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Por una nueva agenda económica: la inversión descarbonizada tras la Covid-19

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Por Carles Manera, Catedrático de Historia Económica y José Pérez-Montiel, Profesor de Economía, ambos en la Universidad de las Islas Baleares.

  1. Gasto público ¿inversión rentable?

            La importancia del gasto público como espoleta de crecimiento está siendo reivindicada, en estos momentos, incluso por economistas declaradamente liberales y poco proclives a la intervención del Estado en la economía. Esto ha llegado hasta el mismo FMI. Lo hemos expuesto en otras ocasiones, pero no nos resistimos a recordarlo una vez más, dada su trascendencia: hasta hace muy poco tiempo, los análisis del Fondo estimaban que por cada punto de ajuste fiscal –de recorte en el gasto público– en los países desarrollados, el PIB se contraía 0,5 puntos:[1] un multiplicador, por tanto, muy bajo, de manera que esto de alguna forma bendecía las políticas de austeridad (Alesina-Giavazzi, 2009). Pero un nuevo trabajo del entonces economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, junto a Daniel Leigh, revisó esos cálculos de la institución y estableció nuevos multiplicadores. La relevancia de esta aportación (Blanchard-Leigh, 2013), sustentada sobre más de treinta investigaciones realizadas entre 2008 y 2012, es el establecimiento de una horquilla que sitúa los multiplicadores, según los países considerados, entre 0,9 y 1,7 puntos porcentuales, con lo que se concluía que los efectos de las políticas de austeridad habían resultado mucho más negativos de lo esperado y, a su vez, se había espoleado el crecimiento de la desigualdad. En paralelo, cabe decir, al mismo tiempo, que la bibliografía existente sobre la temática de los multiplicadores es ya abundante, con aportaciones que están, en general, más alineadas con los resultados de Blanchard-Leigh (a título meramente orientativo: Leao, 2013; Martínez-Zubiri, 2014; Portella-Carbó-Dejuán, 2018; Uxó-Álvarez Febrero, 2018).

La idea es esencial: una unidad de gasto adicional del Estado siempre creará –mientras no se esté en el límite de la capacidad productiva–, como poco, una unidad adicional de producción e ingreso. Además, el gasto público no desplaza otras demandas. La economía neoclásica postula una tesis distinta: el gasto público puede tener efectos negativos sobre los otros componentes de la demanda agregada porque, supuestamente, ese gasto infiere déficits que, a su vez, disparan los tipos de interés y esto retrae la inversión y el consumo a crédito. Estas premisas afectan las metodologías que se aplican para establecer los impactos de los multiplicadores. Para nosotros, la inversión pública implica obtener multiplicadores superiores a la unidad; para la economía neoclásica, lo más probable va a ser la obtención de multiplicadores inferiores a la unidad.

               Una contribución de J. Bradford DeLong y L. H. Summers defiende la expansión fiscal precisamente para capacitar la financiación de la deuda y, a su vez, reducir el déficit (DeLong-Summers, 2012). Estos autores abogan por el incremento transitorio del gasto público, ante el agotamiento de las herramientas tradicionales en la política monetaria, para recuperar la economía, . En esta línea, tal y como señala P. Leao (2013), de acuerdo con el enfoque estándar para el tema de la sostenibilidad de la deuda pública, la austeridad fiscal es la ruta que muchos países deben seguir actualmente para conducir sus relaciones deuda/PIB de regreso a sendas sostenibles. Ya han aparecido voceros acreditados en esta tesis fallida. El autor citado desafía esta sabiduría convencional y argumenta que, por debajo del pleno empleo, un aumento en el gasto público puede reducir paradójicamente la relación deuda sobre PIB. Este reclamo es particularmente relevante hoy, porque con las tasas de interés del Banco Central Europeo cercanas a cero no hay alternativa a la política fiscal. El único argumento contra el aumento del gasto público como una forma de combatir el desempleo es su supuesto efecto negativo en el estado de las finanzas públicas.

Llegados a este punto emerge una pregunta esencial: ¿dónde invertir? ¿qué sectores pueden generar mayores efectos multiplicadores que, a su vez, contribuyan a reducir la desigualdad social y encarar los desafíos ecológicos? Responder a estos interrogantes requiere de un programa de investigación ambicioso –estamos trabajando en esto para el caso español, con desagregación por comunidades autónomas–. Pero, a partir de las contribuciones existentes, se pueden establecer coordenadas solventes para la discusión y, sobre todo, para la orientación en políticas públicas.

