reduciendo la parte de nuestro producto nacional que va a los que trabajan (y por tanto también y sobre todo a los jóvenes) mientras la riqueza se concentra cada vez más. Y necesitamos también convencer a nuestros ricos de que deben contribuir en la misma proporción que en el resto de la Unión Europea para atender las necesidades de los jóvenes. Nunca este país ha producido más que ahora. Empobrecer a los viejos no mejoraría la situación de los jóvenes. Lo que haría es a mucha gente más pobre y a algunos mucho más ricos.

………………………………………….

[1] Conde-Ruiz, José Ignacio y Conde Gasca, Carlota (2023): La juventud atracada. Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes. Península, Madrid.

[2] Boomers son las personas nacidas durante el baby-boom (en España sería entre 1957 y 1977), famosas por haber tenido –supuestamente- una buena vida, con buenos sueldos y cuantiosas prestaciones sociales y por disfrutar, cuando se jubilan, de generosas pensiones.

[3] De la Fuente, Ángel, García Díaz, Miguel Ángel, Sánchez, Alfonso R. – La salud financiera del sistema público de pensiones español. Un análisis retrospectivo. Estudios sobre la Economía Española – 2018/05, marzo 2018, FEDEA.

[4] En sustancia, se trata de la relación entre ingresos y gastos del sistema.

[5] Porcentaje de la población de 65 o más años sobre la población en edad de trabajar (20-64 en el estudio citado)

[6] Ver el Cuadro 1, página 10, en el citado artículo.

[7] Dato de enero 2023 que acumula los doce meses anteriores, e incorpora la revalorización en ese momento de un 8,5% de las pensiones (Fuente: Seguridad Social).

About Juan Antonio Fernandez Cordon y Antonio Gonzalez Gonzalez

Juan Antonio Fernández Cordón, miembro de la Junta Diectiva de Economistas Frente a la Crisis, es Doctor en Ciencias Económicas y Experto-Demógrafo por la Universidad de París. Ha sido investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que fue Director del Instituto de Demografía. Ha sido miembro del Grupo de Expertos sobre demografía y familia de la Comisión Europea y miembro del Consejo Científico del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia. -------------------------------------------------------------------- Antonio González, economista y vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis (EFC), es Consejero del CES. En el periodo 2006 – 2008 fue Secretario General de Empleo.

1 Comment

  1. Enrique LOPEZ FELIPE el julio 22, 2023 a las 8:19 pm

    De los muchos problemas que tiene el país, me voy a referir al de la Deuda Pública, pero desde una perspectiva intergeneracional. De entrada, únicamente, señalar tres cosas:
    a) desde la llamada “gran recesión” de 2008 hasta el año pasado, sin excepción de ejercicio alguno, las Administraciones Públicas han registrado déficits por un monto total de algo más de 1,105 billones; este año también está previsto cerrar en números rojos
    b) tomando como fecha de arranque el final de 2007, hasta la conclusión de 2022, la Deuda Pública se ha incrementado en casi 1,120 billones; la previsión para el curso actual es que siga en ascenso
    c) en 2007 se destinaron a intereses de la Deuda un poco más de 17.000 millones, mientras que en 2022 la cuantía fue de casi 31.600 millones; es seguro que, con el alza de los tipos de interés, la factura futura aumentará
    Desgraciadamente, en el ámbito de lo público no existe la institución del “beneficio de inventario” que posibilita la aceptación de herencias sin comprometer el patrimonio propio. En otras palabras, nuestros hijos, nietos y demás descendientes deberán asumir, sí o sí, las deudas contraídas por las generaciones actuales para, entre otros motivos, superar desastres que el destino les ha deparado (crisis económicas derivadas de la quiebra en 2008 de buena parte de los sectores inmobiliario y bancario, de la pandemia del Covid-19, de la elevación de precios a raíz de la Guerra en Ucrania, etc.).
    Sobre este duro legado que hacemos a las futuras generaciones, que sin duda padecerán sus propias desgracias a las que hacer frente, deberíamos aplicar la máxima responsabilidad en el sentido de limitar su importe a lo estrictamente imprescindible y cumplir con el deber moral de reducirlo en tanto y cuanto nos sea posible.
    Pues bien, si vamos a los programas electorales de las formaciones con más posibilidades de triunfo encontraremos proposiciones sobre finanzas públicas, como “seguiremos en la senda de consolidación fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas” o “haremos al inicio de la legislatura una profunda revisión con la IGAE de la situación real de las cuentas públicas” o “impulsaremos una superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para fomentar y no penalizar las inversiones públicas y los gastos asociados a las mismas y avanzar así hacia un nuevo modelo de gobernanza económica que impida la vuelta a la Europa neoliberal de la austeridad”, que carecen de perspectiva intergeneracional.
    Excepcionalmente, puede encontrarse alguna declaración con un enfoque temporal como “en materia presupuestaria, elaboraremos presupuestos de base 0, marcando como objetivo la eliminación progresiva del déficit y de la deuda pública que condena a la ruina a las futuras generaciones, optimizando las cuentas públicas”, pero debe tenerse presente que hay un trecho entre proponerse un objetivo y alcanzarlo.
    En fin, algo que pudiera contribuir a la resolución de este grave asunto sería que: “en ningún caso se incrementarán las retribuciones de los responsables y empleados públicos de aquellas Administraciones Públicas -Central, Autonómicas y Locales- que cierren el ejercicio presupuestario en déficit”. Además, apoyaría que este principio se incorporase a la Constitución para su “blindaje”.

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