Manifiesto de Economistas Frente a la Crisis: 15 años apostando por la economía al servicio de la ciudadanía

POR UN NUEVO IMPULSO DEMOCRATICO QUE MEJORE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MAYORÍA SOCIAL

UNA ORGANIZACIÓN Y UN PAIS A CONTRACORRIENTE

1. Nuestras señas de identidad

En 2011, un grupo de profesionales decidimos organizarnos para combatir el diagnóstico y las soluciones impuestas para afrontar la crisis de 2008. Nuestra posición, recogida en el manifiesto fundacional “No es economía, es ideología” afirmaba que los ajustes sociales y fiscales estaban fuera de toda lógica económica y acentuarían las múltiples brechas de desigualdad.

Las sucesivas crisis habidas desde entonces nos han obligado a ir actualizando nuestros postulados, manteniendo siempre en el centro la prestación y ampliación de servicios públicos esenciales como soporte de la verdadera eficiencia económica en una sociedad inclusiva. Nuestro compromiso con la justicia social e intergeneracional también nos ha invitado a incorporar entre nuestras preocupaciones los temas de la equidad de género y de la sostenibilidad ambiental.

En nuestros tres lustros de existencia hemos enriquecido EFC con planteamientos interdisciplinares en los ámbitos de la demografía, la sociología, el derecho y la ingeniería, hoy imprescindibles para comprender los retos de las múltiples transiciones medioambientales, energéticas, tecnológicas y demográficas en curso.

La presencia de nuestras siglas, EFC, en el debate mediático y social ha sido la expresión de nuestra voluntad por contribuir a dar luz para la comprensión de los hechos económicos o los conflictos sociales. Y, a la vez, es prueba del reconocimiento público alcanzado como seña de la identidad de nuestro colectivo. Nuestra web se ha convertido en un contenedor único desde el que acceder a análisis críticos y constructivos de la economía como ciencia social.

Nuestra pluralidad, presente desde la misma Junta Directiva, nos permite, demostrar que es posible y operativa la integración de las diferentes sensibilidades y argumentos que nutren los diversos partidos, movimientos y organizaciones progresistas cuando se desciende a los problemas concretos de los ciudadanos en sus diferentes vertientes.

2. La experiencia de ocho años de gobierno progresista

Estamos satisfechos de que nuestros planteamientos hayan coincidido y, tal vez, contribuido a la acción de la coalición de izquierdas que gobierna España, cuya trayectoria dibuja una senda de coherencia económica e ideológica que es puesta como ejemplo en multitud de foros internacionales.

En un contexto de debilidad del comercio internacional, el impulso a la demanda interna con medidas con un claro tinte social se ha mostrado especialmente eficaz y compatible con un alto crecimiento del empleo y del PIB, ambos en cifras cercanas al 3% de promedio, mientras descendía el déficit y la deuda públicos. Merecen mención especial la subida del salario mínimo del 66%, el incremento de las pensiones mínimas un 50% y el mantenimiento de la capacidad adquisitiva del resto, y un ingreso mínimo vital que alcanza ya a 2,5 millones de personas.

La evolución de otros parámetros muestra, además, señales consistentes en el cambio de modelo productivo, el reto principal de nuestra economía. Cuando antes destacaban sólo los bajos salarios y la temporalidad, ahora destacan la consolidación del superávit exterior por cuenta corriente, el creciente peso de las actividades profesionales y científicas en el PIB y de los servicios de alto valor en la exportación y, como consecuencia, los últimos avances en la productividad.

Hay que destacar, además, que buena parte de la mayor competitividad alcanzada por nuestra economía ha sido posible gracias a la decidida apuesta por las energías renovables, que han fortalecido la autonomía de nuestro país ante las crisis al reducir la dependencia de las fuentes externas de carbono.

3. Una coyuntura llena de riesgos

El mundo se encuentra en una coyuntura peligrosa en la que fuerzas reaccionarias, expresión política de poderosísimos lobbies, intentan que retrocedamos al pasado.

En este contexto propenso a rupturas e involuciones, nos parece imprescindible seguir defendiendo, en primer lugar, un orden global que debe reasentarse en organismos multilaterales que recojan el creciente peso demográfico y económico de China y otros grandes actores del grupo de los BRICS.

