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Pacto por la Reconstrucción: capitalizar los sacrificios, no solo las aportaciones dinerarias.

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Nos enfrentamos a unos retos extraordinarios después de muchos años sometidos a tics regresivos. Los defensores de una empresa inclusiva, parte esencial de una estrategia de modernización productiva que facilite la lucha contra la desigualdad, disponemos de una oportunidad que nos conceden las extraordinarias circunstancias que vivimos.

Y es que la Covid19, como cualquier otra pandemia, tienen una gran potencia igualitaria, al menos en los primeros momentos: aquellos en los que se siente que el azar está más presente en el destino de cada uno; o cuando el confinamiento y la presencia diaria de la muerte en las noticias tiende a resaltar el valor de lo fundamental; o cuando la generosidad de los colectivos, hasta ese momento despreciados e invisibles, prueban que la abnegación es un valor desinteresado, que lleva hasta arriesgar la propia vida  para salvar las de otros sin pedir nada a cambio.

Es cierto, que ese momento dura poco, y que poco después las asimetrías sociales en la vivienda, el transporte y el tipo de trabajo colocan las cosas en su sitio. Pero la convulsión social se ha producido y los defensores del statu quo intuyen sus riesgos. La polarización social y la agresividad de los planteamientos involucionistas es consecuencia de esa situación y directamente proporcional al miedo a que cuaje cualquier salida indeseada que democratice y altere los equilibrios actuales.

Lo cierto es que la oportunidad para desarrollar un proyecto pais más ambicioso existe: se trata de leer bien el espíritu del momento, jerarquizar los planteamientos e incorporar los límites de los recursos a un discurso realista. De alguna forma, la globalización va a someterse a pautas que permiten un desarrollo más autocentrado,  con un centro de gravedad más cercano, que abordé en este otro articulo. Al reconocimiento de la necesidad de un cierto control de los sectores estratégicos se unen las nacionalizaciones como parte de una nueva normalidad.

La salida exige monetizar todo tipo de aportaciones, también los sacrificios

La respuesta fiscal y monetaria combinada ya ha alcanzado al 10% del PIB global. Es un hecho evidente que han sido los fondos públicos han salvado de un crack inmediato a las economías occidentales.

Si nos referimos a la UE parece claro también que, aunque parte de los recursos empleados van a ser de alguna forma mutualizados, entre ellos los que corresponden a los gastos sanitarios y a las programas de recuperación, es probable que ello no evite que alrededor del 50% del nuevo endeudamiento público esté sometido a las pautas del mercado… y condicionen las políticas públicas de los próximos años.

De modo que, si vienen tiempos de renuncias y privaciones, estas deben ser compartidas sin descargar, como en la crisis del 2008, el peso de los ajustes en los sectores populares. La cuestión es integrar esa evidencia en un proyecto de modernización ambicioso.

El dinero no puede imponer su lógica hasta los límites de mantener como centro de gravedad una dinámica deudor/acreedor que solo contempla contraprestaciones a los que aportan dinero no a los que han aportado un sacrificio extraordinario o van a soportarlo en el futuro. También se deben capitalizar las aportaciones en especie.

Impedir la socialización de pérdidas por prácticas fraudulentas

Si parte de los fondos públicos van a incrementar deuda que, al final, va a ser pagada por los ciudadanos y marcar el futuro por sus hijos, es esencial garantizar un mínimo control democrático para que no se toleren comportamientos indeseados. La UE ha prohibido que las compañías nacionalizadas puedan repartir dividendos o aprobar recompras de acciones o repartir bonus a sus directivos hasta que el Estado haya salido de su capital.

Pero hay que ser más ambicioso. No tiene sentido que empresas que reciben ayudas (por ERTE o por otros motivos) repartan, al tiempo, dividendos. Ni tiene sentido que los ciudadanos paguemos, con impuestos futuros, las ayudas que compensan desmanes del pasado. No podemos socializar “esas” prácticas.

Un ejemplo “negativo” lo constituye la empresa alemana Adidas que acaba de pedir un crédito de más de 2.400 M€ al banco público KfW (porque en Alemania sigue habiendo bancos públicos) para soportar los ajustes de la Covid19 cuando meses atrás había aprobado un plan de recompra de sus propias acciones por valor de 3,000 M € para subir artificialmente su valor bursátil.

No es un caso aislado. En EE.UU los programas de compra de autocartera, que son la principal causa del sobre endeudamiento corporativo, han alimentado  las subidas artificiales de bolsa (y los bonus de los directivos) durante la última década y, en particular, en el año 2019.

