Culpabilizar a las pensiones

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En los últimos tiempos han proliferado opiniones de diversa índole que de una forma u otra vienen a afirmar que los pensionistas son algo así como “los privilegiados” de nuestra sociedad en este momento.

El discurso de la insolidaridad de los pensionistas

Tan chocante aseveración, cuando hay 2,4 millones de pensionistas, uno de cada cuatro, que percibe una pensión mínima que supone en promedio muy poco más de 600 euros mensuales, parece provenir de dos circunstancias. Por un lado, de la caída de la tasa de pobreza entre los pensionistas mientras que crecía en muchos otros grupos sociales. Y por otro, del incremento en el gasto en pensiones, tanto en volumen como en relación al PIB, como resultado solo (como veremos) del crecimiento en el número de beneficiarios y de la tasa de sustitución que refleja el cambio entre las nuevas pensiones y las que desaparecen, porque las pensiones no han sido mejoradas sino lo contrario.

El esquematismo de esos aparentes resultados y la frustración ante la gravedad de la situación de grupos sociales muy vulnerables (claramente peor protegidos en España incluso que los pensionistas) durante la crisis, han conducido a sesudos comentaristas, pero incluso a expertos en Estado de Bienestar, a dejarse seducir por la interesada –y falsa- idea (posiblemente introducida desde círculos defensores de los recortes de las pensiones realizados por la reforma de 2013) de que en cierta medida el deterioro de unos trae por causa el beneficio de los otros. Que si no hay más recursos para atender a esos grupos necesitados es porque todos los disponibles se destinan a pagar las pensiones. Y que, por si no fuera poca la insolidaridad de esta situación, aún había que soportar las demandas callejeras de los jubilados egoístas pidiendo más y más.

La tesis se complementa a veces con dos manifestaciones más. La primera que, dado que el nivel de ingresos públicos en relación al PIB está petrificado en España desde hace más de 20 años en el entorno del 38% del PIB, hay que aceptar –se dice- que es ilusorio pretender que consigamos los recursos correspondientes a los ocho puntos del PIB que nos distancian de los países de nuestro entorno (promedio zona euro, no digamos ya los países más avanzados de Europa). Y la segunda que, dada esta situación, hay que empezar a defender que, como no hay para todos, hay que dar menos a los que más tienen, los pensionistas, y más a los que están peor que ellos.

Los pensionistas ni son privilegiados ni se han beneficiado durante la crisis

Sin embargo, todo el discurso proviene de una serie de equívocos unas veces inocentes y otras no tanto. En primer lugar, resulta llamativo que se considere a los pensionistas (cobren 600 o 1.200 euros mensuales) como privilegiados de la sociedad y no a los poseedores de grandes fortunas, a los beneficiarios de rentas altas o a los perceptores de altos salarios (en conjunto varios millones de personas), grupos todos ellos que además han salido de la crisis mejor parados –cuando no directamente beneficiados- que el resto.

Segundo, la caída en la tasa de pobreza de los pensionistas españoles tiene dos causas, una real y otra solamente aparente, situadas en dos periodos del tiempo. Antes de la crisis, en 2005, la tasa de pobreza de los pensionistas era de las más elevadas de Europa, uno de cada cuatro se encontraba en riesgo de pobreza (ver gráfico) como resultado de que llevaban una década alejados de los beneficios del continuo avance de la economía, así como por el abandono de la mejora de las pensiones mínimas por parte de los gobiernos. La subida continuada e intensa de las pensiones mínimas entre 2005 y 2010 redujo de forma significativa la tasa de pobreza (del 24 al 16,5%, de los cuales alrededor de seis puntos pueden atribuirse a esas subidas).

La otra razón que explica la caída en la tasa de pobreza opera entre 2009 y 2014, haciendo caer la tasa en unos siete puntos en cinco años, pero no por mejora del nivel vida de los pensionistas, sino por empeoramiento de los demás ciudadanos. La crisis y las reformas laborales hundieron las rentas salariales más bajas (y otras decisiones de gobierno también algunas prestaciones sociales, con efecto sobre pensiones), con ello hicieron caer la renta mediana del país y redujeron considerablemente el umbral de pobreza, de tal forma que centenares de miles de pensionistas que un año eran pobres, al año siguiente y sin apenas subida de su pensión, por arte de birlibirloque, habían dejado de serlo y pasaban a engrosar el selecto grupo de los “beneficiados por la crisis” sin haber en realidad obtenido beneficio alguno.