En segundo lugar, reforzar los contornos de un Estado Democrático a la ofensiva, es decir, que asuma los avances sociales y “el derecho a tener derechos” en nuevos ámbitos, como la vivienda, las rentas mínimas, la protección de la infancia o la articulación de nuevos derechos frente a las amenazas digitales.

Y, por último, hacer un esfuerzo para presentar, en forma sintética nuestros planteamientos en ocho políticas públicas que resumen los retos del presente y delinean los perfiles del progreso económico y social para las amplias mayorías.

OCHO POLÍTICAS QUE ACTUALIZAN LOS PERFILES DEL PROGRESO

1. VIVIENDA: el principal problema para la estabilidad democrática

• El rechazo en el Congreso por los partidos de la derecha a la prohibición de los desahucios y a la prórroga de los contratos de alquiler, agrava la situación de cientos de miles de ciudadanos expuestos a la inflación y a las desorbitadas subidas de los precios de los alquileres de vivienda. A pesar de su nueva aprobación por el Consejo de ministros, solamente una reedición del Gobierno de coalición progresista podría garantizar durante algunos años los objetivos de los decretos rechazados.
• Las actuaciones regulatorias o fiscales o los topes a precios en zonas tensionadas, también rechazadas por la derecha, aunque pueden atemperar las tensiones del mercado a corto plazo, no abordan el núcleo central de la escasez de vivienda.
• Además de intervenir el mercado para corregir sus fallos, resulta imprescindible la creación de un parque de viviendas públicas en alquiler social no enajenable, financiado por el ICO y los Presupuestos Generales del Estado.
• El Estado debe embarcarse con decisión en financiar la construcción progresiva de hasta 1.000.000 de viviendas sociales en 10 años (100.000 el primer año y 300.000 antes de 2030), estableciendo normas específicas para agilizar este proceso e incentivando la colaboración de las CCAA y los Ayuntamientos que, como los más directos responsables de la política de vivienda, deben aportar suelo público como contrapartida a la financiación del Estado.

Mostrar un compromiso firme y creíble con ese parque público de vivienda para el alquiler social, permanente y no enajenable, es fundamental para responder a la emergencia habitacional. Su mero anuncio y la determinación de ejecutarlo con urgencia contribuiría a reducir progresivamente la presión sobre los precios de compra y alquiler, reforzando la capacidad pública de garantizar el derecho a la vivienda.

2. ENERGÍA: electrificación y renovables como base de la competitividad, la soberanía energética y la adaptación al cambio climático

• La coyuntura belicista y la crisis del petróleo que conlleva obliga, hoy más que nunca, a fijar la atención en la energía como bien esencial para la economía de las familias y para la industria, y a acelerar la electrificación en todos los sectores basada en las renovables.
• La posición favorable de España requiere reformar los mercados del gas y la electricidad, impulsando mercados a largo plazo que reflejen los costes reales de cada tecnología y fomenten inversiones en energías limpias. Si siempre ha sido fundamental acometer estas reformas, hoy, ante la reactivación de las tensiones inflacionistas, es más importante que nunca.
• Las energías renovables reducen costes y mejoran la competitividad y por ello es clave asegurar su estabilidad regulatoria. Ello requiere claridad sobre el futuro de la energía nuclear, cuya prolongación de vida restaría espacio y añadiría incertidumbre a las inversiones renovables. En este sentido, la reciente y segunda prórroga de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz ha sido una mala noticia para la transición energética hacia un sistema menos contaminante y más eficiente.
• Es necesario impulsar el almacenamiento eléctrico para gestionar la variabilidad de la energía solar y eólica, garantizando así un sistema energético eficiente y seguro.
• Y, en paralelo, adoptar medidas para prevenir y reducir los efectos del cambio climático sobre la salud y la seguridad. Reforzar la resiliencia ante fenómenos extremos; frenar la construcción de edificios e infraestructuras en las zonas inundables; revisar el sistema de seguros resignificando la idea de protección o favorecer la fijación de población en el medio rural.