  1. El Covid-19 advierte de retos inminentes. La inversión “verde” como solución

El New Green Deal debería ser el centro del plan de recuperación económica de Europa, tras el estallido del coronavirus: son palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la canciller alemana, Angela Merkel. Esto significa, claro y directo, mayor inversión pública que ha de incidir en un estímulo en la privada (en es punto hay que advertir que los estímulos no tendrán efectos consistentes si no se producen en un contexto regulatorio que aporte a los inversores privados, certidumbre sobre la recuperación de sus inversiones ). Una estrategia que se enfrenta a la desplegada a raíz de la Gran Recesión; además, atendiendo a las declaraciones de las mandatarias citadas, subyace la idea de cumplimiento de los objetivos de emisiones del Acuerdo de París de 2015 (recuérdese el más divulgado: limitar el calentamiento global del planeta a 1,5  grados). Estas aseveraciones pueden parecer deducciones interesadas, pero un factor nuevo ha surgido con la crisis de 2020: su naturaleza biológica, en cierto sentido la advertencia de fenómenos naturales que, de manera abrupta e incontrolada, pueden aparecer como cisnes negros. Sin embargo, la ciencia ya ha dado suficientes avisos en relación a los problemas que se pueden agravar con el cambio climático. De ahí que las necesidades de inversiones públicas para atajar el fuerte impacto del coronavirus se enmarquen en una posible agenda económica de futuro, que tenga en cuenta la situación actual pero, sobre todo, los desafíos ecológicos.

Gráfico 1. Emisiones globales de CO2 procedentes de combustibles fósiles y actividad industrial

Fuente: elaboración personal a partir de Global Carbon Project, www.epdata.es

El gráfico 1 es ilustrativo en este sentido. Las medidas adoptadas para superar la Gran Recesión no se plantearon en ningún momento encarar los problemas del cambio climático, que ya se conocían a partir de numerosas contribuciones científicas. La salvaguarda de la economía financiera y el apuntalamiento de la misma pauta de crecimiento, sin matiz alguno, fueron las sendas de salida. De ahí que se aprecie un crecimiento sostenido de la curva –con una ligera caída en 2009, el epicentro de la Gran Recesión–, pero con el remonte de las emisiones tras la recuperación de 2014. No hubo lecturas distintas a las convencionales: crecer a toda costa, sin importar cómo, aunque ese crecimiento se sustentara sobre las mismas bases que promovieron la crisis.

Ahora bien, la historia económica demuestra que los procesos de transición económica no son inmediatos, ni se realizan por voluntarismo. Requieren complicidades, liderazgos y recursos financieros. Nadie en su sano juicio criticará que entre 2012 y 2020 no se cambiara el modelo de crecimiento, habida cuenta que el margen temporal es limitado; lo que sí es censurable es que en ningún momento –solo algunas voces deliberadamente arrinconadas– se pensara en que se debía crecer de otra forma. Un agente vírico ha tenido que situar, de nuevo, un debate que no puede ser oscurecido por los preceptos de la economía imperante que, además, se ha revelado inútil para afrontar los problemas de desigualdad, pérdida de empleos y dislocaciones ecológicas.

Urge, por consiguiente, poner números y actuaciones plausibles a esa transición. Medir sus costes, de forma directa e indirecta, va a representar un reto importante para la ciencia económica, en conexión muy directa con los agentes económicos y sociales y con las administraciones públicas. En tal sentido, la clave radica en canalizar las inversiones públicas, como gran tractor de las privadas, hacia proyectos que generen pocas externalidades ambientales: una recuperación baja en carbono, en definitiva. Esto reduciría emisiones de gases de efecto invernadero –contribuyendo a detener el cambio climático– y, a su vez, se abriría la posibilidad para crear más empleos y crecimiento económico de lo que lo haría una recuperación alta en carbono. Es decir, el planteamiento radica en actuar de forma opuesta a lo hecho a raíz de la Gran Recesión, sobre  principios que en absoluto  son utópicos:

  • El despliegue de un haz tecnológico ya existente (es decir, no improvisado), con clara vocación de preservación ecológica de forma que el apuntalamiento de los proyectos que van en la dirección de un nuevo modelo de crecimiento más respetuoso con el capital natural esté en el horizonte.
  • La canalización de capitales públicos hacia las actividades que infieran una mayor descarbonización, prescindiendo, por tanto, de los combustibles fósiles, y que esos flujos monetarios se encuentren bajo el control de los gobiernos y de las autoridades comunitarias para comprobar que los destinos son, en efecto, estimular la economía productiva en esos sectores emergentes.