Es evidente que la crisis de la Covid19 va a manifestar esos vicios de gobernanza en el que han incurrido las grandes empresas. De modo que cualquier aportación directa de fondos públicos de suficiente relevancia en las corporaciones, debe venir acompañada de condiciones que no solo garantice una gestión transparente sino que penalice a los gestores responsables de esas malas prácticas.

La necesidad de compensar la desigualdad de los programas públicos

En esta crisis nos vamos a encontrar con otra derivada: los Estados centrales de la eurozona, con mayor margen fiscal, tienen capacidad para implementar paquetes de ayudas a sus empresas muy superiores a los de menores recursos. Si se suman el conjunto de programas de ayudas directas a empresas Alemania ha dedicado el 9% de su PIB a ese menester, frente al 1,4% de Italia y el 1,2% de España, según Mapfre Economics. Más en particular, Alemania va a dotar de un billón de € un programa que prevé la toma de posiciones en empresas estratégicas. Y Francia, al igual que otros países van a dotar también de recursos a sus Fondos Soberanos (un instrumento muy extendido como parte de la política industrial) para reestructurar sus empresas.

Esa desigualdad de los programas públicos tendrá efectos perniciosos para la competitividad de los países del sur. De un lado, hace que peligre la libre competencia en el mercado interior de la UE. De otro, resulta evidente que las empresas alemanas podrán competir con muchas más ventajas que las españolas e italianas y agravar la desindustrialización del sur.

España debe compensar esas desventajas con un planteamiento social más abierto y decidido y acercarnos así a las prácticas inclusivas que aportan un plus de competitividad a las empresas alemanas y centroeuropeas. De alguna forma se trata de encontrar formas de flexibilidad interna replicando la lógica de los Planes de Reconstrucción al interior de las empresas mediante la creación de “fondos sociales” que permitan una capitalización adicional a las compañías españolas, mediante la monetización de los sacrificios a cambio de participación y consenso en las decisiones estratégicas.

Si para evitar despidos hubiera que asumir pérdidas salariales transitorias los trabajadores deberían poder capitalizar esa renuncia y presentarla como aportaciones a un fondo que monetizaría ese sacrificio y lo capitalizaría en acciones. De forma que, una vez saneada la economía, esas acciones podrían ser colocadas, o no, en el mercado, recuperando parcial o totalmente lo aportado, como cualquier accionista, o retenidas parcialmente por los trabajadores como forma de consolidar la participación en “sus empresas”. Si se comparten los grandes riesgos se deben compartir las decisiones”, especialmente las estratégicas.

La reconversión del automóvil en EEUU en 2008 es el modelo. Los sacrificios pedidos a los trabajadores fueron capitalizados hasta el punto de que el sindicato UAW era el titular del 55% de las acciones de Chrysler aunque la gestión se le cedió a Fiat con el 35%. En General Motors, sin embargo el Tesoro de EEUU llegó a tener el 60% y el gobierno de Canadá el 12% mientras los trabajadores tenían el 12%.

Cada aportación en dinero o sacrificios debe tener su reconocimiento en una participación que no tiene por qué instrumentarse a través de los sindicatos, como ocurrió en el automóvil de EEUU, sino a través de una sociedad instrumental como hacen los planes ESOP, tan populares en EEUU y los países anglosajones.

Esa actitud no debe limitarse a las grandes empresas sino que puede generalizarse a la mayor parte de las PYMES, cuando sea necesario, como esquema inmediato de supervivencia y blindaje para  evitar que sean compradas por empresas extranjeras en estos momentos de crisis. Ese camino, puede preparar también, a medio plazo el relevo generacional en empresas familiares mediante la transmisión de la sociedad a los empleados.

La idea del “sacrificio compartido” debe formar parte esencial de un pacto de rentas (salarios y dividendos) que acompañase a las propuestas de Pactos de la Moncloa que a nivel nacional ha hecho el Gobierno y que deberían articular también los pactos sectoriales para la reconversión del turismo, el automóvil o la industria cultural.

El sector público y los trabajadores deben encontrar formas de garantizar el buen uso de sus aportaciones al saneamiento de las empresas. Deben ser vistos como parte esencial de la solución y no como parte del problema, como pretenden con miopía, los postulados neoliberales. Esas son las piezas esenciales de un proyecto país ambicioso y viable.

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About Ignacio Muro

Economista. Miembro de Economistas Frente a la Crisis. Experto en modelos productivos y en transiciones digitales. Profesor honorario de comunicación en la Universidad Carlos III, especializado en nuevas estructuras mediáticas e industrias culturales. Fue Director gerente de Agencia EFE (1989-93). @imuroben

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