3. FISCALIDAD: aumentar impuestos a los ultrarricos y la progresividad global para igualar los servicios públicos al nivel de nuestro entorno

• Es fundamental establecer un impuesto, suplemento al general del Patrimonio, del 2% a la riqueza de los ultrarricos que superen los 100 millones de euros de patrimonio neto. Y complementar el impuesto sobre las grandes fortunas con otro semejante sobre las grandes herencias.
• Debe corregirse progresivamente el límite de la cuota combinada del Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF, que permite a los titulares de grandísimos patrimonios mediante estrategias fiscales sobre su renta reducir la tributación por patrimonio un 80%.
• Es necesario aumentar la fiscalidad a las grandes empresas que siguen contribuyendo muy poco. El tipo mínimo del 15% debe acompañarse con la supresión de beneficios fiscales que favorecen la elusión fiscal y reducen la recaudación.
• Debemos seguir avanzando en la equiparación del gravamen sobre las rentas del capital con las del trabajo y en la progresividad de las rentas altas hasta igualarnos con los países más avanzados. La imposición verde debe gravar especialmente los consumos contaminantes vinculados al lujo.

4. PENSIONES PÚBLICAS: un derecho que garantiza la solidaridad intergeneracional

• Es necesario defender el actual sistema de pensiones y su capacidad adquisitiva como elemento esencial de la política frente a la desigualdad.
• Las reformas emprendidas por el gobierno refuerzan que el sistema público de pensiones tenga recursos suficientes para asegurar pensiones decentes a la inmensa mayoría que ha podido contribuir con su trabajo, y una pensión mínima para aquellos que no han podido contribuir lo suficiente.
• Asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas para las generaciones futuras requiere consolidar la actuación por el lado de los ingresos para neutralizar cualquier programa alternativo basado en recortes o privatización. Es imprescindible, en particular, rechazar todo intento de implantar un sistema basado en las cuentas nocionales, de consecuencias nefastas para los futuros pensionistas.
• El actual sistema de pensiones no disminuye la renta de los jóvenes. Repetirlo es la principal trampa para reducir las pensiones futuras y someterlas a los riesgos y vaivenes del mercado de capitales.

5. INMIGRACION: imprescindible para el crecimiento y reto para la cohesión social

• Ante la crisis de Ceuta, el Gobierno y todas las Administraciones deben movilizar todos los recursos necesarios para darle solución urgente, impidiendo que avancen los discursos xenófobos y evitando un giro en las políticas migratorias como pretende la extrema derecha.
• Combatir los discursos y las políticas antinmigración es clave para preservar la esencia de las sociedades abiertas y demócratas, y también para mantener nuestra buena salud económica.
• La llegada de inmigrantes, tras casi cinco décadas de baja natalidad, es imprescindible para mantener la población en edad de trabajar. Sin la inmigración no habríamos logrado la creación de empleo del último lustro hasta alcanzar la cifra récord de 22 millones de ocupados.
• Es necesario fortalecer una política de inmigración que apueste por la regularidad residencial y laboral desde la entrada, y proteger los procedimientos de arraigo que evitan que se alarguen situaciones de irregularidad sobrevenida. Y, llegado el caso, asumir procesos extraordinarios de regularización como el recién concluido, veinte años después del anterior.
• Las políticas activas de integración deben reforzarse para evitar que los descendientes de la inmigración sufran desigualdades estructurales basadas en el abuso y la precariedad. Hay que invertir el saldo fiscal positivo que genera la inmigración en esas políticas para garantizar la cohesión social del futuro.
• La convivencia en una sociedad cada vez más multicultural exige educar al conjunto de la ciudadanía, no solo a quienes llegan. Por ello es necesario incorporar la educación intercultural y antirracista en las aulas.