En un estudio muy reciente, H. Engel-A. Hamilton-S. Hieronimus-T. Nauclér-D. Fine-D.Pinner-M. Rogers-S. Bertreau-P. Cooper-S. Leger (mayo de 2020), para la agencia McKinsey, proponen, para un país europeo con un contingente demográfico determinado (50-70 millones de habitantes) la movilización de entre 75 y 150 mil millones de euros de inversión en sectores bajos en carbono y generadores de externalidades ambientales menores, lo que podría suponer entre 180 y 350 mil millones de euros de valor añadido bruto y la creación de hasta tres millones de nuevos empleos, muchos en sectores y categorías demográficas donde los trabajos son ahora mismo altamente vulnerables:

(https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/Sustainability/Our Insights/How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate/SVGZ-COVID19-Carbon-ex1.ashx)

A su vez, esto permitiría una reducción de las emisiones de carbono del 15 al 30 por ciento para 2030. El estudio econométrico del gasto gubernamental en tecnologías energéticas mostró que las asignaciones a energías renovables pueden crear cinco empleos más por millón de dólares invertidos que el gasto en combustibles fósiles. Estos resultados se basan en una cuidadosa selección de medidas de estímulo de un menú inicial de casi cincuenta opciones. El trabajo sustenta las estimaciones de los multiplicadores de valor añadido bruto de cada medida potencial en las observadas para actividades similares en las principales economías de la Unión Europea. El potencial de creación de empleo se estimó mediante un análisis de regresión que consideró el empleo directo, indirecto e inducido con respecto a las características de diversas actividades económicas (Garret-Peltier, 2017). Las conclusiones son reveladoras (consúltese tabla 1 y gráfico 2):

  • Cada euro invertido generaría entre 2 y 3 euros de valor añadido bruto.
  • El impulso de empleo de este paquete de estímulo también sería sustancial: 1,1 millones a 1,5 millones de nuevos empleos en el extremo inferior del rango de gasto y de 2,3 millones a 3 millones en el extremo superior.
  • Todo este dinero y sus efectos deberían ayudar a que la transición del país a una economía baja en carbono avance. De hecho, estas medidas podrían ayudar a reducir las emisiones de CO2 –15 a 30 por ciento, como se ha dicho, en relación a los niveles actuales– para 2030. Tal disminución explicaría una buena parte de la reducción de emisiones del 50 por ciento que se considera necesaria para lograr un calentamiento de 1,5 °C.

Tabla1. Los efectos multiplicadores de una inversión dirigida a la economía verde

Gráfico 2. Multiplicadores en inversión en actividades bajas en carbono (país europeo entre 50-70 millones de habitantes) 

Fuente: elaboración personal a partir de: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/Sustainability/Our Insights/How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate/SVGZ-COVID19-Carbon-ex1.ashx.

            Ahora bien, los cálculos de Engel et alter (2020) deben contrastarse con otros realizados con metodologías diferentes y con una agregación mayor. De la abundante literatura económica existente sobre este tema destacamos la reciente investigación de Portella-Carbó-Dejuán (2018) por ser una de las más completas (22 países y el conjunto de la zona euro) en cuanto a su aplicación. Sus resultados se cotejan con los obtenidos por Cripps-Izurieta (2014, citado en Portella-Carbó-Dejuán, 2018) para las Naciones Unidas (12 países), aunque con lagunas en relación al trabajo antes citado. Hemos calculado la media aritmética de los datos totales tabulados en el estudio de Cripps-Izurieta (2014), y con estos materiales más los recogidos en Portella-Carbó-Dejuán (2018) y los ya comentados de Engel et alter (2020) y Blanchard-Leigh (2013), elaboramos la tabla 2 y el gráfico 3.

Tabla 2. Comparación de multiplicadores

Gráfico 3. Aproximación a una comparativa de multiplicadores fiscales

Fuente de la gráfica 3 y de la tabla 2: elaboración personal a partir de los datos de https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/Sustainability/Our Insights/How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate/SVGZ-COVID19-Carbon-ex1.ashx; y de Blanchard-Leigh, 2013; y de Portella-Carbó-Dejuán, 2018.

            La lectura de estas variables rubrica la importancia de los multiplicadores fiscales en aquellas actividades de bajo contenido en carbono (según el análisis econométrico de Engel et alter, 2020). Los cálculos de Portella-Carbó-Dejuán (2018) concluyen multiplicadores por debajo del 2,33 de Engel et alter (2020), con la única excepción de Estados Unidos; mientras la investigación de Cripps-Izurieta (2014) resalta indicadores inferiores a ese 2,33. En otras palabras, la hipótesis de Garret-Peltier (2017) y Engel et alter (2020) sugieren una posibilidad real de orientar las políticas de inversión pública hacia aquellas actividades que no sólo pueden servir para enfrentarse a las consecuencias ya tangibles del cambio climático, sino también pueden tener tasas de retorno que las haga atractivas para los inversores privados, a partir de una apuesta decidida del sector público.

