CUATRO AÑOS MÁS DE GOBIERNO PROGRESISTA PARA DAR UN SALTO EN LA MODERNIZACIÓN DE NUESTRA ECONOMIA
A pesar de haber culminado con éxito la que probablemente haya sido la legislatura más productiva y progresista de la democracia, en un contexto excepcionalmente difícil, parece evidente que España necesita cuatro años más para asentar los cambios iniciados.
La sucesión de acontecimientos extraordinarios (pandemia global, crisis energética, guerra en Ucrania) han supeditado la acción de gobierno y obligado a forzar soluciones paliativas y compensatorias y, como mucho, apuntado los perfiles de las reformas estructurales que el país necesita en fiscalidad, energía, vivienda o modelo productivo, por ejemplo.
A pesar de ello, los datos macro al cierre del ejercicio -crecimiento, empleo, inflación, deuda, déficit, saldo exterior, prima de riesgo- muestran una situación notable que rompe con el dibujo de estancamiento con inflación, pronosticado por fuerzas conservadoras defensoras de políticas de ajuste.
La sintonía con un espíritu cooperativo federalizante en la UE, concretado en la mutualización de la deuda y el impulso a los Fondos Next Generation, ha ofrecido y ofrece una oportunidad única para culminar el cambio que España necesita que, de alguna forma, impele a consolidar un espíritu regeneracionista y democrático adecuado al momento, que afecte también al modo de producción y al modelo productivo.
Ello supone advertir y reconocer la importancia de las resistencias al cambio generadas desde el entorno de las grandes corporaciones oligopolistas, sean tecnológicas, farmacéuticas, energéticas, financieras, inmobiliarias o la gran distribución, entre otras. No hay sector ni país que se libre de su influencia perniciosa. Los abusos durante la pandemia, los beneficios caídos del cielo en las eléctricas, los cuellos de botella en el comercio mundial o la ola inflacionista sufrida no pueden explicarse sin reconocer la debilidad de las instituciones de la competencia y el poder de los lobbies en las decisiones de Bruselas y los gobiernos europeos.
Recuperar el valor de lo público y del trabajo de las empresas e instituciones, replantear los esquemas regulatorios, cuidar los nombramientos en funcionarios y cargos en todas las instituciones para que asuman con independencia, arrojo y decencia sus tareas, sean en la CNMC o de RTVE, por ejemplo, o de presidentes y directivos de empresas públicas, es parte esencial del reto del momento.
Con esta perspectiva de miras elevadas, desde Economistas Frente a la Crisis consideramos que hay en nuestro país varias grandes dimensiones que presentan importantes desequilibrios y debilidades que deberían concentrar la actuación política en los próximos años:
- Conseguir un mayor equilibrio entre el Mercado y el Estado
- Entre la Empresa y el Trabajo
- Entre los poderes económicos y la democracia
- Entre desarrollo y medioambiente
Muchos de los problemas sociales y económicos a los que nos enfrentamos en España desde hace tiempo, y que solo muy limitadamente hemos podido abordar, están relacionados con o son reflejo de esos grandes desequilibrios. Y las dificultades que hemos encontrado a lo largo de los años para resolver a favor de la mayoría social los problemas que más le afectan están, a su vez, vinculados con ellos.
De forma que, a nuestro juicio, sería preciso dar grandes pasos en las cuatro dimensiones mencionadas.
Tras una primera legislatura de Gobierno de Coalición y con la mirada puesta en convocar a amplias capas de la sociedad española, la pretensión de la propuesta que realiza Economistas Frente a la Crisis es contribuir a que, durante una próxima legislatura, se aborden los problemas económicos de fondo que tradicionalmente han lastrado el desarrollo -social y democrático- de España.
Con ese propósito se esbozan las políticas en las que creemos se deben concentrar los esfuerzos:
POLÍTICAS TRANSVERSALES:
1- Uno de los mayores problemas de España es la insuficiencia de recursos públicos y la reducida capacidad redistributiva del sistema fiscal. Lo primero, limita el desarrollo de las grandes políticas públicas. Lo segundo, impide corregir los efectos desiguales del mercado en la sociedad española. Es necesario, por tanto, abordar una amplia y profunda REFORMA DEL SISTEMA FISCAL.
2- El bajo nivel de competencia que presentan los mercados que prestan y suministran servicios y bienes esenciales, dominados por condiciones y prácticas oligopolistas, constituye el segundo gran problema al que es preciso, tras décadas, dar finalmente respuesta. Y en estas cuestiones el sector eléctrico es paradigmático. Se trata de establecer una adecuada REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN de este tipo de mercados que acabe con las practicas extractivas de rentas que pudieran estar asentándose. Para tal fin, serán necesarias, también, reformas en la actual arquitectura de los órganos regulatorios independientes. Se trata, en definitiva, de poner de manifiesto el valor social de la competencia, cuestión que exigirá una mayor presencia del Estado en la economía capaz de combatir el poder de los OLIGOPOLIOS y de neutralizar su influencia política.