Los años siguientes, entre 2014 y 2017 (véanse esos años en el segundo gráfico), significativamente la situación da la vuelta como una tortilla: la economía comienza a crecer y con ello una parte de las rentas, lo que vuelve a elevar la mediana y el umbral de pobreza y aumenta el porcentaje de pensionistas bajo dicho umbral. Aunque aquí, aparte del efecto estadístico o de medición de la pobreza relativa, también operó el efecto real de la aplicación de los recortes de las pensiones derivados de la reforma de 2013 y una política restrictiva que no perdonó a las pensiones mínimas.

Fuente: Eurostat, enero 2019

En tercer lugar, las pensiones no solo no han sido las grandes privilegiadas, sino que han sufrido una de las mayores agresiones que ha padecido el Estado de Bienestar con las medidas de la reforma de 2013. Una reforma que, de no derogarse, recortaría todas y cada una de las pensiones presentes y futuras entre un 28 y un 40% (debido a la actuación del IRP) en veinte años y además alrededor de un 16% el importe inicial de las pensiones nuevas en unos 30 años (por aplicación del Factor de Sostenibilidad).

Lo que ocurre es que tales recortes, que como se ha demostrado ya son política y socialmente insostenibles, habrían resultado simplemente delirantes y suicidas si se hubieran pretendido realizar en un plazo muy corto de tiempo en lugar de en varias décadas. Pero, quede claro que, de aplicarse esos recortes, en una generación nadie de los presentes hubiera podido reconocer el sistema público de pensiones español. El escuálido Estado de Bienestar español parecería una sombra del actual, porque las pensiones constituyen en todos los países la renta cuantitativamente más importante de la población dependiente, porque se trata de la atención y el nivel de vida durante la vejez, es decir, del grupo mayoritario de esa población dependiente.

La limitación de recursos fiscales conduce a la pelea entre los necesitados

El planteamiento de quitar a los pensionistas para dar a otros grupos no solo es injusto e injustificado sino regresivo. Cuanto más se mantiene, y aumenta, la desfiscalización de las rentas de capital, de los grandes patrimonios, de la transferencia generacional de las fortunas, de las rentas elevadas y de los beneficios de las empresas, más se limita la redistribución, que queda crecientemente circunscrita a las capas medias y bajas. Una no redistribución.

Cuanto más se mantiene esta situación en la que los verdaderamente muy favorecidos contribuyen escasamente, mayor es la limitación de los recursos para las políticas sociales, mayores las necesidades insatisfechas y mayores los conflictos entre los necesitados. La discusión se va reduciendo a quienes son los que lo necesitan mucho y quienes lo necesitan más aún. Y a quienes, aunque lo necesiten, hay que quitarles.

Y mayor es la sensación de enfado y la desafección de las amplias capas medias de la población, que sienten que, mientras los más ricos no lo hacen, ellos tienen que pagar demasiado para recibir pocos servicios públicos, deteriorados y de baja calidad. Y que, más allá, sus necesidades de servicios más avanzados, más modernos, más relacionados con la sociedad de los cambios y del conocimiento, quedan claramente insatisfechos.

Es la crisis de legitimidad de la redistribución en la que se ve atenazada la izquierda, y con ella también la todos los que defendemos la imperativa necesidad de atender a los grupos más vulnerables, la de los que aspiramos a un Estado de Bienestar robusto y bien desarrollado y creemos que nuestra sociedad solo tiene de verdad futuro con mucha menos desigualdad.

Solo podremos salir de ella superando la contradicción en el terreno fiscal y aumentando tan pronto como sea posible los recursos hasta alcanzar los estándares europeos. Este es el desafío. La única forma de escapar del “todos contra todos” que instituye esta fase del capitalismo y que tan certeramente analiza hace solo unos días Ignacio Muro en La izquierda necesaria: mucho más que gasto social https://economistasfrentealacrisis.com/la-izquierda-necesaria-mucho-mas-que-gasto-social/

About Antonio González

Antonio González, economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC), fue Secretario General de Empleo en el periodo 2006 – 2008 @AntonioGnlzG

3 Comments

  1. juan el enero 18, 2019 a las 6:36 pm

    En mi opinón, usar el victimismo por cierta culpabilización a las pensiones y a los pensionistas que han tenido una caída de renta menor que los salarios para seguir evitando la autocrítica al sistema que tenemos es la mejor forma que se siga deteriorando y la reforma futura sea más traumática y con menos tiempo de reacción.