  1. Conclusión

            Este texto ha pretendido apuntar tan sólo una dirección importante para la canalización inversora, en una coyuntura, la actual, en la que se están planteando, al menos teóricamente, ambiciosos programas de inversiones en la Unión Europea. Alemania, Francia, Italia, España –por citar sólo algunos países–, han enfatizado una estrategia de inversión pública que, además, se ha visto aguijoneada por el planteamiento de la Unión Europea para concretar un paquete inversor en forma de préstamos a fondo perdido y con créditos a bajo coste para los Estados. La incógnita es canalizar esos recursos de la mejor manera posible, para que actúen no sólo como diques de contención a la crisis económica y social, sino también para que se erijan en espoletas financieras que abran nuevos nichos de ocupación, amparados en actividades menos agresivas con el medio ambiente. Este es, a nuestro juicio, el desafío central. Las investigaciones sobre multiplicadores fiscales pueden contribuir a aclarar estos aspectos. El gráfico 2 sintetiza 12 grandes áreas de posibles inversiones, algunas de ellas ya en funcionamiento de forma modesta, otras con mayores capacidades; en cualquier caso, no se está hablando de proyectos abstractos o poco plausibles. No hay invención alguna, ni filosofías teoréticas. Estas inversiones, según los trabajos de Garret-Peltiera (2017) y de Engel et alter (2020), infieren círculos virtuosos a la economía, con positivos impactos sociales: promociones más ecológicas que, además, excitan -si el marco regulatorio es el adecuado-  las iniciativas privadas y que, en su contexto, generan empleos.

  

El corolario: la reducción importante de los efectos sobre el cambio climático. En doce años (2008-2020) estamos viviendo sendas crisis que no desmerecen la Gran Depresión de los años 1930, a pesar de que, por fortuna, tenemos ahora redes de protección que en esa década no se disponían. La economía siempre ha aprendido de estos dramáticos procesos. Pero también las inercias y la tozudez epistemológica han llevado a repetir errores, con elevados costes sociales.

La crisis del coronavirus puede ser –debería ser– un marco que promulgue que es posible crecer de otra forma, y que ese crecimiento no está reñido con la generación de externalidades positivas en los ámbitos de la inversión, a la vez que apuntala mejores condiciones para enfrentarnos a otra futura crisis de naturaleza biológica, tal vez inducida por las consecuencias precisamente del cambio climático.

Si los economistas no entendemos de una vez que nuestra disciplina es un subsistema de la naturaleza y no al revés, como siempre hemos supuesto, seguiremos tropezando, de la mano de los catecismos de siempre, con las mismas piedras que nos han portado no sólo a fracasar en los diagnósticos, sino a despeñarnos, como científicos, en los precipicios del dogmatismo demagógico.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALESINA, A.-GIAVAZZI, F. (2009): El futuro de Europa. Reforma o declive, Antoni Bosch Editor, Barcelona.

BLANCHARD, O.-LEIGH, D. (2013): “Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers”, FMI, working paper13/1, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf.

CRIPPS, F.-IZURIETA, A. (2014): ‘The UN Global Policy Model (GPM): Technical Description’, UNCTAD. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014_GPM_TechnicalDescription.pdf.

DELONG, B-SUMMERS, L. (2012): “Fiscal Policy in a Depressed Economy”, Brookings Papers on Economics Activity.

ENGEL, H. et alter (2020): How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, McKinsey & Company.

GARRET-PELTIER, H. (2017): “Green versus Brown: comparing he employment impacts of energy efficiency, renewable energy and fossil fuels using and input-output model”, Economic Modelling, pp. 439-447.

LEAO, P. (2013): “The effect of government spending on the debt-to-gdp ratio: some keynesian arithmetic”, Metroeconomica 64.3.

MARTÍNEZ, J.-ZUBIRI, I. (2014): “Los multiplicadores de la política fiscal en España”, Papeles de Economía Española, núm. 139.

PORTELLA-CARBÓ-DEJUÁN, O. (2018): “Trade Imbalances and Fiscal Policy
in the Eurozone: An Analysis of Economic Interrelations with a Global Supermultiplier Input-Output Model”, Cambridge Journal of Economics, doi:10.1093/cje/bey011.

UXÓ, J.-ÁVAREZ, I.-FEBRERO, E. (2018): “Fiscal space on the eurozone periphery and the use of the (partially) balanced-budget multiplier: The case of Spain”, Journal of Postkeynesian Economics, https://doi.org/10.1080/01603477.2017.1376589

[1] Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, octubre de 2008 y octubre de 2010.

About Carles Manera

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Consejero de Economía, Hacienda e Innovación (desde julio de 2007 hasta septiembre de 2009); y Consejero de Economía y Hacienda (desde septiembre de 2009 hasta junio de 2011), del Govern de les Illes Balears. Presidente del Consejo Económico y Social de Baleares. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Blog: http://carlesmanera.com

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  1. […] Reproducido en Manera, C. y J. Pérez Montiel (2020) “Por una nueva agenda económica: la inversión descarbonizada tras la Covid-19”, Economistas Frente a la […]

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