3- En términos macroeconómicos, LAS POLÍTICAS DE GASTO PÚBLICO Y DE INVERSIÓN, sobre la base de una reforma fiscal como la que en otro post plantaremos, facilitarían el desarrollo de políticas públicas menos limitadas y más completas, impidiendo que la necesaria atención a la reducción de la deuda y a las POLÍTICAS MONETARIAS RESTRICTIVAS, se convierta en un corsé insalvable para un desarrollo equilibrado y sostenible.
4- El conjunto de las grandes líneas políticas que se plantean en este documento tendrá efectos directos sobre el cambio necesario del MODELO PRODUCTIVO. Es preciso considerar que la dotación de recursos asociada a los PERTE y a los Fondos Next Generation EU, no es garantía, por sí misma, de cambios del Modelo Productivo. Se necesitan aportaciones adicionales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y cambios en la colaboración público-privada que aseguren una gobernanza eficiente de las inversiones. En este sentido, evitar una explosión de dividendos caídos del cielo exigirá cambios en las relaciones de producción y avances en la democratización del gobierno de las empresas.
5- En el terreno de las RELACIONES LABORALES es preciso abordar el fuerte desequilibrio existente entre Empresa y Trabajo. La predistribución, muy polarizada de la renta, es causa principal de la desigualdad en España. Unas deficientes condiciones de trabajo, y la ausencia de participación de los asalariados en las decisiones que les afectan, mantienen alejadas a amplias capas trabajadoras de la mejora de las condiciones de vida. que las conduce a un creciente desapego de las opciones políticas de la izquierda. Además de las importantes reformas adoptadas, son precisas otras que reequilibren el ámbito de las relaciones laborales colectivas y establezcan un modelo de participación en las empresas.
6- Los CAMBIOS DEMOGRÁFICOS presentan desafíos en tres grandes dimensiones: la necesidad de contar con la entrada de importantes flujos migratorios, la pérdida de peso de los grupos más jóvenes, y los intentos de reducir las rentas públicas de las personas de edad avanzada en el momento de abandonar el proceso productivo. Todo ello requiere determinación en las políticas que permitan, de forma simultánea y armónica, evitar antagonismos entre los diferentes grupos sociales, defender el papel de la INMIGRACIÓN y los derechos de los inmigrantes, atender las necesidades vitales y laborales de los JÓVENES, y garantizar pensiones y servicios públicos adecuados y suficientes a las necesidades de las personas MAYORES.
7- La ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS presenta un grado muy insuficiente de desarrollo en España, lo que a su vez es una casusa determinante de la desigualdad que sufren las mujeres y de la limitación de sus derechos sociales. La variedad y dispersión de estas políticas origina una debilidad que está detrás de las dificultades existentes para lograr su pleno desarrollo. El desarrollo de la transición a la economía de los cuidados exige que su prioridad e importancia tengan reflejo en los ámbitos de decisión política. En este sentido, se hace necesaria la elaboración de un Plan Estratégico que determine objetivos, medidas, recursos y gobernanza, que incluya la aplicación completa de la Directiva Europa 2019/1158 sobre Equilibrio Familia Trabajo.
POLÍTICAS SECTORIALES DE ATENCIÓN PRIORITARIA:
8- Los problemas de LA VIVIENDA son históricamente recurrentes en la sociedad española. Al elevado coste de las viviendas en propiedad se le añade hoy un problema social mayor: el encarecimiento de los alquileres. El ámbito de la vivienda ha estado siempre en España mediatizado por los intereses del sector de la construcción y de los intereses de las empresas inmobiliarias, y ha carecido de políticas públicas sostenidas y eficaces que afronten con determinación la incomparable carencia de vivienda pública en alquiler respecto a los países de nuestro entorno económico. Actuar sobre la oferta es la forma definitiva de limitar el encarecimiento y los procesos especulativos sobre la vivienda. España está, en esta cuestión, ante una emergencia social. Desarrollar un sistema ambicioso, consistente y blindado de fomento de VIVIENDA PÚBLICA para alquiler, debe estar a la altura de la gravedad del problema.
9- Recuperar la eficacia del SISTEMA NACIONAL DE SALUD, que llegó a constituirse en la mejor Sanidad Pública entre los países de nuestro entorno, hacen imprescindible una profunda revisión de su financiación, de su organización, de su dotación de trabajadores sanitarios y administrativos, así como de la retribución de sus profesionales. El transcurso del deterioro de este servicio público esencial pone de manifiesto la necesidad de centrar los esfuerzos del Estado de las Autonomías.
Estos 9 puntos se desarrollan en diferentes post que iran siendo publicados en los proximos días.