    ¿Es mejor el reparto que la capitalización? Por supuesto, lo capitalizado puede volatilizarse en una crisis, y los que se reparte son las cotizaciones del mes anterior, es decir, siempre hay dinero, más o menos pero hay.
    ¿tienen lógica unas normas de establecimiento del importe de la pensión que convierten el sistema en “quasi-necesariamente piramidal? NO.
    La seguridad social desde los 50-60 ha funcionado entrando nuevos cotizantes a mayor ritmo que jubilados, y en un cierto periodo entrando a trabajar una pareja hombre-mujer y jubilándose un hombre, además con incrementos de productividad y salarios…sobraba dinero de las pensiones y de ahí se pagaba la sanidad. En el momento en que esto se ha ido equilibrando la sanidad se ha asumido con impuestos, luego las no contributivas, no se si los complementos de mínimos, y ya por fin hay déficit para pagar los derechos contributivos con la actual tasa de sustitución.

    Apelar a que en otros países hay más tasa de presión fiscal que sería alcanzable es una media verdad, es cierto que esas tasas existen y que a lo mejor sería conveniente tender a una recaudación mayor, pero se oculta que dicha recaudación mayor no se usa en esos países para tener un sistema previsional con tasas de reemplazo iguales o superiores a las de España.

    ¿Deben actualizarse las pensiones con el coste de la vida? SÍ. ¿es el coste de la vida el IPC para todos? NO. El IPC para todos mejora a las pensiones altas con incrementos del coste de la vida inferiores al IPC oficial (por su cesta de consumo) y empeora el de las rentas bajas (con una inflación real mayor que el IPC oficial). Es decir, muy progresista no es ir aumentando la desigualdad en las pensiones, cosa que no resuelve (aunque ayude) ni subir un punto adicional las mínimas.

    Por tanto habría que estudiar mejor la fórmula de revalorización en vez de empeñarse en el IPC perpétuo para todos que a su vez puede tener un efecto inflacionario.

    Tampoco el estado “progresista” debe de seguir aumentado perpétuamente pensiones altas conseguidas con poca contribución aprovechando las leyes anteriores, especialmente la pre-1985. Y sería bueno que cada pensionista independientemente del importe de su pensión recibiese una carta de cuánto sería dicho importe según cada una de las leyes, y aquellas que muestren unas fuertes desviaciones a favor vía ingeniería previsional tuviesen incrementos menores.

    Por otra parte, venimos de un sistema inicialmente con jubilación a los 65 años con esperanza de vida 65 años y sin revalorización, es decir, una miseria para pocos años de vida. Ahora la esperanza de vida se sitúa en 80 y pico y creciendo. ¿puede alguien cotizando 35 años cobrar 20-25 como jubilado si el sistema no es piramidal? NO. ¿Debe de aumentarse la edad de jubilación? A mi juicio no, por tanto yo veo mejor que para compensar la longevidad ganada hay ese factor de sostenibilidad (blindando un mínimo) y si la pensión me vale a partir de un cierto punto tener más capacidad de elegir el momento de la jubilación liberando un puesto de trabajo para los jóvenes.

    El actual sistema permite que con igualdad de contribución pero distinto timing de la misma alguien pueda ganar la máxima y otro la mínima, deja en el aire el importe de la pensión hasta el último momento ya que unos años finales malos destrozan el importe de la pensión, a su vez la jubilación temprana es muy inflexible con unos coeficientes arbitrarios cuando sería mucho mejor hacerlo actuarialmente.

    Para mi lo progresista no es la defensa a ultranza de un sistema que no solo no vale en términos de sostenibilidad sino que es profundamente injusto perjudicando a muchos trabajadores y favoreciendo a otros.

    Precisamente si se culpabiliza a algunos pensionistas es porque en los pueblos donde nos conocemos todos siempre se sabe de alguien (porque ha alardeado de ello) de que con una arreglo con la leyes donde se contaban 2 ó 8 años finales para el cálculo gana 2000 euros y ahora se le ve en las manifestaciones con el megáfono (el mismo que usaron 20 años antes de su arreglo) soliviantando a los que ganan la mínima y si son dignos de más consideración.

  2. Víctor Etayo Quintana el enero 18, 2019 a las 6:37 pm

    Desde la Asoc. PJB y desde el mov. de pensionistas de Bizkaia, MPB, agradecemos este tipo de trabajo.
    Valoramos muy positivamente la actualización del SMI a 900 €/mes, y seguimos reclamando los 1.200 € como fuente del reparto de la riqueza, mejora de los incresos por cotización de la Seguridad Social, y reactivación del consumo, repercutiendo en un mayor empleo, y mayor recaudación de impuestos.

  3. Aurea Rey el enero 18, 2019 a las 6:58 pm

    El Estado de Bienestar es una de las asignaturas pendientes para la adecuación de nuestro país a los más avanzados de su entorno, como lo es en cuanto a salarios y otros temas; por ello, artículos como éste que ponen en evidencia el retroceso que se ha producido, son necesarios y convenientes porque aportan datos para argumentar cuando irracionalmente atacan el “privilegio de ser pensionista”

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