6. SANIDAD Y ENSEÑANZA: más financiación al servicio público, freno al negocio privado.

• La infrafinanciación pública de la sanidad y la enseñanza deteriora las condiciones laborales de sus profesionales, daña la igualdad de oportunidades, dificulta el impacto redistributivo y facilita el avance de intereses privados que muchas Comunidades Autónomas, que son las que ostentan las competencias, han promovido.
• La sanidad pública necesita fortalecer las actuaciones preventivas, reforzar la atención primaria, regular la gestión transparente de las listas de espera y asegurar la continuidad asistencial, incluida la salud mental, a lo largo del ciclo vital de los ciudadanos.
• Se necesita establecer límites expresos a su gestión privada, priorizando las organizaciones sin ánimo de lucro, y activar la cogobernanza descentralizada con criterios federales para garantizar la equidad y la cohesión territorial.
• La enseñanza pública requiere reforzar la equidad y la calidad para enfrentarse a la crisis de resultados y la segregación escolar, conectadas con los cambios culturales y generacionales de la ruptura digital. Pero también con déficits de financiación. Es urgente llegar al 5% del PIB en gasto de educación básica y media y al 1% en educación universitaria.

7. TRABAJO: elevar los salarios, especialmente de los más jóvenes, prioridad permanente

• La reforma laboral y las subidas del SMI han mejorado sustancialmente el mercado de trabajo, pero han de completarse con medidas urgentes que se traduzcan en crecimientos salariales que afecten a las capas de trabajadores más jóvenes y de menor cualificación. El crecimiento de la demanda interna se fragua en esos colectivos.
• Son necesarias reformas que permitan reducir el peso de los trabajos de baja intensidad. Los contratos a tiempo parcial son, en buena parte, fraudulentos y responden a jornadas completas que deben retribuirse como tal, y deben subsanarse con inspección y regulación. Los trabajos estacionales e intermitentes deben tener retribuciones ajustadas a la importancia de los servicios que prestan.
• La negociación colectiva debe reforzarse para reducir las desigualdades en el reparto de la renta entre capital y trabajo, ajustar los salarios a los niveles de productividad y a su crecimiento, y avanzar en la participación de los trabajadores en las empresas.

8. POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD DE GÉNERO: ampliar su foco, imprescindible para la igualdad de oportunidades

• La eliminación de la pobreza infantil es un objetivo prioritario. La prestación universal para la crianza de los hijos es una medida básica para avanzar en la igualdad de oportunidades de más de medio millón de niños y niñas. Vincular ese programa a la recaudación de impuestos a los ultrarricos supone visibilizar los polos opuestos en los que se expresa la desigualdad.
• Recuperar la centralidad de los cuidados se hace urgente por su incidencia sobre la igualdad de género en todos los niveles, con especial atención a los prestados por las mujeres migrantes, con gran peso demográfico y sobre las que descansa la atención a personas dependientes.
• La igualdad requiere, frente a los retrocesos que se apuntan en el horizonte, combatir las brechas salariales y la precariedad que afecta especialmente a las mujeres. En esta agenda, la igualdad de género debe ser un compromiso transversal.

Hoy, como hace quince años, seguimos defendiendo que la economía no puede desligarse de la democracia, la cohesión social y la dignidad de la mayoría trabajadora.

Estamos orgullosos de que nuestro país sea un ejemplo que demuestra que el aumento del salario mínimo es compatible con la creación de empleo, el crecimiento de las pensiones es compatible con la consolidación fiscal, lo mismo que el desarrollo de energías renovables con una mayor autonomía para enfrentarse a las lógicas belicistas centradas en el petróleo, la inmigración con el incremento de la renta de las familias y la paz social, y el combate contra las desigualdades de género con mayores oportunidades para todos.

Economistas Frente a la Crisis ha defendido siempre una Unión Europea cuyas normas impulsen la transformación económica y la cohesión social. Ya en 2011 advertimos que la austeridad debilitaría la resiliencia y el papel de la UE en el mundo. Hoy, las nuevas reglas fiscales y la deriva conservadora de la Comisión Von der Leyen vuelven a amenazar la inversión pública y el avance social.

Desconocemos que nos deparará el futuro, pero seguiremos defendiendo una agenda progresista con argumentos frente a quienes pretenden naturalizar la desigualdad y debilitar lo público.

Con la experiencia acumulada, pero también con la voluntad de seguir aprendiendo y sumando, Economistas Frente a la Crisis reafirma su compromiso con una España más justa, más sostenible y más democrática.